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Quagliaro, lo mejor de nuestra historia

Evocar a Héctor es traer al inventor de cauces que navegó por un largo río de vidas sindicales, al de las citas de Jauretche, a uno de los referentes de la resistencia peronista y de la CGT de los Argentinos, al protagonista de los Rosariazos, al cesanteado por la Dictadura militar, al expulsado de su gremio por los que habían colaborado con los militares.

Es recordar al que trascendió el barrio Belgrano para viajar por Latinoamérica y el mundo con la CLATT, con la Central Sindical Mundial, con ATE y la CLATE. El que visitó al General Perón en la mítica quinta de Puerta de Hierro.

Es añorar al creador de ANUSATE en 1977 y al Pater Noster de Víctor De Gennaro y Germán Abdala para recuperar ATE en 1984.

Al perseverante que saltó a la política como candidato a diputado nacional, al gestor de la unidad de los trabajadores dentro y fuera de la ATE, al que balbuceó la CTA en el Grito de Burzaco en el ’91 y que jamás dejó de militar, hasta el último suspiro, en su querida seccional.

Es recordar también al autodidacta de prodigiosa memoria que encontró en el pensamiento nacional su lugar para realizarse integralmente; al lanzador de frases que marcan aún hoy nuestro camino, como aquel “Estamos abriendo un cauce para que lo transiten miles de compañeros que aún no conocemos….”, del 10 de diciembre de 1977 en la Casa Nazaret donde se fundó la Verde ANUSATE. O esa otra que decía que “para cambiar hay que arriesgar” y nos alentaba a encarar la construcción de un nuevo modelo sindical como la CTA.

Por todo eso, este 25 de enero, evocar al “Colorado” Héctor Quagliaro es destacar lo mejor de nuestra historia, su reflejo en las generaciones actuales y sus apuestas al futuro que todos y todas soñamos.

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¿En qué momento de la pandemia estamos?

Es evidente que la nueva oleada de contagios, la irrupción de la variante Ómicron y el creciente nivel de cobertura  poblacional  mediante  vacunas  en  la  mayoría  de  los  países  del  mundo,  son  las  nuevas composiciones de la actual etapa por la que atraviesa la Pandemia por Covid19.

En este contexto y probablemente como parte integrante de este momento epidemiológico, el costo de vidas producto de la enfermedad (mortalidad) se ha reducido a una muy baja expresión.

Algunos observadorxs comienzan a entrever la posible extinción de la enfermedad tal como la conocimos hasta ahora, y su pasaje a una nueva forma de malestar estacional símil gripe.

Sin embargo, la prudencia y la toma de decisiones momento a momento parecen ser las herramientas más eficaces y razonables.

Ómicron surgida en noviembre 2021 en Sudáfrica, ha generado un estallido de casos sin precedentes y una baja letalidad y riesgo de hospitalización, la mitad o un tercio respecto de variante Delta por ejemplo.

Nada puede asegurar que no aparezcan en éste 2022 nuevas variantes que se agreguen a las cinco en circulación.

Es probable que la desigualdad global en la vacunación, sobre todo en el continente africano, seguirá permitiendo la circulación del virus y favoreciendo la aparición de nuevas variantes.

La mayoría de los países de Europa en época invernal, viven momentos de incremento acelerado de la incidencia (Francia, Italia, España, Reino Unido, Turquía, Alemania, a la cabeza), y casi ninguno ha entrado en periodo de meseta o declive.

Para la Región de las Américas, hemos pasado según OPS de “3,4 millones de casos el 1 de enero a 6,1 millones el 8 de enero.  Para comparar con el año pasado, durante la semana que finalizó el 8 de enero de 2021, las Américas habían notificado un total de 2,4 millones de casos, mientras que este año para la misma fecha había 6 millones de casos notificados, lo que representa un aumento del 250% de un año a otro. Todas las miradas están puestas en Ómicron, que ha llegado a casi todos los países del mundo, incluyendo 42 países y territorios en las Américas”.

Argentina vive un periodo similar.

En los últimos 28 días hemos tenido registro de 1.4 millones de casos nuevos, la mitad de ellos (55.6 %) a expensas de la población de 20 a 40 años. Poco (11.3 %) menores de 19 años, y muy poquito lxs adultos mayores  (8.6 % mayores de 60 años).

Los fallecimientos en el país en el mismo periodo fue de 813 casos, o sea una letalidad de 0.063. Recordemos que la letalidad promedio de 1ra y segunda ola era entre 2 y 3 por ciento. La letalidad en Uruguay también en el último mes fue de 0.012, casi idéntica a la del área metropolitana de Chile, un poco más alta en Lima Perú: 1.01.

Es en este panorama de vertiginosidad extrema en el crecimiento de casos (por segunda vez se rompe el récord mundial con más de 3 millones de casos día), la bajísima letalidad, y la persistente alza en la cobertura poblacional de vacunación (3 de 4 argentinxs ya tienen su 2da dosis al menos), es que se han adoptado medidas que es necesario analizar su eficacia en el tiempo, como son la morigeración de los protocolos de aislamiento y el uso masivo de auto test.

Para el primer caso, tenemos el ejemplo cercano de Uruguay que sobre el fin de año emitió una norma similar, y la situación no ha generado desbordes epidemiológicos.

La crisis de ausentismo en los lugares de trabajo (cercana al 15 %) y el presunto resentimiento de algunas cadenas de aprovisionamiento han llegado a oídos del gobierno y probablemente ésta ha sido su respuesta.

Las causas de la actual velocidad de expansión del virus, tienen que ver más probablemente por las características de Omicron, la temporada de verano, los eventos y espacios de masividad extrema, y cierta reducción de las alertas sociales.

