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Antes que reducir la jornada, pagar mejores salarios

El capitalismo encontró en el derecho del trabajo apenas una limitación. Por un lado, luego de la conquista histórica de la jornada de ocho horas, se impuso un límite máximo al tiempo por el cual una persona puede ser explotada. Por el otro, a través de los salarios mínimos se limitó la cantidad de dinero por menos de la cual no se puede comprar fuerza de trabajo. Jornada máxima y salarios mínimos son así los principales límites a la explotación y aún hoy la razón de la mayoría de los conflictos laborales.

En ambas conquistas subyace un aspecto de la vida poco reivindicado: el derecho al ocio, al esparcimiento, o como dijo Paul Lafargue, el derecho a la pereza. «Si la clase obrera, tras arrancar de su corazón el vicio que la domina y que envilece su naturaleza, se levantara con toda su fuerza, no para reclamar los derechos del hombre (que no son más que los derechos de la explotación capitalista), no para reclamar el derecho al trabajo (que no es más que reclamar el derecho a la miseria), sino para forjar una ley de bronce que prohibiera a todos los hombres trabajar más de tres horas por día, la Tierra, la vieja Tierra, estremecería de alegría, sentiría brincar en ella un nuevo universo», escribió Lafargue en El derecho a la pereza en 1880.

Más allá de esta postura radical y antisistema, lo cierto es que la jornada se limitó para tener mayor tiempo de descanso y de esparcimiento; y que el salario se volvió vital no sólo para reponer energía, sino para contar con dinero para acceder a los placeres del ocio y la cultura.

Derecho al ocio

En Argentina, la definición de salario mínimo vital enumera las necesidades a cubrir, incluyendo el derecho al esparcimiento. Pero la jornada laboral y el salario se encuentran en crisis hace décadas. El tiempo de trabajo se ha flexibilizado notablemente y eso se expresa en los turnos rotativos en procesos continuos, que vuelven ilusoria la posibilidad de descansar un fin de semana, y en la escasez del salario, que obliga a los trabajadores/as a realizar horas extras, es decir, a pasar más horas trabajando y no menos.

Esto evidencia que, a pesar de lo que se preveía, los avances tecnológicos por sí mismos no hacen mejor la vida de las personas que trabajan. No se cumplió la premonición de Keynes que aseguró que, por el aumento de la productividad, la generación de sus nietos trabajaría sólo tres horas diarias (Las posibilidades económicas de nuestros nietos, Keynes, 1930).

Paradójicamente, la productividad aumentó, pero los salarios reales cayeron. Lo muestra el informe de CIFRA de mayo pasado sobre la situación del mercado laboral, donde precisa que las remuneraciones evolucionaron menos que la productividad y se produjo una pronunciada brecha entre ambas. El resultado jugó en contra de quienes venden su fuerza de trabajo: “Entre 2018 y 2021 se dio una transferencia de 7,7 billones de pesos desde los asalariados hacia el capital”, indica ese trabajo.

Así, la extraordinaria rentabilidad empresaria se sustenta en la reducción salarial y/o en el aumento del tiempo de trabajo, esto es, en la superexplotación de la fuerza de trabajo. Porque aunque nos encontramos frente a posibilidades técnicas que permitirían la reducción de la jornada de trabajo, los niveles salariales actuales permiten suponer que el tiempo extra sería utilizado en otro trabajo, o que aun recuperando ese tiempo para la propia vida, las personas trabajadoras no tendrían dinero para disfrutar de ese tiempo de ocio.

Por ello, el mayor problema que hoy existe en el mercado de trabajo son los salarios bajos, lo que incluye una enorme y vergonzante cantidad de personas que aun teniendo empleo, incluso formal, son pobres.

De acuerdo a la ley vigente, el salario mínimo debe asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión (art. 116 Ley de Contrato de Trabajo).

Eso no implica contraponer el objetivo de reducir la jornada de trabajo al de garantizar salarios dignos. Pero en orden de prioridades, resulta imprescindible que la fuerza de trabajo se pague según su definición legal, para así poder disfrutar del tiempo libre, que, claro está, cuanto más sea, mejor.

* Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL)

Publicado originalmente en Página/12

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El contexto mundial y los trabajadores

Les propongo un ejercicio, aunque parezca un juego de palabras, intentemos realizar un análisis de la situación mundial y de nuestro lugar como clase trabajadora, pero sin usar el sentido común. Y cuál es éste sentido común, el que nos imponen los medios hegemónicos aliados al poder económico financiero y a los intereses del imperio. Ajá, y ¿quién es el imperio? Bueno, vayamos por partes.

Si no queremos utilizar el sentido común, pero queremos entender la realidad actual (una instantánea de ella, hoy, ahora, ya que está bastante cambiante), no debemos partir de lo obvio: el conflicto en Ucrania y los neofascimos. Recorramos el mundo, en su integralidad.

¿Hay otros conflictos activos? Si claro. Palestina es ineludible, aunque no se hable todos los días de ello, ya que la prensa (con minúsculas) se aburre. Salvo que haya muchos cohetes enviados por Hamas o Hezbollah, o una “desmedida” reacción del ejército de ocupación israelí que termine matando a decenas de personas, incluídxs niñxs, este conflicto es ya parte del paisaje y está casi invisibilizado. Ahora bien, muy cerquita de ahí, están Siria e Irak, donde Isis (o Daesh, ex formación de Al Qaeda), grupo ultrafundamentalista musulmán, ataca todo lo que puede menos un país que podría ser su objetivo principal: Israel. Los movimientos kurdos son golpeados por Isis como por Turquía, que se resiste a la creación de un estado Kurdo. Esto con estados fallidos (o asesinados) como el de Irak de Houssein o el sirio Assad. Situación que también está prácticamente ausente en los medios actuales, aunque el conflicto siga, lxs muertxs y refugiadxs se cuenten de a miles o millones, en una región donde lo que abunda es el petróleo.

Si nos movemos un poquito más al este, otro conflicto que tiene poca repercusión en los medios es el de Azerbaiyán y Armenia. Aquí aparece un dato interesante, Armenia es parte la OTSC, el equivalente a la OTAN con centro en Rusia. Se podría pensar que Rusia apoya a Armenia en su disputa por Nagorno-Karabaj, pero la diáspora armenia, al igual que la judía, ha tenido una fuerte influencia pro estadounidense, lo que ha hecho que Rusia esté expectante y no haya apoyado aún a su socio. Mientras esto ocurre, Azerbaiyán aprovecha y vende el gas que posee su subsuelo, en un marco de precios altos y un mercado ávido de proveedores diferentes que Rusia.

Sigamos hacia el oriente, y pasamos por Afganistán y los talibanes. Mientras pública y banalmente mujeres famosas se quitan un mechón de pelo en favor de la “causa” de las mujeres iraníes, ya nadie habla de lo que ocurre es este recóndito (para nosotrxs) país de Asia. Si tan sólo fuese una cuestión capilar.

Bajemos hacia el sur, pasamos por la frontera siempre caliente entre Pakistan e India, que ha motorizado a que estos dos países lleguen a tener armas nucleares. Por el momento, hay calma, pero más allá de sus nacionalismos, ambos países cuentan con un porcentaje enorme de su población que sufre hambre, sin trabajo decente, pero no pareciera preocupar estas nimiedades.

