La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba y la CTA Autónoma de la Provincia expresaron su repudio por el juicio en la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje que seis defensores ambientales de la provincia enfrentarán a partir del 18 de diciembre por haberse manifestado colectivamente en la ciudad de Cosquín en agosto de 2022, en el marco de la resistencia contra la construcción de la Autovía de Punilla sin licencia social. Tres de las y los imputados son activos militantes de la CTA-A de Punilla: Marco Dangelo, Matías Pérez y Gabriela Taborda.
El Secretario de Derechos Humanos del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba, César Theaux, se solidarizó con las víctimas de un proceso penal viciado, que expresa la judicialización de dirigentes sociales con que el Poder Judicial, ariete del poder político y económico en Córdoba, pretende amedrentar a las organizaciones que llevan adelante la lucha popular en los territorios.
Como describiera oportunamente Juan Yacobs, Secretario General de la CTA-A de Punilla, la protesta ambiental –una de las formas contemporáneas más extendidas de participación ciudadana- es investigada “con un rigor que no siempre reciben los actos de poder que la originan”.
En tal sentido, el dirigente remarcó: “El expediente contra los defensores ambientales no es sólo un proceso penal. Es un síntoma, un espejo de una democracia herida donde la frontera entre protesta y delito se vuelve un dilema central. Mientras la desconfianza institucional persista, el conflicto entre participación ciudadana y respuesta punitiva seguirá marcando uno de los debates más sensibles de la vida democrática argentina”.
No es casual que el caso se inscriba en el conflicto por la Autovía, un proyecto cuestionado por su impacto ambiental, la ausencia de participación ciudadana y la opacidad en la toma de decisiones. Tampoco es casual que los señalamientos ocurran en espacios cotidianos, en plena luz del día, en el mismo territorio donde las comunidades sienten que sus reclamos no son escuchados.
La avanzada judicial en la criminalización y judicialización de la protesta por parte del Gobierno de Llaryora, en sintonía con el de Javier Milei, pretende disciplinar cualquier reclamo colectivo mediante condenas ejemplificadoras para mantener invicto el modelo del agronegocio que gobierna la provincia desde hace más de un cuarto de siglo.