El uso de auto determinaciones de Covid autorizado por la propia ANMAT, parece ser un recurso excepcional ante el colapso de los centros de testeo (Alemania autorizó su uso hasta el 31 de enero de 2022). La trazabilidad de casos es el talón de Aquiles de la medida, pero tampoco imposible de resolver.

La sencillez del método, y su uso orientativo y programado, podrían ser pistas a seguir. En Reino Unido están disponibles de forma gratuita, en línea a través de los Centros oficiales, y Luxemburgo autoriza en farmacias a toda la población a 2 (dos) autopruebas semanales (martes y jueves) con reportes de reducción de incidencia de 50 % evitando medidas restrictivas de carácter social.

Argentina “descansa” en un acertado comportamiento de políticas públicas de carácter integral (sobre todo sanitarias) que este gobierno implementó y que nos ubica en los marcos situacionales de la mayoría de los países.

Ya no estamos “mendigando” vacunas ni respiradores al Norte global, ya expandimos nuestra capacidad sanitaria instalada, ya le devolvimos al Estado su legitimidad, ya pasamos un momento de extrema gravedad y tensión de manera consistente.

Debemos ir por la agenda post pandemia, que corone el tramo pandémico con una priorización extrema de la agenda de las y los trabajadores de la Salud. Es necesario darle un cierre virtuoso al esfuerzo y los logros de un momento de tanta complejidad. Y que tuvo a las trabajadoras y Trabajadores de la Salud como las piezas más nobles y vigorosas.

Mejorar salario, achicar la brecha entre las provincias, promover una carrera sanitaria única nacional, y constituir un ámbito paritario federal que comience a armonizar la parcelación penosa de nuestro Sistema
Sanitario.

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La Gestapo antisindical requiere sanciones ejemplificadoras

*Secretario de Relaciones Interncionales de la CTA-Autónoma y Coordinador General Nacional de la CNTI.

En la Argentina salieron a la luz videos en donde se corrobora como la gestión de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires planificaba ataques a organizaciones sindicales. Eran tiempos en donde Mauricio Macri soñaba con dinamitar al emblemático Astillero Río Santiago. Por eso, los ataques de gravedad institucional a la democracia requieren el máximo de las penas.

Entre 2015 y 2019 gobernó la Argentina la más rancia oligarquía, un clan de empresarios inescrupulosos cuyo objetivo era saquear al país y quebrar toda resistencia popular. El Estado, que debía proteger a los actores del Diálogo Social tripartito, se ensañó con uno de ellos de manera artera hasta el punto de buscar la eliminación física. En una de esas reuniones que salieron a la luz pública recientemente, el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, dijo: “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. Habló ante unas quince personas del más alto poder y nadie se inmutó. Señaló a las centrales obreras, a los sindicatos, a dirigentes y delegados, como víctimas propiciatorias de una operación política que involucró a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a empresarios y a espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Con este odio gobernó Mauricio Macri durante 4 años.

Destaco al respecto la contundente respuesta del presidente Alberto Fernández: “El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible. Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos.”

Es importante recordar, que ya en 2017 nuestra CTA-Autónoma, junto a las demás centrales argentinas, había denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “un plan sistemático de criminalización de la protesta social, estigmatización de dirigentes sindicales (incluyendo arrestos y detenciones), estigmatización de jueces, intervención, suspensión y disolución de sindicatos, denegación de sus registros, restricciones al cobro de la cuota sindical, apuntando a un reforma laboral regresiva para ofrendarla a las corporaciones económicas y que logramos frenar con las movilizaciones en la calle. Actos como estos buscaban desacreditarnos frente a la sociedad, para luego encarcelarnos y someter a nuestras organizaciones al chantaje y a la pérdida de derechos. Constituían una verdadera organización mafiosa entre funcionarios, jefes de gobierno, agentes de inteligencia, funcionarios del Poder Judicial y patronales, junto a la complicidad de sectores de la prensa hegemónica”.

La filmación de la reunión entre integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), funcionarios de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, hoy diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires; el intendente de La Plata; empresarios de la construcción; y funcionarios judiciales demuestra cómo se acordaban estrategias de persecución y criminalización contra el mundo sindical.

El caso Astillero

El Astillero Río Santiago (ARS) es uno de los más importantes de América Latina. Fue fundado en 1953 durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Su tarea es vital en el área naval y de defensa nacional. Sus trabajadores han protagonizado luchas heroicas en defensa del patrimonio de todos los argentinos, y la solidaridad de la clase trabajadora en su conjunto y de las organizaciones ha sido vital. Nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTAA) y en la Coordinación Nacional de Trabajadoras/es de la Industria (CNTI-CTAA) han luchado y han vencido.

Cuando Macri dijo “habría que dinamitar el Astillero Río Santiago” fue contundente la respuesta obrera, de nuestra ATE, de nuestra CTA-A, de la comunidad y organizaciones hermanas. Como recordó Francisco “Pancho” Banegas, secretario general de ATE Ensenada y ARS y coordinador de Industria Naval de la CNTI: “Vinieron por nuestras conquistas y una gran resistencia hizo que podamos defendernos. Había un plan y en función de eso nos atacaron. La campaña era poner a los trabajadores en contra nuestra y eso hacían. Hubo un ataque sistemático a las organizaciones. Tenían que ir por la organización gremial porque era la única manera de cerrar al Astillero”.

