Categoría: Opinión

Presentaremos unos pocos indicadores que permiten una rápida y primera evaluación de la gestión del Ministro de Economía actual (Massa). Cabe recordar que el Ministro asume a inicios del mes de agosto (el 2), tal será el mes inicial que tomaremos para realizar esta somera evaluación.

INFLACIÓN

El primer indicador es el de la inflación. Es el indicador clave, porque es a través de el que se puede medir la eficacia del Ministro en el conflicto distributivo. ¿Hacia donde se dirigen sus políticas? ¿Logra reducir la inflación, y con ello revierte el ajuste del poder adquisitivo de este mecanismo, o por el contrario mantiene una elevada inflación? Veamos los datos.

La inflación desde que asumió el Ministro está en orden del 6,5% promedio mensual (fue del 7% en agosto, del 6% en septiembre y del 6,5% en octubre). Este ritmo inflacionario supone un inflación anual del 80%.

Si comparamos con los meses previos a los que asume el Ministro, con los 3 meses anteriores, de mayo a junio 2022, la tasa promedio de inflación mensual fue del 5,9%. Lo que da una inflación del 70% anual.

Primera conclusión: Durante la gestión Massa la inflación no se redujo, por el contrario siguió acelerándose.

Esta aceleración incluso es la que pronostica los analistas económicos. Al asumir el Ministro las expectativas de los analistas que releva el Banco Central ubicaban a la inflación anual en el 90%; actualmente el pronóstico más conservador lo ubica en el 100% anual.

Si comparamos los meses de gestión del Ministro Massa (agosto – octubre) del 2022 con los mismos meses de un año atrás (2021), la aceleración inflacionaria es brutal. En el 2021 en esos meses el promedio mensual de la inflación fue del 3,4%; lo que supone una inflación anual del 40%. Massa consolida una tasa de inflación que es del doble del mismo período de un año atrás.

De más está decir que esta situación es mucho más grave si se considera el aumento de los precios de los alimentos. En el período Massa la inflación promedio mensual de los alimentos es del 7%; lo que supone una inflación anual del 84%; mientras que un año atrás era del 33% anual (ya que la inflación promedio mensual de alimentos de agosto – octubre del 2021 era del 3,3%)

En este contexto, lo menos que puede decirse del Ministro Massa es que ha fracasado estrepitosamente si su objetivo era reducir la inflación.

Si se quiere ser más audaz, no hay tal fracaso si se asume que en política económica los efectos tienen una causalidad precisa. En este caso, Massa expresa el acuerdo de la política económica para que los formadores de precios, los actores económicos más concentrados, continúen con su política de apropiación de los ingresos de los sectores populares por vía del alza continua de los precios.

AJUSTE FISCAL

Al proceso anterior de ajuste de los ingresos de los sectores populares, se le agrega la profundización del ajuste fiscal.

Este ajuste fiscal se expresa en la reducción del gasto público primario, es decir la cantidad de bienes y servicios que el Estado garantiza en la economía. A octubre del 2022 (último dato disponible) el gasto primario real (descontado la inflación) acumulado en el año (es decir de enero – octubre) es un 15,6% menor que el del año 2021. Este dato, que en principio puede deberse a la estrategia conjunta del anterior Ministro con el actual (de Guzmán con Massa), en realidad es mayor el ajuste con el Ministro actual, como lo demuestra el hecho de que en Octubre del 2022 es el mes de mayor ajuste del gasto primario, que llegó a tener una reducción del 25%.

Cabe consignar que el ajuste del gasto primario en el 2022 es superior incluso al gran ajuste que realizó durante el 2021 el anterior Ministro Guzmán, que produjo una reducción del 13% del gasto primario real.

Una de las partidas más sensibles del gasto primario es de las jubilaciones y pensiones. En esta partida el ajuste supera el promedio del 15,6%; es del 20% anual.

Por si fuera poco el ajuste del gasto primario es aún mayor si se tiene en cuenta que la recaudación fiscal viene creciendo aceleradamente en función de la inflación. En efecto, la recaudación anual a octubre es del 80% superior al del año anterior, pero el sólo mes de octubre 2022 comparado con el mismo mes del año anterior, es un 93% superior.

Esta caída del gasto primario, reduciendo las jubilaciones y pensiones, los planes sociales y el salario de los trabajadores estatales, se realizan no por un error, sino como parte de la estrategia de acuerdo con el FMI de reducción del déficit. Y en este punto, hay que decir que el Ministro Massa viene cumpliendo con el FMI. En efecto, el déficit fiscal, producto de la caída del gasto primario y el incremento de la recaudación, se ha reducido un 90%.

Cabe consignar que esta reducción del gasto primario fue una de las primeras medidas que llevó adelante Massa, con sendas Decisiones Administrativas realizadas en agosto, de reducción de $210.000 millones del gasto primario (el 1,6% del gasto) y el congelamiento de los puesto públicos.