Sigamos para el sur y para el este. Nos encontramos con dos situaciones que, en primera instancia, podemos comparar: Bangladesh y Ceilán. Ambos tienen insurgencias armadas contra un poder central opresivo. Los tamiles de la ex Sri Lanka han sido prácticamente aniquilados luego de terribles represiones. En la ex Birmania, la geografía y la mayor diversidad etno-cultural lleva (afortunadamente) a una incapacidad del gobierno a aplastar sangrientamente todo movimiento rebelde, lo que no significa que sea más benigno un régimen que el otro, sin embargo, mientras esto escribo, el gobierno de Myanmar ataca con aviones un concierto musical de una de las etnias ubicadas cerca de la frontera con China, provocando una masacre que incluyó al cantante. Y en el medio, el FMI y la guerra de Ucrania, con el aumento de las tarifas y la escasez de alimento (el trigo ucraniano y los fertilizantes rusos), están provocando hambruna y, consecuentemente, rebeliones populares.

Antes de navegar el Índico, sobrevolemos el pacífico. Estados Unidos tiene a su flota principal desplegada por el Pacífico queriendo intimidar a una Corea del Norte que, armisticio mediante, sigue en guerra con su hermana del Sur, y a la China de “una nación, dos sistemas”, en referencia a Macao, Hong Kong y Taiwán. Y respecto de esta última isla, la batalla silenciosa por la tecnología tiene ribetes alucinantes: Taiwán es la región de mayor producción y desarrollo de microchips del mundo, y a pedido de los Estados Unidos, está dejando de producir para China; a cambio, la parte continental ha dejado de suministrarle arena, elemento principal para la obtención de silicio … China que afronta una necesidad de incrementar su consumo interno para no depender tanto de las exportaciones, Taiwán que necesita de la exportación y la triangulación de mercadería en el mercado mundial como base de sus ingresos económicos .

Y ahora sí, tomemos un barquito y naveguemos por el mar Arábigo, donde nos encontraremos con el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. En el primero, rápidamente nos sorprenderá la cantidad de barcos militares, tanto de Irán como de Estados Unidos, clara señal de las tensiones vigentes. Al fondo, Qatar donde se jugará el Mundial de Fútbol, junto a otros Emiratos Árabes que acumulan petróleo, gas, y millones de trabajadores asiáticos siendo contratados y desarrollando tareas en condiciones infrahumanas. Mientras le damos la vuelta a la península arábiga, pasamos por Yemen y una “guerra civil” que lleva décadas sin solución. Luego de una revolución socialista que era una molestia para los jeques y su patrón yanqui, intervino la liga Árabe con la delicadeza que se caracteriza, golpe de estado, balas, bombas, hambre, miseria … Justo enfrente tenemos a Djibuti, Eritrea, Somalia y Etiopía. El “cuerno de África”, zona caliente si las hay. Hablar de hambrunas aquí es cotidiano, es una de las últimas regiones del mundo donde existe la piratería marina, los conflictos armados inter e intra estados son habituales. Hoy son los rebeldes de Tigray, pero esta región no conoce paz duradera desde hace siglos.

A partir del cuerno nos internamos en el continente. No hicimos muchos kilómetros y chocamos con el conflicto Sudán – Sudán del Sur, campos petroleros mediante. Miramos un poquito al noreste, aún Libia padece el descalabro de la última intervención civilizadora de la OTAN (eso sí, su petróleo sigue siendo extraído). Más al este, el Sahara Occidental entregado por España a Marruecos, sin pensar en la autodeterminación de su pueblo, hoy levantado en armas contra el rey del norte. Giramos por el Golfo de Guinea y vemos inversiones chinas, tráfico diamantes, coltán, revoluciones fallidas y golpes de estado.

Saltemos a Latinoamérica. De Haiti nadie habla, pero nuevamente Estados Unidos pretende invadirla después de haber asesinado al último presidente, pero sin el aval de otras naciones. Ni hablemos del Comando Sur y sus intervenciones, a pesar de las rebeliones populares que todos conocemos. Lo mismo para la nacionalización del Canal de Panamá, que ni se les ocurra a lxs panameñxs!!! Y del bloqueo a Cuba, no jodamos … Los espaldas mojadas claro que tampoco cuentan como conflicto, pero por las dudas, pongamos un muro.

¡Ahhh pero son todas tiranías! Muchos de esos países cuentan con elecciones. Algunos gobiernos figuran con grandes titulares en la prensa cuando un disidente recibe alguna sanción, pero poco se habla de Guantánamo, Julian Assange o Chelsea Manning. Sin importar el sistema de gobierno, a la hora de reprimir manifestaciones populares ninguno escatima el uso de la fuerza.      

¿Y lxs trabajadorxs, dónde están? Desmontemos ahí otro de los sentidos comunes. ¡No están, no importan! Todos los conflictos descriptos tienen eje en una disputa global por recursos, no en revoluciones o movimientos sociales generados para la toma del poder y la transformación de sus sociedades. Estas disputas por mercados y recursos tienen como polo a los Estados Unidos por un lado, acompañados por los principales centros de poder europeos (Alemania, Francia y Gran Bretaña, en mucha menor medida España, Italia y otros), frente al avance de China por los mismos motivos, seguida de lejos por Rusia. Pero no son tanto las naciones como las empresas cuyos capitales ávidos de pingües ganancias las que intervienen en gobiernos, modifican territorios y alteran ecosistemas.

Hoy, en esta misma instantánea mundial, lxs trabajadorxs de todo el mundo estamos sufriendo una ola inflacionaria tremenda, que ha elevado el costo de la vida, desde la posibilidad de no poder calentarse debidamente en el invierno europeo que se avecina, hasta la certeza de no poder comprar alimentos o carecer de agua en los márgenes de una periferia global pauperizada y esquilmada. Décadas de globalización mediática han calado profundo exacerbando individualismos en contra de la solidaridad de clase; el fracaso de los llamados gobiernos de izquierda o progresistas en lograr mejorar las condiciones de vida de la población, todo lo contrario, claudicando frente a ideas neoliberales, está causando la frustración social masiva, con históricas abstenciones en las elecciones y el surgimiento de un neofascismo global con variantes locales, que ponen en peligro todo lo construido. En un mundo que avanza cada vez más rápidamente hacia enormes conflagraciones, donde la codicia del capital no tiene fronteras, como nunca antes se hace necesario que lxs trabajadorxs nos unamos y construyamos una sociedad nueva, solidaria, con una democracia fuerte y soberana, en un mundo donde cada país sea tomado como un igual, soberano, y que la clase tenga intervención directa en la economía y la salud del planeta.

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Memorias de una (ex) empleada pública

A continuación, compartimos el texto ‘Memorias de una (ex) empleada pública’, escrito en 2019 –tras su jubilación- por la compañera Graciela Guarido, miembro del Equipo de Convenios Colectivos de ATE , Presidenta del Centro de Jubilades ‘Elías Moure’ de la CTA Capital y fallecida hace pocos días. Estas memorias, que fueron leídas durante el velorio de la querida compañera, son un relato de gran relevancia política y militante.

Memorias de una (ex) empleada pública

*Por Graciela Guarido, miembro del Equipo de Convenios Colectivos de ATE y Presidenta del Centro de Jubilades ‘Elías Moure’ de la CTA Capital

No pretendo hacer de estas líneas una obra literaria, son el simple relato de alguien quien durante más de treinta años trabajó en un organismo público. Tal vez sirva para que mis compañeros más jóvenes puedan, desde un relato de vida, entender lo vertiginoso de los cambios sociales que, también, nos van configurando y reconfigurando como trabajadores del Estado. Cómo los relatos oficiales nos van marcando, nos van alienando y nos hacen ocupar lugares en la sociedad que ni siquiera sabemos si son los que queremos ocupar.

