Ir al contenido principal

ATE

Categorías
Opinión

«No hay plata» ¿para quién? Ajuste: la ruta del dinero

Desde la asunción de Milei, varios reclamos se fueron abriendo paso y encontrando consenso en la población.

La movilización en defensa de la universidad pública fue multitudinaria y contó con un amplio apoyo en la opinión pública. La movilización de los investigadores en defensa del CONICET despertó la simpatía de numerosos sectores de la sociedad. El reclamo de los jubilados no fue doblegado a pesar de la represión contra abuelos, abuelas y periodistas. Respuesta tan salvaje como absurda, porque sumar el sufrimiento de la represión al sufrimiento de una jubilación que condena a la miseria sólo logró mayor empatía con las víctimas.

El ahogamiento presupuestario del Garrahan y el recorte brutal en discapacidad tocaron una fibra sensible: se están metiendo con los más débiles, con los más desprotegidos.

Las revelaciones sobre coimas para direccionar fondos del área de discapacidad, en el más alto nivel de gobierno, agregaron a la empatía con las víctimas la indignación por el negociado desvergonzado con los empresarios proveedores.

Empieza a verse con más claridad que el pregonado “ajuste” fiscal es una mentira hipócrita destinada a ocultar el ajuste verdadero: el que llevan adelante en la distribución de la riqueza. El ajuste que no está destinado a revertir sino a acentuar la desigualdad.

Cuando dicen “no hay plata” lo que están diciendo es: “no hay plata para la infancia, los jubilados, los trabajadores”, “no hay plata para la salud, la educación la investigación, la cultura”.

Cuando dicen “no hay plata” lo que están diciendo es: “la plata es para el puñado de los que siempre ganan, para que ganen más”.

Cuando dicen “no hay plata” lo que están diciendo es: “la plata (o nuestras riquezas naturales que es lo mismo) es para el FMI, los financistas y los fugadores de dólares”.

La oposición creciente a las políticas de Milei y el voto castigo en la provincia de Buenos Aires, son hechos que muestran la reacción de amplios sectores afectados en sus diversos intereses. Son justas reacciones a perjuicios sectoriales, pero no sólo eso. Además, son expresión de las reservas de conciencia, de empatía y de sentimientos de solidaridad que nuestro pueblo fue labrando a lo largo de muchos años. La presencia de un mensaje altruista y fraterno abre la perspectiva de conformar una nueva mayoría, un nuevo consenso. No sólo hay que ponerle freno a Milei, también a esa minoría insaciable que lo inventó, lo aupó en la presidencia y lo apoyó (y apoya) en sus peores objetivos.

Carlos Ferreres – Director del Departamento de Discapacidad ATE Nacional

Categorías
Opinión

Celebrar el triunfo de la lucha colectiva

Que el Gobierno haya tenido que frenar los más de 300 pases a disponibilidad de trabajadoras y trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un logro más, en la defensa de los derechos de las y los compañeros que comenzamos en noviembre pasado. Es clave valorar este paso. Tenemos que tener mucha claridad en este punto: el triunfo es de la lucha organizada, de la unidad en la diversidad, de la unidad con otras organizaciones sindicales, con el acompañamiento permanente de nuestro Sindicato y la articulación con otros espacios políticos.

Es también todo el recorrido que hicimos tanto en Diputados como en Senadores lo que nos llevó hasta acá. No olvidemos que participamos en cada una de las comisiones pertinentes para discutir la problemática del INTA y de todos los organismos que integran el Sistema Científico Tecnológico y sostienen y robustecen la soberanía de nuestro país.

Nos queda por delante un camino que no es corto ni sencillo de recorrer, que es el de reivindicar la existencia de una dirección nacional y derogar definitivamente el Decreto N°585/25. En esa línea, es sustancial fortalecer lo que tenemos y empezar a pensar en cuál es el INTA que queremos tener cuando esta experiencia nefasta de derecha se termine; porque la lucha del Pueblo, más temprano que tarde la va a frenar. Tenemos que seguir poniendo toda la cabeza y todo el corazón para lograr triunfar, también en las urnas. Luchar sirve.

Flavio Vergara – Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo ATE Nacional

Categorías
Opinión

El Estado está abandonando a las personas más vulnerables

Juegan con la necesidad de las Personas con Discapacidad, esperando que mueran antes de poder percibir su pensión o dejen de cobrar su beneficio.

Calculamos que en estos momentos hay más de 600.000 tramites “parados” en distintas áreas del organismo, y tememos que, como en los años 90, muchos solicitantes mueran antes de percibir el beneficio. Actualmente el otorgamiento se reduce a una mínima cantidad mensual. No olvidemos que detrás de cada trámite paralizado, hay una persona con discapacidad que necesita comer, tener cobertura de salud y vivir dignamente. No son números, son vidas en riesgo.

Situación no menos grave sufren quienes, durante años, cobraron normalmente su pensión y, desde el 2024, están siendo sometidos a “auditorías”, con diversas fallas e irregularidades que tienen como único fin suspender el pago de estos beneficios.

El Gobierno actual, descaradamente, argumenta que se suspenden 110.000 pensiones “mal otorgadas”, pero en los motivos de las que fueron suspendidas se argumenta que no se presentaron en tiempo y forma a las “auditorías”. Lo que no aclaran es que quienes no asistieron, nunca fueron notificados de la citación o dichas “cartas documento” nunca llegaron a destino.

Los informes de las empresas encargadas de distribuir las citaciones, indican que no encontraron los domicilios declarados, otras notificaciones fueron enviadas a personas en situación de calle (sin un domicilio registrado, por lo que nunca se enteraron que los estaban citando). Es contradictorio que estas mismas empresas digan que no encontraron el domicilio para citarlos, pero luego lo encontraran para notificarles la suspensión.

Otros, se enteran de la medida cuando se presentan a cobrar y se encuentran con su cuenta en cero.

Todas estas irregularidades comprueban que estas “auditorías” se hicieron sin ningún sondeo previo de la situación que atraviesan quienes perciben Pensiones No Contributivas por Invalidez.

Ante este panorama, también es importante resaltar la situación de los trabajadores que día a día tienen que recibir a las personas que están padeciendo este ajuste brutal.

Las y los trabajadores de Pensiones están al límite, no son culpables de esta crisis, pero son quienes día a día le ponen el cuerpo a la situación, conteniendo, asesorando y tratando de que las personas que asisten a las “auditorías” lleguen a realizar el trámite con la mayor cantidad de documentación posible para evitar que les quiten su pensión.