El objetivo de reducir el déficit fiscal, acordado con el FMI; es pagar los intereses de deuda, que en lugar de revisarse su legalidad y cuestionar su legitimidad, el gobierno en lo que va del año ya pagó $670.000 millones (que representan el 5% del gasto primario).

BENEFICIO A LOS EXPORTADORES

Un acto vale más que mil palabras. Tal la sentencia que se le puede aplicar al Ministro Massa. Más allá de su supuesta preocupación por la situación social, el Ministro Massa tuvo una clara política de favorecer a uno de los sectores más poderosos de la economía, los exportadores, y dentro de estos a los exportadores de granos, y fundamentalmente a las grandes cerealeras.

En efecto a través de lo que se conoce como “dólar soja”, el Ministro Massa les convalidó una devaluación al reconocerle un tipo de cambio de $200, cuando el vigente era de $150, para que liquidaran las toneladas de soja que estaban reteniendo, por un valor de U$S 8.123 millones. Con esta nuevo tipo de cambio, el gobierno premió al sector exportador de granos con nada menos que $400.000 millones; casi el doble de lo que en ese mismo momento estaba reduciendo el gasto primario.

Nunca tan clara la direccionalidad de una política económica. Lo que se le saca a los jubilados y pensionados, a los que trabajan y reciben de ingresos un plan social; a los trabajadores estatales, se los entrega multiplicado por 2 a un pequeño sector (que no son más de 45.000 productores en total, pero que se un puñado de 10 empresas multinacionales controlan).

Por si fuera poco, esta exitosa estrategia del Ministro Massa que volvió a reincidir con un nuevo dólar soja, esta vez a $230 el tipo de cambio, en lugar de los $170 actuales; para una liquidación de U$S 3.500 millones, que supondrá una nueva transferencia de ingresos de la sociedad de los exportadores por $ 210.000 millones (exactamente el mismo importe en que se redujo el gasto primario al inicio de la gestión de Massa).

Esta claro que el Ministro privilegia el pool sojero en donde empresas como Cargill, Cofco, Nidera, Noble, Louis Dreyfus, ADM, Bunge, Aceitera General Deheza, entre otras grandes multinacionales son las principales beneficiarias.

El capitalismo encontró en el derecho del trabajo apenas una limitación. Por un lado, luego de la conquista histórica de la jornada de ocho horas, se impuso un límite máximo al tiempo por el cual una persona puede ser explotada. Por el otro, a través de los salarios mínimos se limitó la cantidad de dinero por menos de la cual no se puede comprar fuerza de trabajo. Jornada máxima y salarios mínimos son así los principales límites a la explotación y aún hoy la razón de la mayoría de los conflictos laborales.

En ambas conquistas subyace un aspecto de la vida poco reivindicado: el derecho al ocio, al esparcimiento, o como dijo Paul Lafargue, el derecho a la pereza. «Si la clase obrera, tras arrancar de su corazón el vicio que la domina y que envilece su naturaleza, se levantara con toda su fuerza, no para reclamar los derechos del hombre (que no son más que los derechos de la explotación capitalista), no para reclamar el derecho al trabajo (que no es más que reclamar el derecho a la miseria), sino para forjar una ley de bronce que prohibiera a todos los hombres trabajar más de tres horas por día, la Tierra, la vieja Tierra, estremecería de alegría, sentiría brincar en ella un nuevo universo», escribió Lafargue en El derecho a la pereza en 1880.

Más allá de esta postura radical y antisistema, lo cierto es que la jornada se limitó para tener mayor tiempo de descanso y de esparcimiento; y que el salario se volvió vital no sólo para reponer energía, sino para contar con dinero para acceder a los placeres del ocio y la cultura.

Derecho al ocio

En Argentina, la definición de salario mínimo vital enumera las necesidades a cubrir, incluyendo el derecho al esparcimiento. Pero la jornada laboral y el salario se encuentran en crisis hace décadas. El tiempo de trabajo se ha flexibilizado notablemente y eso se expresa en los turnos rotativos en procesos continuos, que vuelven ilusoria la posibilidad de descansar un fin de semana, y en la escasez del salario, que obliga a los trabajadores/as a realizar horas extras, es decir, a pasar más horas trabajando y no menos.

Esto evidencia que, a pesar de lo que se preveía, los avances tecnológicos por sí mismos no hacen mejor la vida de las personas que trabajan. No se cumplió la premonición de Keynes que aseguró que, por el aumento de la productividad, la generación de sus nietos trabajaría sólo tres horas diarias (Las posibilidades económicas de nuestros nietos, Keynes, 1930).

