En agosto pasado cuatro adolescentes bajo la tutela de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) denunciaron que fueron abusadas sexualmente por un trabajador –hoy imputado y detenido- de la residencia Caminiaga, localidad ubicada en el norte de la provincia de Córdoba.
También en agosto, un niño de la residencia Río Bamba denunció que fue abusado por un adolescente de 18 años de la misma casa. Al momento del abuso, había solo dos becarios para 15 niños y niñas.
En tanto, en octubre una adolescente menor de edad denunció que el director de la ONG Punto y Aparte, ubicada en Río Ceballos, la abusó sexualmente desde los 7 años. En el caso de los abusos cometidos en Caminiaga, es importante destacar que se trata de la misma residencia donde en 2006 fueron abusados al menos 13 varones de entre 4 y 12 años por un chofer que luego fue designado operador en el instituto.
En aquel momento, 16 años atrás, la respuesta del Gobierno provincial, a cargo de José Manuel de La Sota, fue la misma que tuvo Juan Schiaretti en 2020 con José Piñero, ex Secretario de la SENAF: pedirle la renuncia. Piñero se fue luego que saliera a la luz el abuso sexual sufrido por una niña de 11 años en la residencia Eva Perón. Pero esa fue solo la gota que rebalsó el vaso, ya que desde mucho tiempo antes los trabajadores y las trabajadoras de Senaf venían denunciando públicamente a Piñero por falta de presupuesto, precarización laboral y persecución gremial.
Todos los reclamos que realizaron fueron desmentidos por Piñero mientras ejerció su cargo. Sin embargo, en su carta de renuncia, ya con nada por perder y más bien con la intención de deslindarse de responsabilidades, el ex funcionario confirmó lo denunciado por el personal y blanqueó la falta total de presupuesto en SENAF, manifestando que les niñes y adolescentes habían estado más de 20 días sin frutas y verduras, que habían llegado a estar sin carne, sin medicación, sin elementos de higiene personal en medio de la pandemia, sin ropa digna teniendo que recurrir a donaciones.
Nuevas autoridades, mismos derechos vulnerados
Tras renunciar Piñero, asumió como secretaria la socióloga Georgina Tavella; como subsecretaria de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Victoria Martínez; como subsecretario de Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la Ley Penal Antonio Franco; y como director general Federico Robledo.
Y aunque cambiaron las autoridades, la SENAF sigue siendo una de las dependencias de la Provincia con mayor cantidad de personal precarizado. Quienes trabajan en las residencias cobran una beca de entre 29 mil y 39 mil pesos, por el cumplimiento de 20 a 30 horas semanales. En tanto, a los y las profesionales se les exige ser monotributistas, no hay pago por vacaciones ni aguinaldo, así como tampoco ART, aportes, ni cobertura de salud, siendo que alrededor del 80% del personal que trabaja en residencias son mujeres jefas de hogar.
Qué dicen las autoridades de SENAF
lmdiario.com.ar se comunicó con autoridades de SENAF para conocer su opinión acerca de los graves hechos mencionados anteriormente.
-En los últimos tres meses fueron denunciados al menos seis casos de abuso sexual contra adolescentes y niñes en residencias de SENAF.
-Ya que haya un hecho es un espanto pero no se suceden como se dice. Pero sí es cierto que tuvimos dos abusos sexuales, uno en Caminiaga y otro en Río Bamba. Uno perpetrado por un adulto y otro por un menor de edad. Apenas tuvimos conocimiento instamos a los chicos a hacer la denuncia. No hicimos ni más ni menos de lo que tenemos que hacer como funcionarios.
-Hay otro caso grave que es el de un adolescente de 15 años que habría estado detenido 26 días en el Complejo Esperanza sin que haya quedado registro de su ingreso y su salida.
-La nueva ley de Penal Juvenil contempla la remisión de causa para los chicos no punibles pero hay casos que los jueces deciden. Nadie entra al Complejo Esperanza sin oficio judicial. Este chico entró con oficio y después con un equipo técnico se le dio de alta y ya luego salió, pero no estaba privado de la libertad de forma ilegal. Entró al Complejo con orden judicial. Además el artículo 94 contempla que los jueces de Penal Juvenil pueden enviar jóvenes circunstancialmente al Complejo Esperanza. Y respecto a la falta de registro, eso no es así.
-Pero el ingreso de este adolescente al Complejo fue cargado en el Registro Único Nominal de Niñez, Adolescencia y Familia (Runna).-
Sí, pero está en Protección, por eso es probable que lo carguen en la pestaña de ‘No punibles’, que es una pestaña nueva, una figura legal nueva, que si bien le compete a Protección también le compete a Penal Juvenil. De todas maneras que no esté en el Runna no quiere decir que el chico no esté registrado, porque hay otras fuentes de información que usa el Poder Judicial como nosotros, donde vemos diariamente quienes están.
-¿Por qué siguen trabajando en el Complejo Esperanza los guardias juzgados y condenados en mayo último por la muerte de un adolescente de 15 años en ocurrida en 2015 en dicha dependencia de SENAF?
-Desde legales nos sugirieron esperar a que quede firme la condena. Una vez que quede firme la condena supongo que los desplazaremos del Complejo y una vez ocurrido esto, imagino que será causa suficiente para desvincularlos del Estado.
-¿Qué me puede decir respecto a la muerte de una adolescente de 14 años que estaba en el Hogar Milani y falleció en el Hospital Elpidio Torres?
-Antes que nada, aclarar que Milani es un centro de salud para chicos discapacitados. Ella estaba en ese lugar desde los cuatro años. Nosotros nos pusimos a disposición de la Justicia desde un primer momento, pero no estamos imputados porque el hecho ocurrió en un OGA (ndr: es el Programa de Organizaciones de Gestión Asociado), es decir, que no es una residencia directa de la Senaf. Pero no significa que estemos exentas. Tenemos un montón de chicos de la SENAF ahí, pero por eso, había técnicas de sujeción. A nosotros no nos dio lo mismo, seguimos el caso, firmamos los papeles para la morgue.
-Los trabajadores y trabajadoras vienen denunciando hace años la precarización laboral a la que se encuentran sometidos y la falta de partida presupuestaria adecuada por parte de la Provincia para SENAF.
