La actividad, realizada en la sede de ATE, fue impulsada por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales y la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas y contó con la participación de los principales referentes del FRESU.
Entre los objetivos está generar un espacio regional de debate que ponga en discusión las políticas públicas destinadas a garantizar trabajo digno, con protección social para todas y todos los trabajadores, que permitan una recomposición real de los haberes jubilatorios, analizar la importancia de la Seguridad Social, en especial la cuestión previsional.
La Junta Interna denunció que desde la asunción de la gestión de Javier Milei, la DNM ha sufrido la pérdida de más de 700 trabajadores y trabajadoras que se vieron forzados a renunciar debido a los devaluados salarios que no cubren la canasta básica.
La electa titular de Juventud Trabajadora de las Américas cuestionó los discursos que responsabilizan a las juventudes por el avance de la ultraderecha en Argentina y remarcó que “Soberanía, educación y trabajo, desde nuestra concepción de clase, son nuestros ejes de lucha”.
También una abierta persecución e intento de proscripción de la veeduría sindical en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, por eso demanda que se cumpla con la ley vigente.
La Secretaría de Convenios Colectivos de Trabajo coordinó una reunión con las y los delegados del sector para definir los próximos pasos del Sindicato para frenar el cientificidio y el recorte en organismos claves para la soberanía nacional y desarrollo productivo.
ATE publicó el nuevo informe del Observatorio del Salario y advirtió que aun cuando la inflación mensual de agosto se desaceleró, los precios siguen aumentando y la pérdida del poder adquisitivo continúa condicionando la vida cotidiana de las y los trabajadores.
A través de una acción directa frente a la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, el Sindicato también demandó la reapertura de las paritarias nacionales.
Desde el Sindicato se planteó que la deuda contraída por las y los trabajadores de la Administración Pública es resultado de una pérdida salarial del 40% y la desregulación de las tarifas de los bienes y servicios impuesto por el Gobierno nacional.
A fin de este mes intentan poner fin al contrato de casi 400 trabajadoras y trabajadores, y se dispondrá el pase a disponibilidad para el personal restante, perteneciente a la planta permanente.
