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Historia de ATE Vol.5
Mes: marzo 2016
El Secretario General de ATE Nacional, Hugo Godoy, participó de la movilización organizada por ATE Capital Federal a las puertas del Ministerio de Modernización. Allí dijo ante los presentes: “Es un jueves negro no solamente para los trabajadores estatales que estamos recibiendo comunicaciones de despidos en distintos organismos que se multiplican día a día”. El dirigente nacional luego continuó: “Ayer era el Ministerio de Trabajo, antes de ayer era Lotería Nacional, antes era el Hospital Posadas, ahora fue el Ministerio de Economía. En la Biblioteca Nacional despidieron trabajadores con 12, 18, 20 y 23 años de antigüedad”.
“El Ministro Andrés Ibarra personalmente me dijo que esperaban a partir del 1º de Abril construir una agenda positiva como reclamábamos desde ATE. Hoy, 31 de marzo, es el plazo que se dio el Gobierno para despedir trabajadores, esperemos que con esto pare. Lo que no va a parar es la lucha de los trabajadores para pelear por la reincorporación. Hemos resuelto convocar para un paro nacional en mediados del mes de Abril”, agregó Godoy.
Por su parte, el Secretario General de ATE Capital Federal, Daniel Catalano, apuntó: “Esto es para que escuche Andrés Ibarra. Nos presentamos en la OIT para denunciar los despidos y la persecución del Gobierno de Macri, que usa la policía para discriminarnos”. El dirigente luego agregó: “Lejos de frenar los despidos y abrir mesas de diálogos, hoy anuncian aumentos del transporte. Nos siguen aplicando ajustes y tarifazos y por eso merecen nuestro repudio”.
“El Ministro Andrés Ibarra personalmente me dijo que esperaban a partir del 1º de Abril construir una agenda positiva como reclamábamos desde ATE. Hoy, 31 de marzo, es el plazo que se dio el Gobierno para despedir trabajadores, esperemos que con esto pare. Lo que no va a parar es la lucha de los trabajadores para pelear por la reincorporación. Hemos resuelto convocar para un paro nacional en mediados del mes de Abril”, agregó Godoy.
Por su parte, el Secretario General de ATE Capital Federal, Daniel Catalano, apuntó: “Esto es para que escuche Andrés Ibarra. Nos presentamos en la OIT para denunciar los despidos y la persecución del Gobierno de Macri, que usa la policía para discriminarnos”. El dirigente luego agregó: “Lejos de frenar los despidos y abrir mesas de diálogos, hoy anuncian aumentos del transporte. Nos siguen aplicando ajustes y tarifazos y por eso merecen nuestro repudio”.
Los
trabajadores despedidos ayer en el Ministerio de Trabajo de la Nación tienen
una antigüedad, en algunos casos, superior a los tres años. “Esto significa que
la medida alcanza a compañeros que estaban por fuera de la revisión que el
Ministerio de Modernización se había propuesto hasta el 31 de marzo”, explicó
el delegado adjunto de ATE Sebastián Scarano.
Si
bien medios periodísticos informaron que la cartera que conduce Andrés Ibarra
confirmaron la cantidad de telegramas, la junta interna afirmó que el
Subsecretario de Coordinación en Trabajo, Santiago Ricardes, sólo les comunicó
que habría despidos: no habló de números.
Las
exoneraciones vaciaron programas como el Asistir: un servicio gratuito de patrocinio
legal a empleados con escasos recursos.
“Esta
nueva avanzada es una señal del gobierno sobre los futuros despidos en el
sector privado. No tienen como objetivo sólo achicar el Estado y sus programas
sociales, sino reducir el costo salarial de todos los trabajadores”, manifestó
el delegado.
Ayer
y hoy los trabajadores del ministerio realizaron asambleas en las distintas
reparticiones, con quite de tareas. En la realizada en la sede central del Ministerio de Trabajo estuvo presente la Secretaria de Organización del Consejo Directivo Nacional de ATE, Silvia León, junto a otros dirigentes nacionales.