Mi primera experiencia con el trabajo estatal fue en los 70. Con dieciocho años entré a trabajar a ENTEL, la empresa nacional de telecomunicaciones, en la categoría administrativa más baja. Formaba parte de un grupito de chicos y chicas, casi todos recién salidos del secundario o cursando sus primeros años de universidad. Más que un trabajo, para mí, fue la prolongación de una estudiantina maravillosa, como fue maravillosa para mi generación esos primeros años de la década del ’70. Nos sentíamos continuadores del Mayo francés y del Cordobazo, la Guerra de Vietnam nos dolía como propia, admirábamos al Che y veíamos a Salvador Allende y al Chile de la Unidad Popular como el camino a seguir. El “Luche y Vuelve” nos movilizaba y la Masacre de Trelew fue el cachetazo que nos hizo sentir, prematuramente, lo que vendría después. Todo esto para explicar que esa etapa de mi vida laboral, fue más de descubrimiento que de conciencia plena de lo que significa ser un trabajador del Estado. No voy a relatar como ese mundo soñado de liberación se rompió en mil pedazos.

Después de 15 años de vivir en el exterior, regresé al país en 1990 con tres hijos pequeños a cargo y un divorcio muy traumático. En ese mismo año ingresé a la Secretaría (también en una categoría administrativa de las más bajas). Por las leyes de ese momento, se ingresaba a la planta permanente directamente, con el simple nombramiento. Así que después de tres meses de un contrato provisorio, ya estaba en planta y con todo lo que eso significaba: estabilidad, obra social, etc.

Y ahí fue cuando empecé a tomar conciencia de la planadora que nos había pasado por encima y que nos había cambiado como sociedad, y por lo tanto había cambiado nuestra perspectiva como trabajadores del Estado. Yo había acompañado desde lejos todo lo que había sucedido, la cruel dictadura, el juicio a las juntas, Malvinas, las plazas de Alfonsín, la hiper. Pero eran relatos de otros. Me dolía tanto mi país que, tal vez como defensa y sin pensarlo mucho, entre mis relaciones más cercanas no se encontraban argentinos y sí chilenos. Una cosa era leer y otra era escuchar de la voz de los protagonistas tanto sufrimiento y conocer, cara a cara, a aquellos que cargaban con sus vidas rotas.

Los primeros tiempos en esta oficina de un subsuelo fueron extraños, yo no diría difíciles, fueron extraños hasta en lo coloquial; escuchaba palabras y frases que jamás había oído (bolonqui, de diez, entre otras). ¡Nadie hablaba así en los ’70! Y por otro lado, y como se me habían pegado palabras y frases de los chilenos, tampoco me entendían a mí. Había cambiado hasta el acento, era un híbrido, no era porteño ni provinciano, tampoco era el de un extranjero, era algo raro que cuando conocía a alguien me preguntaban de donde era. Las charlas políticas que eran de lo más común en esa oficina de ENTEL, ahora eran evitadas. Ya no había compañeros que entre expediente y expediente trataban de formar a los más jóvenes.

Pero no sólo eso, al poco tiempo me di cuenta que todo aquello que había sido natural para mi en los años 70, como la solidaridad entre trabajadores, el orgullo de ser empleado público, el encontrarle sentido a la tarea, ya no existía. Cuando comenzaron las privatizaciones y se achicaron las estructuras del Estado, y el relato oficial lo invadió todo, pocos eran los que alzaban la voz en sus lugares de trabajo. Era pregonar en el desierto sostener la postura de que un Estado fuerte es la única garantía de una Nación soberana. Y que la fortaleza al Estado se la dan sus trabajadores, que son la cara operativa de las políticas públicas. Cuando la política es la no política, se hace necesario invisibilizar al trabajador del Estado. Muchos compañeros que compraron el sueño “cuentapropista” del parripollo, la cancha de paddle o de la licencia de taxi, lo hicieron convencidos que irse con algo de plata era ganarle al futuro.

Y así los que fueron quedando, se replegaron sobre si mismos. Cuando ingresabas a trabajar en los años 70, la tarea te la enseñaban los compañeros, nadie se preocupaba por esconder información de forma egoísta porque nadie temía perder el empleo, ni ser reemplazado. No estaba en el imaginario de nadie el quedarse sin trabajo, no había listas de despedidos (las listas negras las implementaron las distintas dictaduras, y siempre por razones políticas). Como en toda relación humana existían diferencias, pero el puesto de trabajo no estaba en juego. Podías planificar tu vida porque el trabajo no era una incertidumbre.

Eso comenzó a cambiar en los 90; pasada oleada de privatizaciones y achicamiento apareció en forma incipiente una de las formas de relación laboral más perversas que hay, la de la precarización. Al principio, eran pocos los contratados. La iniciativa privada no conseguía contener a los que se iban incorporando al mercado de trabajo, y la mayoría consideraba como transitorio su paso por el Estado. Eran muy pocos los que por opción querían ser empleados públicos, era un salario a fin de mes y nada más que eso. El trabajar para una multinacional se convirtió en algo aspiracional, era como entrar de lleno a la posmodernidad. Y ahí el sentido social de la tarea del empleado público perdió vigencia.

El individualismo ganó terreno, y el me salvo como puedo pasó a ser la normalidad. Y entonces llegó el 2001, y el techo se nos cayó nuevamente en la cabeza. El tejido social terminó de estallar. Ese tejido social que los empleados públicos sosteníamos desde nuestros lugares con cada tarea, porque cada una de nuestras tareas son indispensables para hacer efectivo un derecho, se hizo añicos. El futuro dejó de ser previsible, y nuestra tarea también se relativizó. Si bien como individuos no somos indispensables, nuestra tarea sí lo es. Pero hasta las tareas más indispensables dejaron de hacerlas los trabajadores del Estado. Atrás de una falsa eficiencia y eficacia se tercearizaron tareas, que a la larga fueron más caras y más precarias que cuando las hacían empleados públicos.

Y en ese sálvese quien pueda los sindicatos, que como organización nacieron para defender los derechos de los trabajadores, en el mejor de los casos tuvieron que salir no a defender derechos y avanzar en la consolidación de un Estado fuerte, sino a defender sencillamente el trabajo, y los derechos de los trabajadores pasaron a un segundo plano. Cuando fueron los despidos masivos de la era Macri, con tal de tener trabajo, muchos trabajadores fueron reintegrados resignando derechos. De ser contratados pasaron a ser monotributistas.

Y la precarización se naturalizó, era preferible facturar a tener que trabajar en negro, si se tenía la suerte de conseguir un trabajo, aunque sea en negro, sin darnos cuenta que también se está pagando para trabajar cuando se paga el monotributo.

Y así llegamos a los días de hoy, y no quiero caer en la falacia de decir que todo tiempo pasado fue mejor, solo quiero decir que transcurridos 50 años de mi primer contacto con la vida laboral, desde un puesto en el Estado, sigo pensando como aprendí en aquellos años, que la solidaridad, la defensa de nuestros derechos, el sentido de la tarea y sobre todo el sentirse parte de un colectivo hacen que me sienta aún jubilada, orgullosamente, trabajadora del Estado.

Ojala que lo haya podido transmitir en este relato, mezcla de historia de vida y declaración de principios.