Paradójicamente, la productividad aumentó, pero los salarios reales cayeron. Lo muestra el informe de CIFRA de mayo pasado sobre la situación del mercado laboral, donde precisa que las remuneraciones evolucionaron menos que la productividad y se produjo una pronunciada brecha entre ambas. El resultado jugó en contra de quienes venden su fuerza de trabajo: “Entre 2018 y 2021 se dio una transferencia de 7,7 billones de pesos desde los asalariados hacia el capital”, indica ese trabajo.

Así, la extraordinaria rentabilidad empresaria se sustenta en la reducción salarial y/o en el aumento del tiempo de trabajo, esto es, en la superexplotación de la fuerza de trabajo. Porque aunque nos encontramos frente a posibilidades técnicas que permitirían la reducción de la jornada de trabajo, los niveles salariales actuales permiten suponer que el tiempo extra sería utilizado en otro trabajo, o que aun recuperando ese tiempo para la propia vida, las personas trabajadoras no tendrían dinero para disfrutar de ese tiempo de ocio.

Por ello, el mayor problema que hoy existe en el mercado de trabajo son los salarios bajos, lo que incluye una enorme y vergonzante cantidad de personas que aun teniendo empleo, incluso formal, son pobres.

De acuerdo a la ley vigente, el salario mínimo debe asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión (art. 116 Ley de Contrato de Trabajo).

Eso no implica contraponer el objetivo de reducir la jornada de trabajo al de garantizar salarios dignos. Pero en orden de prioridades, resulta imprescindible que la fuerza de trabajo se pague según su definición legal, para así poder disfrutar del tiempo libre, que, claro está, cuanto más sea, mejor.

* Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL)

Publicado originalmente en Página/12

Les propongo un ejercicio, aunque parezca un juego de palabras, intentemos realizar un análisis de la situación mundial y de nuestro lugar como clase trabajadora, pero sin usar el sentido común. Y cuál es éste sentido común, el que nos imponen los medios hegemónicos aliados al poder económico financiero y a los intereses del imperio. Ajá, y ¿quién es el imperio? Bueno, vayamos por partes.

Si no queremos utilizar el sentido común, pero queremos entender la realidad actual (una instantánea de ella, hoy, ahora, ya que está bastante cambiante), no debemos partir de lo obvio: el conflicto en Ucrania y los neofascimos. Recorramos el mundo, en su integralidad.

¿Hay otros conflictos activos? Si claro. Palestina es ineludible, aunque no se hable todos los días de ello, ya que la prensa (con minúsculas) se aburre. Salvo que haya muchos cohetes enviados por Hamas o Hezbollah, o una “desmedida” reacción del ejército de ocupación israelí que termine matando a decenas de personas, incluídxs niñxs, este conflicto es ya parte del paisaje y está casi invisibilizado. Ahora bien, muy cerquita de ahí, están Siria e Irak, donde Isis (o Daesh, ex formación de Al Qaeda), grupo ultrafundamentalista musulmán, ataca todo lo que puede menos un país que podría ser su objetivo principal: Israel. Los movimientos kurdos son golpeados por Isis como por Turquía, que se resiste a la creación de un estado Kurdo. Esto con estados fallidos (o asesinados) como el de Irak de Houssein o el sirio Assad. Situación que también está prácticamente ausente en los medios actuales, aunque el conflicto siga, lxs muertxs y refugiadxs se cuenten de a miles o millones, en una región donde lo que abunda es el petróleo.

Si nos movemos un poquito más al este, otro conflicto que tiene poca repercusión en los medios es el de Azerbaiyán y Armenia. Aquí aparece un dato interesante, Armenia es parte la OTSC, el equivalente a la OTAN con centro en Rusia. Se podría pensar que Rusia apoya a Armenia en su disputa por Nagorno-Karabaj, pero la diáspora armenia, al igual que la judía, ha tenido una fuerte influencia pro estadounidense, lo que ha hecho que Rusia esté expectante y no haya apoyado aún a su socio. Mientras esto ocurre, Azerbaiyán aprovecha y vende el gas que posee su subsuelo, en un marco de precios altos y un mercado ávido de proveedores diferentes que Rusia.

Sigamos hacia el oriente, y pasamos por Afganistán y los talibanes. Mientras pública y banalmente mujeres famosas se quitan un mechón de pelo en favor de la “causa” de las mujeres iraníes, ya nadie habla de lo que ocurre es este recóndito (para nosotrxs) país de Asia. Si tan sólo fuese una cuestión capilar.

Bajemos hacia el sur, pasamos por la frontera siempre caliente entre Pakistan e India, que ha motorizado a que estos dos países lleguen a tener armas nucleares. Por el momento, hay calma, pero más allá de sus nacionalismos, ambos países cuentan con un porcentaje enorme de su población que sufre hambre, sin trabajo decente, pero no pareciera preocupar estas nimiedades.