Esto debe alertar a las organizaciones sindicales no solo en Argentina, sino también en el resto del mundo, se trata de una operación que incluye no solo la pata judicial, sino también la mediática y la financiera al servicio de las empresas multinacionales. Un entramado para destruir a quienes organizan a la clase trabajadora. Como bien lo explica Pancho Banegas: “Esta persecución, después de la del año 76, fue la peor. Ni siquiera la de los 90 tenía una connotación de este tipo, y ver que un ministro que llamaba a dialogar, que decía que iba a resolver los problemas consensuando pasó a querer armar una Gestapo. Eso es muy repudiable y es una actitud que la Justicia no puede dejar pasar, que debe investigar en serio y que todas las causas que nos armaron se deben caer. Nos hacían seguir con autos negros, sacaban fotos frente a la organización gremial, siempre han buscado intimidar la resistencia de los trabajadores”.

Recordemos que en 2018 el fiscal del Crimen de La Plata, Marcelo Romero, alfil del procurador Julio Conte Grand, inició una causa trucha contra Fransisco Banegas y Oscar de Isasi, secretario general de ATE y CTAA provincia de Buenos Aires por la “toma” del Ministerio de Economía bonaerense, cuando en realidad fue una permanencia pacífica, es otra prueba de la criminalización, cercenar el derecho de manifestación. Por eso, ambos, duramente perseguidos durante la era Macri-Vidal, hoy son querellantes en la causa de la “Gestapo Antisindical”.

Como bien afirma de Isasi: “Esta es la prueba fílmica de la intención que tuvieron los gobiernos de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri de perpetuarse en el poder para transferir riquezas generadas por trabajadoras y trabajadores a los grupos más concentrados. El ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, muestra con mucha claridad cuál es la estrategia desde una concepción neonazi, como el mismo lo dice, que sería capaz de crear una Gestapo para destruir las organizaciones sindicales. Para ellos, estas son un verdadero obstáculo para que en la Argentina se instale lo que ellos llaman progreso entre comillas, que se trata de la apropiación de la riquezas en pocas manos”.

El objetivo del macrismo era quebrar a la organización sindical para luego cercenar derechos laborales y flexibilizar al máximo destruyendo así las conquistas. El sueño final era el cierre del Astillero. Para eso se reunían, para armar causas judiciales truchas y luego operarlas en los medios de comunicación hegemónicos.

Este método criminal no fue solo argentino, en Brasil también operó una “mesa judicial” que llevó a la cárcel al ex presidente y líder sindical de la CUT, Luiz Inacio Lula Da Silva. Su propio verdugo, el juez Sergio Moro, quien además tiene aceitados vínculos conspirativos en Estados Unidos, y es candidato presidencial, admitió esta semana que esas causas fueron solo un instrumento para perseguir al Partido de los Trabajadores (PT).

La Gestapo fue la policía secreta de Hitler. Es decir, el macrismo pretende el exterminio de sus enemigos, en este caso, de su única barrera para un país sin derechos laborales, las organizaciones sindicales. Y es una advertencia, porque no dudarán en la violar leyes y manipular a la opinión pública para desprestigiar al objeto de su odio.

Lamentablemente, no se trata de un caso aislado. Macri y sus secuaces empresariales, judiciales, políticos y mediáticos bregan por una agenda antisindical y sin derechos a escala continental.

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Recuperar el orgullo de ser estatales

*Columna de opinión de Flavio Vergara, director del Departamento de Negociación Colectiva de ATE, publicado en El Trabajador del Estado de diciembre.

El 2021 fue un año de trabajo intenso en materia de Negociación Colectiva en el que comenzamos a materializar acuerdos tan importantes como el ConcursAR 2.0 y en el que se lograron avances de derechos en distintos sectoriales nacionales.

Luego de firmar la paritaria en mayo -con un acuerdo del 35%- asumimos que la negociación estaba abierta y en movimiento. Así es como pudimos en solo un mes avanzar en construir pisos de aumento del 40%, y a partir de ahí construir mejoras salariales en varios de los convenios sectoriales que se fueron abriendo, llegando a un número importante de convenios que superan el 52/54% de incremento. Esto nos permite afirmar que para la mayoría de los compañeros y compañeras el salario le ganó a la inflación.

En paralelo, estamos negociando dos nuevos convenios colectivos de trabajo: el de Orquestas, Coros y Ballet Nacionales y el de Guardaparques. Como antecedente, el año pasado resolvimos un convenio para los brigadistas de incendios que durante la época macrista no tenían ni siquiera provisión de ropa.

Y, en el marco del SINEP, logramos establecer criterios por los cuales los compañeros y compañeras contratados van a regularizar su situación de trabajo con la retención de la mayor cantidad de derechos que han adquirido hasta acá. Se trata de un hito histórico.

En ese mismo acuerdo, conseguimos la movilidad vertical para la planta permanente sin concursos y reteniendo grados; y la reparación de grados tributados en concursos anteriores para quienes ya tienen estabilidad en el empleo. Es una una herramienta que equipara derechos, posibilidades y nos genera niveles de igualdad.

Hacia el futuro, nos queda pendiente trabajar en el régimen de licencias, pensándolo como un acuerdo sobre el tiempo de trabajo y el tiempo de licencias que los compañeros necesitan; y en ese acuerdo habrá que discutir cuáles son las nuevas modalidades de trabajo que se vienen y que llegaron para quedarse.

La pandemia del COVID está medianamente controlada, pero la pandemia neoliberal es más difícil de combatir porque también muta. Por eso, otro desafío tiene que ver con mantener y fortalecer la propia identidad a través de la formación, por ejemplo, en pensamiento nacional, clave para tener una mirada latinoamericana y regional.

Creemos que hay que promover ciertas capacitaciones, que el Estado las puede llevar adelante junto a los trabajadores organizados como protagonistas. Esa formación será la herramienta más fuerte para poder recuperar el orgullo de ser estatales y seguir fortaleciendo el Estado para liberar a la nación de manera definitiva.