Compañeras y compañeros que atienden público, colapsados por la gran demanda, son quienes reciben el enojo y las quejas y tratan de contener a quienes más nos necesitan, a pesar de la presión y persecución que sufren por parte de los funcionarios de turno.

Categorías
Opinión

MORON (SRT), ETALA (UIA), UART (ARTs) ¿SOCIEDAD LÍCITA?

En el Sistema de Riegos del Trabajo los/as trabajadores/as y sus organizaciones son meros convidados de piedra, las centrales sindicales o los sindicatos, según el ámbito de que se trate (Comité Consultivo o sectorial), son convocados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), una vez que los DUEÑOS del sistema han acordado los lineamientos generales que seguirán garantizando el negocio de las financieras propietarias de las ARTs.

Los DUEÑOS han acordado desde el nacimiento del sistema, ocultar las consecuencias más graves que generan las enfermedades de origen laboral, a causa de la FALTA DE PREVENCIÓN. Sostenemos esto porque existe una contradicción brutal e inocultable, entre las cifras del sistema formal argentino y las informadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Recordemos que la OIT viene planteando muy claramente, a partir del documento “LA SEGURIDAD EN CIFRAS” (2003), que las enfermedades de origen laboral son la causa de más del 80% de las muertes por el trabajo, (cifra que ya ronda los tres millones a nivel mundial si incluimos los accidentes de trabajo), señalando el cáncer como primera enfermedad causante, seguida por las infectocontagiosas y aquellas del aparato circulatorio. También señala como las patologías más numerosas a las muscoesqueléticas, los trastornos mentales y las generadas por el ruido.

Del total de denuncias tramitadas en el sistema argentino, solo alrededor del 5% corresponde a enfermedades profesionales, siendo las más frecuentes aquellas causadas por el ruido, las posiciones forzadas y la sobrecarga en uso de la voz.

Pero veamos qué pasó antes: en un análisis detallado, el compañero Hernán Rubio, Lic. en Química y Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo (UBA), perteneciente al equipo del Taller de Estudios Laborales (TEL), sostiene que existe por lo menos en la última década analizada, un rechazo de alrededor del 70% de las denuncias por enfermedades profesionales, donde además solo tres agentes de riesgo (de un total que supera los 250), representan cerca del 80% de las denuncias aceptadas.

Otro dato que se puede observar claramente en las propias estadísticas de la SRT, es que de las presentaciones efectuadas por enfermedad profesional, (un poco más de 30.000 denuncias), solo el 28% fueron detectadas por los exámenes periódicos que hacen las ARTs y que cerca del 60% fueron detectadas por el Sistema Público de Salud y las Obras Sociales, de esto surge claramente que dichos exámenes son una farsa o absolutamente ineficientes, por la mala calidad de los mismos o porque el empleador no denuncia todos los agentes de riesgo de exposición.

Al principio hicimos hincapié en que la OIT señala al cáncer como la principal causa de muerte en las enfermedades laborales, veamos primero el contexto en nuestro país: para determinar el porcentaje de personas con cáncer en Argentina en relación con la población total, se realiza un cálculo directo utilizando los datos más recientes disponibles.

  • Población Total (Estimación 2024): El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) proyectó una población total de 47.067.641 habitantes para el 1 de julio de 2024.  
  • Prevalencia a 5 años (Estimación 2022): Según el informe GLOBOCAN 2022, el número de personas que vivían con cáncer en Argentina, diagnosticadas en los últimos cinco años, era de 395.958. Es crucial especificar que esta cifra corresponde a la «prevalencia a 5 años».  La prevalencia representa el número total de personas que viven con una enfermedad en un momento determinado en un lugar específico.

Para estas cifras, el Porcentaje de Prevalencia es de 0.84%. Este resultado indica que, a partir de las estimaciones más recientes, el 0.84% de la población total de Argentina vivía con un diagnóstico de cáncer en los últimos cinco años. (Investigación IA Gemini).

El ISSTATE tuvo acceso al número de personas con cáncer en tres hospitales (dos de gran tamaño – más de 1000 empleados/as – y uno de 600 empleados/as), de distintas ciudades importantes de nuestro país.

Los agentes de riesgo que pueden provocar cáncer en los hospitales son variados, encontrando entre ellos a los químicos (citostáticos, quimioterapéuticos, formaldehído, anestésicos, óxido de etileno, amianto, etc.), físicos (radiaciones ionizantes en diagnóstico y tratamiento – Rayos X, Gamma, etc.), biológicos (hepatitis B y C en infecciones crónicas, etc.), de organización y psicosociales (trabajo por turnos y nocturno con interrupción del ciclo circadiano, estrés crónico, etc.).

En los casos relevados, el personal más afectado fue de género femenino con mayor aparición de tumor maligno de mama, tumor maligno de vesícula biliar, tumor maligno de la glándula tiroides, dando como resultado una PREVALENCIA DE 2,24%, es decir que en los hospitales la prevalencia es tres veces mayor que la media de nuestro país. Nada de esto se refleja en el mentiroso Sistema de Riesgos del Trabajo.

La falta real de prevención del sistema, termina generando muertes y enfermedades de trabajadores y trabajadoras. Las consecuencias económicas de esto, está claro, no recaen ni en las ARTs ni en las patronales, cae en las víctimas y en quien las asiste: el Sistema Público de Salud y de Obras Sociales.

Es necesario recordar que este breve análisis es sobre el sistema de personas trabajadoras registradas con ART o autoseguro, quedando fuera quienes están sin registrar una cifra que oscila entre el 40% y 50% según la región o aquellas provincias y municipios que están fuera del sistema formal de Riesgos del Trabajo.

A quienes militamos en la defensa de la salud de trabajadores y trabajadoras nos genera sentimientos de tristeza y bronca conocer tantas situaciones de sufrimiento humano generado por la avaricia de los DUEÑOS. Podríamos parafrasear a muchos pensadores y pensadoras de la Argentina, pero los DUEÑOS y sus CEOS no lo entenderían, así que elegimos una frase de un candidato a presidente yanqui: “ES LA PREVENCIÓN ESTÚPIDOS”.

