Luego de un proceso de once años en mesas de trabajo, fue rubricado este instrumento legal que tiene como fin democratizar el ámbito laboral en el Estado chaqueño.
Entre otras cosas piden acabar con la brecha salarial; Mayor presupuesto para políticas de género; Repudio a la persecución y la violencia laboral hacia las identidades feminizadas; e Igualdad de oportunidades para acceder a puestos directivos.
Las y los trabajadores se encontraron para reclamar por la regularización laboral, el cese de la precarización laboral, y por salarios dignos que no estén bajo la línea de pobreza.
ATE rechaza que las y los estatales reciban una parte en negro y que además esta parte se traduce en un significativo porcentaje que deja fuera a jubiladas y jubilados.
Para ATE “sin un Convenio Colectivo de Trabajo cualquier proceso de regularización (pase a planta) puede estar plagado de irregularidades e injusticias”.
ATE considera que los más adecuado para evitar la pérdida salarial es implementar una cláusula de revisión salarial permanente.
«Arrancar las paritarias con cinco compañeras despedidas será muy complicado», señalaron desde el Consejo Directivo Provincial.
Mario Bustamante, secretario general de ATE Chaco, comentó cómo serán los reclamos sectoriales durante 2023 y aseguró que sin resolver la situación de las trabajadoras despedidas «no se podrá avanzar en cualquier tipo de negociación».
En noviembre, las trabajadoras fueron designadas delegadas de ATE Y CTA y esto dio inicio a una persecución y el no reconocimiento del sindicato por parte de la patronal.
Ayer martes, las afiliadas mantuvieron una reunión en Cámara de Diputados, con los legisladores Nicolás Slimel, presidente de la Comisión de Trabajo, y Mariela Quirós, integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
