Mes: noviembre 2016

Ayer
por la tarde se llevó a cabo en el Congreso de la Nación una audiencia pública
para seguir informando la situación en la que se encuentran los trabajadores
azucareros de Salta y Jujuy. El encuentro, coordinado por Víctor De Gennaro,
contó con la presencia de representantes de los trabajadores y de dirigentes de
la CTA-A. Entre ellos, los dirigentes nacionales de ATE Gustavo Quinteros y  Leonardo Vázquez.

Hoy
marcharán desde Diagonal Norte y Suipacha a la Casa de la Provincia de Salta y
de Jujuy, en donde se entregará el informe elaborado por el Observatorio del
Derecho Social de la Central.

“Esta
actividad tiene su origen en un pedido de Víctor De Gennaro, diputado mandato
cumplido, ante la situación que están viviendo los trabajadores de los ingenios
de Jujuy y Salta ante la judicialización que están viviendo”, dio la bienvenida
la diputada por el Partido Socialista, Gabriela Troiano.

Víctor
De Gennaro comenzó sus palabras agradeciendo a los diputados y dirigentes
presentes, especialmente a Pablo López, diputado del Partido Obrero y a
Gabriela Troiano. “El Observatorio Social de la CTA-A realizó un informe sobre
la situación ambiental, social y económica de los ingenios y de cómo se
enriquecen las empresas tratando de ahogar la lucha de los trabajadores y hoy
surge la criminalización de la lucha, de eso trata la esencia de esta
denuncia”, dijo De Gennaro.

“Tenemos
la suerte de haber compartido con Ricardo Peidro, “Cachorro” Godoy, Horacio
Meguira, Luis y Julia Campos, Jimena Frenkel, María de las Mercedes González,
el estar presentes en el encuentro de Salta y Jujuy así como los dirigente
Claudio Colque, de El Tabacal, Rafael Vargas de Ledesma, Bautista Néstor de La
Esperanza, Mariano Cuenca, Secretario General del sindicato de San Isidro y
Antonio Reales de La Mendieta (Salta)”, nombró Víctor a quienes estuvieron
realizando el informe.

De
Gennaro agradeció además la presencia de Carlos Custer, "Pipón"
Giuliani, Fito Aguirre, Ricardo Peidro, Silverio Gómez, Natalia Robledo,
Enrique Wasneider, Leonardo Vázquez, Paula Becerra Dúo, Jorge Castro, Miriam
Liempe, Hugo Amor, las diputadas Graciela Caamaño y Alcira Argumedo, y Norita
Cortiñas.

“Desde
el Observatorio estuvimos una semana convocados por los sindicatos de Salta y
Jujuy para hacer un relevamiento del trabajo de los azucareros y de las luchas
que vienen protagonizando. Luchas que lamentablemente no resuenan en Buenos
Aires de la manera que deberían. Si estas luchas hubieran sucedido en Buenos
Aires hubieran sido noticia en los medios de comunicación. Relevamos
condiciones de trabajo que realmente dan cuenta del incumplimiento de numerosas
reglas de trabajo; también resaltamos la presencia de enfermedades, problemas
respiratorios, dengue, alergias. Si uno recuerda las investigaciones históricas
como las de Bialet Massé, Alfredo Palacios, eran un eje y hoy siguen estando
presentes. Frente a esto los trabajadores han venido organizándose y obtenido
muchas conquistas, generando las condiciones para una respuesta del Estado y de
las empresas que tienen una virulencia que es proporcional a la organización de
los trabajadores”, contó Luis Campos, abogado del Observatorio Social de la
CTA-A.

Campos
señaló además que ha recrudecido la represión de la protesta: “Ledesma hace
interrogatorio a los trabajadores. Amenaza constantemente con que van a perder
sus puestos de trabajo, el caso de La Esperanza es el más notorio, hay más de
800 puestos de trabajo que están siendo amenazados”.

Ante
una sala llena, luego fue el turno de Claudio Colque, Secretario General del
Ingenio El Tabacal de Salta: “nosotros venimos desde fines de 2008 en lo que es
la actividad gremial, todos los años vivimos conflictos larguísimos. En el 2011
tuvimos una represión que duro 6 horas, hubo compañeros golpeados, heridos de
balas de goma. Estar en ese momento y ver al pueblo contra la policía y la
empresa, nos daba la fuerza necesaria para seguir luchando”.

El
dirigente contó además que El Tabacal es una empresa de capitales
multinacionales que “no acepta que reclamemos por nuestros derechos, que
criminaliza la lucha. El último conflicto, que duró 75 días fue porque querían
reducir nuestro salario en un 40%. No estábamos dispuestos a que la empresa se
llevara toda la ganancia que producimos los propios trabajadores. No vivimos de
rodillas, estamos acá para defender los puestos de trabajo y las condiciones
laborales. Los derechos de los trabajadores no le corresponden a la empresa,
nos corresponden a nosotros”, concluyó Colque.