Ayer
por la noche, un interlocutor dispuesto por la patronal comunicó a los
trabajadores del ministerio de Economía que hoy habría despidos y que los
afectados no podrían ingresar a la sede central del organismo. “Efectivamente
así fue: estaban todos los accesos bloqueados”, confirmó Demián García,
delegado gremial de la junta interna de ATE.
De
acuerdo a la información recolectada por los trabajadores en todo el país, el
organismo echó a cien trabajadores de la sede central de Hipólito Irigoyen y a
60 en varias provincias, informó el Secretario Gremial de ATE, Mario Muñoz.
Todos ellos precarizados y con una antigüedad de hasta tres años.
“Los
despidos afectan el programa de viviendas Progresar, porque sus oficinas de
ciudad de Buenos Aires quedaron vaciadas, sin trabajadores”, añadió Mario
Muñoz.
Desde
temprano, los empleados ingresaron a la fuerza a su lugar de trabajo, donde
realizaron una protesta por todos los pisos. Esto motivó que el ministro de
Transporte Guillermo Dietrich trasladara el anuncio de aumentos en las tarifas
de transporte. “Huyó cobardemente a Casa Rosada”, señaló el Secretario Gremial.
“Estos
despidos intentan condicionar nuestra pelea salarial, que además se ha visto
reducida nominalmente no sólo por la inflación, sino por el recorte de horas
extras”, indicó el delegado García.
La
junta interna de ATE realizará mañana una nueva asamblea, en la que determinará
medidas de fuerza.
La compañera Ramona Murua es Delegada de ATE y cocinera en el Hospital Municipal de San Carlos Minas. En diciembre pasado, cuando asumió el Intendente Cristian Frías, se inició una campaña persecutoria en su contra, trasladándola sucesivamente a diversos destinos en la Municipalidad para alejarla de su lugar de trabajo, donde ejerce la representación de sus compañeros.
Ante este ataque a la compañera, de carácter eminentemente antisindical, ATE presentó un amparo reclamando que cese la situación y que se la reinstale a Murua a su puesto de trabajo. Esta semana la justicia le dio la razón a ATE y ordenó al Intendente Frías que destine nuevamente a la delegada de ATE a donde corresponde.
De esta forma, queda claro que Frías se encuentra inmerso en una campaña de persecución al gremio de los estatales, en contra de la normativa vigente. Pero la justicia dictó una medida correctiva al autoritarismo del Intendente.
Ante este ataque a la compañera, de carácter eminentemente antisindical, ATE presentó un amparo reclamando que cese la situación y que se la reinstale a Murua a su puesto de trabajo. Esta semana la justicia le dio la razón a ATE y ordenó al Intendente Frías que destine nuevamente a la delegada de ATE a donde corresponde.
De esta forma, queda claro que Frías se encuentra inmerso en una campaña de persecución al gremio de los estatales, en contra de la normativa vigente. Pero la justicia dictó una medida correctiva al autoritarismo del Intendente.
Victor Aramayo, Secretario General de APUAP, respecto al Paro dijo: “Hemos llegado a esa decisión porque a pesar de nuestra buena voluntad de dialogo, de llegar a un acuerdo sobre los puntos que se plantearon con el gobierno de la provincia, no hemos obtenido una respuesta favorable y, por el contrario, el Gobierno de la Provincia, ha utilizado la misma metodología que el Gobierno anterior: Imponer un determinado porcentaje para los trabajadores estatales”. Además resaltó: “Es un llamado a que tengamos una acción unitaria con todos los trabajadores estatales de la provincia, independientemente al gremio que pertenezcan, nosotros tenemos que demostrar que no estamos de acuerdo ni con el porcentaje, ni con la metodología con la que se nos quiere imponer el aumento salarial”.
Por su parte, el Secretario General de Judiciales, Freddy Berdeja, expresó: “Existe una inequidad en la propuesta a los sectores gremiales, en el sentido de que la retroactividad se dio a partir de febrero a los docentes y en el caso del resto de la administración pública, se pretende aplicar a partir de marzo, con una diferencia sustancial en el porcentaje de aumento, está inequidad es inaceptable”. También hizo referencia a las asignaciones familiares cuando sostuvo: “El Gobierno Provincial viene adhiriendo al Gobierno Nacional, lo que tiene que ver con pautas salariales, sin embargo cuando pedimos que se aplique el decreto 492 de asignaciones familiares de Nación, no lo hacen y han implementado distintos tramos, cosa que no entendemos por qué, si la plata viene de Nación”.