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El desafío 2022 es concretar la Paritaria Nacional de Salud

Columna de opinión de Rodolfo Arrechea, de la Coordinación Nacional de Salud de ATE, publicado en El Trabajador del Estado de diciembre.

Después de haber dado una muestra de gran sacrificio y entrega en el año 2020 frente a la pandemia, en todo el territorio nacional y en todos los sectores, los trabajadores de Salud iniciamos el 2021 con lo que se denominó la tercera ola. Muchos compañeros han fallecido: 254 enfermeros y trabajadores de la Salud perdieron la vida.

Durante todo este período, como ATE estuvimos participando en las instancias que posibilitaron que lo que no tuvimos en el 2020 para hacer frente al Covid-19, lluegue a todo el pueblo. Abrimos las puertas de nuestra propia organización para ser parte del plan de la vacunación. En la provincia de Buenos aires y en otros distritos se pusieron en marcha postas, no sólo para nuestros afiliados sino para todos.

Para nosotros es un orgullo porque fue un plan que luego de un año durísimo permitió empezar, de a poco, a mirar con otra perspectiva todo lo que se hizo.

Y todo lo que se hizo tiene que ver con la resignificación del hospital público. Incluso desde los sectores privados de la Ciudad de Buenos Aires hubo 200.000 derivaciones a los hospitales públicos de la provincia, atendidos por trabajadores de la Salud de los tres niveles del Estado.

Por todo esto, creemos habernos ganado el derecho a la paritaria nacional de Salud, del mismo modo que la tienen los Docentes.

El Presidente recibió a la máxima conducción de nuestra organización, el compañero“Cachorro” Godoy, quien le planteó esta demanda para en ese marco empezar a dar respuesta a lo que nosotros consideramos como un piso mínimo de derechos, que queremos recuperar, como el 82%, entre otras tantas cuestiones.

Necesitamos marcos regulatorios para que “igual remuneración por igual trabajo» no sea solo una frase, sino un objetivo a perseguir, para que el Estado reconozca el esfuerzo y el rol fundamental que tenemos los trabajadores de la Salud.

Como ATE tenemos mucho conocimiento y experiencia para aportar en el ámbito paritario y queremos ser un actor principal. Somos heredos de Carrillo, queremos una Salud para todos.

Creemos que este compromiso que asumió el Presidente pronto se va a poder plasmar, para empezar a mejorar las condiciones salariales y laborales. Porque más que aplausos, necesitamos un salario adecuado. Ese es el desafío para comenzar el año 2022.

*Artículo publicado en El Trabajador del Estado de diciembre.

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El otro país

Hace dos años, en noviembre de 2019, un grupo de desconocidxs asumía junto con quien les  comparte estas líneas, el desafío y la responsabilidad de pensar la formación en una de las organizaciones sindicales más importantes de nuestro país.

Decimos desafío, porque como decía una de las referentes teóricas más importantes de nuestra clase, Beba Balvé, “la calidad de una organización se mide por la calidad de sus cuadros”.

Con el peso de nuestra historia a cuestas, como dijimos en la celebración de los 50 años de la Escuela Libertario Ferrari, a hombros de gigantes nos propusimos andar un camino por el cual sentíamos también mucha responsabilidad.

El 2019 concluía con la victoria electoral del Frente de Todxs y abría una nueva etapa en la que, no sin esperanza, asumíamos el reto de construir la fuerza suficiente para hacer las transformaciones que considerábamos necesarias para revertir la durísima situación en la que dejaba el macrismo a nuestro pueblo.  

No está de más volver a reconocer que la Pandemia acaecida, apenas unos meses después, nos puso en una situación inesperada y ante desafíos sin fórmulas en el campo popular.

También en 2019, la región atravesaba distintas revueltas sociales en toda su columna vertebral andina. Colombia, Ecuador, Perú, Chile ofrecían sustantivas resistencias a los modelos neoliberales instalados en los territorios.

Una vez más, aquello que la Pandemia parecía paralizar en realidad se abría paso subterráneamente resultando en las últimas elecciones de Perú y Chile en la consolidación de una construcción de alianzas de los sectores populares con otros sectores sociales en el gobierno, reapropiándose de la política como herramienta de transformación social.

Cuestión no menor, para pensar sobre el presente de nuestro país.

A 20 años de aquel 19 y 20 que pateó el tablero de todas las representatividades desde un fuerte descreimiento en aquellos que “nos representaban”. Y a 30 años del Grito de Burzaco, que plantó un giro militante a un modelo sindical y político que traicionaba la representación de la clase trabajadora y sus intereses.

Ahora bien, nadie desconoce los desafíos que como sociedad tenemos por delante. Lo posible no alcanza.

Los datos arrojados en el mes de noviembre de 2021 por el INDEC son elocuentes: El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de noviembre conmueve. Hacen falta $ 73.917 para no caer en la pobreza. Con lo cual, la total población que hoy vive por debajo de esta línea asciende a 18.598.351 trabajadores y trabajadoras. Es decir, el 40, 6% de nuestro país. Y 4.855.727 están por debajo de la línea de indigencia.

Nuestra historia, la de la clase trabajadora en general, y la de nuestra organización en particular, no nos permite observar esos datos como mera estadística. Los casi cien años de nuestra historia, su trayectoria de lucha, nos demandan estar a la altura de las circunstancias.

Somos esa porción de la clase que fue capaz de recuperar la ATE de manos de la dictadura para ponerla al servicio de lxs trabajadores. De crear una nueva Central sindical ante la entrega del menemismo de nuestro patrimonio nacional y de miles de compañerxs que eran arrojadxs al desempleo desprovistxs del más mínimo medio de subsistencia. Una Central que acobijó a esxs miles dando un giro militante de esperanza en un mundo que anunciaba el fin de la Historia.