Graciela Guarido – 2018/2019

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Es tiempo de unidad y de justicia social

* Nota de Opinión por Flavio Vergara, Director del Departamento de Negociación Colectiva y Áreas Temáticas Nacionales

Estamos viviendo un tiempo donde después de derrotar a la pandemia del COVID nos toca combatir a la pandemia neoliberal. Tiempo signado por la mentira organizada por los monopolios de comunicación. Donde la Justicia está prisionera del Partido Judicial. Donde el poder económico somete y cuestiona a los poderes institucionales del Estado. Donde el odio inoculado como un virus que altera la razón y genera neogrupos de tareas, financiados por la oposición fascista, como el que fracasó en el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Todas estas acciones son parte de un plan global y sistemático de sometimiento y empobrecimiento de los Pueblos.

En ese marco de crisis, hoy marchamos hasta la Secretaría de Gestión y Empleo Público a reclamarle a las autoridades que es urgente y necesario el adelantamiento de la revisión de la Paritaria Nacional 2022. El salario de les estatales no puede seguir desintegrándose a la luz de la inflación desbocada.

Desde nuestra ATE fuimos protagonistas de la dura pelea contra el macrismo, resistiendo el desguace del Estado y los salvajes despidos de casi 45.000 trabajadoras y trabajadores, movilizados en los sectores de trabajo con les compañeres y en las calles junto al movimiento obrero y a los sectores políticos populares. También fuimos parte imprescindible a la hora de derrotarlo en las urnas y en la construcción y asunción del Frente de Todos al Gobierno.

Al ritmo de acertadas políticas públicas, les estatales pusimos toda la fuerza en la reparación y la reconstrucción del Estado. Aún en el marco de la pandemia por COVID-19, que implicó un cambio de paradigma de la organización social global y local, redoblamos esfuerzos para garantizar que cada función del Estado siguiera materializando derechos a nuestro Pueblo, en cada rincón del país. Trabajamos de sol a sol y nos adaptamos a un contexto de máxima complejidad y exigencia, comprometides con una causa que era colectiva: “Solo el Pueblo salva al Pueblo”. Hoy es el Día de la Sanidad. No nos olvidamos: muches compañeres enfermaron e incluso dieron hasta la vida poniendo sus cuerpos en la primera línea de combate contra el virus haciendo realidad un Estado Presente, único garante de la victoria contra la pandemia.

Ya las elecciones de medio término de 2021 y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) marcaron con claridad que se debían profundizar las políticas que favorezcan a nuestro Pueblo para lograr la definitiva independencia de nuestra Patria Grande. Y si bien en la actualidad vislumbramos una mejora de las estructuras productivas y económicas nacionales, esto no garantiza una política de redistribucion de la riqueza.

La voracidad del Mercado no se detiene. Los formadores de precios y los especuladores económicos y financieros siguen operando en contra de los intereses de las mayorías populares. La implementacion de las políticas de control de precios demostraron su total ineficacia. Vivimos un escenario de permanente aumento del valor de los bienes y servicios, sobre todo aquellos de primera necesidad, lo que pulveriza los salarios estatales.

Un Estado Popular es el único garante de una justa redistribución de la riqueza y de la posibilidad de recuperar la dignidad y la felicidad de nuestro Pueblo.

Pero no alcanza este Estado, si el INTI garantiza la medida exacta de balanzas y surtidores, pero no se controla las exportaciones ni el precio de los combustibles. Tampoco si la ANMAT y el Malbrán fiscalizan medicamentos y vacunas; si los precios los fija el complejo industrial farmacéutico. Ni si el SENASA garantiza la sanidad y calidad de las carnes y granos, si los productores desabastecen el mercado interno o retienen la producción; o si les brigadistas de incendios se queman combatiendo el fuego intencional de les terratenientes atentando contra el ambiente en el Delta del Paraná.

No alcanza este Estado con sus trabajadoras y trabajadores con salarios que diariamente pierden la carrera contra la inflación, con la preocupación permanente de cómo llegar a fin de mes, para poder poner el pan en la mesa y sostener a sus familias. Lo aclaran los índices económicos: según el INDEC, la inflación fue del 7% en agosto y acumuló un 56,4% en lo que va del año. Y de acuerdo al Banco Central, las expectativas de inflación para 2022 son del 95%.

Más atroz aún el panorama cuando en la actualidad todavía hay trabajadoras y trabajadores cuyos salarios les arrojan por debajo de la línea de la pobreza.

No se puede naturalizar que haya trabajadores/as del Estado pobres.

No alcanza este Estado con sus trabajadoras y trabajadores precaries y empobrecides, con vínculos laborales endebles.

La regularización del empleo público avanza a un paso aletargado que lo hace ineficaz. A ese ritmo, el Estado seguirá precarizado. Porque nos comprometimos en diciembre de 2020 y hasta 2023, con el Plan de Regularización del Empleo Público, a pasar a planta permanente a más de 30.000 trabajadoras y trabajadores que hace más de 5 años que cumplen sus tareas con idoneidad y compromiso. Y hoy tenemos que decir que el Estado está incumpliendo las metas: ya deberíamos tener más de 15.000 trabajadoras y trabajadores en la planta permanente y en la actualidad solo se avanzó con el concurso de alrededor de 8.000 cargos del Agrupamiento General y todavía no se comenzó con los Profesionales, que ascienden a más de 12.000. Necesitamos mecanismos extraordinarios para resolver este atraso. La situación no admite más demoras: la amenaza neoliberal sigue latente y les trabajadores necesitamos la planta permanente.

Lo planteamos mil veces: es momento de que el Gobierno se decida de una vez por todas en favor de las mayorías populares, de les trabajadores, y deje de otorgar privilegios a las multinacionales y grupos económicos de poder que fugan la riqueza al exterior. No pueden seguir dándole facilidades a quienes con el afán de lucrar generan corridas de precios que hacen peligrar la comida, la vivienda, la educación, la ropa, la salud y la cultura, y las vuelven inalcanzables para les trabajadores.

Un proyecto popular debe dar respuesta a las necesidades populares.

Por todo eso exigimos:

– Adelantamiento de la revisión de la Paritaria Nacional 2022 para el mes de septiembre y de las cuotas de 2023 para este año.

– Incorporación de una suma fija no menor a los $30.000 de carácter permanente y como parte integrante del salario de los/as trabajadores/as estatales para acercarse a que no haya ningún estatal bajo la línea de la pobreza.

– Aumento salarial equivalente para les compañeres monotributistas del Decreto 1109/17.

– Incorporación de la modalidad de Curso-Concurso como proceso de selección –art. 34° del Convenio Colectivo de Trabajo del Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP)–.

– Eliminación del período de prueba de 12 meses para la adquisición de la estabilidad, de forma excepcional, para quienes regularizan su empleo con 5 años o más de antigüedad laboral. No se puede desconocer a les trabajadores que ya son parte del Estado.

– Reincorporación de todes les despedides por el macrismo.

Para Fortalecer el Estado y Liberar la Nación, se necesitan Trabajadores y Trabajadoras con Estabilidad y Salarios Dignos.

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En un escenario de fuerte disputa social, económica y política, ATE retoma la iniciativa en el campo popular

*Nota de opinión publicada en El Trabajador del Estado de septiembre

Venimos de terminar una reunión del Consejo Directivo Nacional con la presencia de la mayoría de los secretarios y secretarios generales de las provincias. El repaso de la situación en ellas y de la situación nacional nos obliga a fortalecer y acrecentar el estado de movilización y lucha que llevamos adelante los trabajadores y trabajadoras en el país. 