Sigamos para el sur y para el este. Nos encontramos con dos situaciones que, en primera instancia, podemos comparar: Bangladesh y Ceilán. Ambos tienen insurgencias armadas contra un poder central opresivo. Los tamiles de la ex Sri Lanka han sido prácticamente aniquilados luego de terribles represiones. En la ex Birmania, la geografía y la mayor diversidad etno-cultural lleva (afortunadamente) a una incapacidad del gobierno a aplastar sangrientamente todo movimiento rebelde, lo que no significa que sea más benigno un régimen que el otro, sin embargo, mientras esto escribo, el gobierno de Myanmar ataca con aviones un concierto musical de una de las etnias ubicadas cerca de la frontera con China, provocando una masacre que incluyó al cantante. Y en el medio, el FMI y la guerra de Ucrania, con el aumento de las tarifas y la escasez de alimento (el trigo ucraniano y los fertilizantes rusos), están provocando hambruna y, consecuentemente, rebeliones populares.

Antes de navegar el Índico, sobrevolemos el pacífico. Estados Unidos tiene a su flota principal desplegada por el Pacífico queriendo intimidar a una Corea del Norte que, armisticio mediante, sigue en guerra con su hermana del Sur, y a la China de “una nación, dos sistemas”, en referencia a Macao, Hong Kong y Taiwán. Y respecto de esta última isla, la batalla silenciosa por la tecnología tiene ribetes alucinantes: Taiwán es la región de mayor producción y desarrollo de microchips del mundo, y a pedido de los Estados Unidos, está dejando de producir para China; a cambio, la parte continental ha dejado de suministrarle arena, elemento principal para la obtención de silicio … China que afronta una necesidad de incrementar su consumo interno para no depender tanto de las exportaciones, Taiwán que necesita de la exportación y la triangulación de mercadería en el mercado mundial como base de sus ingresos económicos .

Y ahora sí, tomemos un barquito y naveguemos por el mar Arábigo, donde nos encontraremos con el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. En el primero, rápidamente nos sorprenderá la cantidad de barcos militares, tanto de Irán como de Estados Unidos, clara señal de las tensiones vigentes. Al fondo, Qatar donde se jugará el Mundial de Fútbol, junto a otros Emiratos Árabes que acumulan petróleo, gas, y millones de trabajadores asiáticos siendo contratados y desarrollando tareas en condiciones infrahumanas. Mientras le damos la vuelta a la península arábiga, pasamos por Yemen y una “guerra civil” que lleva décadas sin solución. Luego de una revolución socialista que era una molestia para los jeques y su patrón yanqui, intervino la liga Árabe con la delicadeza que se caracteriza, golpe de estado, balas, bombas, hambre, miseria … Justo enfrente tenemos a Djibuti, Eritrea, Somalia y Etiopía. El “cuerno de África”, zona caliente si las hay. Hablar de hambrunas aquí es cotidiano, es una de las últimas regiones del mundo donde existe la piratería marina, los conflictos armados inter e intra estados son habituales. Hoy son los rebeldes de Tigray, pero esta región no conoce paz duradera desde hace siglos.

A partir del cuerno nos internamos en el continente. No hicimos muchos kilómetros y chocamos con el conflicto Sudán – Sudán del Sur, campos petroleros mediante. Miramos un poquito al noreste, aún Libia padece el descalabro de la última intervención civilizadora de la OTAN (eso sí, su petróleo sigue siendo extraído). Más al este, el Sahara Occidental entregado por España a Marruecos, sin pensar en la autodeterminación de su pueblo, hoy levantado en armas contra el rey del norte. Giramos por el Golfo de Guinea y vemos inversiones chinas, tráfico diamantes, coltán, revoluciones fallidas y golpes de estado.

Saltemos a Latinoamérica. De Haiti nadie habla, pero nuevamente Estados Unidos pretende invadirla después de haber asesinado al último presidente, pero sin el aval de otras naciones. Ni hablemos del Comando Sur y sus intervenciones, a pesar de las rebeliones populares que todos conocemos. Lo mismo para la nacionalización del Canal de Panamá, que ni se les ocurra a lxs panameñxs!!! Y del bloqueo a Cuba, no jodamos … Los espaldas mojadas claro que tampoco cuentan como conflicto, pero por las dudas, pongamos un muro.

¡Ahhh pero son todas tiranías! Muchos de esos países cuentan con elecciones. Algunos gobiernos figuran con grandes titulares en la prensa cuando un disidente recibe alguna sanción, pero poco se habla de Guantánamo, Julian Assange o Chelsea Manning. Sin importar el sistema de gobierno, a la hora de reprimir manifestaciones populares ninguno escatima el uso de la fuerza.      