Una Central que este 18 de diciembre fue capaz de convocarse a seguir pensando un nuevo modelo de organización que sigue sosteniendo la liberación y transformación de una sociedad para pocos: anticapitalista, antipatriarcal y con una fuerte centralidad de nuestra clase. 

Ser parte de esa historia nos pone nuevamente ante la responsabilidad de pensar nuestros giros militantes a las actuales circunstancias. De ganarle al desaliento,  esperanza contra esperanza.

Como bien ya decía el Grito de Burzaco “nos plantea el desafío de concretar nuevas formas de construcción político y social, capaces de reinstalar el poder de los trabajadores y el pueblo en el escenario nacional”

En ese sentido, recuperar el Grito es mucho más que levantar una bandera de principios, es recuperar la correlación de fuerzas que permita recuperar la política para nuestro lado. Es invitar a generar un hecho político que esté a la altura de las transformaciones que necesitamos.

Vencer con iniciativa política las trampas de un sistema que nos pretende en los laberintos de los desacuerdos y las mezquindades. En un “sálvese quien pueda” permanente.

En definitiva, un salto por arriba de los fragmentos es recuperar la estrategia de salir por arriba de las confrontaciones internas en las que nos pretenden mantener.

Dar un giro militante y volver a pensar las construcciones colectivas asentadas en la ética que siente la vida de otrxs, como responsabilidad propia.

Es estar a la altura de la historia y ser parte de la reconstrucción del entramado de solidaridad de clase, que ha caracterizado nuestra historia de lucha.

Es ese el desafío que tenemos todxs lxs militantes sindicales, sociales y políticos. Aquellxs que hemos visto el otro país, donde la felicidad del pueblo se medía en la calidad de las políticas del gobierno. Y aquel que late en las juventudes, que a pesar de no haberlo vivido, lo sueñan.

Hace dos años que un grupo de compañerxs, ahora conocidxs, venimos construyendo los sueños que soñamos. No sin contradicciones, no sin diferencias. Pero sabiendo que las diferencias nunca pueden ser el obstáculo para construir “el otro país”, que con el puño en alto, seguimos viendo.

Necesitamos de toda nuestra organización y todo nuestro entusiasmo, rearmarnos de palabras y luchas. Exigir la posibilidad de futuro, para nosotrxs y nuestras juventudes, nos obliga a levantar la mirada mas allá de lo posible, mas allá de cada quien, y pujar, parir, nuevas formas organizativas, nuevos entramados colectivos, otros giros militantes mas allá de lo que hasta ahora fuimos capaces de hacer.

Construir el otro país, que seguimos soñando demandará de todo nuestro esfuerzo, pero sobre todas las cosas de no perder jamás la esperanza en el sentido último de la militancia: hacer posible lo imposible.

He visto el otro país, lo sigo viendo.

*Secretario de Formación de ATE

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Las y los estatales entendemos muy bien por qué hay que ponerle un freno al acuerdo con el FMI

Estamos llegando al final de un año que, como el anterior, fue atravesado por la pandemia de Covid-19 y por la especulación de los grandes grupos económicos. Nuevamente hemos tenido un año muy duro, pero no hemos dejado de dar luchas de resistencia y hemos demostrado nuestra capacidad de construir propuestas e iniciativas para encontrar caminos de salida a esta crisis con el protagonismo de las y los trabajadores.

Estamos también a días de concretar un hecho sumamente relevante: El Congreso de nuestra CTA Autónoma, que expresará la consolidación de la organización interna y del crecimiento de nuestra Central, situación de la que tenemos que estar muy orgullosos porque quienes somos parte de ATE hemos contribuido a ella de manera significativa a través del aporte de nuestros cuadros y militantes a lo largo y ancho de todo el país.

Ese crecimiento de la Central y su enraizamiento en todo el territorio nacional se manifiestan en la incorporación de nuevas organizaciones y en la capacidad de convocar al fortalecimiento de la unidad del movimiento popular como lo hemos hecho a través de los Manifiestos por la Soberanía, el Trabajo y la Producción los 1° de Mayo de los últimos dos años.

Este fin de año nos encuentra en medio de una gran pulseada con el Fondo Monetario Internacional en la que no hay que ceder. Seguramente nuestro Congreso ratificará el posicionamiento claro que hemos tenido para decir ‘No al FMI’ cuando nos movilizamos el 28 de octubre, o cuando impulsamos junto a la CTA-A y a organizaciones hermanas la presentación de una cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Del mismo modo, exigiremos una vez más al Gobierno la elaboración de un Presupuesto Nacional que no sea de ajuste, y que no permita aceptar ningún tipo de extorsión y condicionamiento por parte del FMI. Estamos ingresando en la segunda mitad de este Gobierno y, por lo tanto, para garantizar que se concreten los objetivos de soberanía, de justa distribución de la riqueza y de reactivación económica, no puede haber condicionamientos.

Las y los trabajadores estatales entendemos muy bien por qué hay que ponerle un freno al acuerdo con el FMI, y sabemos que sus recetas de ajustes con la excusa de la reducción del déficit fiscal recaen necesariamente no sólo sobre el funcionamiento del Estado, limitando sus capacidades de intervención en el desarrollo productivo y en su capacidad de desarrollo científico-tecnológico y productivo, sino también directamente sobre el salario y las condiciones laborales de las y los trabajadores, tanto del Estado Nacional como de los Estados Provinciales y Municipales.