Es que, ante el golpe de mercado que venimos sistemáticamente sufriendo los argentinos, con los aumentos discrecionales de precios, con la transferencia de precio internacionales al mercado interno, la profundización de la fuga de capitales, la devaluación del peso ordenada en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que los grandes grupos económicos quieren acelerar y acrecentar, el Gobierno ha cedido, tal como lo hizo a comienzos del año, al tomar el nuevo préstamo con el Fondo. Un préstamo que además de ser  impagable y blanquear el tomado por Macri, implicó aceptar las condicionalidades del Fondo que desde siempre han sido políticas de ajuste.

Desde ese momento hasta hoy, el Gobierno no ha dejado de ceder. Martin Guzmán reconoció el fracaso del plan económico con su renuncia, pero los pasos dados por sus sucesores, primero por la Ministra Batakis, y luego por quien quiere convertirse en superministro, Sergio Massa, no han hecho más que profundizar el camino de concesiones al Fondo y al actual golpe de mercado, que está llevando a niveles de extremos históricos la indigencia y pobreza, hasta tal punto que el Salario Mínimo, Vital y Móvil, de $51.000, y la jubilación mínima, ubicada en los $50.000, están muy por debajo del valor de la canasta de la indigencia, que en julio pasó los $111.000.

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En ese contexto, todas las respuestas que viene anunciando Massa tienen que ver con las exigencias de los grandes grupos económicos: se habilita valor dólar para el agro, valor valor dólar para para las mineras, valor dólar para las hidrocarburíferas, con lo cual se acrecientan sus tasas de ganancia y se ensancha la brecha entre los menos que más ganan, y los más que menos que menos tenemos. Y las medidas que el Gobierno anuncia en el supuesto de paliar la situación de los sectores más postergados son absolutamente insuficientes, para no decir intrascendentes. 

Ahora bien, esta ofensiva de los sectores concentrados no son algo aislado. Forman parte de una ofensiva de los sectores reaccionarios que está produciendo en el Gobierno un giro conservador. Y que tiene que ver, entre otras cosas, con un avance del sistema judicial encabezado por una Corte Suprema de Justicia que quiere imponer su gobierno y disciplinar a los sectores populares, con la permanente reactivación de causas inventadas durante el macrismo, o la invención de nuevas causas. Lo vimos en Mendoza, donde fueron encarcelados el Secretario General y la Secretaria General Adjunta de ATE y CTA, lo vemos hace años en Jujuy, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la Justicia emprendió acciones de persecución contra distintas organizaciones populares.

Es fundamental decir que la persecución judicial y el intento de proscripción a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a la represión que alentó el jefe de Gobierno de la Ciudad sobre quienes se movilizaban solidariamente para con ella en Juncal y Uruguay, fueron la antesala inmediata a los graves hechos ocurrido en la noche del 1 de septiembre con el intento de magnicidio. Fue un hecho, también, resultado de años y años de persecución política y judicial, y de amplificación de discursos de odio y noticias falsas por parte de los medios hegemónicos. En respuesta a ese escenario es que nos movilizamos masivamente el 2 de septiembre para repudiar el atentado a Cristina, defender la democracia y los derechos del Pueblo argentino.

Las intervenciones del embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, alentando a la creación de una nueva coalición opositora no son tampoco algo aislado a esos acontecimientos. Busca garantizar, por un lado, las políticas de ajuste en el cogobierno con el FMI. Y en paralelo, convalidar la entrega de nuestros bienes comunes e impedir que se lleven adelante proyectos estratégicos del sector energético, como la instalación de dos o más centrales nucleares en Zárate, la recuperación del control soberano sobre la red troncal del río Paraná, la construcción del Canal de Magdalena, y la industrialización del litio en territorio de origen, con participación de empresas estatales de Argentina, Chile y Bolivia, fortaleciendo la hermandad y la unidad de los pueblos y gobiernos latinoamericanos. 

Esta ofensiva que se despliega en todos estos planos trata de romper la posibilidad de que una experiencia nacional y popular de gobierno en la Argentina pueda confluir con las experiencias de lucha y de avance que se están produciendo en otros países hermanos de Latinoamérica. Buscan romper el eslabón más débil que hoy representa el gobierno de Argentina, porque Estados Unidos quiere impedir que se vuelvan a restablecer las condiciones políticas de unidad  y autonomía de los gobiernos populares en América Latina, como la que hace exactamente 17 años le dijo “No al ALCA”. 

Ante este escenario de disputa del sentido de las políticas públicas, hay que fortalecer la capacidad de lucha de nuestro pueblo para obligar a un redireccionamiento de las políticas económicas y sociales del Gobierno, que al mismo tiempo permitan alentar la perspectiva de que no regresen al Gobierno los sectores conservadores y reaccionarios expresados en el macrismo, o a través de Rodríguez Larreta, Bullrich u otras expresiones similares. 

Por eso es que el Consejo Directivo Nacional de nuestro gremio analizó a fondo estas situaciones y planteó con claridad que, si no hay un cambio en esta dirección nos encaminamos  hacia hacia un Paro Nacional en el mes de septiembre. Vamos a alentar que este Paro activo con movilizaciones confluya con la lucha que viene dando la CTA junto a diversos movimientos sociales por Salario Universal, aumento de emergencia para activos y jubilados, y un aumento por encima del 90% para el Salario Mínimo, Vital y Móvil. 

Las y los estatales hemos planteado de diversas maneras al Gobierno la necesidad de que se adelante la revisión paritaria al mes de septiembre. Venimos reclamando que se cumpla el acuerdo de pase a planta permanente de 30.000 trabajadores precarizados. También insistimos en que se frene este plan de ajuste que retacea recursos para Salud, Educación, obra pública, y alienta permanentemente el aumento del precio del transporte, la energía y de los servicios en general.  

En este escenario de disputa social, económica y esencialmente política es donde ATE  retoma una fuerte iniciativa en el campo popular. De la misma manera en que lo hicimos durante el macrismo, seamos capaces en este tiempo de recuperar la presencia en las calles y el debate profundo sobre las políticas públicas que necesitamos para que el Estado sea un instrumento del Pueblo en pos de la recuperación plena de la Soberanía y la reactivación de la economía, generando trabajo, producción y una más justa distribución de la riqueza. 

En ese camino, haber protagonizado desde nuestro gremio las elecciones que han fortalecido a nuestra Central, y que han profundizado su capacidad democrática, nos hace sentir cada día en mejores condiciones para que los valores y los intereses de la clase trabajadora sean la proa que permita reunificar el campo popular. Y que en esa reunificación del campo popular podamos realmente, con mucha esperanza, lograr cambiar el rumbo de las políticas económicas y sociales de este Gobierno, o bien alentar la capacidad de los sectores comprometidos con la emancipación para encontrar una salida a la crisis acorde a las necesidades de nuestro Pueblo.

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ATE: Más allá de la sigla

Era un día cualquiera de los condenados de las oficinas, era un día tan cualquiera que la repetición se hizo diferencia. Abrí la puerta de una oficina en otro intento de implicar a un grupo de laburantes que al inicio eran reacios a nuestras convocatorias, pero que después de mucha escucha se sumaban. Este grupo tenía la particularidad que a la hora de la asamblea aportaba la certeza de quienes hablan poco, pero dan en el detonante del sentir colectivo. Sólo pasé a recordarles la asamblea, conversar y volver a reiterar el horario insoslayable. Mientras cerraba la puerta una voz deshizo el silencio: “sí convoca ATE, viene en serio”.

