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Historia de ATE Santa Cruz
Mes: agosto 2016
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Guanuco, salteño de nacimiento, fue a trabajar a la mina de
carbón de Río Turbio con sólo 22 años. En el año 1960 funda junto a un gran
número de compañeros, muchos de ellos chilenos, la Seccional Río Turbio de ATE,
de la cual sería Secretario General.
Sobre la fundación de la Seccional, el compañero relató: “La
formación de la Seccional de Río Turbio fue verdaderamente difícil. Porque dentro
del área de la mina no había organización gremial. De hecho, estaba negada la
posibilidad de organizar a los trabajadores para defender sus derechos. Pero
junto a un grupo de compañeros pudimos, poco a poco, ir hablando con todos los
trabajadores, muchos de los cuales venían del hermano país de Chile. Tras
debatir, llegamos a la conclusión de que ATE debía ser la institución tutora
que nos brindara el apoyo para organizarnos. Durante un tiempo, en el año 1959
comenzamos a organizarnos de forma clandestina, hasta que el compañero Oses
viajó a Buenos Aires y se puso en contacto con la gente de ATE, que nos brindó
su apoyo. Para el año 1960 se comenzó a cristalizar la situación y, ya en el ’61, la Seccional estaba
totalmente armada y avalada por las autoridades”.
Tras el terremoto de Valdivia (Chile) en 1960, que fue el sismo
más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad (9,5
grados en la Escala de Richter), el compañero Guanuco decidió organizar desde
la Seccional de ATE una colecta solidaria. La reacción de los 3.600 obreros de
la mina fue tan fuerte, que lograron juntar alimentos y ropa, entre otros
artículos, como para llenar 27 camiones. Guanuco fue al frente del convoy con
una bandera de ATE y le entregó personalmente toda la mercadería al Comisionado
de Valdivia.
Este miércoles
31 de agosto el anfiteatro Eva Perón del Consejo Directivo Nacional de ATE albergó
a delegados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y PAMI
de todo el país, y compañeros de Centros
de Jubilados de ATE Salta, Buenos Aires, Capital Federal, Entre Ríos, Santiago
del Estero, Chaco, San Juan, Catamarca, La Pampa, Mendoza, Palpalá, Caleta
Olivia, Formosa, Neuquén, Santa Fe, Tucumán, Chubut, Berisso, Junín, Tierra del
Fuego, Rio Turbio, Morón, San Rafael y el Partido de la Costa.
Además de militantes
y delegados de ATE y CTA A, participaron de la actividad Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad a nivel nacional; Graciela
Iturraspe, diputada mandato cumplido; Federico Masso, diputado nacional por
Tucumán por el partido Libres del Sur; Horacio Fernández, director del
Instituto de Estudios de Estado y Participación (IDEP-ATE); Luciano Gonzáles,
del equipo jurídico de ATE; entre otros referentes en disciplinas
vinculadas a la materia previsional.
La apertura
de la jornada, organizada por el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de
ATE (CNJP), estuvo a cargo del Secretario General del gremio, Hugo “Cachorro” Godoy: “Son necesarias estas
actividades para que entre todos logremos alcanzar un diagnóstico certero del
estado en que se encuentra el sistema previsional argentino”. “Reunir a los
sectores organizados en ATE que estén vinculados directamente a la cuestión de
la seguridad social, ya sean jubilados o trabajadores activos, es el único
camino para poder diagramar una estrategia conjunta en el camino de construir
un movimiento en defensa de la seguridad social”, afirmó.
Hace poco más
de un mes el macrismo aprobó la Ley Nacional
de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados que, entre otras
cuestiones, planteaba el pago a quienes realizaron presentaciones ante la
Justicia exigiendo un reajuste en sus haberes. “Se trató de un maquillaje para esconder medidas ocultas, como el
blanqueo de capitales o la denominada `armonización´ de las cajas provinciales”,
opinó Godoy al respecto.
Si bien tuvo
fuerte resonancia mediática porque planteaba el pago de sentencias judiciales a
jubilados, el proyecto escondía una iniciativa al menos cuestionable. El
artículo 47 del texto instruye al Gobierno Nacional para que -en un plazo de
120 días después de sancionada la ley- alcance un acuerdo con las provincias
para transferir sus respectivas cajas previsionales y así “armonizar” los
balances. En este sentido, es llamativo que aun cuando todavía no fueron
resueltos los detalles de pago de las sentencias, ya se sucedieron numerosas
reuniones con gobernadores y funcionarios con miras a este último objetivo que
persigue la ley.