¿Y lxs trabajadorxs, dónde están? Desmontemos ahí otro de los sentidos comunes. ¡No están, no importan! Todos los conflictos descriptos tienen eje en una disputa global por recursos, no en revoluciones o movimientos sociales generados para la toma del poder y la transformación de sus sociedades. Estas disputas por mercados y recursos tienen como polo a los Estados Unidos por un lado, acompañados por los principales centros de poder europeos (Alemania, Francia y Gran Bretaña, en mucha menor medida España, Italia y otros), frente al avance de China por los mismos motivos, seguida de lejos por Rusia. Pero no son tanto las naciones como las empresas cuyos capitales ávidos de pingües ganancias las que intervienen en gobiernos, modifican territorios y alteran ecosistemas.

Hoy, en esta misma instantánea mundial, lxs trabajadorxs de todo el mundo estamos sufriendo una ola inflacionaria tremenda, que ha elevado el costo de la vida, desde la posibilidad de no poder calentarse debidamente en el invierno europeo que se avecina, hasta la certeza de no poder comprar alimentos o carecer de agua en los márgenes de una periferia global pauperizada y esquilmada. Décadas de globalización mediática han calado profundo exacerbando individualismos en contra de la solidaridad de clase; el fracaso de los llamados gobiernos de izquierda o progresistas en lograr mejorar las condiciones de vida de la población, todo lo contrario, claudicando frente a ideas neoliberales, está causando la frustración social masiva, con históricas abstenciones en las elecciones y el surgimiento de un neofascismo global con variantes locales, que ponen en peligro todo lo construido. En un mundo que avanza cada vez más rápidamente hacia enormes conflagraciones, donde la codicia del capital no tiene fronteras, como nunca antes se hace necesario que lxs trabajadorxs nos unamos y construyamos una sociedad nueva, solidaria, con una democracia fuerte y soberana, en un mundo donde cada país sea tomado como un igual, soberano, y que la clase tenga intervención directa en la economía y la salud del planeta.

A continuación, compartimos el texto ‘Memorias de una (ex) empleada pública’, escrito en 2019 –tras su jubilación- por la compañera Graciela Guarido, miembro del Equipo de Convenios Colectivos de ATE , Presidenta del Centro de Jubilades ‘Elías Moure’ de la CTA Capital y fallecida hace pocos días. Estas memorias, que fueron leídas durante el velorio de la querida compañera, son un relato de gran relevancia política y militante.

Memorias de una (ex) empleada pública

*Por Graciela Guarido, miembro del Equipo de Convenios Colectivos de ATE y Presidenta del Centro de Jubilades ‘Elías Moure’ de la CTA Capital

No pretendo hacer de estas líneas una obra literaria, son el simple relato de alguien quien durante más de treinta años trabajó en un organismo público. Tal vez sirva para que mis compañeros más jóvenes puedan, desde un relato de vida, entender lo vertiginoso de los cambios sociales que, también, nos van configurando y reconfigurando como trabajadores del Estado. Cómo los relatos oficiales nos van marcando, nos van alienando y nos hacen ocupar lugares en la sociedad que ni siquiera sabemos si son los que queremos ocupar.

Mi primera experiencia con el trabajo estatal fue en los 70. Con dieciocho años entré a trabajar a ENTEL, la empresa nacional de telecomunicaciones, en la categoría administrativa más baja. Formaba parte de un grupito de chicos y chicas, casi todos recién salidos del secundario o cursando sus primeros años de universidad. Más que un trabajo, para mí, fue la prolongación de una estudiantina maravillosa, como fue maravillosa para mi generación esos primeros años de la década del ’70. Nos sentíamos continuadores del Mayo francés y del Cordobazo, la Guerra de Vietnam nos dolía como propia, admirábamos al Che y veíamos a Salvador Allende y al Chile de la Unidad Popular como el camino a seguir. El “Luche y Vuelve” nos movilizaba y la Masacre de Trelew fue el cachetazo que nos hizo sentir, prematuramente, lo que vendría después. Todo esto para explicar que esa etapa de mi vida laboral, fue más de descubrimiento que de conciencia plena de lo que significa ser un trabajador del Estado. No voy a relatar como ese mundo soñado de liberación se rompió en mil pedazos.

Después de 15 años de vivir en el exterior, regresé al país en 1990 con tres hijos pequeños a cargo y un divorcio muy traumático. En ese mismo año ingresé a la Secretaría (también en una categoría administrativa de las más bajas). Por las leyes de ese momento, se ingresaba a la planta permanente directamente, con el simple nombramiento. Así que después de tres meses de un contrato provisorio, ya estaba en planta y con todo lo que eso significaba: estabilidad, obra social, etc.

Y ahí fue cuando empecé a tomar conciencia de la planadora que nos había pasado por encima y que nos había cambiado como sociedad, y por lo tanto había cambiado nuestra perspectiva como trabajadores del Estado. Yo había acompañado desde lejos todo lo que había sucedido, la cruel dictadura, el juicio a las juntas, Malvinas, las plazas de Alfonsín, la hiper. Pero eran relatos de otros. Me dolía tanto mi país que, tal vez como defensa y sin pensarlo mucho, entre mis relaciones más cercanas no se encontraban argentinos y sí chilenos. Una cosa era leer y otra era escuchar de la voz de los protagonistas tanto sufrimiento y conocer, cara a cara, a aquellos que cargaban con sus vidas rotas.

Los primeros tiempos en esta oficina de un subsuelo fueron extraños, yo no diría difíciles, fueron extraños hasta en lo coloquial; escuchaba palabras y frases que jamás había oído (bolonqui, de diez, entre otras). ¡Nadie hablaba así en los ’70! Y por otro lado, y como se me habían pegado palabras y frases de los chilenos, tampoco me entendían a mí. Había cambiado hasta el acento, era un híbrido, no era porteño ni provinciano, tampoco era el de un extranjero, era algo raro que cuando conocía a alguien me preguntaban de donde era. Las charlas políticas que eran de lo más común en esa oficina de ENTEL, ahora eran evitadas. Ya no había compañeros que entre expediente y expediente trataban de formar a los más jóvenes.

Pero no sólo eso, al poco tiempo me di cuenta que todo aquello que había sido natural para mi en los años 70, como la solidaridad entre trabajadores, el orgullo de ser empleado público, el encontrarle sentido a la tarea, ya no existía. Cuando comenzaron las privatizaciones y se achicaron las estructuras del Estado, y el relato oficial lo invadió todo, pocos eran los que alzaban la voz en sus lugares de trabajo. Era pregonar en el desierto sostener la postura de que un Estado fuerte es la única garantía de una Nación soberana. Y que la fortaleza al Estado se la dan sus trabajadores, que son la cara operativa de las políticas públicas. Cuando la política es la no política, se hace necesario invisibilizar al trabajador del Estado. Muchos compañeros que compraron el sueño “cuentapropista” del parripollo, la cancha de paddle o de la licencia de taxi, lo hicieron convencidos que irse con algo de plata era ganarle al futuro.

Y así los que fueron quedando, se replegaron sobre si mismos. Cuando ingresabas a trabajar en los años 70, la tarea te la enseñaban los compañeros, nadie se preocupaba por esconder información de forma egoísta porque nadie temía perder el empleo, ni ser reemplazado. No estaba en el imaginario de nadie el quedarse sin trabajo, no había listas de despedidos (las listas negras las implementaron las distintas dictaduras, y siempre por razones políticas). Como en toda relación humana existían diferencias, pero el puesto de trabajo no estaba en juego. Podías planificar tu vida porque el trabajo no era una incertidumbre.

Eso comenzó a cambiar en los 90; pasada oleada de privatizaciones y achicamiento apareció en forma incipiente una de las formas de relación laboral más perversas que hay, la de la precarización. Al principio, eran pocos los contratados. La iniciativa privada no conseguía contener a los que se iban incorporando al mercado de trabajo, y la mayoría consideraba como transitorio su paso por el Estado. Eran muy pocos los que por opción querían ser empleados públicos, era un salario a fin de mes y nada más que eso. El trabajar para una multinacional se convirtió en algo aspiracional, era como entrar de lleno a la posmodernidad. Y ahí el sentido social de la tarea del empleado público perdió vigencia.

El individualismo ganó terreno, y el me salvo como puedo pasó a ser la normalidad. Y entonces llegó el 2001, y el techo se nos cayó nuevamente en la cabeza. El tejido social terminó de estallar. Ese tejido social que los empleados públicos sosteníamos desde nuestros lugares con cada tarea, porque cada una de nuestras tareas son indispensables para hacer efectivo un derecho, se hizo añicos. El futuro dejó de ser previsible, y nuestra tarea también se relativizó. Si bien como individuos no somos indispensables, nuestra tarea sí lo es. Pero hasta las tareas más indispensables dejaron de hacerlas los trabajadores del Estado. Atrás de una falsa eficiencia y eficacia se tercearizaron tareas, que a la larga fueron más caras y más precarias que cuando las hacían empleados públicos.

Y en ese sálvese quien pueda los sindicatos, que como organización nacieron para defender los derechos de los trabajadores, en el mejor de los casos tuvieron que salir no a defender derechos y avanzar en la consolidación de un Estado fuerte, sino a defender sencillamente el trabajo, y los derechos de los trabajadores pasaron a un segundo plano. Cuando fueron los despidos masivos de la era Macri, con tal de tener trabajo, muchos trabajadores fueron reintegrados resignando derechos. De ser contratados pasaron a ser monotributistas.

Y la precarización se naturalizó, era preferible facturar a tener que trabajar en negro, si se tenía la suerte de conseguir un trabajo, aunque sea en negro, sin darnos cuenta que también se está pagando para trabajar cuando se paga el monotributo.

