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ATE San Martín de los Andes para por salarios y en defensa del Convenio Colectivo

El paro
convocado por ATE en el San Martín de los Andes, Neuquén, mantiene paralizado
el Municipio. Las áreas afectadas por la medida son las de recolección de
residuos, turismo, transporte, guardas ambientales, desarrollo social,
administración central, entre otras. Los trabajadores resolvieron mantener el
estado de asamblea permanente con movilización. Por ello se espera que en el
día de mañana se realicen cortes de ruta en derredores a la ciudad patagónica.

“Siguen negándonos
una verdadera discusión paritaria mientras el Ejecutivo municipal se sienta a
negociar con otros gremios”, afirmó Segundo Andrade, Secretario General de ATE
San Martín de los Andes.

Si bien la
oferta patronal del 5 por ciento de incremento resultó insuficiente para la multitudinaria
asamblea de trabajadores que tuvo lugar esta mañana, la medida de fuerza
también responde a los sucesivos atropellos patronales al Convenio Colectivo de
Trabajo acordado y homologado dos años atrás.

 



Insólito decreto busca que trabajadores devuelvan salarios
ya percibidos

La
Intendente Brunilda Rebolledo firmó numerosos decretos que pretenden invalidar
resoluciones de la Comisión de Interpretación y Composición Paritaria (CIAP),
órgano conformado por representantes de la patronal y los gremios. Con esta
violación del derecho a la negociación colectiva, la mandataria comunal -del
Movimiento Popular Neuquino (MPN)- intenta que los trabajadores devuelvan con
retroactividad adicionales otorgados el año pasado.

En 2014 y
gracias a la labor de los delegados y trabajadores municipales, el
Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó la ordenanza
Nº10.333,
mediante la cual entraba en vigencia el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).
Desde entonces ambas partes –Municipalidad y organizaciones sindicales-
acuerdan de forma colectiva salarios, condiciones laborales, derechos y
obligaciones, etc. Entre los mecanismos de negociación se encuentra la CIAP,
órgano conformado por representantes del Ejecutivo municipal y ATE y UPCN. Por
Ley, sus decisiones tienen carácter resolutivo y vinculante.

Sin embargo,
durante las últimas semanas la Intendente Brunilda Rebolledo –quien asumió el
10 de diciembre pasado- se propuso dar marcha atrás con numerosas actas y
resoluciones de la CIAP. Mediante sendos decretos (1184/16 y 1185/16), quien
encabeza el Ejecutivo municipal buscó derogar –por citar un ejemplo- una serie
de adicionales que ya habían sido otorgados a los trabajadores meses atrás.
Pero no bastó con afectar a futuro dichos derechos adquiridos, la Intendente
también pretende que los municipales devuelvan el dinero ya otorgado y que a lo
largo de los meses sirvió para la manutención de sus familias.

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ATE pidió la convocatoria de la Mesa de Relaciones Laborales

El principal motivo que sostiene el CDP
sanjuanino para la convocatoria tiene que ver con la necesidad de actualizar
los salarios sustentado en  el constante  aumento del valor de la
canasta básica familiar y la desconsiderada suba de los impuestos, de luz, agua
y gas,  que han llevado a que los salarios
de los trabajadores estatales queden desfasados respecto al índice de
inflación.

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Paritarias: El gobierno ofreció un insólito aumento del 2%

"La
propuesta del Gobierno está muy lejos de nuestra solicitud. Lo único que
ofrecieron en esta reunión fue un 2%, cosa que ni siquiera podemos poner a
consideración de los compañeros”, manifestó el Secretario General de ATE, Oscar
Muntes, a la salida de la cuarta reunión paritaria con la patronal, en la
Secretaría de Trabajo.

Si
bien el gobierno de Gustavo Bordet corrigió ya los adicionales percibidos por antigüedad, horario atípico, salud
mental y el escalafón de enfermería, “en nada alcanza con recuperar el poder
adquisitivo de nuestro salario”, ratificó Muntes.

