La corrupción en PAMI es estructural.
Sólo se salva la primera gestión a cargo de jubilados y cuando la caja sólo
contenía una tira de aspirinas
Corría 2004. En las áreas de regulación
y control de la atención de la salud de jubilados y pensionados había ingresado
personal comprometido con la institución. Y algo importante: conocía la tarea
Desconocían el plan para que todo
siguiera igual, a pesar de que sería más sencillo que el Instituto de los
Jubilados y Pensionados cambiara francamente para bien
En el área de regulación, su Gerente y cinco
Subgerentes fueron hostigados. Uno de ellos amenazado. Hasta que renunciaron a
mediados de ese año (Carlos Niccolini, Francisco Leone, Inés Pertino, Gerardo
Esbry, José Filet y Jorge Selser)
En el área de control, los reclamos de los
afiliados por la penosa calidad de atención no se habían seguido de la
separación de ningún servicio en los últimos 20 años
Hasta que en el primer año de la gestión
de Graciela Ocaña (2004-2007), hubo un gran cambio para superar estas condiciones
deficientes: 32 establecimientos con internación fueron excluidos y 30 centros
de diálisis no pudieron ingresar a PAMI. Al mismo tiempo, las penalidades a
efectores incumplidores aumentaron 5 mil veces, desde $400 a $2.000.000
mensuales.
Pero el control era demasiado eficaz,
contrariando el plan de Ocaña. Entonces desarrolló en 2005 un trabajo de hostigamiento
permanente contra el personal de auditoría
Once
Diputados Nacionales de seis Partidos Políticos escribieron una Carta
Institucional el 24-11-2005 a Graciela Ocaña “con el propósito de requerirle
que ponga fin a la situación de acoso moral y persecución” contra dicho
personal (Pinedo Federico, Roselli José Alberto, Polino Héctor, Walsh Patricia,
Macaluse Eduardo, Maffei Marta, Pérez Adrián, Zamora Luis, Barbagelata María,
Lozano Claudio, De Nunzio Fabián). Las Defensorías del Pueblo de la Nación y de
la Ciudad se expidieron en la misma línea. En la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad para la Tercera Edad, a cargo de Eugenio Semino, consta una multitud de
reclamos de los jubilados contra la atención que recibían del Instituto durante
la gestión de Ocaña
Fue inútil. En la primera mitad de 2005
la Unidad de Auditoría Prestacional, conductora del proceso que culminó con
esas medidas correctivas, fue conmovida por hechos graves e insólitos: 12 de
sus Auditores fueron hostigados con juicios penales y el Titular de la Unidad,
Mario Borini, Premio de la Academia Nacional de Medicina en Auditoría, fue cesanteado con falsa causa y acusado indebidamente
en 3 causas penales (Exptes. Nº 15604/05 y Nº 15216/05).
Ninguna causa pasó de la indagatoria, o sea, de gastos e intimidaciones para
los acusados. En cambio, la Dirección Ejecutiva del Instituto y el Fiscal con
asiento en PAMI, litigaban sin gastos. Una nueva estrategia del poder institucional
para intimidar a los trabajadores
La
justicia demoró 9 años para emitir una sentencia favorable definitiva (Expediente B854-2011, Tomo: 47 Letra: B)
Mientras tanto se construyó desde
febrero de 2005 una zona franca: cesaron las exclusiones de efectores con
atención deficiente y se derrumbaron las penalidades a los servicios y
proveedores pese a sus incumplimientos con PAMI
Adicionalmente, durante los 4 años de su
gestión, la Directora Ejecutiva incumplió sus deberes de funcionario público al
no aplicar la Ley 25649 de Medicamentos Genéricos sancionada en 2002. La
prescripción por el nombre comercial trajo innumerables pérdidas al Instituto.
El convenio de provisión de medicamentos, que venía de la época del condenado
Víctor Alderete no fue siquiera revisado. El delito no ha prescripto porque
hasta hoy una parte del personal que acompañó a Ocaña en el manejo de
Medicamentos continúa en funciones (art. 67 del Código Penal)
En Exptes. de Comodoro Py consta que, al
decir de quienes saben de estas lides, las falsas causas inactivaron controles
en PAMI hasta liberar una zona y consentir riesgos evitables en la atención de los
afiliados
Quienes conocen esta historia confirman,
una vez más, que la corrupción del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados es estructural. Que sin medidas integrales, probas
y acordes, este tipo de hechos se repetirá si el control no es independiente,
si el Directorio no se constituye, si los Síndicos no se nombran, si el
personal es impunemente amedrentado, si los jubilados son convidados de piedra,
si los servicios de calidad no son reconocidos, si las intermediaciones
parásitas no cesan,… o sea, si la Ley no se cumple, tal como hasta 2015
Graciela Ocaña supo ser funcionaria K y
ahora su denunciante, recorrer con sus devaneos políticos el amplio arco desde
el ARI de Carrió a su fachosa alianza con Francisco de Narváez, y crear su
Fundación Confianza Pública donde incumple con su declamada transparencia al no
publicar quiénes la financian. Pero sobre todo supo construir ese look que la
ayuda a engañar como una persona sencillamente impoluta.
Ahora el nuevo Director Ejecutivo,
Carlos Regazzoni presenta muestras de la corrupción que encontró en PAMI y extiende las irregularidades a 10 años, o
sea, a las gestiones del último Director, Luciano di Césare, y de quien lo
precedió, Graciela Ocaña. Además, ambos están dirimiendo acusaciones penales
cruzadas entre ellos. Pero las cifras implicadas en desvíos que el nuevo
Director denuncia, son en el peor caso de apenas más de $100 millones, o sea un
0,1% del presupuesto de PAMI que hoy es de $90 mil millones. Claro que, al
menos, los fondos de PAMI han dejado de ser un misterio, al punto de que en
2012 se requirió nada menos que un Dictamen de la Corte Suprema de Justicia
para conocerlo, exigiendo al PAMI que lo
hiciera público en orden a la Ley del derecho al acceso a la información
pública.
Algo alarmante es que en estos días, sin conocer con precisión estos hechos, el Presidente Mauricio Macri anunció que podría postular a la Lic. Graciela Ocaña en el trascendente cargo de Defensora del Pueblo de la Nación. Por cierto que hay demasiadas pruebas para impugnar su designación. Y seguramente no contará con los 2/3 de votos afirmativos que esa designación requiere de ambas Cámaras del Congreso Nacional.
Médico – ATE Idep Salud