Orestes «Beto» Galeano Lic. en Higiene y seguridad en el Trabajo, Director Nacional del ISSTATE (Instituto de Salud y Seguridad de las y los Trabajadores de ATE)

Categorías
Opinión

Constituyente en Santa Fe: alerta nacional

En Santa Fe se desarrolla un histórico debate de reforma constitucional por cómo se dio, su contenido y sus tiempos. Las y los estatales que presentamos nuestras propuestas, vemos con preocupación el avance sobre derechos laborales y jubilatorios ¿Alerta spoiler de cara a octubre?

Con mayoría casi automática, el Gobernador Maximiliano Pullaro (Unidos, alianza UCR – PRO – PS y otros) viene manejando el destino de la Carta Magna a su antojo y pasando por alto cuestiones formales y procedimentales.

Primero, vale aclarar que para modificar una Constitución primero se dicta una Ley de Necesidad de Reforma, que en este caso fue la Nº 14384 de diciembre de 2024. Ésta plantea qué se reforma y con qué criterios y orientaciones, en caso de efectuarse.  Lo que teóricamente no se puede es ir contra ese espíritu, menos si la fuerza mayoritaria en la Constituyente es la que dictó la necesidad de reforma.

Los plazos fueron circenses. Impulsado casi únicamente por instaurar su reelección, Pullaro aceleró el tranco entre gallos y medianoche sin importarle nada. A modo de ejercicio: si en una reunión multisectorial podemos tardar horas para definir un comunicado, ¿se imaginan lo que debería llevar un debate serio de una Constitución en la que cada palabra, puntuación y orden pueden modificar la forma en que se legisla la vida social? Bueno, él dio 60 días corridos para abordar decenas de artículos nodales.

Una de las perlas del debate es la Caja de Jubilaciones. Santa Fe, como otras trece provincias, no la tiene transferida a Nación tal como permitía la Constitución de 1994 y ha sido objeto de incontables manoseos de distintos gobiernos. ¿Qué planteaba la Ley Necesidad de Reforma? Que debería ser intransferible y de carácter estatal ¿Qué asomó como texto de la comisión tratante, de casi segura aprobación? Una serie de vaguedades que hasta habilitarían su privatización: administración a cargo de un «órgano específico» y del financiamiento del sistema por un «mecanismo indelegable», en lugar del concepto “intransferibilidad” y no aparece el concepto «estatal».

Desde ATE Rosario realizamos formulaciones de texto para cada artículo en que consideramos intervenir. Se las presentamos a todos los bloques que nos recibieron. De hecho, el único que no lo hizo, fue el de La Libertad Avanza. También expusimos en la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, planteando que “si de esto va a nacer la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe, ésta tiene que reflejar en su texto la voz de la clase trabajadora”.

Con la extensión que permite esta publicación, desde Rosario queremos manifestar a las y los estatales del país y al pueblo en general que nada de lo que viene les excluye. El 26 de octubre habrá elecciones legislativas nacionales. Cambiará la composición del Congreso. Es el Congreso el que dicta leyes, entre ellas la de una hipotética reforma constitucional. Santa Fe, estamos seguras y seguros, es una prueba de laboratorio. El Gobierno de Javier Milei querrá hacer su propia Constitución y, de tener mayoría, va a aplastar los derechos que aún nuestra Ley de Leyes reconoce. Y, como el de Pullaro, pero quizás con menos ocultamientos, va a hacer lo que se le cante diga lo que diga la necesidad de reforma.

Tanto ATE, como Sindicato centenario y la CTA como herramienta nacida de la nueva era de las relaciones laborales, hemos puesto nuestra voz y propuestas para que, en el caso de suceder la Reforma, no dé como resultado otra cosa que un texto mejor que el tenemos para la sociedad que queremos, soñamos y nos merecemos. Esto, en lo general y en los ejes particulares no puede darse sin democratización de las herramientas deliberativas, formación, organización y lucha gremial de abajo hacia arriba.

Como decía nuestro querido referente Germán Abdala: “El Estado tiene identidad, tiene sexo, tiene olor, tiene formas de palpitar… tenemos que recuperar el Estado para el pueblo, darle el rostro y el color del pueblo”. Ninguna Constitución entonces, puede ir en sentido contrario.

Lorena Almirón – Secretaria General Seccional ATE Rosario y de la CTA Autónoma Rosario

Categorías
Opinión

Más ganancias para las ARTs (a costa de las víctimas)

Luego de una campaña rabiosa en distintos medios de comunicación, llevada adelante por la Licenciada en Economía y Presidenta de la UART (Unión Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), donde se planteaban verdades a medias y mentiras, en consonancia el gobierno nacional, que responde a financieras (dueñas de las ARTs) y multinacionales, finalmente publicó el nuevo baremo presentado en noviembre del 2024 ante el Comité Consultivo Permanente del Sistema de Riesgos del Trabajo, y aprobado unos días después  por mayoría en el mismo, con el rechazo claro de nuestros cros y cras de la CTA T y en ausencia de nuestra CTA A por no haber sido convocada.

Respecto a los argumentos engañosos y mentirosos de la UART, está sostiene que estamos dentro de estándares internacionales en cuanto al funcionamiento del Sistema de Riesgos del Trabajo y uno de los ejemplos comparativos que cita es España, pero datos matan relatos engañosos. En nuestro país durante el año 2023 el sistema contuvo a un total de 10.323.529 trabajadores/as, dando cobertura a 603.021 contingencias (no sabemos cuántas fueron rechazadas), mientras que en el mismo periodo el sistema español cubrió a 20.642.600 personas trabajadoras atendiendo a 673.120 víctimas de contingencias. Los números son muy claros EL DOBLE DE PERSONAS TRABAJADORAS CUBIERTAS POR EL SISTEMA ESPAÑOL Y CASI LA MISMA CANTIDAD DE CONTINGENCIAS, el razonamiento también es muy claro: las condiciones de trabajo y los factores derivados del medio ambiente laboral, son mucho peores en nuestro país, por lo menos el doble, ya que no estamos tomando en cuenta la enorme cantidad de trabajadores/as que se encuentran fuera del sistema, un universo conformado por entre un 40% y 50% de personal no registrado (según estimaciones y variando según la zona analizada). Se suma a este último dato, la realidad de las condiciones en que realiza su tarea el personal no registrado o precarizado, son aún peores que aquellas a las que se expone quien lo hace bajo la tutela legal del sistema.

