Este jueves la ATE llevará adelante un paro nacional de trabajadores
municipales. En más de 800 ciudades de todo el país el gremio realizará
protestas exigiendo cambios en las políticas salariales y laborales que se
llevan adelante en el sector municipal.

La grave situación sectorial se mide con números que resultan incuestionables: 

– En la gran mayoría de los municipios no existen los Convenios Colectivos de Trabajo
(CCT).

– En más de la mitad de estos municipios los
salarios no llegan siquiera a lo que se establece en el Salario Mínimo Vital y Móvil.

– Hay regiones del país donde los salarios se ubican en entre los 3.500 y
los 5.000 pesos.

– En otras regiones, como en las provincias del Sur, que por sus costos de
vida   tiene salarios más altos, la gran mayoría de los
trabajadores municipales no percibe salarios de acuerdo a aquellas necesidades.
La ATE denuncia en muchos puntos de la región que hay salarios de entre 10.000 pesos
mensuales, pero  en donde los valores de la
canasta familiar superan los 20.000 pesos al mes.

– En cuestiones laborales el sector del Estado municipal es uno de los más
precarizados. Allí se agrupan distintas modalidades de contratación que van
desde becados, locación de servicio, monotributistas, factureros, planes de inserción
locales y jornalizados, entre otros.

– La precarización también se extiende al pago de las asignaciones. En la
casi totalidad sus montos son dispares quedando la suma a criterio del intendente.
Un ejemplo concreto es que mientras Nación abona una suma de 966 pesos hay
comunas donde aún están fijas en torno a los 200 pesos.    

Si bien la brecha salarial entre trabajadores municipales y del resto en otros
sectores del Estado se ha venido ampliando durante los últimos años, en el 2016
ha tenido una mayor disparidad. La inflación cercana al 40%  ha pegado de lleno en los salarios más vulnerables,
como es el sector municipal. Pero también porque en muchas ciudades los
trabajadores quedaron atrapados en los acuerdos salariales a la baja que los
intendentes firmaron con sus sindicatos afines.

La definición salarial que se da en el Consejo del Salario sólo determina la
obligatoriedad de su cumplimiento al Estado nacional y al sector privado. Las Provincias
y municipios quedan exceptuados de cumplirlos por el derecho constitucional que
emana de ser una  República Federal.   

La reforma del año ’94 marcó una nueva regresión en el modo distributivo de
los ingresos coparticipables: de cada peso que se recauda, 75 centavos se los
queda el Estado Nacional;  21 centavos se
los quedan las provincias y los 4 centavos restantes quedan en los municipios.

La autonomía política, y por lo tanto financiera, de la que gozan intendencias
muestran también su correlato en las disparidades salariales que hay entre
trabajadores de comunas linderas y con similares ingresos de recaudación.

Para terminar con esta realidad, a veces producto de la arbitrariedad del
jefe comunal otras por el pésimo manejo de las finanzas, la ATE viene pidiendo
al Congreso una Ley que fije la obligatoriedad del pago del SMVyM en todas las
áreas del Estado de modo que se resguarde universalmente el ingreso mínimo de
cada trabajador. Así donde hoy un trabajador municipal puede percibir 3.500
pesos por la regulación de esa ley no cobraría menos de los 8.060 pesos (a valor
de enero 2017).     

La segunda pata en importancia de la precariedad del trabajador municipal
es la situación laboral. No gozan de vacaciones, ni antigüedad y demás derechos
sociales que percibe el trabajador de planta permanente. Aunque por omisión, por
encubrimiento municipal o porque existen múltiples maneras de contratar
personal los datos no sean certeros, el rastreo hecho por la ATE permite trazar
que existe casi un 50% de trabajadores municipales en condiciones informales de
trabajo.  En el último tiempo el gremio ha
detectado que una modalidad creciente es la contratación de jornaleros: la
escala más baja de la precarización laboral.

La mayoría de las comunas carecen de CCT y muchísimas aún están regidas por
estatutos que fueron redactados durante la última dictadura militar.

A poco más de un mes para que acabe el año otro problema que se repite son
los vencimientos de los contratos. Se estima que entre trabajadores contratados
por las provincias y por los municipios llegan a 600.000 la totalidad de
trabajadores a los que se les vencen los contratos.      

La otra marca de la precarización la componen las asignaciones familiares.
La última actualización hecha por el gobierno nacional fija su monto en 966
pesos. Salvo provincias son contados los municipios donde existe la
equiparación. Casi siempre responde al criterio impuesto por el intendente.   

Para la ATE tampoco escapa a la realidad que este comportamiento casi
calcado de los Ejecutivo municipales forma parte del objetivo de “disciplinamiento”
que se busca imponer al conjunto de los trabajadores argentinos.