Por último el Secretario Gremial de ATE Jujuy, Jorge Blanco, explicó: “Nosotros anunciamos que los funcionarios se habían dado un aumento del 40 por ciento retroactivo a diciembre. Ellos salieron a decir que era un decreto que venía de anteriores gestiones y después cuando nosotros íbamos a hacer las denuncias, dijeron que no había tal aumento, lo cierto es que cuando a nosotros nos están diciendo que el aumento máximo que podían darnos a los empleados públicos que tienen un salario de pobres, les daban un 22 por ciento. El decreto argumenta que se hacen el aumento porque no tenían desde el año pasado y nosotros tampoco no tenemos aumentos desde el año pasado, por lo que tendríamos que tener la misma contemplación. Encima que ellos aumentaron de 10 funcionarios, tres a cuatro funcionarios nuevos, que duplican, triplican y hasta quintuplican el salario de los empleados comunes, entonces están haciendo cosas que antes decían que eran malas y siguen echando compañeros en diferentes sectores”.
Con este paro de 24 horas se inicia un plan de lucha que se resolvió por unanimidad en una asamblea multitudinaria en el Club Cuyaya el pasado martes 29 de marzo.
Por su parte, el Secretario General de Judiciales, Freddy Berdeja, expresó: “Existe una inequidad en la propuesta a los sectores gremiales, en el sentido de que la retroactividad se dio a partir de febrero a los docentes y en el caso del resto de la administración pública, se pretende aplicar a partir de marzo, con una diferencia sustancial en el porcentaje de aumento, está inequidad es inaceptable”. También hizo referencia a las asignaciones familiares cuando sostuvo: “El Gobierno Provincial viene adhiriendo al Gobierno Nacional, lo que tiene que ver con pautas salariales, sin embargo cuando pedimos que se aplique el decreto 492 de asignaciones familiares de Nación, no lo hacen y han implementado distintos tramos, cosa que no entendemos por qué, si la plata viene de Nación”.
Por último el Secretario Gremial de ATE Jujuy, Jorge Blanco, explicó: “Nosotros anunciamos que los funcionarios se habían dado un aumento del 40 por ciento retroactivo a diciembre. Ellos salieron a decir que era un decreto que venía de anteriores gestiones y después cuando nosotros íbamos a hacer las denuncias, dijeron que no había tal aumento, lo cierto es que cuando a nosotros nos están diciendo que el aumento máximo que podían darnos a los empleados públicos que tienen un salario de pobres, les daban un 22 por ciento. El decreto argumenta que se hacen el aumento porque no tenían desde el año pasado y nosotros tampoco no tenemos aumentos desde el año pasado, por lo que tendríamos que tener la misma contemplación. Encima que ellos aumentaron de 10 funcionarios, tres a cuatro funcionarios nuevos, que duplican, triplican y hasta quintuplican el salario de los empleados comunes, entonces están haciendo cosas que antes decían que eran malas y siguen echando compañeros en diferentes sectores”.
Con este paro de 24 horas se inicia un plan de lucha que se resolvió por unanimidad en una asamblea multitudinaria en el Club Cuyaya el pasado martes 29 de marzo.
Además, nuevamente se implementa el ‘aporte solidario’ que obligatoriamente deben pagar todos los trabajadores a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe (FESTRAM), aún cuando estén afiliados a sindicatos que, como ATE, no pertenecen a esa organización.
El 15 de marzo pasado se firmó un acta paritaria entre las autoridades provinciales y la FESTRAM. Las partes salieron a publicitar un aumento del 33 por ciento para los trabajadores municipales de la provincia. Sin embargo, el análisis de lo acordado arroja que el incremento real no sería tan beneficioso: Partiendo de la base en que se encuentran los trabajadores peor pagos de la administración pública, ese porcentaje es mentiroso.