En la
actualidad, y como consecuencia del proceso de atomización del Estado impulsado
en la década del 90´, son sólo 14 las provincias que manejan su propia caja
previsional. “Uno de nuestros temores es
que se continúe erosionando el 82 por ciento móvil, un derecho que todavía se
sostiene en pocas provincias. Es decir, que se acentúa todavía más la
tendencia a que todos nos jubilemos con la mínima”, afirmó durante su
intervención Oscar “Cacho” Mengarelli,
del CDNJP de ATE, y puso como ejemplos de esta tendencia los procesos que
durante este año se vienen llevando a cabo en Córdoba y Tierra del Fuego.
A continuación,
Mengarelli -histórico dirigente de ATE Córdoba- realizó un racconto de las sucesivas
modificaciones a las leyes que rigen el sistema previsional en Argentina,
mientras en paralelo enumeraban los pactos fiscales que fueron erosionando las
arcas públicas, particularmente de provincias y municipios.
“De alguna manera tenemos que generar
conciencia de que esta nueva reforma no sólo afecta a los actuales jubilados sino
que va a perjudicar a todos los que se van a jubilar el día de mañana”,
enfatizó “Cacho”,
quien caracterizó el régimen actual como “perverso porque iguala hacia abajo”.
Por su
parte, Eugenio Semino destacó que
Argentina fuera el país de Latinoamérica en el que menos se haya extendido la expectativa
de vida durante los últimos 25 años. Según explicó, en términos relativos
nuestro país creció sólo cinco años en su tasa vegetativa. “Es responsabilidad
de las administraciones de las últimas décadas”, aseveró.
El Defensor de la Tercera Edad a
nivel nacional propuso “discutir el sistema de forma estructural, y para ello
hay que partir del financiamiento. Esto implicaría poner sobre la mesa por qué en la Argentina
hay un 42 por ciento de trabajo no registrado y la ausencia de políticas en
este sentido, o las razones por las que desde 1995 a la fecha no se buscó
modificar la quita de ocho puntos de los aportes patronales, o por qué hoy el
IVA es el impuesto que financia el sistema y no la renta financiera o las
retenciones a las mineras, entre otros puntos”.
Entre los
datos que coincidieron todos es que la situación de mayor gravedad de la
seguridad social en nuestro país es que en la actualidad la mitad de los jubilados, unos cinco millones, cobran la mínima. “Son
haberes de 4.959 pesos, un ingreso que es de hambre y representa una verdadera vergüenza”, lanzó Semino.
El director del IDEP-ATE, Horacio
Fernández arrancó su intervención hablando de un “avance global del capital
sobre el trabajo”. “Nos venden que es indispensable reducir costos y aumentar
la productividad, lo que para ellos en verdad significa bajar salario y desarticular
el sistema previsional”, indicó.
En la misma línea
de lo planteado por Eugenio Semino, el investigador del IDEP puso énfasis en la
imperiosa necesidad de rediscutir el financiamiento de las cajas previsionales:
“Es necesario que se vuelva a llevar los
aportes patronales a los niveles previos al menemismo (la rebaja fue dispuesta en
1993 por el entonces ministro de
Economía Domingo Cavallo), lo que equivaldría a cinco veces el 15 por ciento de
coparticipación que hoy se disputan entre nación y provincias”.
A
continuación habló Federico Masso, diputado
nacional por Tucumán por el partido Libres del Sur, quien comenzó destacando
el encuentro y agradeciendo la invitación. “No
podemos aceptar menos de un 82 por ciento, no es justo”, señaló en relación
al reclamo histórico por el haber mínimo jubilatorio. El legislador también se
refirió a la necesidad de democratizar los espacios de decisión dentro de los
organismos previsionales: “jubilados, trabajadores y Estado tienen que ser los
verdaderos protagonistas”.
En el cierre
de la primer parte del debate, la diputada nacional (mandato cumplido) Graciela Iturraspe consideró que el
problema radica “en una batalla que tiene mucho de cultural”.
“Al igual que hicieron en los 90´,
cuando rifaron buena parte de nuestras riquezas, están haciendo que ANSES, PAMI
y las cajas provinciales funcionen mal o de forma deficitaria para así
justificar una futura privatización”, afirmó Iturraspe, autora del proyecto de
ley del 82 por ciento móvil para jubilados aprobado en 2010 por el Congreso y
vetado por la entonces presidenta Cristina Fernández.
Tras un
breve receso, la jornada de debate continuó durante la tarde con intervenciones
de representantes y delegados de casi todas las provincias del país. Así como
también de los trabajadores de los organismos vinculados a la previsión social.
En los casos de PAMI y ANSES se
escucharon los testimonios de la falta de personal y recursos, así como también
el desguace de áreas.
En esta primer reunión, participaron de
la misma en representación del Poder Ejecutivo, la Sra. Julia Ruiz, Sub
secretaria de Función Publica; la Profesora Adriana Ulibarri, Directora
Provincial de Personal del CPE.; Ana Barrientos Directora del personal
Auxiliares de la Educación; Ismael Enrique, Vocal del Poder Ejecutivo en el CPE.