El 22 de marzo pasado, las partes habían acordado un aumento
acumulado del 29,8% para los primeros seis meses. 

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El gobierno sigue echando trabajadores en RENATEA con acuerdo de UPCN

“Nos dijeron que los
despidos tienen que ver con la necesidad de reducir el personal a una tercera
parte”, confirmó a El Trabajador del Estado Dolores Plaza, jefa de prensa en el
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), afiliada a
ATE, una de las afectadas.

La misma suerte corrió ya
una parte de los 800 trabajadores del organismo pasibles de ser despedidos en
todo el país, tras un sórdido acuerdo entre el sindicato UPCN y el gobierno
nacional.

Ambas entidades sortearon
el artículo 19 de la ley 26.727 que en 2011 creó el registro encargado de
garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores rurales y evitar
la trata de personas. Allí se establece que cualquier empleado despedido del
RENATEA debe ser reubicado en otro organismo del Estado (ver nota de ATE
elevada al Ministerio de Trabajo
).

Lo curioso, es que este
universo de 800 trabajadores ingresaron al organismo durante los años en que el
militante de Cambiemos y jefe del sindicato UATRE, Gerónimo Venegas, perdió el
control de la fiscalización que ahora realiza el Estado. Entre ellos, los 14
trabajadores de Salta.

“Algunos de nosotros vamos
a judicializar el despido y no vamos a aceptar ninguna oferta compensatoria.
Entendemos que somos trabajadores del Estado despedidos sin ningún tipo de
razón. Nosotros pertenecemos a ATE, pero RENATEA no nos reconoce como afiliados
y no nos hace los descuentos. Vamos a avanzar desde lo gremial y lo judicial”,
confirmó Plaza.

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Confirman por decreto el pase a planta de 262 trabajadores de Salud

El pasado miércoles 28
de julio, el Poder Ejecutivo provincial firmó tres decretos con los números
1846/16 – Expediente 00501-145858/9, 1847/16 – Expediente 145859/0 y 1849/16 –
Expediente 145857/8, que confirman la titularización de 262 trabajadores de
todos los puntos de la provincia.

Cabe recordar que la
Ley de creación de cargos Nº 13.448 fue aprobada por la Legislatura, después de
varias y fuertes gestiones y manifestaciones de ATE, en 2014. A partir de allí,
la ATE- Santa Fe viene siguiendo puntualmente cada expediente para que trabajadores
que vienen –muchos de ellos desde hace varios años- desempeñándose como
contratados pasen a planta permanente.

Ahora el gremio
continuará el seguimiento para que se concrete la tan ansiada estabilidad para
trabajadores de Salud y otros ministerios.

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Sombrío análisis de la nueva ley de jubilaciones provincial

En la mesa presidida
por Néstor Vázquez, titular de ATE- Formosa y por Gerardo Delgado, secretario
general de la CTA Autónoma local, acompañaban a estos dirigentes la ex diputada
nacional Graciela Iturraspe y Noelia Guzmán y Olivia Ruiz, de la comisión
administrativa del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE.

Graciela Iturraspe tuvo
a su cargo la tarea de explicar detalladamente porqué y de qué forma la nueva
Ley (que reemplaza a la anterior N° 571) marca un punto de inflexión cercenando
derechos y conquistas sociales y laborales de los trabajadores públicos, de
todos los escalafones y regímenes, “vemos claramente como el Estado es el
primer transgresor de la ley y por lo tanto de los derechos de los
trabajadores, se pierden beneficios, siendo lamentable que ni siquiera se tiene
la valentía de dar la cara y explicárselo al pueblo”, en directa alusión a los
legisladores formoseños que votaron a favor del nuevo instrumento legal. “En
estas condiciones, las jubilaciones actuales ni siquiera son una pensión a la
vejez, más bien una pensión a la pobreza”,  sostuvo la Iturraspe.