Es por eso que para nosotros ha sido tan importante en este año el desarrollo y funcionamiento del Convenio Colectivo de Trabajo que nos está permitiendo avanzar en el objetivo de los pases a planta permanente y reubicaciones de las y los trabajadores del Estado Nacional, como así también en varias provincias. También hemos tenido avances en la discusión salarial para estar, en este año, por encima de los índices inflacionarios que son producto de la acción especulativa de las empresas transnacionales formadoras de precios y de las –todavía- insuficientes medidas del Gobierno Nacional para ponerle límites. Medidas que fueron insuficientes por haber sido algo tardías en su aplicación, pero imprescindibles porque las grandes empresas transnacionales no solamente especulan para seguir apropiándose de los recursos de nuestro pueblo a través del aumento de precios, sino también para trasladar de manera inaceptable e inadmisible los precios internacionales al mercado interno.

En este año ha sido muy importante el logro de la bonificación para las y los trabajadores de la Salud del Estado Nacional, y esperamos que se reproduzca en todas las provincias, como así también esperamos que antes de fin de año se haga efectivo un bono para el resto de las y los estatales. Hay que garantizar que el esfuerzo que ellos y ellas vienen realizando, enfrentando a la pandemia y vehiculizando la aplicación de políticas del Estado, sea reconocido.

En ese sentido es para nosotros muy valioso haber sido parte central del debate en el Congreso Federal de Empleo Público convocado por el Consejo Federal de la Función Pública. Fue importante allí el reconocimiento por parte de autoridades del Gobierno Nacional, de los gobiernos provinciales y de representantes académicas de universidades de todo el país, del rol fundamental que las y los estatales cumplimos para el conjunto de la sociedad, y de la importancia de fortalecer al Estado como principal garantía de políticas públicas que respondan al interés de las mayorías populares.

Fue un Congreso por el que trabajamos mucho tiempo y podemos decir, con orgullo, que fue empujado por diversos encuentros que en estos dos años hemos convocado desde nuestro gremio, como fue el de marzo del año pasado, antes de la aparición de la pandemia, para pensar propuestas de desarrollo productivo soberano en áreas como el transporte, la ciencia y la tecnología, la energía; o como el último seminario que realizamos en noviembre de este año, que titulamos ‘El Estado que necesitamos para enfrentar las pandemias’. Entre otras iniciativas también se destacaron los encuentros nacionales de Salud para promover un sistema nacional integrado y un Convenio Colectivo nacional para sus trabajadores y trabajadoras.

Esperamos que este debate se profundice y que otros Consejos Federales, especialmente el del Trabajo y el de Salud, entre otros, imiten y reproduzcan esta iniciativa, porque la perspectiva de una política nacional se fortalece en tanto y en cuanto los ámbitos de debate y de participación institucional se abran a nuevas dimensiones. Particularmente con los Consejos Federales, que en los años ‘90 fueron el vehículo para la aplicación de políticas de ajuste hacia las provincias y los municipios. En este tiempo necesitamos que sean, por el contrario, el vehículo para fortalecer esas estructuras estatales. Fundamentalmente en el marco de políticas nacionales que tengan que ver con robustecer la intervención del Estado como principal garantía de abordaje colectivo a un escenario de emergencia como el que seguimos transitando en nuestro país y en el mundo.

Este escenario es producto de los efectos catastróficos de la pandemia neoliberal primero, de la pandemia sanitaria después, y del egoísmo y el ansia desmedida de poder de las grandes empresas transnacionales que siguen apropiándose de las riquezas de los pueblos del mundo. El Estado es la única garantía de que no sean esos sectores los que sean beneficiarios de esta crisis, y de que encontremos una salida de intereses colectivos.

En ese camino estamos, orgullosos de que aún en estos contextos difíciles nuestra ATE y nuestra CTA-A sigan creciendo en capacidad organizativa y de participación, en vida democrática y en formación de nuestros cuadros, y de que esto se vea reflejado una vez más en las páginas de este nuevo número de ‘El Trabajador del Estado’ que, al igual que nuestro gremio, está muy cerca de cumplir los cien años de vida.

*Editorial publicada en la última edición de El Trabajador del Estado.

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Recuperar nuestra memoria para avanzar en la recuperación del Estado que nos debemos

El compromiso patriótico de nuestros compañeros azufreros y sus familias de la Seccional de ATE La Casualidad en la provincia de Salta, que cada año rinden homenaje a sus fundadores y que días atrás fuera reflejado en el nuevo libro de Daniel Parcero, responsable del área Memoria del Departamento Nacional de Cultura, no debe ser un mero acto de reconocimiento y divulgación interna. Se trata, además, de asumir nuestro compromiso como trabajadores y trabajadoras del Estado para aportar al engrandecimiento del Estado y así agrandar nuestra Nación.

La mina azufrera La Casualidad fue clausurada por un decreto dictatorial de Martínez de Hoz en 1979. Fue un polo de producción azufrera jaqueado en su mayor esplendor productivo por las mafias mineras de los poderes supranacionales, asociados a los feudos oligopólicos aún enquistados en nuestros suelos, en los que Martínez de Hoz en su momento oficiara de títere beneficiario de aquellos intereses.

El Campamento fue clausurado a 40 años de su nacimiento y hoy permanece intacto a 5500 metros de altura, con el 80% del azufre bajo tierra sin explotar, siendo este mineral, que actualmente se importa, de un valor estratégico de significativa importancia.

Hijos de aquellos azufreros, expulsados del territorio junto a sus sueños, y habiendo tenido el futuro laboral “asegurado” para ellos y para sus propios hijos, hoy agrupados en una ONG, siguen pregonando por la puesta en valor del Campamento y dispuestos a continuar con el esfuerzo con el que sus padres honraron sus vidas.