En el periodo citado la Organización Internacional del Trabajo, calcula que se produjeron alrededor de 2.930.000 muertes, de las cuales unas 2.600.000 se debieron a enfermedades relacionadas con el trabajo y los accidentes se cobraron la vida de unas 330.000 personas, estimando también que 395 millones sufrieron lesiones o deterioros en la salud no mortales. (No sería de extrañar que LOS NEGACIONISTAS QUE NIEGAN LOS 30.000 DESAPARECIDOS también opinen que estas estimaciones son un invento del zurdaje de la OIT). Esto indica que el promedio mundial estima que las enfermedades relacionadas con el trabajo se llevan la vida del aproximadamente el 88% del total de víctimas.¿Y qué sucede en nuestro sistema? Se cubrieron 30.151 casos (no conocemos cuántos rechazos existieron), es decir un 5% del total cubierto. Es decir que, el Sistema de Riesgos del Trabajo, en particular las patronales, las ARTs y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ocultan sistemáticamente las enfermedades vinculadas al trabajo, (salvo que creamos que nadie se enferma trabajando), terminando esas afecciones atendidas por el sistema de obras sociales o el sistema público de salud.

La Licenciada en Economía Presidenta de la UART, en la maratón de notas mediáticas, sostuvo que el sistema corre riesgo de quiebra por la alta litigiosidad, echándole la culpa a las víctimas, a sus abogados, al Sistema Judicial y a los gobiernos provinciales que no contratan médicos forenses fijos para atender los litigios, pero la SRT hizo los deberes y en este nuevo Decreto invita a las provincias a constituir los CUERPOS MÉDICOS FORENSES (que debe pagar cada jurisdicción estatal), así de paso no se nombran más peritos por listado que debe abonar quien pierde el juicio, o sea en general las ARTs. Milei y sus cómplices olvidan que le han retenido indebidamente a las provincias (la retención indebida se encuentra tipificada en el artículo 173, inciso 2º, del Código Penal como una forma de defraudación,) un poco más de 30 billones de pesos.

Como verán nada se dice de la indudable falta de prevención que existe en nuestros lugares de trabajo, de la precariedad que avanza cotidianamente sobre cada persona trabajadora, ni sobre mejorar la gestión de los riesgos y volver seguros nuestros entornos, tampoco sobre reconocer nuestro derecho a trabajar en condiciones seguras y saludables

Yendo a la letra específica del Decreto, rebaja los porcentajes de disfonías, hipoacusia, lesiones del aparato musculoesquelético; elimina las incapacidades por cervicalgias y lumbalgias; no contempla las afecciones de origen psicosocial como las secuelas de la violencia laboral (olvidate del Convenio 190 de OIT), y a las afecciones psiquiátricas solo las considera cuando son derivadas de un “evento impactante, aterrador o peligroso”. El dolor ya no se considerará en la ponderación de la incapacidad.

Incorpora también un método de medición restante de la capacidad y la evaluación de incapacidad preexistente en la misma zona (es decir no te vayas a lesionar más de una vez en el mismo lugar en accidentes distintos); elimina la ponderación sumatoria directa del factor edad y la determinación de la incapacidad integral por siniestros sucesivos (es decir que te pueden jubilar por invalidez sin pagarte por la incapacidad generada en el trabajo). Estas medidas además violan el mandato legal de que el baremo debe estar homogeneizado con el sistema previsional vigente.

Todo esto deja en claro que son medidas al solo efecto de pagar menos a las víctimas y aumentar las ganancias de las ARTs. Seguramente los defensores de este curro dirán que las apreciaciones hechas son subjetivas, tal vez tengan razón porque están hechas desde los intereses de la clase trabajadora. Por eso le pregunte a quien tiene una visión neutral, la Inteligencia Artificial Gemini de Google, transcribo su conclusión final al analizar los cambios efectuados por el Decreto 549/2025, que modifica el Decreto 659/1996 (que había sido mejorado por decreto 49/2014): “En resumen, la principal crítica al decreto 549/2025 es que, a través de la modificación de los porcentajes y los criterios de evaluación, podría disminuir las indemnizaciones por accidentes y enfermedades laborales, afectando directamente la reparación económica que los trabajadores damnificados tienen derecho a percibir.”

LA SALUD NO SE VENDE, SE DEFIENDE


ORESTES BETO GALEANO Lic. en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Director Nacional del ISSTATE (Instituto de Salud y Seguridad de las y los Trabajadores de ATE)

Categorías
Opinión

La responsabilidad de la gestión estatal en la soberanía aérea

Cualquier operativo que involucre sistemas de seguridad requiere necesariamente, la puesta en marcha de una compleja interrelación de decisiones humanas que se basan en criterios racionales de evaluaciones conscientes. En este caso, garantizar operaciones aéreas seguras implica cierto grado de concentración, responsabilidad y conocimiento, que se lleva a cabo mediante la experiencia y la formación de cada una de las personas que intervienen en el proceso.

Hablar de seguridad aérea y aeroportuaria nos remite a pensar fundamentalmente en la prevención de accidentes que, cuando se manifiestan, ponen en riesgo a una gran porción de la población, que involucra desde trabajadores, pasajeros, hasta personas que viven en las inmediaciones de las instalaciones aeroportuarias. De igual modo, es que la prevención de los mismos, requiere diferentes grados de responsabilidades en el ejercicio de tareas cotidianas en las cuales la corresponsabilidad es fundamental, pero el mayor grado de ella debiera devenir del Estado.

Por otro lado, la decisión de lo que sucede en nuestros cielos, marca el principio de soberanía aérea fundamental que sostiene un espacio geopolíticamente estratégico, para la soberanía nacional colectiva.

Es así como, las medidas que ha tomado este gobierno, en torno al código aeronáutico, así como la reducción de trabajadores estatales en áreas estratégicas, el despido de trabajadores calificados, la permanente amenaza del cierre de áreas importantes de desarrollo y la incertidumbre contractual de los trabajadores, pone en serio riesgo la capacidad operativa de los aeródromos generando menor vigilancia, trabajadores sobrecargados y estresados, caída en los procesos de formación y un clima organizacional deteriorado.

Cabe aclarar, que esta no es una mirada antojadiza de nuestra ATE. Varias auditorías, fundamentalmente de la OACI – organismo que regula internacionalmente las relaciones entre los países mediante normativas internacionales – han sido claras: a pesar de la buena voluntad y el enorme trabajo que llevan adelante los trabajadores por mantener los estándares de calidad, queda clara la necesidad de afianzar el trabajo de prevención de riesgos con más trabajadores y trabajadoras llevando tareas en los principales aeropuertos del país, de responsabilidad del Estado.