La disertante destacó
que en la ley anterior n° 571 la edad de jubilación era de 58 años para las
mujeres, y 61 años para los hombres, en tanto que la actual 1638 establece que
la edad aumentará progresivamente hasta el año 2024, en que el tope quedará en
60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Para la determinación del
haber jubilatorio, en la 571 se tomaban en cuenta los 10 mejores años continuos
de aporte, y además ½ punto porcentual por cada año de servicio que excedía a
los años necesarios, en tanto que con el nuevo régimen, se tomarán en cuenta
los últimos 10 años de aporte previos a la jubilación, y se elimina el ½ punto
porcentual por año de exceso sobre los haberes.

En el rubro Jubilación
por invalidez el tope era de 80 % del haber, y ahora será del 70 %. La
Jubilación por edad avanzada antes era a los 65 años de edad, 15 años de
servicios como mínimo, y porcentaje de acuerdo con los años aportados, en tanto
que de ahora en adelante será con 70 años de edad, 15 años de servicios como
mínimo, y 65 % de sueldo. Para las Pensiones, el tope era el 82 por ciento de
los haberes, mientras que con la nueva legislación se fija el 70 %. A
continuación la disertante se explayó sobre los aspectos más recónditos y
ocultos que conlleva el tramado de la nueva Ley, a la que consideró una
verdadera trampa para los futuros jubilados que se encuadren en ella. “Es una
real semilla de maldad que compromete seriamente el futuro de quienes ahora son
jóvenes, pero algún día se verán en el problema al momento de pasar a
pasividad”, dijo, afirmando que evidentemente la ley nueva tiende a que en el
futuro desparezcan las jubilaciones para ser reemplazadas por otras formas de
asistencia fija estatal a la ancianidad, no obstante los años que los empleados
aportaron a sus respectivas Cajas.

Finalizadas las
explicaciones se abrió un debate con activa y elocuente participación de los
concurrentes, en el que se destacó la necesidad insoslayable de encarar una
acción mancomunada y unánime de las distintas organizaciones y gremios de esta
provincia, para enfrentar en forma decidida y frontal la lucha que tienda a
forzar a los legisladores responsables la derogación de la nueva Ley
“sancionada entre gallos y medianoche, y totalmente a espaldas del pueblo al
que representan supuestamente para defender sus derechos”. También se habló de
encarar acciones judiciales en contra del nuevo instrumento, como plantear su
inconstitucionalidad, ante el Superior Tribunal de Justicia de Formosa y otras
instancias superiores, como la Suprema Corte y/o tribunales internacionales
incluso.

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Todo listo para el segundo encuentro de jubilados patagónicos

Jubilados afiliados a ATE en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut,
Río Negro, Neuquén y La Pampa debatirán mañana en Caleta Olivia su coyuntura.
Será el segundo encuentro que realicen tras el de marzo pasado, cuya iniciativa
fue impulsada por el Centro de Neuquén y refrendada por la Comisión
normalizadora nacional.

Jorge
Garzón, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Caleta Olivia,
explicó a El Trabajador del Estado que la defensa de las cajas previsionales provinciales
será un tema importante en la agenda del día. “En la Argentina, sólo 13 provincias
mantienen sus cajas. Entre ellas las patagónicas, con excepción de Río Negro”,
precisó el dirigente.

La
normalización de PAMI también será eje de debate. Una problemática transversal
en toda la Patagonia es la prestación de servicios sólo en ciudades cabecera. “En
Santa Cruz, por ejemplo, tenemos clínicas en Río Gallegos y Caleta, pero en el
resto de la provincia los jubilados tienen que recurrir a hospitales públicos,
en ciertos casos arancelados”, contó Garzón.

El objetivo de este segundo encuentro será, a su vez,
mandatar a los representantes jubilados de ATE al Congreso Ordinario que el sindicato
llevará adelanta el próximo jueves en Villa Carlos Paz.

Estarán presentes trabajadores activos y abogados
previsionales.