Representando a los trabajadores por ATE; Olga Reinoso, Walter Robledo y Susana
Alvarado.
La ATE- Santa Cruz llevó como
temario a tratar, establecer las Misiones y Funciones de los trabajadores
Auxiliares de la Educación, ya que hasta el día de hoy, solo se encuadran en
dos funciones según sus recibos de sueldos, “Tareas Generales y/o Administrativos”,
realizando tareas no correspondidas, logrando de tal manera una vez establecida,
que cada trabajador pueda llevar a cabo las tareas correspondientes según su
cargo y función. Destacando así, que en el caso de “Tareas Generales”, se
especifique función como Mayordomo, Portero, Copa de Leche, Personal de cocina,
Bufet, Limpieza, Sereno, Choferes, auxiliares, mantenimiento (se señala que hoy
existe infraestructura, UEPA, espacio verde). En el caso de “Tareas Administrativas”,
los que hoy se desempeñan como; Prensa, Informática, Telefonista, Guardería,
Enfermera (escuelas especias), y no exclusivamente como tareas administrativas,
se establecería un nombre a cada labor.
Se solicitó otorgar beneficios a los
trabajadores de escuelas rurales y especiales. Dar cumplimiento del Convenio
Colectivo de Trabajo al personal Auxiliar de la Educación que presten servicios
en escuelas “Privadas”, así como también sea reflejado en el recibo de sueldo,
cada función asignada.
Como último punto, ATE solicita al
Poder Ejecutivo un informe de la distribución por localidad, institución
y función del personal. Acordando de esta manera un intercambio de propuestas
para el día Jueves 08 de Septiembre a las 15hs en la sala de reuniones del
Consejo Provincial de Educación.
En el encuentro el Ministro de
Salud, Dr. Francisco Fortuna, ratificó ante la ATE- Córdoba representada por
los compañeros el Secretario Adjunto, Luis Barcena; el Secretario Gremial,
Diego Guerra; el Secretario de Prensa, Daniel Pawluchuzk y el Vocal de la
conducción, Hugo Durán, la continuidad laboral de todo el personal contratado y
monotributistas de ese ministerio durante el corriente año.
Asimismo el CDP aprovechó la
ocasión para solicitarle al Ministro traslade al poder ejecutivo la necesidad
de la reapertura de la discusión salarial del sector de la salud para el
corriente año.
Se
inauguró la casa de ATE en la delegación Salsacate
Dentro de las políticas que
vienen desarrollándose a través de la Secretaría del Interior, uno de los
puntos más importantes es el desarrollo del noroeste provincial. Para esto se
está trabajando localidad tras localidad para este objetivo, el cual incluye la
apertura de casas o delegaciones de ATE, como fue el caso del traslado de la
seccional Cruz del Eje.
El día viernes 26 se inauguró la
casa de la delegación Salsacate, la cual tendrá una zona de cobertura que va
por todo el corredor desde Mina Clavero hasta Villa de Soto.
Tal
como informó El Trabajador del Estado días atrás (ver nota), una nueva ola de
despidos sacude al Estado nacional, a pesar de las promesas del ministro de
Modernización Andrés Ibarra sobre el cese de las medidas.
Los
trabajadores del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación denuncian hoy
que 200 personas fueron echadas de la cartera, sin justificación alguna. Según la
junta interna de ATE, las autoridades formalizaron su decisión mediante
llamados telefónicos o el bloqueo de tarjetas de ingreso. Un acto ilegal.
“Su
objetivo es realizar un recorte en el órgano nacional, para eliminar programas,
descentralizar políticas para luego utilizarlas como prebenda en las
negociaciones con las provincias, y privatizar programas como Conectar
Igualdad, en el que ya desembarcaron empresas internacionales como Microsoft y Google”, advirtieron los
trabajadores en un comunicado.
A
la arbitrariedad en los despidos, se le suma el chantaje del ofrecimiento de
renovaciones que suponen reducciones salariales que, en la mayoría de los casos, superan
los 4 mil pesos en mano.
Los
trabajadores despedidos realizaban tareas en el Instituto Nacional de Formación
Docente, la Dirección Nacional de Políticas
Socioeducativas, la Dirección de
Gestión Educativa, el Instituto Nacional de Educación
Tecnológica, la Dirección Nacional de Información y
Estadística de la Calidad Educativa, el Plan Nacional de Lectura, Educación y
Memoria, Educación Sexual Integral, Educación Intercultural Bilingüe,
Biblioteca de Maestros, Educación para Adultos y Educación
Artística.
“Venezuela
está viviendo una situación muy especial con la convocatoria a `tomar Caracas´,
como denomina la oposición. Alimentada con los antecedentes que aquí hay de
golpes de Estado, no de carácter institucional sino como ha sucedido con el
presidente Chávez, además de hechos de violencia que se han dado de parte del
sector opositor”, relató Julio Fuentes a medios periodísticos.