La falta de prevención de riesgos, deviene necesariamente en catástrofes que se podrían evitar, y deterioros comerciales, afectados fundamentalmente por la calificación de aeropuertos que dejan de ser seguros para las principales aerolíneas comerciales. Pensar en el desarrollo de un país confiable para la inversión, también es pensar en una Nación que sea capaz de garantizar la seguridad de todos y cada uno de sus miembros.

En ese camino, el traslado y la interconexión aérea en ese desarrollo son de especial importancia, pero hacerlo de forma segura disminuyendo los riesgos es parte de gestión estatal. Partir de un Estado responsable, con identidad soberana, es garantía de saber que en su capacidad de gestión se promueve una Argentina que crece, sale de una crisis en la cual la administración Milei la ha sumergido y se vuelve a erguir para constituirse como la patria de todos y todas.

Mercedes Cabezas, Secretaria General Adjunta ATE Nacional

Categorías
Opinión

La Soberanía es con con-Ciencia Nacional

La brutal y cruel embestida del gobierno de Javier Milei contra el Estado golpea cada vez más fuerte, con saña y dirección a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y de su ministro Federico Adolfo Stuzenegger se efectivizaron más de 80 modificaciones estructurales en organismos vitales para la sociedad. Este desguace sistemático, oficializado a través de decretos que operativizan la fusión, eliminación y concentración de organismos que hasta hoy gozaban de autonomía con un objetivo claro: destruir el Estado y vulnerar, sin más, los derechos del Pueblo.

Como parte de este plan perverso, el Gobierno sigue vaciando literalmente los organismos

echando a las y los trabajadores que son quienes garantizan el cumplimiento de las funciones del Estado, que impactan en la comunidad a través de las políticas públicas. Desde el inicio de este Gobierno hubieron más 50.000 despidos y la pérdida salarial de las y los estatales ya supera el 34,8%. De los 40.000 trabajadores y trabajadoras que integran el sistema científico, más de 4000 se fueron solos/as, hartos/as del maltrato. El Gobierno busca terminar con el país soberano que construyó ciencia durante más de 100 años.

El Estado que regula, controla y distribuye a favor de la mayorías populares está siendo diezmado de una manera formidable. Ya lo vivimos: primero con la Dictadura, después con el Menemismo y el Macrismo, pero ahora estamos con un modelo cuyo proyecto de desguace del Estado está construido con un consenso social que hasta acá no había logrado ningún gobierno. El problema es profundo porque odian al Estado. Necesitan un Estado que concentre en pocas manos la riqueza producida por las y los trabajadores. Vienen a instalar una economía de enclave basada en el saqueo de la riqueza de nuestro país, que está en el gas, que está en el petróleo, en el litio.

En definitiva, porque este Gobierno es una gran mentira. Desde el nombre: no es la libertad avanza, sino que avanza sobre la libertad de tener dignidad, de tener trabajo, de tener Patria y Soberanía.

Por eso nuestra tarea hoy es defender a cada uno de los organismos desde adentro y construir colectivamente, con solidaridad, empatía y fuerza. Seguimos construyendo Unidad para avanzar de la Resistencia a la Victoria.

*Por Flavio Vergara, Secretario de Convenios Colectivos de ATE Nacional

Categorías
Opinión

“Luchar, luchar y luchar hasta lograr la felicidad de nuestro pueblo”

Damos la bienvenida al 68° Congreso Ordinario de la Asociación Trabajadores del Estado a todos y a todas, a cada una y a cada uno de nuestros compañeros congresales, a todas y a todos los invitados especiales, especialmente a nuestros Secretarios Generales con mandato cumplido.

Hoy vinimos a rendir cuentas frente al órgano de toma de decisiones más importante que tiene nuestro Sindicato según el Estatuto, que es nuestro Congreso Nacional. Además este es el Congreso del Centenario, es el que se lleva adelante en el año en el que nuestra organización cumplió su primer siglo de vida. Qué grande la responsabilidad, pero también cuánto orgullo, qué privilegio el de cada una y cada uno de nosotros poder estar hoy presentes aquí.

Y vinimos a rendir cuentas bajo la convicción de haberlo dado todo, de no habernos guardado nada en la pelea, es que nos tocó uno de los desafíos tal vez más difíciles en la última democracia, que es el de tener enfrente a un Gobierno de extrema derecha que llegó, por el voto popular, a quitar derechos, a destruir puestos de empleo y a demoler ingresos, salarios y jubilaciones, si uno pudiera sintetizar sus principales políticas. Paralelamente, protocolo antimovilización, es decir represión, porque la única manera que pasa este modelo de país que nos están proponiendo en el que no ingresamos con una vida digna los trabajadores y los jubilados, es con represión. Redujeron entonces el espacio democrático, vulneraron todas las garantías constitucionales, atentaron contra el Estado de Derecho, hicieron del miedo una política de Estado.

Creo que este primer Congreso tiene que hacer un reconocimiento, porque frente a esos intentos de infundir miedo, de infundir temor, nadie se puede olvidar que por allá por diciembre del año 2023, cuando muchos no se animaron, cuando otros especularon, fue este Sindicato, de la mano de sus hombres y mujeres, el que a lo largo y a lo ancho del país dijo ‘vamos a legitimar a los que quieran luchar, poniéndonos al frente de la pelea por nuestra dignidad’.

Vinimos a rendir cuentas, pero también a reconocer poder. Tenemos que tener más poder, aumentarlo aún en este escenario de resistencia. Nos tenemos que proponer seguir creciendo porque el poder es la única fuerza capaz de transformar la realidad y, si queremos transformar esta penosa realidad a nuestro favor, a favor de las trabajadoras y los trabajadores, entonces tenemos que construir más poder. Y sólo vamos a tener más poder si somos más: si somos una mayor cantidad de afiliadas y afiliados, y si somos capaces de alcanzar un mayor desarrollo territorial. Tenemos que seguir afiliando a lo largo y a lo ancho del país porque, además, aprendimos que muchas veces el poder está en nuestra potencialidad, es decir, no sólo en lo que somos sino en lo que podemos ser.

