La actividad
se enmarca en una serie de encuentros impulsados por ATE, que mañana reunirá a
trabajadores de ANSES, PAMI y centros de jubilados, como la semana anterior
congregó a cientos de manifestantes para repudiar la política energética del
ministro Aranguren.

“Nuestra
intención es construir una agenda de intereses comunes y puntos de acuerdo con
la sociedad, con el objetivo de promover la unidad popular desde sectores en
lucha en pos de un Estado para las mayorías”, introdujo el Secretario General
de ATE, Hugo Godoy.

Estaban
presentes trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, SENASA, INTA,
RENATEA y miembros de la Federación Agraria Argentina -encabezados por su
presidente, Omar Príncipe-, el MOCASE, la Asociación de productores
agropecuarios de Misiones, el Instituto Nacional de Semillas, la Organización
de trabajadores agropecuarios y la Asociación de técnicos agrarios. Entre
todos, representaron a 14 provincias argentinas.

“Nuestro
modelo económico y agropecuario tiene siempre en la misma vereda a ganadores y
perdedores. En aquella a los grupos concentrados y en la otra a los
productores”, expresó el presidente de la FAA, Príncipe.

El dirigente
detalló la radiografía del sector, caracterizada por la pérdida de tambos, el
bajo costo que perciben los productores y el incremento exponencial de las
importaciones.

“De 2000 a
2010, se perdieron 7 mil de los 17 mil tambos argentinos y durante los últimos
siete meses, sólo en Santa Fe, desaparecieron otros 120”, ejemplificó.

“Al tambero
le pagan $4 el litro de leche mientras el consumidor lo paga a $20 en góndola.
Por un kilogramo de cerdo vivo recibe $15 y en la carnicería lo consigue a no
menos de $100”, añadió.

Según datos
de la federación, desde el 10 de diciembre creció más del 90 mil por ciento la
importación de zanahorias, 16 mil la de naranjas, 4500 la de queso azul y 120
la de pollo trozado.

Eric Muñoz,
responsable de temas de Agricultura Familiar en la Federación Agraria, calificó
la política oficial de exterminio al productor rural como “Plan Condor II” y
“Apartheid”.

 Campesinos
y agricultores

Carlos González
del MOCASE advirtió que “el modelo económico en curso excluye a los campesinos
y agricultores familiares, cuya sujeción de derechos está puesta en agenda
gracias a la lucha desplegada durante años”. En consecuencia, alertó sobre la
profundización del desplazamiento de miles de familias desde el campo a los
cordones pobres de las grandes ciudades.

El fenómeno
migratorio fue descripto también por Hugo Sand, de la Asociación de productores
agropecuarios de Misiones, que representa a más de 5 mil yerbateros y
cosechadores de té. 

Según él,
los productores obtienen sólo el 3,42% de los beneficios de una producción cuyo
96% se exporta (en dólares). “Les han quitado a las grandes empresas el 5% de
las retenciones sobres las que jamás hemos visto una migaja”, informó. 

La labor
diaria de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar les permite
conocer de cerca la problemática campesina y de agricultores familiares. Franco
Romero, delegado de ATE en Catamarca, denunció que la ley de Agricultura
Familiar sancionada en 2015 destinó 1500 millones de pesos que nunca se
ejecutaron. 

“El
productor apenas tiene plata para sembrar nuevamente. Le vale muy caro el maíz
para alimentar animales y no recibe financiación. El enfoque de este gobierno
es netamente productivista. Por ello, a su vez, ha despedido a 270 de los 1500
trabajadores que había en la secretaría”, precisó.  

Políticas de Estado populares

“Se rumorea
que el presupuesto de SENASA para 2017 será el mismo que para 2016. Entonces
trabajaremos la mitad de horas, o despedirán a la mitad de las personas o
tercerizarán los servicios de inocuidad. Creo que se van a inclinar por esta
última opción”, pronostica Jorge Ravetti, trabajador del organismo y Secretario
General de la seccional de ATE en Ezeiza. 

El dirigente
contó además la labor que realiza en organizaciones barriales, en una pequeña
experiencia agropecuaria de ciervos y aves y en la creación de un laboratorio
de triquinosis al servicio de productores rurales. “No somos el Estado, pero
creamos espacios de organización en los que se resiste mejor que aisladamente”,
dijo.

“Las
políticas de este Estado no están orientadas al pueblo. Entonces nosotros, como
pueblo, orientamos políticas paralelas al Estado”, relató asimismo Carina
Maloberti, trabajadora de la sede central del SENASA.

En su caso,
organizó a un conjunto de técnicos provenientes de distintos organismos del
Estado y constituyó hace cinco años la Unión latinoamericana de técnicos
rurales y agrarios que colabora codo a codo con distintos sectores de la
comunidad en varios puntos del país.

“Las
camionetas están paradas, las oficinas vacías, el programa de alfabetización
para trabajadores agrarios detenido”, expuso Marlene Quiñones, delegada de ATE
en el RENATEA de Formosa, organismo a cargo de fiscalizar las relaciones
laborales el campo.

El del
RENATEA es un caso paradigmático: tras un acuerdo entre UPCN, el gobierno y el
titular de la UATRE Gerónimo Venegas, ex mandamás del RENATEA, se produjeron
600 despidos. Sólo quedaron 400 trabajadores.

“La tercera
reforma del Estado en el INTA se materializa en la falta de presupuesto, en el
cierre de programas de extensión y en la continuidad del destrozo de las
economías regionales”, explicó José Luis Perea, delegado de ATE en el INTA.

El estatal corroboró
que el alza del dólar destrozó a los pequeños productores, quienes vienen
perdiendo mercados en manos de Chile y Bolivia. Desde el organismo, también
denunció la presencia protagónica de Monsanto y la Asociación de Productores de
Siembra Directa: grandes pulpos que extorsionan a un Estado permisivo en una
pelea desigual. 

Perspectivas

A modo de
cierre, Hugo Godoy de ATE punteó algunos aspectos sobre los cuales podrían
reagruparse las organizaciones presentes. Habló del escenario de lucha que
implicaría la próxima discusión de los presupuestos nacionales y provinciales,
como así también la exigencia de la declaración de emergencia de la agricultura
familiar.

Mencionó la
organización de la pelea contra la extranjerización de la tierra, la presencia
hegemónica en las cadenas de comercialización, y la sanción de una ley de
semillas que garantice la soberanía nacional y el derecho de los productores.