El primer expositor,
Julio Urien -Teniente de Fragata (retirado), ex Presidente de Astilleros Rio
Santiago y Presidente de la Fundación Cultura del Agua- analizó la situación de
las Fuerzas Armadas (FF.AA.) desde el retorno a la democracia en 1983 hasta la
fecha. En este sentido señaló retrocesos, como la desarticulación de sectores
productivos durante la década del 90´ (Fabricaciones Militares, por ejemplo) y
la falta de un avance en la reestructuración de las Fuerzas en sí. Y a su vez destacó
progresos tales como la conducción civil y política de las FF.AA., y el avance
en un trabajo conjunto con Fuerzas Armadas de otros países en la región.

Por otra
parte, y ante la carente hipótesis de conflicto regional, caracterizó al modelo
de defensa argentino como –valga la redundancia- defensivo (en contraposición
al ofensivo, de otros períodos históricos).

El Presidente
de la Fundación Cultura del Agua también remarcó -a su entender- que durante la
última década se habría dado una progresiva integración de las FF.AA. con la
sociedad civil. En esta línea, destacó la utilización de efectivos militares en
tareas de rescate y apoyo, por ejemplo, en catástrofes naturales.

Según Urien,
el alineamiento ideológico-económico-político con Estados Unidos (EE.UU.) de la
actual gestión implica, como contrapartida, un riesgo para el pueblo argentino.
El disertante dejó en claro que dicho acercamiento tiene como trasfondo una
disputa por los recursos naturales.

En segundo término
habló Gustavo Lahoud –Licenciado en Relaciones Internacionales e integrante del
Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). “En la actual configuración
de tensiones a nivel global, está claro que lo que está en disputa son los bienes
naturales”, comenzó. Luego añadió que, al día de hoy – y como consecuencia de
una sobreexplotación-, se avizora un horizonte muy limitado en cuanto a la explotación
de recursos carboníferos convencionales (petróleo, gas).  

“Este modelo
capitalista se basa en la sobreexplotación de recursos a gran escala, lo que se
ha profundizado durante los últimos 15 años. Sin embargo, tanto los países
desarrollados o los denominados en vías de desarrollo hoy se encuentran con una
limitación muy grande respecto de su disponibilidad”, afirmó Lahoud. Ante dicha
demanda, refirió el integrante de IPyPP, las estrategias de dominación que las
grandes potencias aplican en la actualidad -en detrimento de otroras intervenciones
militares directas- están vinculadas al control económico financiero de las
naciones periféricas.

Hacia el
final de su intervención, y en la misma línea del peligro latente planteado, Lahoud
lanzó: “Debemos dar una política de ocupación del territorio, pero de forma
eficiente y con un control civil y político. Sin embargo, se trata de un
desafío regional, no solo de una nación”.

El último
orador fue el ex titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
Enrique Martínez, quien puso el eje en la necesidad de repensar la orientación
en el desarrollo de la ciencia y técnica: “No discutimos al servicio de quién está
el desarrollo tecnológico. Hoy la hegemonía es del capital y no del trabajo, y
esto es lo que debemos revertir. La investigación y desarrollo de tecnología
tiene que estar al servicio de la producción popular”.

Según
explicó Martínez, durante los gobiernos kirchneristas no existió una modificación
de la lógica del trabajo como mercancía, así como tampoco en términos
cualitativos del paradigma científico: “A mi entender fue un Gobierno que
intentó mejorar la calidad de vida de la gente, aun sin modificar las
estructuras. Sin embargo, no se discutió al servicio de quién está el
desarrollo tecnológico”.

El ex
titular del INTI contó que, junto a un grupo de investigadores, están buscando
impulsar un proyecto de Ley que grave un impuesto extraordinario a las grandes
ganancias (empresas que facturen por encima de los 50 millones de pesos), para con
estos recursos lograr financiar iniciativas científicas que beneficien a
productores populares. 

Hoy
a la mañana se llevó adelante la tercera mesa de debate sobre el Estado en el
Siglo XXI en el anfiteatro Eva Perón de ATE. Estuvo coordinado por Ramón Gómez
Mederos, Secretario Adjunto de la CTA San Juan, periodista y miembro del
Observatorio Medioambiente y Salud del Instituto de Investigaciones de ATE (IDEP).
Contó además, con la participación de cuatro especialistas.

Entre
ellos, Sebastián Pinetta, integrante de la ONG Bienaventurados los Pobres (BEPE),
quien desarrolla su trabajo en la provincia de Catamarca. “Es tan grave
eliminar las retenciones a las mineras como haberles cedido territorio durante
los últimos doce años”, dijo al justificar la línea de continuidad y
profundización del modelo extractivista, que incluye a los gobiernos del Frente
para la Victoria y Cambiemos.