Para comenzar, nada dice el acta sobre los empleados precarizados, que cobran salarios de hambre y, muchas veces, fuera de cualquier tiempo y forma. Son ellos quienes no logran acceder ni siquiera al salario mínimo que establece el Consejo Nacional del Salario (6.060 pesos) y que, ahora, ni siquiera son tenidos en cuenta en la paritaria provincial.
Luego, el anunciado aumento del 30 por ciento se dará en dos cuotas, lo que ya retrasa los salarios de los municipales y los congela hasta julio, cuando se cobrará la última parte. El primer 20 por ciento se cobrará a partir del 1º de marzo, pero la mitad de ese importe se lo llevará la Caja de Jubilaciones. Y para peor, el 10 por ciento restante no ingresará en el cómputo del aguinaldo. Por lo tanto, el aumento completo recién se percibirá en el sueldo de abril a cobrarse en mayo.
La debacle continúa cuando se analiza que el 3 por ciento que completa el 33 por ciento anunciado se cobrará a partir del 1º de julio, y se trata de “una suma fija no remunerativa y no bonificable en concepto de complemento salarial equivalente al 3 por ciento mensual sobre los haberes netos de cada trabajador, calculado sobre las sumas sujetas a aportes de la política salarial 2015 menos los descuentos de ley y asignaciones familiares”. Es decir, un aumento en negro del 3 por ciento sobre los haberes de 2015 y no sobre las sumas actuales.
Y por supuesto, el acuerdo incluye nuevamente el ‘aporte solidario’ en favor de la FESTRAM del 1 por ciento de los salarios de los trabajadores municipales que reciban estos aumentos. En realidad, se trata de una contribución compulsiva que los mismos empleadores retienen del salario de todos los trabajadores, incluso de aquellos que han elegido afiliarse a sindicatos que no pertenecen a dicha Federación, como es el caso de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Esta medida puede hacerse efectiva gracias a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia que se contradice abiertamente con otra resolución de su par nacional y va en contra de la libertad sindical, ya que no es justo que trabajadores que elijen libremente su sindicato de pertenencia tengan que aportar obligatoriamente a otra entidad sindical.
Según lo anunciado, con este acuerdo paritario el salario mínimo de bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras municipales (siempre que sean de planta) asciende, a partir del 1º de marzo a 8.050 pesos y, a partir del 1º de julio, de a 9.050 pesos. Además de lo ya explicado, este monto está muy lejos de lo que sabemos que necesita un trabajador y su familia como mínimo para vivir: Tal como señalan los delegados de ATE INDEC, para enero el Salario Mínimo, Vital y Móvil debía ser de 16.437,30 pesos. Y también se mantiene a una distancia abrumadora de lo que han perdido los trabajadores y las trabajadoras con la inflación y la devaluación, que supera holgadamente el 40 por ciento.
Luego de desnudar la mentira del 33 por ciento de aumento para los y las municipales rosarinos, se hace imperioso retomar los reclamos que se vienen levantando desde ATE para todo el sector: Salario Mínimo, Vital y Móvil para todos los trabajadores y las trabajadoras municipales de la provincia; pase a planta de todos los precarizados; reconocimiento de la ATE en el municipio de Rosario.
Una vez más, se cerró una paritaria sin contemplar las verdaderas necesidades de los trabajadores municipales. Por ello es necesario generar espacios de debate y discusión, que expresen en planes de lucha concretos las exigencias reales del sector. Esa será la única forma de que la discusión paritaria tenga real sentido.
El 15 de marzo pasado se firmó un acta paritaria entre las autoridades provinciales y la FESTRAM. Las partes salieron a publicitar un aumento del 33 por ciento para los trabajadores municipales de la provincia. Sin embargo, el análisis de lo acordado arroja que el incremento real no sería tan beneficioso: Partiendo de la base en que se encuentran los trabajadores peor pagos de la administración pública, ese porcentaje es mentiroso.
Para comenzar, nada dice el acta sobre los empleados precarizados, que cobran salarios de hambre y, muchas veces, fuera de cualquier tiempo y forma. Son ellos quienes no logran acceder ni siquiera al salario mínimo que establece el Consejo Nacional del Salario (6.060 pesos) y que, ahora, ni siquiera son tenidos en cuenta en la paritaria provincial.