“Entonces
lógicamente hay una actitud defensiva del gobierno y de todas las fuerzas
bolivarianas que están preparándose, no para que la gente no se movilice,
porque el sector opositor y la derecha tienen derecho a movilizarse, sino para
que no pase a mayores y no ocurran hechos de violencia. De eso se trata, y de
defender el sistema democrático vigente”, agregó.
El
Secretario Adjunto de ATE contextualizó la situación social en Venezuela con el
boicot económico de grupos empresarios que han sacado de circulación alimentos
y medicamentos.
“El
gobierno y las fuerzas populares están defendiéndose con todo lo que tienen
para seguir transitando y asegurar, por supuesto, la alimentación a la
población, asegurar la paz, el orden y todas las cuestiones que hay que
asegurar desde el Estado. Así que por supuesto, nosotros somos solidarios y
aquí estamos, compartiendo con los trabajadores públicos sus preocupaciones,
pero también su esperanza de que las cosas van a mejorar”, añadió desde la sede
del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación en
Caracas, donde se lleva a cabo el Congreso Nacional de la FENTRASEP presidida
por Franklin Rondón.
“Si
uno analiza lo que han sido las marchas anteriores, más que marchas han sido
acciones para infundir el terror en la población. Lógicamente el gobierno está
asegurando que haya movilizaciones en paz, no se trata de impedir la movilización
sino los hechos de violencia. Se busca una situación de caos a partir del
boicot, de la falta de alimentos y medicamentos, y una reacción de la
población. Pero a pesar de eso hay una fuerte adhesión al proceso
revolucionario que está llevando autónomamente adelante el pueblo de
Venezuela”, indicó Fuentes.
En Argentina
La
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país convocó hoy a
la militancia chavista a una reunión preparatoria para “la defensa solidaria y activa
de nuestra revolución bolivariana y del Gobierno de nuestro presidente Nicolás
Maduro”.
Lo
hizo tras conocer el llamado de la oposición a movilizarse en la sede
diplomática en Buenos Aires, mañana a las 13.
“Necesitamos
más que nunca que el continente entero exprese su solidaridad con nuestro
pueblo por medio de su organizaciones sociales y políticas”, manifestaron en un
comunicado.
Con miras a la elaboración
del Convenio Colectivo de Trabajo de la Administración Pública Central, la
conducción del CDP difundió el primer documento que oficializa el llamado del
Gobierno Provincial para regularizar a trabajadores que se encuentran
enmarcados en la Ley I-N° 74 (ex 1987). La implementación de dicho convenio
significará mejorar la situación laboral de miles de trabajadores del ámbito
provincial
La confección del Convenio
Colectivo de Trabajo de la Ley I-N° 74 ha sido una de las principales políticas
gremiales que viene desarrollando la actual conducción provincial de ATE.
Un Convenio Colectivo de
Trabajo es un contrato entre el sindicato y la patronal, en este caso
representado por el Gobierno Provincial cuyo objetivo es regular las
condiciones de trabajo, estableciendo salarios, jornada, descansos, vacaciones,
licencias, formación, entre otros aspectos.
Un dato a destacar es que
las regulaciones contenidas en el CCT son de aplicación obligatoria para todos
los trabajadores del sector, estén o no afiliados a los gremios respectivos, y
tienen un impacto significativo en la organización del trabajo y en la calidad
del empleo.
En la reunión estuvieron
presentes los Secretarios Generales de las Seccionales de ATE; Felix González
de Esquel; Roberto Cabeda de Puerto Madryn; Félix Curapil de Sarmiento;
Angélica Gallardo de Comarca Andina; y un representante de la Seccional Trelew.
Para Roberto Macho, Secretario
General de ATE- Mendoza, “el Poder Legislativo no puede modificar ninguna
condición laboral en detrimento de los trabajadores. Teniendo presente además,
que ya hay un acuerdo entre partes (CCT) que está homologado por este mismo
gobierno”. “Por ende, es algo totalmente ilegal e inconstitucional, y
realizaremos las denuncias penales e internacionales que correspondan” agregó.
Precisamente, en cuanto a
este punto el representante gremial recordó que el Gobierno de Alfredo Cornejo
ya tiene una denuncia internacional por la mala fe en la negociación y por las
maniobras que ha perpetrado en contra de los acuerdos paritarios. Y que sin
dudas, esto va a acentuar esa denuncia.
Por lo pronto, los
trabajadores se mantienen en lucha: “le decimos no a estos hechos ilegales e
inconstitucionales. Y exigimos en forma urgente, que se ponga en plena vigencia
el CCT de los trabajadores del IPJyC”, concluyó el secretario general de ATE.