Y así llegamos a los días de hoy, y no quiero caer en la falacia de decir que todo tiempo pasado fue mejor, solo quiero decir que transcurridos 50 años de mi primer contacto con la vida laboral, desde un puesto en el Estado, sigo pensando como aprendí en aquellos años, que la solidaridad, la defensa de nuestros derechos, el sentido de la tarea y sobre todo el sentirse parte de un colectivo hacen que me sienta aún jubilada, orgullosamente, trabajadora del Estado.

Ojala que lo haya podido transmitir en este relato, mezcla de historia de vida y declaración de principios.

Graciela Guarido – 2018/2019

Era un día cualquiera de los condenados de las oficinas, era un día tan cualquiera que la repetición se hizo diferencia. Abrí la puerta de una oficina en otro intento de implicar a un grupo de laburantes que al inicio eran reacios a nuestras convocatorias, pero que después de mucha escucha se sumaban. Este grupo tenía la particularidad que a la hora de la asamblea aportaba la certeza de quienes hablan poco, pero dan en el detonante del sentir colectivo. Sólo pasé a recordarles la asamblea, conversar y volver a reiterar el horario insoslayable. Mientras cerraba la puerta una voz deshizo el silencio: “sí convoca ATE, viene en serio”.

El comentario me hizo pensar en la historia de nuestro sindicato, en entender qué intereses inmediatos se expresaban en el sector de trabajo y algún rodeo del momento histórico para encontrarle esas caracterizaciones infaltables. Aun así, la lengua se desplaza mucho antes que el habla. Algo escapaba al significado y estaba constituido de siglos de humanidad que habitan las palabras más que los oídos que la escuchan.

ATE no era solo una sigla. ATE estaba presente en la mitología griega. Fui a mi helenista de confianza como quién va a la farmacia. Al consultar a Nicole Loreaux, nos explica que aparece en Hesiado como hija de Eride (disputa, lucha), en Homero como hija de Zeus y la diosa que personifica el error, mientras que en el mundo helénico es el castigo fatal de los dioses y la desgracia de ese castigo.

En la tragedia de Antígona aparece ATE. Recordemos brevemente la historia, Antígona quiere enterrar a su hermano y el tirano Creonte no lo permite porque es un traidor. Ella confronta con el tirano sosteniendo que hay leyes no escritas por encima de la soberanía de Creonte. Algo tan legítimo como enterrar a su hermano es la desatadura de una tragedia.

En el complejo análisis de Lacan sobre la obra encontramos a ATE, retomaremos algunos elementos. El que comete el error, su propio error, es Creonte. El lugar de Antígona es el de ATE. Para Lacan, “la ATE no es la hamartía, la falta o el error, no es hacer una tontería” sino la luminosidad violenta del deseo de Antígona que rompe con los obstáculos de las leyes escritas de la ciudad.

¿A qué elementos de la lucha política nos remite este rodeo? Todavía tengo la voz resonante de nuestra Silvia Bleichmar hablando de Antígona. Ella distinguía entre dos formas del poder, una que se impone con límites, y otra muy diferente donde es producción del ejercicio ético. En la primera, la puesta en marcha de la obediencia “actúa de tal manera de complacer al legislador”. En la segunda, nos encontramos con nuestras conductas en relación a obligaciones éticas con el otro (“no hacer lo que no te gusta que te hagan”), en relación al semejante, a la proximidad donde nuestra noción de otro es apertura.

Más allá de la sigla, cuando los puntos seguidos se desvanecen y emergen las huellas de lo intraducible, encontramos una palabra que nos lleva a donde quién sabe para qué cosa cuando un cuerpo la toma.

Abrir conceptos es abrir umbrales. Así como abrir una puerta no es una acción automática para un delegado. A veces abrimos puertas para convocar asambleas, otras irrumpimos en las oficinas de funcionarios donde estallan las fuerzas que detrás nos aguardan. ¿Cómo explicar lo que significa apertura para aquella persona que milita en ATE? La tarea es abrir puertas, conceptos, umbrales para desatar las confrontaciones cotidianas y ganarlas.

¿Cuántos viejos sentidos nos atan y desatan inconscientemente? Cada delegada y delegado de ATE es el error del estado burgués, pero no sólo eso. Serán los condenados de oficinas, fábricas y barrios quienes desaten ATE en el momento que no les permitan enterrar este sistema.

El miércoles 16 de marzo volverá a reunirse el Consejo del Salario y aunque es improbable, todos sus partícipes debieran llegar a ese encuentro bajo una misma premisa: El salario mínimo no puede ser una herramienta de ajuste en la Argentina.