Ese azufre improductivo es fuente de trabajo y recursos genuinos del País que los intereses hegemónicos nos pretenden hacer creer subdesarrollado y necesariamente dependiente.

Como trabajadores y trabajadoras del Estado tenemos el compromiso indeclinable con la soberanía de nuestros recursos para el desarrollo de nuestro país y de nuestro pueblo. Debemos avanzar en la extracción nacional de azufre y su traslado mediante el transporte vía ferroviaria vigente con destino a las bases de Fabricaciones Militares de Río Tercero y la Fray Luís Beltrán de Rosario, para producir ácido sulfúrico y pólvora, entre otros productos. Tenemos la certeza de que será un aporte sustancial al desarrollo minero y que nuestra industria nacional tiene pendiente, dejándonos al acecho de intereses provenientes de empresas multinacionales arraigadas en países hermanos, extranjeros y frente a proyectos nacionales de reactivación que permanecen truncados.

Los trabajadores del Estado, no sólo aportamos con nuestro trabajo al funcionamiento de nuestro Estado, sino que también tenemos conciencia de su articulada proyección y desarrollo hacia un destino de Nación libre justa y soberana. Por esta razón, como argentinos y trabajadores y trabajadoras del Estado que alguna vez vivimos el estado de bienestar, es necesario y urgente que la Argentina recupere el control de la explotación minera y así nuestra Soberanía.

*Secretario Gremial de ATE

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Soberanía comunicacional: el complejo industrial nacional de bienes de capital

Los trabajadores, estamos convencidos de que las comunicaciones deben estar inscriptas en un Proyecto de país. Por eso, en esta tercera entrega referida a las cuestiones necesarias para consolidar nuestra soberanía comunicacional, expondremos la necesidad de tener una política de estado que incluya la legislación correspondiente, para el desarrollo de un complejo industrial nacional de bienes de capital en electrónica, informática y comunicaciones.

La parte más «visible» del sector de la economía constituido por las comunicaciones, es la producción de distintos servicios. Pero para este fin productivo, se requieren de tres componentes o tipos de actividad:

– Las actividades dedicadas en sí a la producción de los servicios.

– La producción de bienes de capital o de producción, es decir la industria proveedora del equipamiento necesario para la producción de los servicios.

– La generación del conocimiento necesario para la producción del equipamiento y los servicios, es decir los aspectos tecnológicos y de planificación asociados.

Mientras la producción de los servicios, al menos en cuanto al acceso físico de los usuarios, se desarrolla necesariamente en el país, más allá de la nacionalidad de los propietarios de los medios y equipos para producir los mismos, esta necesidad no se verifica en la producción de dichos medios y equipos que, en el estado de cosas actual, está prácticamente extranjerizado en su totalidad.

Merece la pena recordar que, en nuestro país, medio siglo atrás, había comenzado un incipiente desarrollo de producción, investigación y desarrollo de tecnología local, la cual incluso llegó a competir exitosamente no ya en el ámbito de América latina sino también en otros mercados. Este desarrollo fue detenido por los gobiernos dictatoriales o neo liberales de turno y se perdieron conocimiento y mercados, empezando por el mercado interno.

Las políticas de «compre nacional», por su parte, con la gran voluntad política que suelen encarnar, han mostrado ser ineficaces si en su formulación se obvia el reconocimiento explícito de uno de los vértices de las comunicaciones y de otros sectores económicos de tecnología compleja: El Conocimiento.

Como trabajadores, y dado que, al ser la producción de los servicios mayormente «nacional» y, habida cuenta de que las comunicaciones son las dinamizadoras principales del complejo industrial formado por ellas mismas, junto con la electrónica y la informática, postulamos utilizar esta situación particular de «mercado» para radicar industrias y desarrollar conocimientos «de punta» que, hoy son claves para cualquier desarrollo nacional autónomo.

Para desarrollar este complejo industrial, es necesario poseer como país, el conocimiento, es decir, la tecnología necesaria. Entendemos a la tecnología como un complejo sistema de acciones orientado a la transformación intencional de la naturaleza y la sociedad, que transcurre entre el “saber hacer” y el “poder hacer”, reconociendo que conocimiento y habilidad son dos dimensiones presentes en las acciones tecnológicas que transcurren en planos diferentes, el cognoscitivo y el de la acción. El conocimiento tecnológico se encuentra por lo general repartido entre diferentes actores sociales que se interrelacionan bajo un interés en común, agrupándose en organizaciones productivas entre la que se destaca la fábrica como ejemplo emblemático. El conocimiento que se adquiere en la fábrica es una complicada imbricación de conocimiento científico, saber técnico, aprendizaje extralingüístico (por ejemplo, visual o manual), criterios estéticos y cuestiones sociales de todo tipo.

Es por todo esto que consideramos, que la única y eficaz forma de lograr la apropiación tecnológica es a través de la producción concreta de bienes y servicios en el país, con empleo estable que asegure la transmisión del conocimiento entre generaciones, manteniendo una estrecha relación con las universidades e instituciones tecnológicas afines. No estamos hablando de «cerrar» el país ni de «fabricar todo»; es necesario que, en el marco del Proyecto de País que venimos preconizando, podamos definir la Tecnología Conveniente que mejor convenga para ser apropiada por la Argentina, guardando en esta definición, una posición constructivista, que reconozca el carácter social de la tecnología y su dependencia del contexto cultural en el que se desarrolla y que, al mismo tiempo, asegure la independencia tecnológica y productiva del país en las llamadas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Por otra parte, como trabajadores, creemos que es necesario ir hacia un cambio de paradigma en el que el Estado recupere el poder de decisión, que no sea «neutral» en el tema tecnológico y en el que, la incorporación de tecnología no necesariamente responda al deseo de aumentar la eficiencia en la producción, sino que esté al servicio del bienestar general de la sociedad y de la maximización del valor agregado y la generación de empleo, en lugar de la pura rentabilidad del capitalista.

