Se evaluaron los 9 años de intervención, la precaridad
laboral y la persecución gremial, además de las perspectivas de restructuración.
Raúl Llaneza, delegado de la Junta Interna de ATE INDEC,
explico cual es el conflicto y como resultó la audiencia con los diputados: “…Hubo un cumplimiento del calendario que
propusieron las nuevas autoridades del INDEC: el instituto volvió a producir
indicadores económicos y sociales que empiezan a tener credibilidad, pero para
nosotros eso no termina el problema que tiene el INDEC y no es una normalización
real, porque la base que se aprovecho para la intervención del organismo fue la
gran precariedad laboral que había, y los aprietes para utilizar los datos estadísticos
como propaganda del gobierno. Regresaron varios compañeros que fueron
despedidos en 2007, pero sigue vigente la situación de vulnerabilidad de los
contratos anuales. Por eso es necesario que discutamos urgentemente la
estabilidad laboral y el pase a planta permanente, aún antes de que salga la
nueva ley del organismo. La audiencia fue buena, pero debemos anticiparnos y no
esperar la ley para que pretende refundar el INDEC, para garantizar la
continuidad laboral de la planta de trabajadores y técnicos…”
De la jornada participó el Secretario General del Consejo
Directivo Nacional de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy, que a su turno puso en primer
plano la urgencia de garantizar la continuidad laboral de los trabajadores
precarizados del instituto que hace años reclaman el pase a planta permanente,
muchos de ellos con contratos que vencen el 31 de diciembre.
La Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado
en el INDEC emitió un comunicado sobre la situación del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, que fue repartido a los legisladores presentes:
A lo largo de nueve
años, los trabajadores organizados en ATE-INDEC dimos una lucha sin descanso y
sin tregua por la recuperación del Sistema Estadístico y el fin del vergonzoso
y violento clientelismo que se enseñoreó del Instituto a partir de la intervención
política de 2007.
Los despidos, las
amenazas, los aprietes personales, la reducción de las remuneraciones, la
postergación de desarrollo en la carrera y el acoso cotidiano sufrido en las
oficinas por muchísimos compañeros y compañeras no impidieron que llegáramos
constantemente a la opinión pública, contribuyendo de modo decisivo para que la
necesidad de revertir el proceso de destrucción de las estadísticas públicas se
instalara en la agenda futura de cualquier gobierno.
Dimos la cara en
momentos muy difíciles, cuando muchos exhibían y nos recomendaban una prudencia
que para nosotros hubiera sido complicidad. Y no cedimos. No fuimos, no somos
ni seremos cómplices de la mentira.
Por eso creemos haber
ganado el derecho de que nuestra voz sea escuchada en el laborioso y difícil
proceso de reconstrucción de un servicio público que fue devastado
sistemáticamente.
Cuando se empieza a
hablar de la posibilidad de refundar orgánicamente el INDEC, a partir de
instrumentos legislativos que lo doten de una nueva organización y estatus
institucional, no podemos dejar de señalar el papel que tuvo la precaria
situación laboral de la planta de trabajadores en la configuración de una
dependencia orientada a la tergiversación de los datos más sensibles para
nuestra sociedad.
Así mismo, la
existencia de responsabilidades personales en la destrucción de la calidad de
la información obliga a advertir severamente que la continuidad de funcionarios
y agentes que se dedicaron a cobrar por mentir hacia fuera y acosar hacia adentro,
es una pésima señal para que la reconstrucción técnica sea coronada por el
restablecimiento pleno de la credibilidad.
No tenemos la
pretensión de que la organización que vaya a darse el Instituto dependa de
nosotros. Pero sin los trabajadores que se jugaron por recuperar las
estadísticas públicas, y con ex funcionarios cómplices y patoteros adentro, el
esfuerzo realizado hasta ahora puede naufragar frente a los vaivenes políticos.
En principio, la
Constitución Nacional establece la estabilidad del empleo público, no como un
privilegio corporativo, sino precisamente para impedir la colonización
clientelar del Estado por parte de sus eventuales administradores.
El incumplimiento de
ese principio constitucional hizo mucho del trabajo de degradación del
Instituto. Hoy cualquier proyecto de reorganización del INDEC debe
contemplarlo, pasando a planta permanente a todos sus trabajadores, con la sola
excepción de ex -funcionarios cómplices
y de los que ejercieron el papel de “apretadores” y matones.
Debe procederse a la
recuperación de todos los que fueron echados u obligados a renunciar, y que
tengan la disposición de retornar, tal como el actual Presidente de la Nación
se comprometió a hacer durante la campaña electoral.
Y debe plantearse el
diseño de una estructura que jerarquice la labor, la retribuya adecuadamente y
habilite una auténtica carrera administrativa y técnica para los trabajadores
del sector, dejando definitivamente atrás las improvisaciones, los “parches”,
los “atajos” y el terreno de precariedad e informalidad en el que naufragan los
esfuerzos y las buenas intenciones y crece, cuando el clima político lo
favorece, el cáncer del clientelismo.
En la audiencia estuvieron presentes los Diputados
Nacionales Néstor Pitrola, Soledad Sosa, Pablo López, Myriam Bregman, Juan
Carlos Giordano, Graciela Cousinet, Federico Masso, Patricia Giménez, y el
senador por Santa Cruz Alfredo Martínez.
Además enviaron su adhesión los diputados Alcira Argumedo,
Margarita Stolbizer y Victoria Donda; y el senador Jaime Linares.