Se trata de una variable que, por presión empresaria, decisión del Gobierno y complacencia de un sector sindical que perdió toda conciencia sobre el verdadero valor de la fuerza de trabajo, ha sido recurrentemente utilizada para asegurar la caída del salario real, además de condiciones de pobreza e indigencia para una importante porción de la población.

En la actualidad, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de 33.000 pesos es sólo un tercio del que debería ser de acuerdo a toda la normativa vigente en nuestro país. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, nos garantiza a todos el derecho a una retribución justa, concepto presente en la Ley Contrato de Trabajo, al considerar que la misma debe asegurar una alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Es el piso de todas las remuneraciones y en este momento se encuentra por debajo de la línea de indigencia. Según el último informe del INDEC, una familia necesitó 78.624 pesos para no ser pobre y 34.334 para no caer en la indigencia. Hemos naturalizado ser explotados por menos dinero del que la ley vigente en este sistema capitalista en el que vivimos dice que tiene que ser.

¿Cómo el salario mínimo podría cubrir todas estas necesidades? Está claro que con ese tercio los trabajadores tienen que elegir qué hacer. ¿Se alimentan de manera adecuada? ¿Se visten dignamente? ¿Envían a sus hijos a la escuela? ¿Se van de vacaciones? ¿Ahorran? Porque todo a la vez no van a poder.

El debate del Consejo del Salario cobra mayor relevancia aún si advertimos que de éste dependen, además de los trabajadores, más de 1.100.000 beneficiarios de programas sociales como el Potenciar Trabajo o Acompañar, que verán incrementados sus montos mensuales en el porcentaje que finalmente se acuerde.

Este órgano también se debe una reforma normativa a los efectos de ampliar el universo de trabajadores alcanzados, debiendo incluir a los estatales provinciales y municipales que no se encuentren bajo convenio y cuyos ingresos sean menores, a los rurales, de casas particulares y tareas de cuidado, entre otros.

Las patronales desalientan e impiden cualquier tipo de recuperación del Salario Mínimo porque temen que influya sobre el resto de las paritarias. Y el Gobierno, aunque sabiéndonos a los trabajadores los únicos generadores de riqueza, se han negado sistemáticamente a defendernos de los inescrupulosos intereses empresarios. Estos son nuestros principales escollos a superar.

Llegó la hora de que el salario mínimo deje de ser una herramienta de ajuste y de generar pobreza e indigencia en la Argentina. Dudo que podamos lograrlo sin lucha y movilización.

Rodolfo Aguiar
Secretario General Adjunto de ATE Nacional

En las últimas horas el gobierno anunció un acuerdo con los formadores de precios de medicamentos, el cual consiste en un aumento permitido hasta 1 punto por debajo de la inflación. Por otro lado también planteó el Plan “Pacientes Cuidados” por el cual propone un descuento del 35% para las personas sin cobertura social.

La pregunta dominante ante estos anuncios, es si se puede confiar en que los mismos formadores de precios cumplan con la letra del acuerdo. Los aumentos desmedidos que se han ido suscitando por parte de la industria farmacéutica no tienen justificación ni en los costos productivos ni en la logística, es por eso que la implementación de este acuerdo que durará 60 días resulta una especie de bomba de humo. ¿En razón de que aumentarían todos los meses?, y ¿después de los sesenta días que se prevé que va a durar la medida?, son varias preguntas que no cuentan con ninguna respuesta.

El antecedente inmediato de una medida que llegaba como influyente a favor del bolsillo de los trabajadores (pero que no lo terminó siendo) fue la que investigó el Observatorio del Medicamento como Bien Social sobre el congelamiento de precios de fines de 2021 y principios 2022. A pesar de que durante el congelamiento no hubo ninguna variación, se vieron subas excesivas tanto en la previa como luego de la finalización de la medida en donde se demostró que las grandes empresas farmacéuticas no solo se cubrieron sino que generaron ganancias por encima de la media que venían aumentando.

Es como si mandaran un zorro a cuidar gallinas.

Lo mismo sucede con el programa “Pacientes Cuidados”, que abre una nueva incógnita, ya que si se puede hacer un descuento del 35% para una franja de población, ¿Cuál es el motivo por el cual no se pueden bajar los precios o al menos no aumentarlos de la manera sostenida en la que lo ha venido haciendo la industria, a veces hasta por encima de la escalada inflacionaria?

Además, realizar un padrón de toda la población que no cuenta con ninguna cobertura parece un tanto utópico para la inmediatez que se busca con la medida. Por otro lado, las farmacias que deben adherirse al programa, aunque todavía no pareciera estar muy claro cómo, se repartirán las formas para poder sostener el 35% de descuento para aquellas personas que no cuentan con una cobertura social.

Seguimos pensando que invertir en producción pública y organizar la provisión con compras centralizadas deberían ser parte de la política de medicamentos que implemente el Estado para no dejar en manos de la industria la salud de nuestro pueblo.