Es por todo esto que, es imprescindible impulsar desde los trabajadores, una política, que permita lograr una legislación para promover el desarrollo de un complejo industrial nacional de bienes de capital en electrónica, informática y comunicaciones incluyendo la creación de empleos de calidad. Sostenemos que, el desarrollo del sector TIC a partir de una ley de telecomunicaciones, coordinada con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (a la que hay que recuperar) y del establecimiento de tecnologías convenientes para una industria soberana, debe complementarse con las óptimas condiciones laborales para los trabajadores del sector.

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COP26, ¿más de lo mismo?

Las señales que nos da la naturaleza se hacen cada vez más elocuentes. Su virulencia marca el daño que el neoliberalismo le hace al mundo con su política de saqueo y lucro. Urge retomar el control de los bienes públicos para iniciar una transición hacia otro modelo de desarrollo basado en una relación armoniosa entre la humanidad y el planeta.

Tras dos años de encuentros virtuales por el Covid-19 la COP26 se realiza de manera presencial. Nuevamente plantearemos con claridad que se necesita una agenda y compromisos más ofensivos para salvar al planeta. La cita será en Glasgow, Escocia, y contará con la presencia de la CTA-Autónoma en la figura de nuestro compañero Rodolfo Kempf, físico e investigador, trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, delegado de ATE y coordinador de Transición Energética de la Coordinación Nacional de Trabajadoras/es de la Industria (CNTI-CTAA).

Recordemos que este encuentro mundial tiene como antecedente la adopción en 1992 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), esta fue la base para la adopción del Protocolo de Kyoto en 1997. La Conferencia de las Partes (COP), conformada en 1995, es su instancia máxima de decisión a nivel internacional ya que la componen todos los Estados miembro. Este año será el encuentro número 26 pero hasta ahora no ha habido respuestas estructurales a la crisis climática. La lógica neoliberal de saqueo y las imposiciones de los países centrales son las que priman.

Por eso, desde la CTA-Autónoma confluimos en la red de Sindicatos por la Democracia Energética (TUED), una alianza internacional que viene coordinando encuentros e iniciativas para dar forma a una propuesta estratégica desde las organizaciones de trabajadores a nivel global. También, como señala la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) nuestra clase “está en la primera línea de afectadas/os por las consecuencias de la crisis ambiental y climática. La forma en que la crisis ambiental afecta a la clase trabajadora está asociada a las vulnerabilidades preexistentes producto de la desigualdad, la opresión y la discriminación. La propuesta de desarrollo sustentable con justicia social de la CSA implica disputar el orden económico dominante, la mercantilización y financierización de los bienes comunes y las desigualdades que cimentan el sistema. Hoy, a la luz del reciente Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) la demanda sindical por cambios estructurales en la base de la economía se convierte en urgente e imprescindible”.

Nuestra hoja de ruta implica interpelar a la clase trabajadora, mejora y adecuar nuestras organizaciones y que cada persona que padece la informalidad laboral, la ausencia de derechos, sepa que sindicalizarse es la mejor manera de protegerse contra los abusos patronales.  Democracia, derechos humanos y medio ambiente, son hoy tres pilares de los sindicatos.

Los cambios no se van a dar sin voluntad y decisión política. Amplifiquemos nuestra voz, hasta que se vuelva ensordecedora y para ello debemos extender la conciencia sobre la injusticia del sistema en el que vivimos y la posibilidad de otra forma de vincularnos, de otra sociedad donde la dignidad sea la base.

Debemos promover la defensa de los bienes comunes, la necesidad de confrontar con el poder de las transnacionales, terminar con la dependencia del FMI, el Banco Mundial y los mercados financieros. Después de Río+20, hace ya más de nueve años, las falencias del sistema de producción y consumo se agudizaron, y con la pandemia más aún. Como dijimos en el 2001 en Porto Alegre: otro mundo es posible. Y llegamos a Río de Janeiro en 2012 con el planteo de que había que ir del mundo posible al mundo necesario. Hay que mirar más allá de la pandemia, y más allá de las crisis recurrentes del capital.

La desigualdad y la concentración de la riqueza son alarmantes. Las medidas que hoy se exigen unánimemente por la pandemia, son las que venimos demandando en la fase previa. Promover otra distribución de la riqueza, impuestos progresivos y no regresivos para fortalecer servicios públicos claves como la salud, transferencias para que todos alcancen una vida digna bajo la forma de una renta básica financiada con contribuciones de aquellos que más tienen, y nacionalización de empresas estratégicas para el bien común.

Esta crisis pandémica nos deja como lección el papel protagónico del Estado y del sector público como garante de una vida digna. Ya no es posible un modelo de desarrollo realmente sostenible sin la existencia de servicios públicos de calidad y acceso gratuito, especialmente en lo que concierne a salud, educación, transporte y energía.

¿Tenemos noción o convencimiento de la fuerza de la clase trabajadora a nivel mundial y si merecemos vivir dignamente y mucho mejor porque hay regiones donde la desigualdad y concentración de la riqueza es alarmante y está vinculada con la muerte y no con la vida. Tenemos noción de la fuerza o creemos que somos débiles cuando somos el 99% y ellos son el 1% que se queda con todo?

Debemos construir una nueva cosmovisión política con la humanidad y con la naturaleza. Desarmar la tecnología del saqueo del neoliberalismo y construir la tecnología de la justicia social.