El comentario me hizo pensar en la historia de nuestro sindicato, en entender qué intereses inmediatos se expresaban en el sector de trabajo y algún rodeo del momento histórico para encontrarle esas caracterizaciones infaltables. Aun así, la lengua se desplaza mucho antes que el habla. Algo escapaba al significado y estaba constituido de siglos de humanidad que habitan las palabras más que los oídos que la escuchan.

ATE no era solo una sigla. ATE estaba presente en la mitología griega. Fui a mi helenista de confianza como quién va a la farmacia. Al consultar a Nicole Loreaux, nos explica que aparece en Hesiado como hija de Eride (disputa, lucha), en Homero como hija de Zeus y la diosa que personifica el error, mientras que en el mundo helénico es el castigo fatal de los dioses y la desgracia de ese castigo.

En la tragedia de Antígona aparece ATE. Recordemos brevemente la historia, Antígona quiere enterrar a su hermano y el tirano Creonte no lo permite porque es un traidor. Ella confronta con el tirano sosteniendo que hay leyes no escritas por encima de la soberanía de Creonte. Algo tan legítimo como enterrar a su hermano es la desatadura de una tragedia.

En el complejo análisis de Lacan sobre la obra encontramos a ATE, retomaremos algunos elementos. El que comete el error, su propio error, es Creonte. El lugar de Antígona es el de ATE. Para Lacan, “la ATE no es la hamartía, la falta o el error, no es hacer una tontería” sino la luminosidad violenta del deseo de Antígona que rompe con los obstáculos de las leyes escritas de la ciudad.

¿A qué elementos de la lucha política nos remite este rodeo? Todavía tengo la voz resonante de nuestra Silvia Bleichmar hablando de Antígona. Ella distinguía entre dos formas del poder, una que se impone con límites, y otra muy diferente donde es producción del ejercicio ético. En la primera, la puesta en marcha de la obediencia “actúa de tal manera de complacer al legislador”. En la segunda, nos encontramos con nuestras conductas en relación a obligaciones éticas con el otro (“no hacer lo que no te gusta que te hagan”), en relación al semejante, a la proximidad donde nuestra noción de otro es apertura.

Más allá de la sigla, cuando los puntos seguidos se desvanecen y emergen las huellas de lo intraducible, encontramos una palabra que nos lleva a donde quién sabe para qué cosa cuando un cuerpo la toma.

Abrir conceptos es abrir umbrales. Así como abrir una puerta no es una acción automática para un delegado. A veces abrimos puertas para convocar asambleas, otras irrumpimos en las oficinas de funcionarios donde estallan las fuerzas que detrás nos aguardan. ¿Cómo explicar lo que significa apertura para aquella persona que milita en ATE? La tarea es abrir puertas, conceptos, umbrales para desatar las confrontaciones cotidianas y ganarlas.

¿Cuántos viejos sentidos nos atan y desatan inconscientemente? Cada delegada y delegado de ATE es el error del estado burgués, pero no sólo eso. Serán los condenados de oficinas, fábricas y barrios quienes desaten ATE en el momento que no les permitan enterrar este sistema.

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El Salario Mínimo como herramienta de ajuste en la Argentina

El miércoles 16 de marzo volverá a reunirse el Consejo del Salario y aunque es improbable, todos sus partícipes debieran llegar a ese encuentro bajo una misma premisa: El salario mínimo no puede ser una herramienta de ajuste en la Argentina.

Se trata de una variable que, por presión empresaria, decisión del Gobierno y complacencia de un sector sindical que perdió toda conciencia sobre el verdadero valor de la fuerza de trabajo, ha sido recurrentemente utilizada para asegurar la caída del salario real, además de condiciones de pobreza e indigencia para una importante porción de la población.

En la actualidad, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de 33.000 pesos es sólo un tercio del que debería ser de acuerdo a toda la normativa vigente en nuestro país. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, nos garantiza a todos el derecho a una retribución justa, concepto presente en la Ley Contrato de Trabajo, al considerar que la misma debe asegurar una alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Es el piso de todas las remuneraciones y en este momento se encuentra por debajo de la línea de indigencia. Según el último informe del INDEC, una familia necesitó 78.624 pesos para no ser pobre y 34.334 para no caer en la indigencia. Hemos naturalizado ser explotados por menos dinero del que la ley vigente en este sistema capitalista en el que vivimos dice que tiene que ser.

¿Cómo el salario mínimo podría cubrir todas estas necesidades? Está claro que con ese tercio los trabajadores tienen que elegir qué hacer. ¿Se alimentan de manera adecuada? ¿Se visten dignamente? ¿Envían a sus hijos a la escuela? ¿Se van de vacaciones? ¿Ahorran? Porque todo a la vez no van a poder.

El debate del Consejo del Salario cobra mayor relevancia aún si advertimos que de éste dependen, además de los trabajadores, más de 1.100.000 beneficiarios de programas sociales como el Potenciar Trabajo o Acompañar, que verán incrementados sus montos mensuales en el porcentaje que finalmente se acuerde.

Este órgano también se debe una reforma normativa a los efectos de ampliar el universo de trabajadores alcanzados, debiendo incluir a los estatales provinciales y municipales que no se encuentren bajo convenio y cuyos ingresos sean menores, a los rurales, de casas particulares y tareas de cuidado, entre otros.

Las patronales desalientan e impiden cualquier tipo de recuperación del Salario Mínimo porque temen que influya sobre el resto de las paritarias. Y el Gobierno, aunque sabiéndonos a los trabajadores los únicos generadores de riqueza, se han negado sistemáticamente a defendernos de los inescrupulosos intereses empresarios. Estos son nuestros principales escollos a superar.

Llegó la hora de que el salario mínimo deje de ser una herramienta de ajuste y de generar pobreza e indigencia en la Argentina. Dudo que podamos lograrlo sin lucha y movilización.

Rodolfo Aguiar
Secretario General Adjunto de ATE Nacional

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Nuevo acuerdo de precios de medicamentos: ¿Puede el zorro cuidar a las gallinas?

En las últimas horas el gobierno anunció un acuerdo con los formadores de precios de medicamentos, el cual consiste en un aumento permitido hasta 1 punto por debajo de la inflación. Por otro lado también planteó el Plan “Pacientes Cuidados” por el cual propone un descuento del 35% para las personas sin cobertura social.

La pregunta dominante ante estos anuncios, es si se puede confiar en que los mismos formadores de precios cumplan con la letra del acuerdo. Los aumentos desmedidos que se han ido suscitando por parte de la industria farmacéutica no tienen justificación ni en los costos productivos ni en la logística, es por eso que la implementación de este acuerdo que durará 60 días resulta una especie de bomba de humo. ¿En razón de que aumentarían todos los meses?, y ¿después de los sesenta días que se prevé que va a durar la medida?, son varias preguntas que no cuentan con ninguna respuesta.

El antecedente inmediato de una medida que llegaba como influyente a favor del bolsillo de los trabajadores (pero que no lo terminó siendo) fue la que investigó el Observatorio del Medicamento como Bien Social sobre el congelamiento de precios de fines de 2021 y principios 2022. A pesar de que durante el congelamiento no hubo ninguna variación, se vieron subas excesivas tanto en la previa como luego de la finalización de la medida en donde se demostró que las grandes empresas farmacéuticas no solo se cubrieron sino que generaron ganancias por encima de la media que venían aumentando.

Es como si mandaran un zorro a cuidar gallinas.

Lo mismo sucede con el programa “Pacientes Cuidados”, que abre una nueva incógnita, ya que si se puede hacer un descuento del 35% para una franja de población, ¿Cuál es el motivo por el cual no se pueden bajar los precios o al menos no aumentarlos de la manera sostenida en la que lo ha venido haciendo la industria, a veces hasta por encima de la escalada inflacionaria?

Además, realizar un padrón de toda la población que no cuenta con ninguna cobertura parece un tanto utópico para la inmediatez que se busca con la medida. Por otro lado, las farmacias que deben adherirse al programa, aunque todavía no pareciera estar muy claro cómo, se repartirán las formas para poder sostener el 35% de descuento para aquellas personas que no cuentan con una cobertura social.

Seguimos pensando que invertir en producción pública y organizar la provisión con compras centralizadas deberían ser parte de la política de medicamentos que implemente el Estado para no dejar en manos de la industria la salud de nuestro pueblo.

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Una reforma para mantener a ATE en la vanguardia del debate de organización de lxs trabajadorxs

Editorial de Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario General de ATE, publicada en la edición mayo-junio 2022 de El Trabajador del Estado.

Esta propuesta de reforma del Estatuto, que los representantes del Consejo Directivo Nacional de ATE formalmente presentamos  en el 53º Congreso Extraordinario de nuestra organización, y que fue aprobado por amplia mayoría – de 198 Congresales sólo 32 se abstuvieron-, es en realidad el producto del aporte y la elaboración colectiva que, a lo largo de seis años, hemos venido realizando en todos los ámbitos de nuestra organización.

Esta propuesta ha sido tratada en dos Confederales –el de 2018 y el de 2022-, así como también en las Comisiones Directivas de las 178 Seccionales y en sus asambleas, en los 24 Consejos Directivos Provinciales, en los Encuentros de Jóvenes y en los Encuentros de Mujeres y Diversidades de nuestro sindicato, y ha sido debatida con las diversas corrientes políticas que anidan en nuestra organización.

Es por esta génesis democrática, además de por sus contenidos, que estamos tan orgullosos. Orgullosos del profundo debate que hemos tenido y de la riqueza del mismo, porque sin ningún lugar a dudas pone a ATE, una vez más, a la vanguardia de las discusiones y de las transformaciones necesarias que las organizaciones de las y los trabajadores tenemos en este tiempo frente a los desafíos de ampliar los niveles de participación, de fortalecer el protagonismo de esas y esos trabajadores, de su consolidación organizativa y enraizamiento en el territorio nacional.

Hacemos esta reforma del Estatuto en un tiempo en el que debemos ser capaces, con el conjunto del campo popular, de profundizar los mecanismos de protagonismo de nuestro pueblo.

Tras la dura resistencia a las políticas neoliberales expresadas por el macrismo –que fue iniciada por nuestra organización el 24 de febrero de 2016 parando y reventando la Plaza de Mayo y todas las plazas del país, desencadenando así un proceso de movilizaciones populares que culminaron con la derrota electoral del macrismo- pudimos en el 2019 abrir un tiempo de esperanza que ahora debemos profundizar. Esa profundización sólo será garantizada por el fortalecimiento de las organizaciones libres del pueblo y, en particular, de las organizaciones sindicales y del conjunto de la clase trabajadora.

Y así como decimos que en la sociedad los males de la democracia se habrán de resolver con más democracia, entendemos que el fortalecimiento de nuestro gremio también pasa por fortalecer la democracia interna, consolidando la perspectiva de un gremio federal enraizado a lo largo y ancho de todo el territorio nacional en el cual los protagonistas principales sean los cuerpos de Delegados y Delegadas.

Es por eso que en este nuevo Estatuto reafirmamos que las Juntas Internas y sus Delegados y Delegadas son la estructura principal de la organización, y que además son la base principal para la creación de nuevas Seccionales que consoliden la presencia territorial de nuestro  gremio, fortaleciendo la unidad de trabajadores y trabajadoras estatales municipales, provinciales, nacionales y de empresas mixtas en cada metro cuadrado de nuestro país.

Necesariamente, el camino de federalización que implica la organización territorial requiere de una organización nacional que integre todos los debates y que sea capaz de sintetizar una perspectiva de estrategia nacional de los trabajadores y las trabajadoras estatales. Por eso se adoptan criterios para fortalecer los Consejos Directivos Provinciales con un mayor aporte de la coparticipación de recursos cedido por el Consejo Directivo Nacional en pos de seguir incentivando la creación de nuevas Seccionales. El CDN destinará un 20% de su participación en la cuota sindical a los Consejos Directivos Provinciales.

Por eso se apunta al fortalecimiento de la autonomía relativa de las Juntas Internas de Delegados y Delegadas. Por eso se ratifica la pertenencia a la CTA Autónoma como principal aporte de nuestra organización a la construcción de un nuevo modelo sindical y a una nueva centralidad de la clase trabajadora en el debate político nacional. Por eso buscamos también garantizar el más alto grado de participación plena, equitativa, igualitaria y con alternancia entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de representación de nuestro gremio.

Este último punto posibilitará, entre otras cosas, la consolidación de uno de los datos colectivos más importantes y transformadores que se han producido en estos 40 años de democracia, que es el protagonismo de la mujer en la vida de todas las instituciones de nuestra sociedad.

Porque Argentina es el único país donde, año a año, desde la recuperación de la democracia, se realizan Encuentros de Mujeres, que hicieron crecer la conciencia y la unidad del movimiento, y empujar las necesarias transformaciones culturales en toda la sociedad. Un movimiento que en los años del macrismo explotó, con la lucha por Ni Una Menos y por el Aborto Legal, con los Paros Nacionales e Internacionales Feministas, y que va a seguir teniendo influencia, y en el que ATE y la CTA-A fueron y son protagonistas.

Son cuestiones tienen que ver con un gremio que siempre está para las y los trabajadores del Estado, pero que es promotor constante de la organización popular y de las transformaciones que necesitamos.

Y desde esa perspectiva, a partir de esta reforma del Estatuto, volvemos a ser pioneros al ser el primer sindicato en incorporar a su herramienta fundamental al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre violencia y acoso en el mundo del Trabajo.

Se trata de una herramienta fundamental para trabajar para la eliminación de la violencia y la discriminación por identidad de género y orientación sexual. También nos comprometemos, a partir de esta incorporación, a propiciar Convenios Colectivos de Trabajo con perspectiva de género.

Por eso también es de destacar la importancia de ampliar el número de Secretarías tanto en el ámbito nacional, como provincial y seccional a través de la Secretaría de Género y Diversidades, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Convenios Colectivos, así como la responsabilidad de seguir abriendo Departamentos como ámbitos de participación para que el conjunto de realidades a atender por nuestro gremio sea contenido organizativamente.

Además, en el ámbito de los Consejos Directivos Provinciales y Consejo Directivo de la Ciudad de Buenos Aires se promoverá con fuerza la creación de Secretarías de Salud e Higiene Laboral, línea de trabajo que se fortaleció, a nivel nacional, de las provincias y seccionales, de forma extraordinaria durante la pandemia, cuando fuimos capaces de mantener abierto y movilizado al sindicato en esos momentos difíciles, y desarrollar estrategias para enfrentar al Covid-19.

Todos estos cambios fortalecerán y consolidarán la democracia interna y el federalismo de nuestra organización y, fundamentalmente, permitirán incluir a las diversidades para que puedan ser parte de un proyecto nacional que las unifique. Esto es lo que hará que ATE siga siendo reconocido y valorado no sólo por su capacidad de representación corporativa, sino también por la de ser portador de una propuesta de liberación nacional expresada en la perspectiva de construir un Estado democrático y popular al servicio de las mayorías populares.

Este largo y riquísimo proceso de debate, y esta multiplicidad de modificaciones –casi el 40 por ciento de los artículos del Estatuto han tenido cambios- demuestra la profundidad de la reforma.

Como siempre, y seguramente, es probable que no todas las expectativas queden plenamente alcanzadas. Seguramente quedarán pendientes de debate temas que las nuevas generaciones de dirigentes y dirigentas de nuestro gremio serán capaces de ir procesando y sintetizando para nuevas mejoras del Estatuto.

Pero en este tiempo tan particular en el que estamos asediados por guerras y disputas que se generan en el mundo y que agudizan la crisis humanitaria que atravesamos, y en el que la incertidumbre de paradigmas a construir y el desafío que tenemos las y los trabajadores de ser capaces de seguir siendo portadores de una propuesta de una nueva sociabilidad alternativa al sistema capitalista, reformar el Estatuto de nuestro gremio en estas direcciones es también la garantía de fortalecer a nuestra ATE como instrumento principal en el aporte a un proceso emancipador de nuestra Patria y en pos de la construcción de la Patria Grande que una a los pueblos de América Latina y del Caribe.

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Acuerdos nucleares con China

Se ratifica la posición defendida por lxs trabajadorxs y se abre nueva etapa en la lucha por nuestra autonomía tecnológica.

En los acuerdos con China en tecnología nuclear la firmeza de lxs trabajadorxs logro que en la negociación se ponga el foco en los términos de intercambio. La Corporación Nuclear China financia la central HMR1000-Hualong pero acordando una transferencia de tecnología hacia CNEA para que los combustibles nucleares puedan fabricarse en Argentina. Al mismo tiempo el sector nuclear argentino (CNEA y NASA) lanza el “Proyecto Nacional” revitalizando la Planta de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén y un área de ingeniería en Córdoba. En el mismo marco de negociación, Argentina (por intermedio de INVAP y CNEA) le vende a China dos reactores para la producción de radioisótopos para el diagnostico y tratamiento en el área de la salud, similares al que se vendió hace 10 años a Australia y al que se está construyendo en el predio de Ezeiza llamado RA10. Dando cuenta del liderazgo mundial que tenemos en el área coherente al autoabastecimiento de radioisótopos que tenemos a nivel nacional.

Luego de años de lucha a varias bandas, el martes 1 de febrero se firmó el contrato comercial para la construcción de la cuarta central nuclear en Argentina. Será financiada por China y se va a construir en el Complejo Nuclear Atucha de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. De la firma participaron las empresas Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la Comisión Nacionalde Energía Atómica CNEA y China National Nuclear Corporation (CNNC). El reactor Hualong es de diseño chino y con una potencia de 1150 MW.

Fueron más de 10 años de firmeza de lxs trabajadorxs defendiendo nuestra soberanía tecnológica. La Asociación Trabajadores del Estado con su sector Energético y Nuclear supo encarar la disputa hacia los riesgos de una compra llave en mano, señalamiento que supo ser escuchado y quedo plasmado en la propuesta elevada en el año 2015, hasta la tenaz pelea contra el desguace del enclave Nuclear (Investigación científica – Desarrollo Tecnológico – Entramado Industrial) premeditado con alevosía por el Macrismo. Documentos, intervenciones públicas y específicas, luchas en las calles y rutas, la General Paz, la Panamericana, las rutas de Neuquen, los acampes frente al Congreso Nacional y el propio Auditorio Eva Peron resonando con nuestras voces. La ATE supo ser el armador de una propuesta que el conjunto del pueblo supo tomar en sus manos. En este recorrido hay que señalar brevemente algunos hitos.

En el año 2015 con Cristina Kirchner en la presidencia y Axel Kicillof se firmaron los acuerdos para la construcción de dos centrales nucleares de potencia, una tipo CANDU y una Hualong. Esto expresaba una lectura correcta de la organización de ls trabajadorxs en torno a un programa que retome el concepto de “apertura del paquete tecnológico”, en el cual se cimenta la singular historia tecnológica del enclave nuclear Argentino.

Durante el gobierno de Macri estos proyectos se suspendieron con la consecuente degradación presupuestaria de la CNEA era en 2015 equivalente a 363 millones de dólares y cuatro años después quedó reducido a apenas 170 millones. Un recorte del 53%. Despidiendo a centenares de trabajadors de NASA enfocados en esas dos centrales. Degradando a niveles insólitos la vida de sus trabajadorxs, sus laboratorios, grupos de investigación y plantas pilotos.

Ahora se reanuda con el proyecto de la central Hualong, mientras se pone en marcha la PIAP se retoman grupos de ingeniería para el Proyecto Nacional con tecnología CANDU y se empiezan a fabricar componentes estructurales. La lucha articulada del sector nuclear y energético de ATE da un paso adelante y genera un nuevo camino de acumulación de fuerzas. Es un gran avance en el camino de la autonomía tecnológica que venimos defendiendo hace años que hoy la CNEA

esté discutiendo la transferencia de tecnología de los elementos combustibles, donde estamos en condiciones de aportar en su propio desarrollo. Al mismo tiempo mantenemos el foco en sostener el rumbo coherente «Proyecto Nacional»;, manteniendo la tecnología CANDU con agua pesada de la PIAP, aprovechando los 70 años de historia de la CNEA sumada a la experiencia generada durante la extensión de vida de Embalse. Seguimos manteniendo el eje de la autonomía del ciclo de combustible y nuestro entramado industrial.

Mientras tanto, en esos años, China puso en funcionamiento la central Nuclear HMR1000- Hualong en China y Pakistan, logrando recientemente la autorización del órgano regulador Ingles abriendo paso a su posible emplazamiento en el Reino Unido. Sin embargo el eje de Gran Bretaña y la Commonwealth decidió degradar las relaciones comerciales con China. Esta forzó el cese en la venta de radioisótopos desde Australia donde existía un Reactor productor de Radioisótopos y dopado de semiconductores vendido por Argentina a través de INVAP. Argentina a través de la CNEA es un gran productor de radioisótopos fundamentalmente para uso medicinal y está construyendo en Ezeiza un nuevo reactor casi idéntico al vendido al vendido a Australia. El sentido de oportunidad de INVAP y la necesidad insatisfecha de China surge el acuerdo para la venta de dos reactores con la garantía en la provisión del combustible. Es decir, exportamos tecnología.

El contrato implica una inversión de 8300 millones de dólares. NASA seguirá negociando los contratos para el suministro de los combustibles y de transferencia de tecnología para su fabricación en Argentina. CNEA participa en la negociación, siendo la institución que recibirá la transferencia de la tecnología para fabricar los elementos combustibles.

Antes de cerrar adivinen quiénes se oponen al desarrollo nuclear soberano… sí, adivinaron. Patricia Bullrich declaró que la “energía nuclear es obsoleta”, junto con los chillidos del senador republicano “trumpista”, Marco Rubio, que Argentina estaría rompiendo la doctrina Monroe. De esta manera, Bullrich ratifica las acciones que llevó adelante el gobierno macrista al intentar desmantelar el conglomerado industrial del área nuclear.

El empleo imperialista de nuevas tecnologías profundiza la desigualdad entre un puñado de poderosos magnates y la gran masa del pueblo. Por eso, para un país dependiente como Argentina, la tecnología nuclear es mucho más que una forma de provisión de energía: es un instrumento para la industrialización, para el trabajo calificado, para la soberanía energética y
para autonomía tecnológica.