Luego, el anunciado aumento del 30 por ciento se dará en dos cuotas, lo que ya retrasa los salarios de los municipales y los congela hasta julio, cuando se cobrará la última parte. El primer 20 por ciento se cobrará a partir del 1º de marzo, pero la mitad de ese importe se lo llevará la Caja de Jubilaciones. Y para peor, el 10 por ciento restante no ingresará en el cómputo del aguinaldo. Por lo tanto, el aumento completo recién se percibirá en el sueldo de abril a cobrarse en mayo.
La debacle continúa cuando se analiza que el 3 por ciento que completa el 33 por ciento anunciado se cobrará a partir del 1º de julio, y se trata de “una suma fija no remunerativa y no bonificable en concepto de complemento salarial equivalente al 3 por ciento mensual sobre los haberes netos de cada trabajador, calculado sobre las sumas sujetas a aportes de la política salarial 2015 menos los descuentos de ley y asignaciones familiares”. Es decir, un aumento en negro del 3 por ciento sobre los haberes de 2015 y no sobre las sumas actuales.
Y por supuesto, el acuerdo incluye nuevamente el ‘aporte solidario’ en favor de la FESTRAM del 1 por ciento de los salarios de los trabajadores municipales que reciban estos aumentos. En realidad, se trata de una contribución compulsiva que los mismos empleadores retienen del salario de todos los trabajadores, incluso de aquellos que han elegido afiliarse a sindicatos que no pertenecen a dicha Federación, como es el caso de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Esta medida puede hacerse efectiva gracias a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia que se contradice abiertamente con otra resolución de su par nacional y va en contra de la libertad sindical, ya que no es justo que trabajadores que elijen libremente su sindicato de pertenencia tengan que aportar obligatoriamente a otra entidad sindical.
Según lo anunciado, con este acuerdo paritario el salario mínimo de bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras municipales (siempre que sean de planta) asciende, a partir del 1º de marzo a 8.050 pesos y, a partir del 1º de julio, de a 9.050 pesos. Además de lo ya explicado, este monto está muy lejos de lo que sabemos que necesita un trabajador y su familia como mínimo para vivir: Tal como señalan los delegados de ATE INDEC, para enero el Salario Mínimo, Vital y Móvil debía ser de 16.437,30 pesos. Y también se mantiene a una distancia abrumadora de lo que han perdido los trabajadores y las trabajadoras con la inflación y la devaluación, que supera holgadamente el 40 por ciento.
Luego de desnudar la mentira del 33 por ciento de aumento para los y las municipales rosarinos, se hace imperioso retomar los reclamos que se vienen levantando desde ATE para todo el sector: Salario Mínimo, Vital y Móvil para todos los trabajadores y las trabajadoras municipales de la provincia; pase a planta de todos los precarizados; reconocimiento de la ATE en el municipio de Rosario.
Una vez más, se cerró una paritaria sin contemplar las verdaderas necesidades de los trabajadores municipales. Por ello es necesario generar espacios de debate y discusión, que expresen en planes de lucha concretos las exigencias reales del sector. Esa será la única forma de que la discusión paritaria tenga real sentido.
La medida de fuerza iniciada por las trabajadoras de las guarderías municipales, se da luego de haber agotado todas las instancias de diálogo con la Intendenta Sabina Costa sin que existan respuestas a las principales demandas.
Es que las referidas empleadas manifiestan estar atemorizadas, porque continúan cumpliendo funciones en el gabinete personas que actuaron como encubridoras de las violaciones y protegieron al dirigente político abusador. Estas personas integran la planta de funcionarios en el área de Desarrollo Social y debe investigarse su responsabilidad en los aberrantes delitos recientemente denunciados.
Para ATE, el posicionamiento adoptado desde un principio por la Intendenta Costa ha sido tibio y carece de la claridad que los trabajadores y los vecinos de la ciudad demandan. Pareciera que el Poder Ejecutivo no dimensiona con exactitud la gravedad de los acontecimientos e intenta defender lo indefendible.