Tenemos que ir a buscar a todas y a todos los trabajadores municipales, provinciales y de organismos nacionales que todavía no están afiliados. Por eso venimos diciendo que el poder de ATE no está acá en Buenos Aires, no está en esta sede, ni en este edificio. El poder de ATE no está en sus bienes: el poder de ATE está en su gente, en las delegadas, en los delegados, en los dirigentes, en las afiliadas, en los afiliados.

Hasta hace muy poco a mí me tocaba la responsabilidad de ser Secretario General en mi provincia, y luchamos mucho: acá hay compañeras y compañeros míos con quienes durante muchos años enfrentamos al poder político y al poder económico. Un día advertí que el Gobernador, después de 6 años de lucha me había empezado a llamar. No me llamaba tanto por los conflictos que nosotros éramos capaces de hacerle en la provincia, sino por los conflictos que nuestras Seccionales le hacían a alguno de sus intendentes. Ese día entendí que nuestras Seccionales son nuestras intendencias. Llegamos a este Congreso a reconocer el poder que tiene cada una de nuestras 185 intendencias que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, allí reside nuestra mayor fortaleza. Yo creo entonces que este Congreso tiene que resolver que, como dice el estatuto, en el mes de noviembre de este año se convoque un Confederal para que esas 185 Seccionales se reúnan en Buenos Aires para poder debatir también cuáles son nuestras futuras acciones.

Los salarios del sector público han sido destrozados. Que alguien nos diga a quién su ingreso hoy en la Argentina le garantiza el derecho constitucional a la retribución justa que tenemos todas y todos que dice que nuestros ingresos nos deberían alcanzar para cubrir como mínimo nueve prestaciones: vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, educación, previsión social, ahorro, esparcimiento y vacaciones. Hoy tenemos que elegir qué hacer con nuestro sueldo, porque para todo no alcanza. Y en el culto de la libertad, en el reino de la libertad, lo único que no son libres son las Paritarias.

Le pusieron un techo del 1% a las negociaciones salariales. Nosotros dijimos, ojo que este techo que están poniendo en la Administración Pública Nacional va a ser una herramienta de disciplinamiento para el resto de las negociaciones salariales, no sólo en el sector público en todo el país, sino también en distintas ramas de la actividad privada. Y yo creo que el secreto para romper el cepo está si somos capaces de debatir el modelo sindical en la Argentina. No se rompe el techo si escondemos la basura debajo de la alfombra. Hay algunas y algunos que dicen que, en virtud del tamaño del enemigo que tenemos enfrente, nos tenemos que unir todos, amontonarnos sin miramientos. Pero resulta que nosotros la tenemos jodida en la Administración Pública. Tenemos que contrastar los dos modelos sindicales que existen en el Estado, porque a nosotros no nos impuso por decreto el Presidente el aumento del 1%, sino que hubo otro sindicato que lo firmó. Es decir que estamos conviviendo en la Argentina con dirigentes gremiales que están dispuestos a firmar incrementos salariales que se ubiquen por debajo de la evolución de los precios. Este Congreso tiene que resolver también la manera de romper el cepo, y el cepo se rompe estando en la calle, pero también dejando de bancar a los empresarios disfrazados de sindicalistas dentro del Estado y convocando a afiliarse a ATE, que es el sindicato que lucha en la Administración.

Y por supuesto la destrucción del Estado avanza con los despidos. Pero yo creo que es una batalla cultural que venimos equilibrando. A todas y todos los que estamos acá por supuesto nos dolía el cuerpo y el alma cada vez que parte de la sociedad festejaba cuando despedían a una empleada o a un empleado público. Yo creo que no pasa más: salimos a disputar sentido y entonces dijimos que cada vez que se destruye un puesto de trabajo en el Estado, hay una política pública que se desmantela y un derecho que se pierde. Y si vos despedís a los empleados públicos que tienen que limpiar las alcantarillas, frenás la obra pública y no construís desagües, y además desmantelás el Servicio Meteorológico Nacional, es lógico que luego no puedas prevenir una catástrofe como la de Bahía Blanca o, más acá en el tiempo, la de Zárate y Campana en la Provincia de Buenos Aires. Si desfinanciás el Instituto Nacional del Cáncer, la gente se muere. Con este Gobierno la gente se está muriendo. Pero si además vaciás el sistema público de Salud y cerrás el Garrahan y los hospitales nacionales, vamos hacia una Argentina en la que el que tiene plata se cura y el que no tiene plata, no.

Por eso creo que lo que tenemos que hacer es reflexionar claramente. No tenemos que tener miedo de decir que este Gobierno, frente a los despidos, vulneró el derecho a la estabilidad consagrado en la Constitución Nacional, que los delitos que se cometen contra la Constitución están contemplados en el código penal, y que cuando quien delinque contra la Constitución tiene el carácter de funcionario público, el mínimo de esa pena se incrementa en un tercio. Por eso yo digo que este Gobierno es ilegítimo.

Por supuesto que hay dos legitimidades: por un lado está la legitimidad de origen que tiene el Gobierno por el voto popular, pero por otro hay una segunda legitimidad que es la del ejercicio del poder. Esa es la legitimidad que ha venido perdiendo, y es por eso que no tengo dudas que esta gente se va a ir por la puerta de atrás de la Casa Rosada y que nuestras compañeras y compañeros despedidos van a ingresar por la puerta de adelante de todos los ministerios y organismos de los que fueron ilegalmente cesanteados.

Tenemos que reafirmar autonomía. Porque cuando debatimos el modelo gremial también tenemos que debatir entonces autonomía. A veces tenemos la sensación de que cuando se habla de autonomía se incomoda, y aparecen conceptos como que autonomía no es neutralidad. Por supuesto estamos de acuerdo en que autonomía no es neutralidad, no nos da lo mismo cualquier gobierno a nosotros: a este Gobierno lo tenemos que cambiar. Preferimos un gobierno que aliente el desarrollo político, económico y cultural de nuestro pueblo, pero también dijimos que nosotros nos vamos a impulsar en nuestra historia. Y si nos vamos a impulsar en nuestra historia, este Congreso de los 100 años tiene que definir con claridad cuál es nuestra autonomía, qué autonomía decidimos abrazar las y los estatales de la Argentina. Y la autonomía se define como la facultad de autogobernarse, no hay otra. Este sindicato, bajo esta conducción, lo único que va a hacer es autogobernarse, porque acá no manda el Presidente, un Gobernador, un Intendente, acá mandan los trabajadores y conducimos obedeciendo a las asambleas que ello realizan en cada uno de los lugares de trabajo.