Pinetta
precisó que el extractivismo implica el desplazamiento de campesinos para
extender territorialmente el agro negocio, desmonte mediante. “Durante los
últimos dos años, se arrasó con una extensión similar a 124 ciudades de Buenos
Aires”, informó.

La
verdadera grieta, para él, es la que existe en todos los países capitalistas
colonizados. Puso como ejemplo a la provincia de Santiago del Estero, donde
existen 300 casos de disputa entre organizaciones campesinas y empresas.

“¿Mayor
capacidad de consumo implica ampliar derechos?”, se preguntó. “Creíamos que el
crecimiento es sinónimo de éxito, pero el crecimiento es la anestesia para
amputaciones de nuestro territorio”, metaforizó.

Pinetta
indicó por último que no se puede pensar el Estado del siglo XXI con añoranzas
del siglo XX: “Hay cuerpos que pueden contarlos lo que nos sucedió. ¿De qué
sirve armar una cooperativa minera y no discutir el paquete productivo?”.

 

Radiografía del modelo

El
director del Doctorado en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de
Quilmes, Fernando Porta, radiografió la estructura productiva argentina. La
definió como hacedora de commodities, bienes de baja calidad y servicios en
manos de grupos locales que, asimismo, son filiales de empresas multinacionales
que, en el mundo, tienen poco dinamismo.

En
este sentido, la caracterizó de predatoria, “ya que sobrevive sobre la presión
ejercida para mantener una tasa de desempleo estructural alta  con un piso del 7%, salarios bajos y una tasa
de informalidad promedio del 40%, incluso en sectores formales”.

Para
Porta, salir de esta estructura “inevitablemente productora de crisis” requiere
un cambio sobre el que “no tenemos libertad de márgenes”, un contexto
internacional determinado y una estrategia no compartida con las fracciones
industriales locales.

“Creo
que la intervención del Estado puede dirimir esta tensión, en un esquema de
niveles de producción y salarios altos”, sintetizó.

 

La alimentación en el ojo de la tormenta

Por
su parte, la Coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la
UBA (CALISA), Miryam Gorban, apuntó contra el gobierno de Cambiemos. Primero,
dio por sentado que el hambre  tiene que
ver el precio de los alimentos, los salarios y la tasa de empleo. “¿Cómo puede
sostenerse un plan de Hambre Cero con despidos, inflación, alza de precios y
tarifas”, se preguntó después.

Gorban
vinculó la problemática alimentaria a la crisis energética y ambiental. Según
ella, las tres tienen un mismo cordón umbilical: la producción de alimentos en
tiempos de capitalismo. “A la vez que tenemos mil millones de hambrientos,
tenemos mil millones de obesos”.

El
futuro de una producción sana y sustentable de alimentos está en manos de los
trabajadores, definió la catedrática con otras palabras. “No podemos pedirle
reformas a quien gobierna el capitalismo”, indicó.

Para
Gorman será menester reformar la Constitución para constituir una democracia con
participación popular, en la que el Estado cumpla un rol planificador e
impulsor, el mercado siga sus lineamientos y las organizaciones sociales lo
controlen.

 

No hay reservas

Por
último intervino Gustavo Callejas, Subsecretario de Combustible durante la
primera presidencia de Raúl Alfonsín, director del Instituto de Energía Arturo
Illia y miembro del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional
Orientadora (MORENO). “En la Argentina no hay reserva de gas ni de petróleo, ni
tampoco planes de exploración”, sentenció.

Agregó
que los sectores más humildes son quienes pagan con mayor irracionalidad la
ausencia de políticas del Estado. Incluso algunos ni siquiera acceden al gas.

“Asistimos
a la destrucción de la soberanía energética, producto de la cual, entre otras
cosas, debimos importar el 30% del gas consumido. Desde los ’90, los informes
en boca de pozo los realizan empresas privadas que dibujan los números”,
denunció Callejas.  

Como
propuestas, el técnico opinó que el subsuelo debe volver a ser nacionalizado,
que hace falta anular los contratos petroleros de Menem, crear el Consejo
Nacional de Desarrollo, recuperar el sistema ferroviario nacional y construir
más represas.

“Sin
soberanía energética, no hay soberanía económica”, concluyó.

La
primera mesa, coordinada por Horacio Fernández, director del instituto de
estudios de ATE, abordó diversas temáticas relacionadas con reflexiones sobre
el Estado, la realidad regional, el proyecto de gobierno de “Modernizar” el
Estado, la experiencia uruguaya sobre los tratados internacionales y el Estado
que necesita la clase trabajadora.

Ariel
Pennisi, licenciado en comunicación social y docente universitario, abordó la
temática del “Estado Posnacional” –según la propuesta del investigador Ignacio
Lewkowics- conformado por una nación compuesta de público o gente y no de clase
o pueblo, de consumidores y no de ciudadanos. Una nación dependiente más del
espectáculo y el relato que de su historia; más identificada con sus
celebridades que con sus próceres.

A
su turno, la dirigente sindical de la COFE, Confederación de Organizaciones de
funcionarios del Estado-Uruguay, Matilde Abin relató la experiencia de su
sindicato y la central PIT-CNT contra la inclusión de Uruguay en el Acuerdo
sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA). La representante de los
estatales del país vecino detalló cómo, tras enterarse por los medios de la
intención gubernamental de sumarse al TISA, los trabajadores mediante
organización y lucha pudieron torcerle el brazo al gobierno hasta que se retiro
de ese acuerdo supranacional y los perjuicios que le hubiera ocasionado a su
país.

Los
jóvenes integrantes del IDEP, Martín Astarita y Jimena Rubio, analizaron la
propuesta del gobierno de Macri de modernizar el Estado a través del decreto
434 y la creación del Ministerio del mismo nombre.

Martín
Astarita hizo hincapié en que el concepto de modernización, lejos de ser
novedoso, ya fue usado durante los gobiernos de Menem, De la Rúa y Kirchner con
la intención de llevar adelante determinadas reformas. Caracterizó también que
la modernización de Macri apunta a un gobierno de CEOs (directivos de
empresas), a una gestión “con resultados” y a la visión de que el Estado actual
atrasa con respecto a la evolución de las empresas. En definitiva, lógica
empresarial y poder a los gerentes.

La
investigadora Jimena Rubio, por su parte, describió los cambios en la
mentalidad gubernamental donde los ciudadanos son clientes, los funcionarios no
deben ser políticos ni militantes, el Estado no debe gastar tanto en personal y
su finalidad es garantizar el funcionamiento del mercado.

Finalmente
destacaron que, a pesar de esas intenciones, el poder ejecutivo aumentó el número
de ministerios, secretarias y subsecretarias y la cantidad de nuevos
funcionarios. Eso sí, nada de “grasa militante” sino exitosos hombres de la
actividad empresarial.

El
Secretario General adjunto de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, analizó, desde su
experiencia como representante de trabajadores de la actividad privada más
cruel –la farmacéutica-, las propuestas del gobierno de Macri y sus semejanzas.
Así contrastó la visión de un Estado que garantice la justicia social contra
uno que garantice los privilegios; la de un Estado que medie entre los sectores
contra otro que disciplina a la clase trabajadora y no regule el mercado.

Para
finalizar destacó la necesidad de contrarrestar esa visión del Estado
empresarial con una estrategia de poder desde la clase trabajadora que permita
construir el Estado que merecemos y necesitamos. 

Desde este
miércoles y hasta el viernes se debaten en la Asociación Trabajadores del
Estado las propuestas para diseñar un modelo de Estado democrático y popular
necesario para este nuevo tiempo, visto desde la perspectiva de la clase
trabajadora.

La primera
expositora fue Ana Rameri, del Instituto de Estudios sobre Estado y
Participación (IDEP), quien comenzó con un repaso de las corrientes teóricas sobre
el rol del Estado que dominaron los últimos cincuenta años a nivel global y
local. Entre ellas, el estructuralismo -emparentada a los modelos
desarrollistas que proponían una fuerte intervención estatal- declinaría en la
década del 70; y la vinculada a la posterior hegemonía del capital financiero
que -de la mano del Consenso de Washington y la caída del muro de Berlín- tuvo
su representación máxima en el proyecto neoliberal. En Argentina ésta última comenzó
durante la última dictadura cívico-militar y se profundizó durante la década
del 90´. Implicó una reforma financiera, desmedida apertura comercial,
represión de sectores populares u obreros, desguace del sistema económico y las
organizaciones sindicales.

 “Sin embargo, es un esquema versátil, que
puede mutar”, explicó Rameri, y agregó: “Hoy hay una revisión de esta corriente
que busca neutralizar los costos políticos a partir de la lógica del Estado
eficaz”.

A su vez, la
integrante del IDEP propuso reflexionar sobre los distintos roles que se le
asigna al Estado, en tanto sintetizador de diversos intereses, herramienta de
conservación de los mismos para una clase dominante o como instrumento de
transformación: “Cuando pensamos en Estado no es cualquier Estado, puede ser el
que nos presentan o uno distinto, el que pretendemos construir”.

A
continuación fue el turno de Mariana Rivolta, del Instituto de Pensamiento y
Políticas Públicas (IPyPP), quien abordó la relación fiscal entre provincias y
Nación, y las consecuencias de esta en el desarrollo de políticas. Según
explicó, existe un modelo inviable e inconsistente, en gran medida debido a la vetusta
Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal: “No persigue objetivos de equilibrio
ni solidaridad”. A esto se suma –detalló- la falta de voluntad política para
dar un debate y legislar al respecto como resultado de una casta política
dominante que se esfuerza en sostener una disputa por los recursos, sin
intentar repensar el esquema actual.

En este
sentido, Rivolta se refiere al manejo discrecional de los recursos con un trasfondo
político-partidario. En 2015, las provincias recibieron del Estado Nacional de
forma automática 263.541 millones, mientras que la repartija discrecional fue
de 151.881 millones. Incluso explicó que existen provincias donde el 80  por ciento del presupuesto se destinan a
salarios y gastos corrientes, ambos ineludibles y periódicos (durante el año
pasado 18 de las 24 provincias no lograron sostener sus gastos corrientes con recursos
ordinarios, sino que debieron recurrir al Estado nación). “De esta manera es imposible
pensar en políticas provinciales a mediano y largo plazo, lo que conduce a una
falta de autonomía al tener que someterse a nación para cualquier inversión
"extraordinaria"”. Al respecto, la integrante del IPyPP remarcó la
baja presión fiscal que posee buena parte de los distritos.

El siguiente
en exponer fue Martin Harracá, docente, economista y referente del Movimiento
Popular Patria Grande, quien se centró en la fuerte transferencia de ingresos
que en los últimos meses se produjo desde los trabajadores hacia el sector
empresario. Según explicó, dicha transferencia se puede leer con una serie de
medidas gubernamentales como la devaluación (70 mil millones de pesos por el
corrimiento cambiario, 70 mil millones por dólar futuro), quita de retenciones
(con esta reducción impositiva los pooles de siembra tuvieron una apropiación
de 10.200 millones de pesos) y desregulación de las tasas de interés (la
diferencia que habrían sacado bancos y financieras rondan los 45 mil millones
de pesos).

En total,
según detalló el economista, la transferencia de ingresos de un sector a otro
en tan solo cinco meses (desde diciembre hasta principios de mayo) fue de casi
20 mil millones de dólares, o sea 281.106 millones de pesos. La cifra toma
verdadera dimensión cuando observamos que en 2015 el presupuesto del Ministerio
de Obras Públicas fue de poco mas de 11 mil millones de dólares, el de Educacion
y Cultura 8.400 millones, y Salud 4.300 millones.

Luego tomó
la palabra Isaac Rudnik, director del Instituto de Investigación Social,
Económica y Política Ciudadana (Isepci). “La derecha fue muy eficaz en cuanto a
tamaña transferencia en tan poco tiempo”, opinó en relación a la exposición que
lo precedió. Según relató el economista, para este Gobierno el problema de la
inflación es una cuestión monetarista, por lo tanto una relación entre moneda y
productos circulantes. Reducir el gasto y achatar las paritarias, y a la vez
levantar las tasas de interés son políticas consecuentes con esta visión ortodoxa
de la economía.

Rudnik hizo
fuerte énfasis en el hecho de que “aumentaron todos los precios de la economía,
salvo el de la fuerza de trabajo”. Sin embargo, el directo del Isepci afirmó: “El
ajuste planeado y que `necesitan´, es muchos mayor al ejecutado. Y esto se debe
al proceso de resistencia que, si bien ha tenido limites, logró paralizarlo o al
menos morigerarlo”.

El cierre de
la mesa estuvo a cargo de Cynthia Pok, trabajadora del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) y Secretaria de Formación de la CTA Autónoma. La
dirigente puso el eje en la importancia y necesidad de estadísticas para la
población y la aplicación de políticas públicas: “Tenemos que entenderlo de la
misma manera forma en que todos reconocemos el derecho a acceder a la luz y el
gas. Porque la información permite la construcción de colectivos, y es también
una herramienta de lucha”. A su vez, remarcó que las estadísticas públicas
tienen, entre otros objetivos, el de constatar resultados o injerencias de las políticas
aplicadas: “Son un monitoreo de las acciones del Estado”.

Para
finalizar, la integrante de la Mesa Nacional de la CTA A fue crítica respecto
de la proliferación de consultoras privadas –que se aprovecharon de la
intervención y deslegitimación del INDEC- , y a la vez calificó la compilación
y análisis de estadísticas como “un rol indelegable del Estado, y a los
trabajadores como los garantes de su credibilidad”.