“La Intendenta no reacciona y parece no querer tomar con seriedad el hecho que uno de sus funcionarios más allegados violara a trabajadoras de la comuna. En las guarderías no se pueden retomar con normalidad las tareas, ya que las empleadas están atemorizadas y no se garantiza su seguridad. Hay funcionarios que siguen teniendo altas responsabilidades en el área social, a pesar que conocían la comisión de los delitos antes que los mismos salieran a la luz”, cuestionó Esterea González, Secretaria Gremial de ATE Río Negro.
Es que las referidas empleadas manifiestan estar atemorizadas, porque continúan cumpliendo funciones en el gabinete personas que actuaron como encubridoras de las violaciones y protegieron al dirigente político abusador. Estas personas integran la planta de funcionarios en el área de Desarrollo Social y debe investigarse su responsabilidad en los aberrantes delitos recientemente denunciados.
Para ATE, el posicionamiento adoptado desde un principio por la Intendenta Costa ha sido tibio y carece de la claridad que los trabajadores y los vecinos de la ciudad demandan. Pareciera que el Poder Ejecutivo no dimensiona con exactitud la gravedad de los acontecimientos e intenta defender lo indefendible.
“La Intendenta no reacciona y parece no querer tomar con seriedad el hecho que uno de sus funcionarios más allegados violara a trabajadoras de la comuna. En las guarderías no se pueden retomar con normalidad las tareas, ya que las empleadas están atemorizadas y no se garantiza su seguridad. Hay funcionarios que siguen teniendo altas responsabilidades en el área social, a pesar que conocían la comisión de los delitos antes que los mismos salieran a la luz”, cuestionó Esterea González, Secretaria Gremial de ATE Río Negro.
“Unilateralmente el gobernador Domingo Peppo anunció un aumento en tres cuotas para los estatales del Chaco, evadiendo nuestros pedidos de audiencia para poder discutir las necesidades reales de los trabajadores. Consideramos una falta de respeto este anuncio, ya que cuando asumió en diciembre lo primero que hizo fue darse un aumento del 57 por ciento para él y todos sus funcionarios, mientras que para los trabajadores anuncia una miseria a partir de marzo”, explicó el Secretario General de ATE Chaco, Mario Bustamante.
El dirigente además aseguró que con el aumento anunciado del 20 por ciento en marzo, 5 por ciento en el de julio y otros 5 en agosto, no sólo no se puede hablar de aumento salarial sino que tampoco llega a ser una recomposición salarial, porque no alcanza a resarcir la pérdida del poder adquisitivo que sufrió el salario de los trabajadores en los últimos tres meses, con una inflación superior al 50 por ciento.
La medida responde también al reclamo constante que ATE viene haciendo por la regularidad de los trabajadores estatales, que permita garantizar su estabilidad laboral y condiciones dignas; así como el pago de bonificaciones otorgadas por el Ejecutivo provincial para trabajadores de la planta permanente que se han dejado de realizar.
Por último desde ATE Chaco instaron al gobierno de la provincia a que defina una posición clara ante la grave situación de despidos de trabajadores del Estado Nacional y por consiguiente la reducción de muchas políticas públicas en el territorio del Chaco.
El dirigente además aseguró que con el aumento anunciado del 20 por ciento en marzo, 5 por ciento en el de julio y otros 5 en agosto, no sólo no se puede hablar de aumento salarial sino que tampoco llega a ser una recomposición salarial, porque no alcanza a resarcir la pérdida del poder adquisitivo que sufrió el salario de los trabajadores en los últimos tres meses, con una inflación superior al 50 por ciento.
La medida responde también al reclamo constante que ATE viene haciendo por la regularidad de los trabajadores estatales, que permita garantizar su estabilidad laboral y condiciones dignas; así como el pago de bonificaciones otorgadas por el Ejecutivo provincial para trabajadores de la planta permanente que se han dejado de realizar.
Por último desde ATE Chaco instaron al gobierno de la provincia a que defina una posición clara ante la grave situación de despidos de trabajadores del Estado Nacional y por consiguiente la reducción de muchas políticas públicas en el territorio del Chaco.