No nos vamos a olvidar de aquellas y de aquellos que son los más postergados en materia de derechos salariales y laborales, nuestras compañeras y compañeros municipales. Se multiplican las figuras contractuales para precarizar el empleo: el contrato, la beca, el subsidio, el monotributo, las certificaciones, los jornaleros. Se rompe ese principio que dice que por igual tarea debe existir igual remuneración, consagrado en nuestra Constitución Nacional. Un trabajador o una trabajadora municipal cobra dos o tres veces menos que un trabajador de la provincia y, a su vez, el provincial hasta dos o tres veces menos –haciendo la misma tarea- que un compañero que presta servicios ahí al lado nomás en un organismo nacional.

Entonces nos tenemos que proponer ser el sindicato de los municipales. Y no alcanza sólo con afiliar y elegir delegados en una municipalidad, tenemos que estar decididas y decididos a reformar el Estatuto, pensar si le vamos a dar poder de verdad o no a las compañeras y a los compañeros municipales. Yo quiero resaltar que estamos en ese camino, que después de 18 años de lucha, la municipalidad de Rosario consiguió el descuento de ATE, que después de años de lucha lo mismo ocurrió en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, que ese es el camino y que avanzamos hacia la municipalización de nuestro sindicato a lo largo y a lo ancho del país convocando a una Jornada Nacional de Lucha de Municipales antes de que termine el año para presentar en las legislaturas provinciales y en el Congreso de la Nación el proyecto de un Consejo Federal del Salario Municipal que siente un piso mínimo de dignidad para todas las compañeras y todos los compañeros de la Argentina.

Se viene colando en el campo popular el debate sobre una nueva estatalidad. Y nos hacen analizar: con el correr de los años, ¿este Estado no se habrá venido alejando de las verdaderas necesidades que tiene la gente? ¿Dejó de brindar respuestas en tiempo oportuno? Algunas y algunos señalan a alguna escuela que no abre, a algún turno que en algún hospital público tiene que pedirse a la madrugada y que no se consigue. Lo que nosotros decimos es que no nos responsabilicen a los trabajadores, porque si hay algún organismo público que nunca funcionó no fue por culpa de los trabajadores, sino que fue por responsabilidad exclusiva de los funcionarios que estuvieron a cargo. Y estamos dispuestos, por supuesto, a hablar de la eficacia del Estado. De eficiencia no, porque ese es siempre un concepto económico. Ahora, este Congreso tiene que enviar un mensaje claro a quienes proponen ese debate sobre la eficacia: ATE no delega ese debate. Si hay que debatir un nuevo Estado, lo debatimos nosotros, lo debaten aquellas y aquellos que con sus vidas todos los días le dan vida al Estado en todo nuestro país.

Tenemos que contrastar el relato oficial. Nos dicen que crece la economía, pero ¿qué sectores de la economía crecen? La intermediación financiera, las energéticas, las mineras. Es decir, actividades que demandan sólo el 4% de los puestos de trabajo en el país, mientras que el comercio, la industria, la construcción, que son las actividades de mayor demanda de empleo, son las más castigadas. Es mentira que crece la economía. Nos dicen también que los salarios aumentan en dólares, pero no hay que medir a los salarios con qué cantidad de dólares puedo comprar, sino cuántos litros de leche, cuántos kilos de carne, cuántos alquileres. Y lo último que nos dicen es que el acuerdo nuevo con el FMI nos va a salvar. A Milei no lo salva ni Trump, ni el FMI. Es un acuerdo que viene a lesionar de manera grave nuestra soberanía, que perpetúa el poder de control del Fondo sobre nuestra economía. Pero además no hace falta ser especialista, solamente aplicar el sentido común, para darnos cuenta que si la plata la están pidiendo los mismos que la pidieron en el 2018, es para hacer lo mismo: fugarla. Entonces este congreso también se tiene que pronunciar por la suspensión del pago de la deuda, porque la deuda sea investigada y porque la paguen los verdaderos culpables, que fueron los que la tomaron y se la fugaron.

Yo quiero referirme puntualmente, en esta disputa de sentido con el relato oficial, al déficit cero, a esta idea del equilibrio fiscal. Esa es una elaboración teórica del neoliberalismo. Es una construcción teórica para intentar llevar adelante un ajuste, porque el Estado no es una empresa. Si una empresa no tiene ganancias, si no se puede financiar, tiene que cerrar porque se funde, el Estado no. No tiene por qué funcionar como una empresa, el Estado bien puede trabajar a pérdidas si se trata, sobre todo, de estar al lado de su pueblo en momentos de crisis tan profundas como estas.

Brasil también parece que arriba al equilibrio fiscal, pero el de Lula es un camino totalmente distinto al que nos proponen acá, que es solamente el de destrozarle la vida a la gente. Podemos tomar la premisa ¿Hay que mejorar las cuentas públicas? Bueno, lo podemos hacer sin destrozarle la vida a la gente: podemos ir a buscar renta minera, renta petrolera, casinos, salas de juegos, bancos y entidades financieras. Pero sobre todo que no logren que nos autocensuremos a la hora de emitir nuestras propuestas, de volver a poner ideas sobre la mesa, de volver a levantar la bandera de un impuesto a las grandes fortunas de carácter permanente que nos permita sostener el funcionamiento de los tres niveles del Estado para que estén al servicio de nuestro pueblo.

Ayer nos enterábamos que nos quieren arrebatar nuestro día, el Día de las Empleadas y de los Empleados Públicos. Lo quieren eliminar mediante un decreto y yo pensaba, claro, si ellos no tienen día, si no laburaron nunca estos. ¿Qué saben de la importancia del día? En el 2013 se sancionó la Ley 26.876, que se denominó Ley De Gennaro por nuestro compañero Víctor De Gennaro, aquí presente. La misma estableció nuestro día, pero no solo era una lucha argentina, fue una lucha continental que tenía que ver con que la OIT había sancionado el Convenio 151 que reconocía el derecho que tenemos todas y todos a celebrar Convenciones Colectivas de Trabajo en el sector público. Escuchar argumentar al Vocero Presidencial daba asco: decía que eliminaban que el día sea no laborable para que no haya privilegios en el Estado y que no suceda lo mismo que en la actividad privada, cuando lo cierto es que en la actividad privada cada sector también tiene su día y es un día no laborable, un día feriado. Y es absurdo que él nos venga a hablar de privilegios, que acomodó a toda su familia y a cientos de militantes libertarios con sueldos millonarios mensuales en la Secretaría de Comunicación. Nosotros lo queremos decir con total claridad: no nos van a quitar el día, mañana vamos a ir a nuestros sectores de trabajo con una Jornada Nacional de Lucha con cese total de tareas en todos los organismos del Estado Nacional. Vamos a defender nuestro día y vamos a ver quién gana esta pulseada.

