Este miércoles
31 de agosto el anfiteatro Eva Perón del Consejo Directivo Nacional de ATE albergó
a delegados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y PAMI
de todo el país, y compañeros de Centros
de Jubilados de ATE Salta, Buenos Aires, Capital Federal, Entre Ríos, Santiago
del Estero, Chaco, San Juan, Catamarca, La Pampa, Mendoza, Palpalá, Caleta
Olivia, Formosa, Neuquén, Santa Fe, Tucumán, Chubut, Berisso, Junín, Tierra del
Fuego, Rio Turbio, Morón, San Rafael y el Partido de la Costa.

Además de militantes
y delegados de ATE y CTA A, participaron de la actividad Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad a nivel nacional; Graciela
Iturraspe, diputada mandato cumplido; Federico Masso, diputado nacional por
Tucumán por el partido Libres del Sur; Horacio Fernández, director del
Instituto de Estudios de Estado y Participación (IDEP-ATE); Luciano Gonzáles,
del equipo jurídico de ATE; entre otros referentes en disciplinas
vinculadas a la materia previsional.

La apertura
de la jornada, organizada por el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de
ATE (CNJP), estuvo a cargo del Secretario General del gremio, Hugo “Cachorro” Godoy: “Son necesarias estas
actividades para que entre todos logremos alcanzar un diagnóstico certero del
estado en que se encuentra el sistema previsional argentino”. “Reunir a los
sectores organizados en ATE que estén vinculados directamente a la cuestión de
la seguridad social, ya sean jubilados o trabajadores activos, es el único
camino para poder diagramar una estrategia conjunta en el camino de construir
un movimiento en defensa de la seguridad social”, afirmó.

Hace poco más
de un mes el macrismo aprobó la Ley Nacional
de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados que, entre otras
cuestiones, planteaba el pago a quienes realizaron presentaciones ante la
Justicia exigiendo un reajuste en sus haberes. “Se trató de un maquillaje para esconder medidas ocultas, como el
blanqueo de capitales o la denominada `armonización´ de las cajas provinciales”,
opinó Godoy al respecto.  

Si bien tuvo
fuerte resonancia mediática porque planteaba el pago de sentencias judiciales a
jubilados, el proyecto escondía una iniciativa al menos cuestionable. El
artículo 47 del texto instruye al Gobierno Nacional para que -en un plazo de
120 días después de sancionada la ley- alcance un acuerdo con las provincias
para transferir sus respectivas cajas previsionales y así “armonizar” los
balances. En este sentido, es llamativo que aun cuando todavía no fueron
resueltos los detalles de pago de las sentencias, ya se sucedieron numerosas
reuniones con gobernadores y funcionarios con miras a este último objetivo que
persigue la ley.

En la
actualidad, y como consecuencia del proceso de atomización del Estado impulsado
en la década del 90´, son sólo 14 las provincias que manejan su propia caja
previsional. “Uno de nuestros temores es
que se continúe erosionando el 82 por ciento móvil, un derecho que todavía se
sostiene en pocas provincias. Es decir, que se acentúa todavía más la
tendencia a que todos nos jubilemos con la mínima”, afirmó durante su
intervención Oscar “Cacho” Mengarelli,
del CDNJP de ATE, y puso como ejemplos de esta tendencia los procesos que
durante este año se vienen llevando a cabo en Córdoba y Tierra del Fuego.

A continuación,
Mengarelli -histórico dirigente de ATE Córdoba- realizó un racconto de las sucesivas
modificaciones a las leyes que rigen el sistema previsional en Argentina,
mientras en paralelo enumeraban los pactos fiscales que fueron erosionando las
arcas públicas, particularmente de provincias y municipios.

“De alguna manera tenemos que generar
conciencia de que esta nueva reforma no sólo afecta a los actuales jubilados sino
que va a perjudicar a todos los que se van a jubilar el día de mañana”,
enfatizó “Cacho”,
quien caracterizó el régimen actual como “perverso porque iguala hacia abajo”.

Por su
parte, Eugenio Semino destacó que
Argentina fuera el país de Latinoamérica en el que menos se haya extendido la expectativa
de vida durante los últimos 25 años. Según explicó, en términos relativos
nuestro país creció sólo cinco años en su tasa vegetativa. “Es responsabilidad
de las administraciones de las últimas décadas”, aseveró.

El Defensor de la Tercera Edad a
nivel nacional propuso “discutir el sistema de forma estructural, y para ello
hay que partir del financiamiento. Esto implicaría poner sobre la mesa por qué en la Argentina
hay un 42 por ciento de trabajo no registrado y la ausencia de políticas en
este sentido, o las razones por las que desde 1995 a la fecha no se buscó
modificar la quita de ocho puntos de los aportes patronales, o por qué hoy el
IVA es el impuesto que financia el sistema y no la renta financiera o las
retenciones a las mineras, entre otros puntos”.

Entre los
datos que coincidieron todos es que la situación de mayor gravedad de la
seguridad social en nuestro país es que en la actualidad la mitad de los jubilados, unos cinco millones, cobran la mínima. “Son
haberes de 4.959 pesos, un ingreso que es de hambre y representa una  verdadera vergüenza”, lanzó Semino.

El director del IDEP-ATE, Horacio
Fernández arrancó su intervención hablando de un “avance global del capital
sobre el trabajo”. “Nos venden que es indispensable reducir costos y aumentar
la productividad, lo que para ellos en verdad significa bajar salario y desarticular
el sistema previsional”, indicó.

En la misma línea
de lo planteado por Eugenio Semino, el investigador del IDEP puso énfasis en la
imperiosa necesidad de rediscutir el financiamiento de las cajas previsionales:
“Es necesario que se vuelva a llevar los
aportes patronales a los niveles previos al menemismo (la rebaja fue dispuesta en
1993 por el  entonces ministro de
Economía Domingo Cavallo), lo que equivaldría a cinco veces el 15 por ciento de
coparticipación que hoy se disputan entre nación y provincias”.

A
continuación habló Federico Masso, diputado
nacional por Tucumán por el partido Libres del Sur, quien comenzó destacando
el encuentro y agradeciendo la invitación. “No
podemos aceptar menos de un 82 por ciento, no es justo”, señaló en relación
al reclamo histórico por el haber mínimo jubilatorio. El legislador también se
refirió a la necesidad de democratizar los espacios de decisión dentro de los
organismos previsionales: “jubilados, trabajadores y Estado tienen que ser los
verdaderos protagonistas”.

En el cierre
de la primer parte del debate, la diputada nacional (mandato cumplido) Graciela Iturraspe consideró que el
problema radica “en una batalla que tiene mucho de cultural”.

“Al igual que hicieron en los 90´,
cuando rifaron buena parte de nuestras riquezas, están haciendo que ANSES, PAMI
y las cajas provinciales funcionen mal o de forma deficitaria para así
justificar una futura privatización”, afirmó Iturraspe, autora del proyecto de
ley del 82 por ciento móvil para jubilados aprobado en 2010 por el Congreso y
vetado por la entonces presidenta Cristina Fernández.

Tras un
breve receso, la jornada de debate continuó durante la tarde con intervenciones
de representantes y delegados de casi todas las provincias del país. Así como
también de los trabajadores de los organismos vinculados a la previsión social.
En los casos de PAMI y ANSES se
escucharon los testimonios de la falta de personal y recursos, así como también
el desguace de áreas.