“Hablar
del Ingenio Ledesma significa hablar de un monstruo económico, de más de cien
años en la actividad azucarera, con la historia de sometimiento que todos
conocemos. Este sindicato, desde que fue recuperado, ha solicitado ser parte de
las denuncias que tiene Carlos Pedro Blaquier por los delitos de lesa
humanidad. No hay garantía de justicia, Milagro está presa sin juicio, el
gobernador salió a decir que no va a salir como si él tuviera la justicia en sus
manos. No nos dejan entrar a la fábrica para ver en qué condiciones están los
trabajadores, pero los procesos penales en nuestra contra se agilizan”, detalló
Rafael Vargas, Secretario General del sindicato de trabajadores azucareros de
la empresa Ledesma. “Las condiciones habitacionales de los zafreros también las
hemos denunciado, no tienen telas mosquiteras, una letrina para varias
familias, la gente era transportada en camiones donde llevaban ripio a sus
lugares de trabajo”, agregó Vargas.

Mariano
Cuenca, Secretario General del Sindicato del Azúcar del Ingenio de San Isidro
repasó la historia de la empresa: “es uno de los primeros ingenios de
latinoamérica, es uno de los más chicos en producción, pero uno de los más
grandes en exportación de azúcar orgánica; es más viejo que la patria, se
remonta al 1700. En los Noventa el ingenio quebró y hubo muchas luchas y
peleas, en el ‘98 lo compró un grupo de accionistas argentino, en el 2011 vino
el grupo Gloria, peruano, que tiene cementeras, varios ingenios en Perú, en
Bolivia, en Ecuador y en Colombia. A mí me ha tocado asumir en el año 2013,
2014. Cuenca destacó que en esa época tenían el salario más bajo de la
actividad azucarera.

“En
2013 la empresa me despidió y los trabajadores pararon la planta en pleno proceso
productivo y me reincorporaron, llamamos a elecciones y ganamos por más del 66%
y empezamos a luchar por revertir la dura realidad en que nos encontrábamos. En
2014 pedimos el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, hubo más de 45
días de lucha, heridos de bala, de bala de goma, logramos con esa lucha
equipararnos a toda la actividad, fue una gran victoria que empiecen a cumplir
con el contrato colectivo de trabajo. Hoy estamos trabajando en afiliar a los
cañeros independientes, compañeros que se encuentran en condiciones de
esclavitud tanto a nivel de trabajo como de vida. Vamos a estar firmes en la
lucha”.

Antonio
Reales, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar La
Mendieta, Jujuy, destacó que la empresa está en un pueblito de casi cuatro mil
habitantes, mientras que el ingenio tiene 750 trabajadores. “Tenemos problemas
como todos los ingenios, tenemos la gente que hombrea bolsas de 50 kilos,
siempre la gente está lesionada de la columna pero ni la empresa ni la ART quiere
hacerse cargo de nada. La empresa dice que en estos últimos años le está
faltando el dinero y nosotros sólo tenemos machete y pala para poder trabajar”.
Otra de las cuestiones que subrayó Reales fue que en el último año 4 personas
murieron por dengue, producto de la quema de los cañaverales.

El
Secretario Gremial de La Esperanza, Néstor Bautista contó que el ingenio está
cumpliendo 134 años de existencia, “se ha armado un pueblo alrededor y hoy es
el pulmón económico de la región. Hace mucho que está en quiebra, la gerencia
está manejada por el gobierno provincial. Yo soy hijo de un trabajador que se
jubiló. El sector azucarero está de pie para seguir sosteniendo nuestra lucha y
nuestro trabajo, estamos convencidos que no hemos elegido mal el camino”.

Por
parte de la CTA-A, su Secretario Adjunto, Ricardo Peidro, aseguró que “no es
que la CTA-A se solidariza con la lucha: es parte de esa lucha. Nos conmueve la
resistencia y la lucha de los trabajadores. Lo que tienen en común estas
patronales es que para maximizar ganancias utilizan todo el salvajismo que
pueden utilizar, y el límite es la lucha de los trabajadores”.

También
lo hizo del Secretarioio de Relaciones Internacionales de la Central, Adolfo
“Fito” Aguirre, quien recordó que la patronal está encarnada por
trasnacionales, por lo que “no toda la pelea es en el territorio nacional”.
“Nosotros, como sindicato y como clase trabajadora, tenemos que utilizar esa
solidaridad para alentar luchas en el plano internacional”, afirmó.

Diputados
como Alcira Argumedo así como Norita Cortiñas destacaron la lucha de los
trabajadores del azúcar y se comprometieron a trabajar para dar a conocer el
informe del Observatorio y a hacer todo lo posible para que sus derechos sean
respetados.

Este jueves la ATE llevará adelante un paro nacional de trabajadores
municipales. En más de 800 ciudades de todo el país el gremio realizará
protestas exigiendo cambios en las políticas salariales y laborales que se
llevan adelante en el sector municipal.

La grave situación sectorial se mide con números que resultan incuestionables: 

– En la gran mayoría de los municipios no existen los Convenios Colectivos de Trabajo
(CCT).

– En más de la mitad de estos municipios los
salarios no llegan siquiera a lo que se establece en el Salario Mínimo Vital y Móvil.

– Hay regiones del país donde los salarios se ubican en entre los 3.500 y
los 5.000 pesos.

– En otras regiones, como en las provincias del Sur, que por sus costos de
vida   tiene salarios más altos, la gran mayoría de los
trabajadores municipales no percibe salarios de acuerdo a aquellas necesidades.
La ATE denuncia en muchos puntos de la región que hay salarios de entre 10.000 pesos
mensuales, pero  en donde los valores de la
canasta familiar superan los 20.000 pesos al mes.

– En cuestiones laborales el sector del Estado municipal es uno de los más
precarizados. Allí se agrupan distintas modalidades de contratación que van
desde becados, locación de servicio, monotributistas, factureros, planes de inserción
locales y jornalizados, entre otros.

– La precarización también se extiende al pago de las asignaciones. En la
casi totalidad sus montos son dispares quedando la suma a criterio del intendente.
Un ejemplo concreto es que mientras Nación abona una suma de 966 pesos hay
comunas donde aún están fijas en torno a los 200 pesos.    

Si bien la brecha salarial entre trabajadores municipales y del resto en otros
sectores del Estado se ha venido ampliando durante los últimos años, en el 2016
ha tenido una mayor disparidad. La inflación cercana al 40%  ha pegado de lleno en los salarios más vulnerables,
como es el sector municipal. Pero también porque en muchas ciudades los
trabajadores quedaron atrapados en los acuerdos salariales a la baja que los
intendentes firmaron con sus sindicatos afines.

La definición salarial que se da en el Consejo del Salario sólo determina la
obligatoriedad de su cumplimiento al Estado nacional y al sector privado. Las Provincias
y municipios quedan exceptuados de cumplirlos por el derecho constitucional que
emana de ser una  República Federal.   

La reforma del año ’94 marcó una nueva regresión en el modo distributivo de
los ingresos coparticipables: de cada peso que se recauda, 75 centavos se los
queda el Estado Nacional;  21 centavos se
los quedan las provincias y los 4 centavos restantes quedan en los municipios.

La autonomía política, y por lo tanto financiera, de la que gozan intendencias
muestran también su correlato en las disparidades salariales que hay entre
trabajadores de comunas linderas y con similares ingresos de recaudación.

Para terminar con esta realidad, a veces producto de la arbitrariedad del
jefe comunal otras por el pésimo manejo de las finanzas, la ATE viene pidiendo
al Congreso una Ley que fije la obligatoriedad del pago del SMVyM en todas las
áreas del Estado de modo que se resguarde universalmente el ingreso mínimo de
cada trabajador. Así donde hoy un trabajador municipal puede percibir 3.500
pesos por la regulación de esa ley no cobraría menos de los 8.060 pesos (a valor
de enero 2017).     

La segunda pata en importancia de la precariedad del trabajador municipal
es la situación laboral. No gozan de vacaciones, ni antigüedad y demás derechos
sociales que percibe el trabajador de planta permanente. Aunque por omisión, por
encubrimiento municipal o porque existen múltiples maneras de contratar
personal los datos no sean certeros, el rastreo hecho por la ATE permite trazar
que existe casi un 50% de trabajadores municipales en condiciones informales de
trabajo.  En el último tiempo el gremio ha
detectado que una modalidad creciente es la contratación de jornaleros: la
escala más baja de la precarización laboral.

La mayoría de las comunas carecen de CCT y muchísimas aún están regidas por
estatutos que fueron redactados durante la última dictadura militar.

A poco más de un mes para que acabe el año otro problema que se repite son
los vencimientos de los contratos. Se estima que entre trabajadores contratados
por las provincias y por los municipios llegan a 600.000 la totalidad de
trabajadores a los que se les vencen los contratos.      

La otra marca de la precarización la componen las asignaciones familiares.
La última actualización hecha por el gobierno nacional fija su monto en 966
pesos. Salvo provincias son contados los municipios donde existe la
equiparación. Casi siempre responde al criterio impuesto por el intendente.   

Para la ATE tampoco escapa a la realidad que este comportamiento casi
calcado de los Ejecutivo municipales forma parte del objetivo de “disciplinamiento”
que se busca imponer al conjunto de los trabajadores argentinos.