No quiero terminar sin antes mencionar lo que pretendió hacer el Gobierno con el derecho de huelga y la intervención que tuvo este Sindicato. Pretendieron limitar el derecho de huelga ampliando las actividades esenciales y además creando una figura nueva que son los servicios cuya importancia es trascendental. Y nos obligaban a garantizar el 75% en un caso y el 50% en otro de las prestaciones durante un Paro. Así, la huelga perdería eficacia, no tendría ningún sentido. Y yo quiero destacar que fuimos uno de los primeros sindicatos en presentar el amparo y que no sólo nos dieron la razón en primera instancia, sino también en la Cámara Laboral, es decir que hoy todas y todos los sectores seguimos teniendo derecho de huelga en la Argentina gracias a la acción que presentó nuestro equipo jurídico en la Justicia. Luchamos en la calle, luchamos en la Justicia y luchamos en todos los planos.

Quiero recordar en este Congreso del Centenario a aquellas y aquellos pioneros que hace 100 años nos daban vida. Inmigrantes pobres que llegaban al puerto de Buenos Aires desde distintos lugares de Europa, pero que nos daban una gran enseñanza. Venían de distintos lugares de Europa, entonces hablaban distintas lenguas, diferentes idiomas, pero además había diversos grupos: no todos pensaban lo mismo, tenían distintas ideas políticas y sin embargo dijeron ‘vamos a formar un sindicato porque es la única manera de enfrentar la explotación portuaria’. Es decir que nos enseñaban que es nuestra conciencia de clase la única que nos va a permitir superar todas las diferencias que tengamos.

Y quiero terminar con lo que escribía una hija de esos inmigrantes pobres que llegaba, Eladia Blázquez, en ‘Honrar la Vida’: merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. 100 años después les decimos a esos pioneros de 1925, 100 años después les decimos a esa generación maravillosa que nos recuperó en el ‘84, que acá seguimos los estatales sin callarnos frente a las injusticias repetidas y que no vinimos a vivir, que vinimos a honrar nuestra vida de militantes y que vamos a seguir luchando. Luchar, luchar y luchar hasta lograr la felicidad de nuestro pueblo, que será cuando tengamos una Patria justa, libre y soberana.

Muchas gracias compañeras, muchas gracias compañeros.

*Por Rodolfo Aguiar, Secretario General ATE Nacional

Categorías
Opinión

A 20 años del fin de las leyes de impunidad: reforzar la memoria colectiva es fortalecer la democracia

Se cumplen 20 años de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  Esta sentencia, conocida como el “Fallo Simón”, fue un hito en la lucha por la exigencia de justicia ante los crímenes de la dictadura y permitió la reapertura de juicios por los delitos de lesa humanidad. De esta forma, se habilitó el marco legal para juzgar a los genocidas, y que éstos tuvieran un juicio justo, algo negado a las víctimas del régimen dictatorial.

En los años 1986 y 1987 el gobierno de Alfonsín dictó las dos leyes mencionadas, garantizando la impunidad de los ejecutores y cómplices de la dictadura. Se buscaba cerrar los casos relacionados con la represión, impidiendo que se juzgaran los crímenes cometidos. La lucha por la memoria y la justicia por parte de las organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones políticas, sociales y sindicales, se sostuvo de manera incansable, para revertir las leyes del olvido.

La presión colectiva germinó en un momento político más propicio, encontrando un cauce institucional para que no se consagre la impunidad. Desde entonces, fueron condenados 1197 genocidas por crímenes de lesa humanidad, mientras que 14 juicios se encuentran en curso. Asimismo, 63 causas esperan fecha para juicio y todavía 258 permanecen en instrucción. El proceso de enjuiciamiento sigue porque la búsqueda de justicia y verdad continúa.

No obstante, la actualidad del poder judicial y político ensombrece la conmemoración de este hito central de la justicia y la convivencia democrática logradas por la derogación de las leyes de impunidad hace 20 años, ya que el avance institucional y legal que se conquistó años atrás se encuentra atacado.

Por un lado, la degradación de las políticas de derechos humanos que sostienen la búsqueda de verdad y de justicia se refleja en los despidos a trabajadorxs que ejecutan dichas políticas, en la desarticulación de toda presencia y seguimiento en los juicios de lesa humanidad, y, en el descuido y vaciamiento de los archivos y de los espacios para la memoria que son prueba judicial.

A nivel general, la violencia y vulneración de derechos por parte del actual gobierno se acumulan en despidos, cierre de organismos públicos, ataque a las organizaciones colectivas, decretos inconstitucionales, pérdida de derechos, deuda impagable y represión sostenida.

A lo antedicho, se suma la decisión del día martes, por parte de la Corte Suprema, de prisión e inhabilitación de por vida a Cristina Fernández de Kirchner, en un proceso legal plagado de irregularidades y de parcialidad.

Asistimos a un poder judicial dependiente de otros poderes, utilizado para proscribir a la principal dirigenta de la oposición, y contentar a los que claman venganza. En los juicios de lesa humanidad que se abrieron a partir del año 2006, podemos encontrar también una de las tantas razones por la cuales se persigue hoy a Cristina Fernández de Kirchner. 

Sabemos que el funcionamiento de un sistema democrático no se limita a la celebración de elecciones cada cuatro años. El Estado de derecho es un principio fundamental que establece que todos nos encontremos ajustados a las leyes que se promulgan públicamente y se aplican por igual, con independencia y sin arbitrariedad. Hoy en día vemos cómo esto se va erosionando. En este contexto la condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner representa un nuevo umbral en la pérdida del estado de derecho que no podemos permitir.

Hoy, como ayer, seguiremos levantando en alto las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pero sabemos que nada de esto será posible sin una democracia fortalecida, con un Estado de derecho firme. Como ATE vamos a luchar por sostenerlo y exigir que se respete. Por más que los agoreros del pasado se convenzan en creer lo contrario, el pueblo no olvida, no perdona y no se reconcilia.

Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional