Categoría: Opinión

Hace 10 años fue el femicidio de Chiara Páez, una piba de 14 años, lo que detonó que la bronca desbordara la calle, no hay forma de saber cuándo se acaba la paciencia colectiva, cuándo aquello que parece normalizado toca los límites de lo que ya no se tolera y explota. El hartazgo, aquel 3 de junio, nos llevó a organizar la primera movilización “Ni Una Menos” y abrió un ciclo de luchas.

Todas estuvimos ahí de alguna manera, en ese desborde que marcó un nuevo piso de acumulación de conciencia y deseo provocador. Se abría un proceso asambleario situado con características propias en cada territorio. Una experiencia novedosa de tejido que nos constituyó como sujeto social y herramienta.

A lo largo de estos años este proceso maduró con nosotras, el grito que nació para poner en agenda pública la necesidad de actuar ante los femicidios, travesticidios y crímenes de odio, la forma más extrema de la violencia también nos permitió entramar violencia de género con violencia económica, política, laboral. No hay vida libre de violencia en contexto de deuda, ajuste y desguace del Estado. La precarización de la vida es violencia y la desigualdad por motivos de género nos pone en peores condiciones, siempre.

Este año el contexto es de una violencia inédita. El llamado a asamblea lo sentimos como una bocanada de oxígeno, un espacio que, lejos de ritualizarse vuelve, una y otra vez, a revitalizar las formas de respuesta organizada frente a la violencia. 

Acá en la Ciudad de Buenos Aires la asamblea definió que no era posible salir un martes aunque fuera 3J porque son los miércoles los días en que, semana tras semanas, vienen lxs jubiladxs soportando la violencia represiva. Por eso fue un 4J con las jubiladas en la calle, en el Congreso. NI UNA JUBILADA MENOS fue el grito este año con el que llamamos a salir y se fueron sumando otrxs.

UNIR LAS LUCHAS ES LA TAREA. Los recortes en el área de discapacidad, el vaciamiento del CONICET y los salarios de pobreza de los residentes del Garrahan se sumaron al reclamo de jubiladxs este miércoles 4 de junio donde volvimos a decir que nos siguen matando. 

En Jujuy hubo tres femicidios en veintitrés días con casi ninguna respuesta del Estado provincial, desfinanciado y a tono con las nuevas  directrices del Estado Nacional que niega las desigualdades que producen violencia, desfinancia, desinforma intencionalmente, pretende desaparecer la figura del femicidio y promueve – desde la voz de sus funcionarios la misoginia y la discriminación en sus discusos de odio. Un  NI UNA MENOS  que amaneció con un lesbicidio en Moreno unos días después del femicidio de Tres Arroyos. 

Desde el feminismo sindical tenemos la tarea de entramar la violencia laboral con la violencia política porque nuestras experiencias laborales en este contexto de derecha neoliberal son un laboratorio de crueldad. Vivimos con la sensación de “estar en peligro”: peligra nuestro empleo, la reproducción de la vida y la vida misma. 

El desguace del Estado es despidos, cierre y desfinanciamiento de políticas  públicas, la crisis salarial de lxs estatales es una forma encubierta de despido.  Peligran muchos derechos, incluso un hospital de alta complejidad para niñxs porque no hay límites a la crueldad. El Gobierno avanza sobre nuestra autonomía económica y disemina la violencia a todos los ámbitos de nuestra vida, la narrativa de odio se corporiza en una escena deshumanizante cotidiana que nos silencia, nos pone bajo sospecha, nos fragmenta y nos aísla. Vinieron a instalar el miedo y la fragilidad de la vida para hacerse fuertes. 

Para quienes vivimos de nuestro trabajo, el miedo y la fragilidad es perder el trabajo, la amenaza de despidos todo el tiempo, la caída del salario que hace imposible sostener la vida, el pluriempleo, y la sobrecarga de cuidado, la persecución y  hostigamiento permanente, el vaciamiento del sentido de nuestro tarea, la incertidumbre extrema sobre qué pasará mañana y el ataque a los derechos previsionales que instala un presente de hambre para lxs jubilados y nos propone – a quienes hoy trabajamos una imagen de futuro aterradora porque sin moratoria 9 de cada 10 mujeres no podremos jubilarnos y con estas jubilaciones nadie puede vivir. Este Gobierno vino a arrasar con lxs derechos de lxs trabajadorxs.

El plan se completa con el ataque a la acción colectiva. Al disciplinamiento que socava la participación individual -porque la pobreza de tiempo nos resta horas para la organización sindical-  se le suma la embestida contra los sindicatos y las organizaciones populares. Intentan limitar nuestra participación en las calles con protocolos y represión que visibilizan y amplifican por los medios para instalar el miedo. Mientras, pretenden limitar el derecho a huelga de las organizaciones gremiales y arman artilugios para debilitar a sindicatos, perseguir, desprestigiar y achicar los alcances de su representación porque es más fácil instalar la reforma laboral sin resistencia sindical y avanzar contra lxs trabajadorxs cuando están desorganizados.

De los datos preliminares de la encuesta que lanzamos desde la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Nacional “Violencia laboral y política en contexto de ajuste” se desprende que: más de 91% experimenta mayores niveles de violencia en sus lugares de trabajo, más del 64% decide no usar derechos laborales por miedo a represalias; y más del 72% sostiene que sus condiciones de trabajo cambiaron para peor. Esta situación trasciende el espacio de trabajo y afecta además nuestra vida familiar y social, la misma encuesta arroja que más de 75% siente desánimo, el 77% estrés, el 68% angustia y más del 67% ansiedad. Además, más del 38% de los que la completaron recurrieron durante el último año a medicamentos para gestionar el estrés.

Por eso en este NI UNA MENOS las compañeras de ATE llevamos a la asamblea lo que venimos viviendo lxs estatalxs desde la llegada de Milei, porque el ajuste es violencia laboral y esta violencia laboral es una de las dimensiones de la violencia política que pone en peligro la democracia en la Argentina. 

Aportamos también la experiencia de lucha que venimos sosteniendo y la definición orgánica de salir a la calle como parte de este NI UNA MENOS federal.

A 10 años volvimos a llenar las calles desafiando la ocupación de las fuerzas represivas y nos propusimos UNIR  LAS LUCHAS  para defendernos, para juntxs exorcizar el miedo y revitalizarnos en el abrazo. Porque cuando somos muchxs no hay protocolo que valga y porque es siempre colectiva y en movimiento la posibilidad de encender el deseo, imaginar el futuro y  recordar de lo que fuimos capaces. 

¡NI UNA MENOS! 10 AÑOS ¡UNIR LAS LUCHAS ES LA TAREA!  ¡VIVAS, LIBRES Y DESENDEUDADAS NO QUEREMOS!

Clarisa Gambera, Secretaria de Género y Diversidad ATE Nacional

Si bien los números oficiales generales del mundo del trabajo arrojan un 42 por ciento de informalidad, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estos números ascienden entre las juventudes alcanzando niveles alarmantes. Más del 65% de los varones jóvenes y más del 71% de las mujeres jóvenes trabajan en condiciones informales.

En el sector público además, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciamos que más del 55% de lxs trabajadorxs del Estado cumplen su función bajo algún nivel de informalidad, mediante contrataciones que encierran el fraude laboral eterno, que significa no ser parte de la planta permanente en el Estado.

La garantía constitucional que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, fue incluida explícitamente por los constituyentes de 1957, en función de no dejar librada la fuente de trabajo de los empleados públicos a la discrecionalidad de los diferentes gobiernos, teniendo como objetivo erradicar las prácticas clientelares en el ámbito de la administración pública, y preservando que los trabajadores no fueran el “botín de guerra” de las fuerzas políticas que resulten victoriosas.

Las personas trabajadoras del sector público, pueden revestir dentro del Estado bajo dos regímenes, a saber: – empleo público (al presente, regulado por la ley 25.164), o por aplicación de la LCT, sin perjuicio de lo cual, fuere la ley de fondo que rige estas relaciones, la estabilidad propia es una garantía para todas ellas.

Uno de los efectos más impactante y despiadados de las relaciones laborales precarias en el Estado, es el que vivimos al inicio de la administración Milei, pero que no es muy diferente a la situación que se repite en cada una de las fuerzas neoliberales que han accedido al gobierno. Históricamente los altos índices de precarización laboral alcanzados en el Estado Nacional posibilitaron cientos de despidos, camuflados bajo rescisiones contractuales que, en diferentes modalidades, escondían una relación de dependencia de larga data, que impregnadas de precariedad en realidad sostenían tareas habituales, normales y regulares, propias de la planta permanente.

Como efectivamente eso no alcanzó, atacaron deliberadamente la estabilidad de la Planta Permanente del Estado, creando el “pase a disponibilidad”, para trabajadores que estaban en esa condición, con el objetivo de eliminar gran parte de la planta estatal. 

Merecería un análisis particular, la estabilidad de las estructuras institucionales completas que han desaparecido y por lo tanto, que han llegado a disolver, no solamente el espacio laboral, sino también las relaciones laborales de los trabajadores que eran parte de esas administraciones. 

Queda claro, como oportunamente había denunciado nuestra organización, que no alcanzaron los planes de regularización de empleo, sumado a la necesidad incumplida de creación de vacantes para los organismos del Estado Nacional, sino que hace falta empezar a generar recursos de excepción que reconozcan a los miles de trabajadores que hace más de 10 años cumplen tareas en el Estado, como blindaje también para el funcionamiento de las políticas públicas. 

La informalidad dentro del Estado también socava la posibilidad de un proyecto nacional con un Estado solidario al servicio del interés general, y con la convicción de convertirse en quien regula la nivelación de la desigualdad estructural del sistema. 

En el caso de las administraciones provinciales, se han llevado adelante despidos masivos de trabajadores y trabajadoras bajo diferentes modalidades y en el caso de los municipios, aún siendo trabajadores del sector público, las relaciones laborales son mucho más endebles, llegando en algunos casos a la utilización de planes sociales como sueldo de trabajadores del sector público. 

Precarización laboral y privatizaciones encubiertas

La precarización laboral también está emparentada con la injerencia del sector privado en el sector público, con la idea arraigada que nada que sea realizado por el Estado puede ser bueno o eficiente.

La lógica del sector privado responde directamente a la lógica del sistema de producción capitalista, y su objetivo es la maximización de las ganancias. En este sentido, el “precio” (salario) que los detentadores de los medios de producción pagan por la apropiación de la fuerza de trabajo de la persona, es uno de los factores (costo) – a su entender- más importantes en la conformación del precio final del producto o servicio, por lo que las formas precarias de contratación permiten pagar salarios inferiores.

En el Estado, estas relaciones de dependencia encubiertas, con las contrataciones por intermedio de fundaciones, asociaciones civiles y otras figuras jurídicas en las cuales, el Estado acaba delegando funciones que, en la regularidad de los casos, son indelegables. 

Estas contrataciones no solamente paralelizan las tareas habituales, normales y regulares de los trabajadores de Planta Permanente, sino que como la dependencia directa de los trabajadores es con una figura externa y la correspondencia de tareas se lleva a cabo en el Estado, revisten de una incertidumbre y estabilidad mucho mayor, sumada a un conflicto de identidad propio de la relación laboral. 

Resta decir que en este modelo donde reina la informalidad, también se pone en discusión acerca de qué ponemos en el centro de las preocupaciones de un Estado. Si permitimos que sea la balanza de pagos, el mercado financiero y el déficit fiscal, sean los objetivos a cumplir, o ponemos de relieve y en el centro de las preocupaciones el cuidado de la vida de nuestro pueblo. 

La ausencia de aportes jubilatorios, obra social, cobertura de accidentes y riesgos del trabajo, seguro de vida, sueldo anual complementario, horas extraordinarias, vacaciones pagas, carrera administrativa, capacitación ni estabilidad en sus empleos, genera trabajadorxs de primera y segunda categoría.

Existen diferencias concretas y reales que suponen una discriminación arbitraria en perjuicio de estxs últimxs. 

Este año, presentes en la 113° Conferencia Anual de la OIT, se cumplen además 10 años de la recomendación 204, sobre la transición de la economía informal a la formal, un instrumento internacional para facilitar la transición, respetando los derechos fundamentales de lxs trabajadorxs, promoviendo el trabajo decente. Se trata de la “creación, preservación y sostenibilidad de empresas y empleos decentes de la economía formal, así como la prevención de la informalización de empleo”. 

El “pase a disponibilidad” en el Estado Nacional, que deja en el limbo a miles de trabajadores, encierra un despido arbitrario e injusto que supone una mirada opuesta a la del mundo del trabajo, que sostienen tanto la OIT como así también los Estados Miembro de la conferencia. 

Desde ATE estamos convencidos, de que así como tienen que existir mecanismos sancionatorios para las empresas que incumplen con la formalidad del trabajo e incentivos para aquellas que se esfuerzan por generar más y mejores condiciones laborales; en el Estado debieran existir también mecanismos que prevean la sanción de gobiernos que desde su propia condición de empleadores mantienen altos grados de informalidad enquistada en el seno de su estructura.  

_{*Por Mercedes Cabezas, Secretaria General Adjunta de ATE Nacional desde la 113ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.}

Me llené de emoción aquella mañana del 15 de enero, justo el día en el que nuestro sindicato cumplía 100 años, llegaba a mis manos una carta: se trataba de la invitación oficial del Vaticano para tener una audiencia privada con el Papa Francisco. Recuerdo que en los meses previos cuando aún estábamos gestionándola, nunca dimensioné la magnitud de lo que iba a suceder. Decidimos mantenerla en secreto hasta último momento. No queríamos que nada pudiera frustrar ese encuentro.

La mañana del viernes 7 de febrero aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino. Mi mente se llenaba de recuerdos de los últimos días: Los regalos para él que había guardado en mi valija antes de partir, el miedo que tenía de que el vuelo pudiera retrasarse. Nuestra Secretaria Adjunta, Mercedes Cabezas, había volado dos días antes. Yo me di cuenta que había viajado con el tiempo justo. 

Que el Papa Francisco, ese gran líder mundial, haya decidido encontrarse con nosotros, con ATE, con los estatales, con uno de los sectores más atacados y que mayormente decidió confrontar con el Gobierno, rápidamente comprendí que era todo un posicionamiento político. Nos tendía la mano, nos daba un escudo protector.

La audiencia estaba prevista para el 8 de febrero a las 8 de la mañana. La noche previa me costó conciliar el sueño. Me invadían la ansiedad y los nervios. Creo que pude dormirme recién a la madrugada. A esa altura ya era consciente del impacto que tendría la noticia si finalmente el encuentro se concretaba. 

Llegamos a la residencia de Santa Marta casi una hora antes de la cita, fuimos guiados hasta una suerte de sala de espera a la que fueron llegando invitados que participarían de otras audiencias. Al lado nuestro, tres monjitas mexicanas, ancianas. Nos contaron que ya estaban jubiladas y que habían vivido 12 años en el Vaticano sirviendo a las órdenes de un cardenal mexicano, Javier Lozano Barragán, muy amigo del Papa. Nos contaron que la noche previa a que Francisco sea ungido Papa, cenaron en el departamento del mexicano cinco cardenales. Cuando terminan la comida, dos de esos cardenales que seguramente en ese momento todavía estaban en búsqueda de consensos, se fueron a conversar al balcón. Otros dos lo hicieron en otra habitación, y cuando en ese momento Bergoglio quedó solo, recostado sobre el marco de una puerta, una de ellas, la más intrépida, la que había cocinado, le dijo: “Espero que mañana, cuando sea ungido como Papa, nos invite a cenar”. Cuentan que les respondió con una sonrisa. A los 15 días, sonó el teléfono de aquel departamento. Cuando atendieron se escuchó una voz: “Soy Francisco, ¿cómo están esta noche para venir a cenar?”. 

Luego de esa anécdota, aproveché a preguntarles cómo se saluda a un Papa y en esos instantes previos recibimos una clase acelerada de protocolo. “Usted tiene que darle la mano y sólo hincarse un poquito”, me dijeron. 

Nos recibió el Edecán, el mismo que nos vino a buscar para decirnos que debíamos acercarnos a una sala contigua porque ya nos tocaba a nosotros. Recuerdo que la puerta de la sala en la que se estaba brindando la audiencia anterior estaba abierta y allí, desde lejos lo vi por primera vez. Su figura rápidamente me impactó. Me esforzaba por recordar el análisis político que en detalle había estudiado para ofrecerle en una exposición de entre 3 y 5 minutos, en la creencia que la audiencia no iba a durar más que eso. 

Cuando ingresamos, estaba visiblemente afectado por los síntomas de lo que nos dijo era una bronquitis. Además, nos indicó que hablemos fuerte, que estaba congestionado y le costaba escuchar, tosía y se agitaba al hablar. Ese día decidí no dar esos detalles a la prensa. Lo primero que hice fue valorar que aún en ese estado igual nos haya recibido. Nos respondió que “no hacerlo hubiese sido una descortesía”. 

Comencé con mi relato de un informe negativo sobre la gestión del Gobierno haciendo hincapié en el deterioro progresivo y grave de las condiciones de vida de todo el pueblo argentino. Ahí interrumpió por primera vez. Nos contó que hacía unos días había hablado por teléfono con su hermana María Elena, quien le había dicho que los costos de los medicamentos que ella necesitaba se había triplicado solo en cuestión de semanas. 

Me di cuenta que este Papa, nuestro Papa, argentino, hacía política. Condenaba las guerras inadmisibles en el mundo, las persecuciones, los destierros forzados, abrió a la Iglesia al debate de las diversidades y el derecho a decidir de las mujeres. Nos recordó que él había recibido durante más de una hora al presidente Milei, que lo había escuchado exponer teorías económicas neoliberales que ya estaban en desuso en el mundo y dijo: “Yo les hablé de los pobres, pero no escuchan”.

Estaba muy interesado tanto en el oficialismo como en la oposición. Nombró a Victoria Villarruel. Me llamó mucho la atención. Recordaba incluso que había sido destratada por el Poder Ejecutivo por su reciente visita a Isabelita en España. Yo rápidamente alerté sobre la visita impulsada por esta a los genocidas en la cárcel y su legitimación de la última dictadura militar.

– “Además impulsa la baja de edad de imputabilidad”, agregamos.

– “¿Pero cómo, esa no era ‘Pepita la Pistolera’?”, respondió Francisco en clara alusión a la ministra de Seguridad.

Después quiso saber nuestra opinión sobre la oposición. Le referimos a las dificultades y las internas que estaban transitando. Sin embargo, él nos preguntó puntualmente por dos dirigentes. Yo, acostumbrado en política a no regalar nada, no se los nombraba. Él los siguió caracterizando y cuando finalmente descubrimos sus nombres, respondió: “Esos dos son los que me gustan a mí”.

Decidí en aquel momento, y más ahora, no contar de quienes se trataba. No creo que sean estos los días para hacerlo. No puede existir ninguna intencionalidad política. Tenemos que respetar el duelo como un sentir mayoritario de nuestro pueblo. Ya habrá momento para eso. Las argentinas y los argentinos tienen derecho a saber de quién nos habló en una de las últimas audiencias que brindó. 

Antes de finalizar el encuentro, le hicimos entrega de algunos obsequios que de corazón habíamos preparado en nuestra ATE. Entre ellos, en mi carácter de rionegrino, una escultura del Santo Artémides Zatti, enfermero de mi provincia que había sido canonizado por él.

Cuando finalizaba la audiencia, estrechamos su mano y nos retirábamos, en la puerta me di vuelta para observarlo por última vez. Lo recuerdo contemplando la escultura de Zatti sobre sus piernas. Esa fue la última mirada, la última imagen que yo tengo de él. Al salir del Vaticano, entendí que habían sido 19 minutos que marcarían para siempre nuestras vidas, y al perdernos en alguna de esas callecitas de Roma, miré el cielo convencido de que algo grande había sucedido. 

*Por Rodolfo Aguiar, Secretario General ATE Nacional

Desde la Secretaría de Derechos Humanos repudiamos el reciente dictamen en comisiones de la iniciativa oficialista que busca reducir la edad de punibilidad a 14 años. La propuesta fue respaldada por la UCR, el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, alcanzando 77 firmas para su debate en recinto, y generando una firme oposición por parte de Unión por la Patria y el Bloque de Izquierda. Este avance legislativo representa un golpe significativo a la concepción de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud desde una perspectiva de Derechos Humanos.

La insistencia en la baja de la edad de punibilidad criminaliza a adolescentes que, en muchos casos, son víctimas directas de la exclusión social, la violencia sistémica, la desigualdad estructural y el desamparo por parte de un Estado que no sólo no aborda las causas fundamentales del problema, sino que se desentiende de su rol como garante de derechos fundamentales.

La firmeza con la que se impulsa esta medida contrasta dolorosamente con la vulnerabilidad de las vidas que pretende regular, vidas que demandan protección genuina, comprensión profunda y oportunidades reales, no un camino prematuro y estigmatizante hacia la criminalización, en una sociedad que parece haber abandonado la empatía y naturalizado la crueldad.

Este tipo de iniciativas no es novedosa, ni legítima, ni efectiva, ni tampoco necesaria. La reducción de la edad de punibilidad no es una solución a los problemas de inseguridad en los que se ven involucrados NNyA; por el contrario, profundiza su estigmatización e introduce prematuramente en un sistema penal que a menudo reproduce exclusión y violencia. Penalizar a NNyA cada vez más jóvenes evade la responsabilidad primordial de abordar las complejas causas de los comportamientos transgresores en jóvenes en barrios marginados: falta de oportunidades educativas y laborales, hambre, explotación infantil, control narco y ausencia de afecto social y desarrollo integral. Estas raíces interconectadas exacerban la violencia y requieren soluciones integrales y sensibles.

Las alarmantes estadísticas que revelan la vulneración sistemática de los derechos de la mayoría de los NNyA en Argentina, con altos índices de pobreza multidimensional y millones sin acceso diario a una alimentación digna, exigen una respuesta estatal urgente y coordinada que aborde las causas estructurales profundas que los llevan a conflictos con la Ley Penal.

Argentina se encuentra en una encrucijada ética y política con profundas implicancias para su futuro. La decisión de avanzar con la reducción de la edad de punibilidad no solo representa un retroceso en derechos humanos, sino también una falta de comprensión de las complejas problemáticas sociales que subyacen a los comportamientos de adolescentes que infringen la ley y que requieren respuestas integrales y sensibles.

Reafirmamos la obligación del Estado argentino de garantizar los derechos de todos sus NNyA, implementando políticas públicas integrales guiadas por la empatía y la dignidad inherente, que prioricen la prevención efectiva, la inclusión social genuina y la reinserción social significativa por encima de la sanción temprana y punitiva.

En este punto crítico, es necesario un compromiso firme con el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de NNyA y con lxs trabajadorxs que lo sostienen con dedicación a pesar de contextos adversos y condiciones laborales precarias.

Desde ATE llamamos a diputados y diputadas a rechazar el proyecto de ley, que no hace más que profundizar la vulnerabilidad de quienes más necesitan la protección activa y sensible del Estado, especialmente en una sociedad tendiente a un individualismo extremo y con una creciente pérdida de humanidad y comprensión hacia quienes más sufren el desmantelamiento de un Estado presente y garante de derechos. La crueldad avanza, y de aprobarse este proyecto estarán siendo cómplices de su legalización.

*Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos

En esta etapa es necesario motivar a nuestros compañeros y compañeras, a los que luchan, a que sumen nuestras consignas a las consignas de nuestra ATE y nuestra CTA.

Que la palabra discapacidad se pronuncie en intervenciones públicas, en entrevistas en los medios.

Es importante tener presente que muchos trabajadores y trabajadoras tienen hijos con alguna discapacidad, y que las consecuencias de las políticas del Gobierno los afectan directamente, especialmente a las mujeres en las tareas de cuidado.

¿Por qué este planteo?

En el 2023, ante la posibilidad del triunfo de Milei, advertimos el gran riesgo que corrían el Estado, las políticas públicas, el empleo, la situación social. Advertimos sobre un plan consistente en la apropiación de nuestras riquezas estratégicas a manos del capital concentrado de los grupos financieros nacionales e internacionales. Un plan económico de ajuste brutal.

Milei proclamó la destrucción del Estado y aplicó políticas económicas que destruyen la economía del país, el empleo, las políticas públicas sociales y, lo que él dio en llamar ‘la casta’, la justicia social.

El cierre de oficinas del Estado y el despido de los empleados públicos, apuntan en consecuencia, a quienes podían llevar adelante las políticas públicas para el conjunto de los argentinos. Esto se convirtió en una constante y en un objetivo a conseguir, que era festejado desde el Gobierno, por la burguesía depredadora y la prensa de su propiedad.

La salud, la educación, la ciencia, la seguridad social, los programas y las políticas hacia los grupos vulnerables fueron blancos del ataque implacable. Se trata de un Gobierno que se propone reducir el déficit fiscal, reducir la inflación a cero a cualquier costo en pos de una estabilidad que le garantice un futuro triunfo electoral. Es así que la casta pasamos a ser los trabajadores y el conjunto del pueblo.

Ante el fracaso del plan apelan a un nuevo préstamo con el FMI que, además de prolongar los sufrimientos de los trabajadores y del pueblo, termina entregando nuestra soberanía.

Así profundiza el ajuste.

El colectivo de discapacidad recibió golpes demoledores. No tuvieron reparos en el despido de trabajadores con discapacidad, en destruir las políticas tendientes a la integración social, al trabajo, a la salud, a la educación en todos sus niveles, al transporte accesible y a todos aquellos elementos que hacen posible una vida digna.

Los desfinanciamientos a las provincias provocaron el cese de prestaciones de salud, de rehabilitación, de diversos tratamientos, de medicación indispensable para la salud.

Se implementaron auditorías a las pensiones otorgadas a Personas con Discapacidad (PcD) que son una excusa que termina en la quita de la pensión. Del mismo modo, el inicio de los trámites para obtener pensiones está prácticamente suspendido.

En todo el país se cerraron los Centros de Referencia (CDR) que son espacios locales de gestión que funcionan como delegaciones del Ministerio de Capital Humano en municipios y provincias, donde profesionales brindan asesoramiento para facilitar el acceso a distintos programas y servicios. Lejos de redistribuir las tareas de los empleados estos fueron despedidos.

Entonces, lo que sucede en discapacidad está íntimamente ligado a lo que ocurre a todos los sectores populares en la Argentina.

Ante el cierre de institutos en todo el país, cientos de profesionales como médicos, psiquiatras, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos quedan sin trabajo.

Aquí no se trata de una desatención o una política solamente hacia el sector de la discapacidad. Se trata de la política de un Gobierno que se desentiende de la población en su conjunto y niega sistemáticamente sus derechos desconociendo la Constitución y las leyes, además de tratados internacionales.

Si bien hay que insistir en todas las instancias, la solución está lejos y no hay voluntad en este Gobierno de mejorar la situación de las PcD. Por el contrario, su política está basada en la destrucción de sus derechos.

En el Gobierno últimamente está circulando un proyecto irónicamente llamado Ley de Igualdad Ante la Ley que se propone eliminar el Cupo Laboral de las Personas con Discapacidad, el Cupo Trans, la Ley Micaela, el DNI Binario, entre otras políticas.

Este cuadro de situación que atraviesan las PcD revela la magnitud de destrucción y abandono al que son sometidos por el Gobierno. Se trata de un colectivo empobrecido con muchas dificultades para la autogestión.

Es por eso que se requiere, aún más, integrar sus reivindicaciones de manera visible a la lucha de nuestra ATE y nuestra CTA contra el plan económico y hasta derrotar a este Gobierno hambreador y vendepatria.

*Por Carlos Ferreres, Director del Departamento de Discapacidad de ATE.

Cuando hablamos de equidad de género, uno de los principales desafíos es resolver las distancias entre la teoría y la realidad. No basta con sancionar normas y aprender teorías – que son necesarias -, si la letra no está necesariamente acompañada de una práctica, que en suma intente acercar los polos que siguen manteniéndonos dentro de un paradigma patriarcal y misógino, que oprime a las mujeres principalmente, pero que también define una sociedad prefijada sobre supuestos estereotipados.

Vale decir, no alcanza solamente con licencias parentales, si los espacios laborales instan a sus trabajadores a no tomárselas; no alcanza con a su vez, que las mujeres puedan a acceder a más derechos en torno a la vida laboral y el sistema de cuidados, si no debatimos la corresponsabilidad social de los cuidados y las responsabilidades del Estado; no alcanzan los Convenios Colectivos de Trabajo con más derechos para las mujeres, si no se tiene en cuenta la necesidad de saldar el uso del tiempo de la mujer que no tiene la posibilidad de avanzar en su carrera laboral profesionalizándose y llegar a puestos de responsabilidad, por poner ejemplos. En síntesis, no alcanzan los logros obtenidos, si no existen representaciones paritarias tanto en las organizaciones del campo popular, como los sindicatos por ejemplo, como en los directorios de las empresas, que puedan ser precursoras de un nuevo tiempo histórico, que avance hacia los cambios culturales, ideológicos, políticos y paradigmáticos que necesitamos en el seno de la clase trabajadora.

Quizás el caso más paradigmático, es el de la Unión Industrial Argentina (UIA), que no cuenta con mujeres en su junta directiva y la primera y única, que aparece en la lista ampliada es la tercera vocal; o incluso conducido también por la UIA, el directorio de la ONG Monopólica IRAM, que no cuenta con mujeres en su directorio ejecutivo, apenas alguna vocal, a pesar de vender una normativa desde 2021 – IRAM 57001 –  para “promover y fortalecer la equidad de género mediante la reducción de brechas, prevención y erradicación de las violencias por motivos de género para el ámbito de las organizaciones en sus diferentes estructuras”, que según la propia descripción del organismo “se trata de una propuesta de autoevaluación para las empresas y organismos desde la perspectiva de género para fijar líneas de base, objetivos, metas y realizar un seguimiento, medición, análisis y evaluación permanentes”.

No alcanza, si no termina la cultura de “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, no alcanza. Para avanzar en un sistema de equidad en la industria, se necesita algo más que ponerles normativa vendible a las palabras que cientos de mujeres feministas declamamos todos los días, hace falta construir sistemas que permitan recrear condiciones de igualdad reales, entendiendo que terminar con la brecha de género, también es un objetivo que debiera construirse desde la corresponsabilidad.

No alcanza con pensar las normativas progresistas que tan aguerridamente luchamos desde campo popular feminista en las calles. Necesitamos que además y de una vez por todas, tengan el coraje de dar el ejemplo.

Mercedes Cabezas, Secretaria General Adjunta ATE Nacional 

1968 – Tiempos de crisis de la contrarrevolución argentina, siendo el General Agustín Lanusse el tercer presidente de facto del citado período, permaneciendo el General Perón en el exilio, y el movimiento obrero organizado atravesado por intervenciones, cancelaciones de personerías gremiales, congelamiento de fondos, y la dirigencia sindical fragmentada entre silencios burocráticos y voces combativas, aquel militar usurpador de uniforme patrio alentará la normalización de la central obrera. Lo hará dando un guiño, desde su mirada táctico estratégica de carácter político institucional, con vistas a una apertura pseudo democrática, de la que se proyectaba protagonista, impulsando el ala sindical colaboracionista desde donde se destacaba la figura del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Eugenio Timoteo Vandor, su posible compañero de fórmula.

Era un secreto a voces que el ministro de Trabajo, Rubens San Sebastián, ‘normalizaría’ con intervenciones algunos de los gremios sancionados, posibilitando por esta vía el acceso de dirigentes ‘confiables’ en un futuro armado, para contar con más gremios afines a la hora de normalizarse la central obrera.

Es así que se convoca al encuentro normalizador, Congreso ‘Amado Olmos’ –denominado así en homenaje al dirigente de la Sanidad recientemente fallecido- que se llevará a cabo en la sede de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) entre el 28 y 30 de marzo, luego de que el vandorisimo hiciera esfuerzos por convencer a los gremios intervenidos de que no participaran de las votaciones, para garantizar el desarrollo con la legalidad que demandaba el régimen y evitar cualquier impugnación.

El Secretario Adjunto de la intervenida Unión Ferroviaria, Lorenzo Pepe, habría de ser una de las espadas encargadas de convencer sobre la necesidad de la participación de los gremios intervenidos y de contener su presencia.

La ATE con las puertas abiertas en la vereda correcta

El 27, día previo a la convocatoria, se lleva cabo en la sede nacional de la ATE, en el despacho del Secretario General, un encuentro de los principales referentes congresales por fuera del vandorismo, y Bernardo Alberte, delegado personal de Perón. Carlos Custer, Secretario de Organización de UPCN, y también delegado al Congreso normalizador –pocos años antes de su incorporación a ATE- será el encargado de recibir, entre otros, a los convocados, oportunidad en que se debate y se arma la lista a ser propuesta por el sector, y que encabezará el dirigente gráfico Raimundo Ongaro, acompañado por Amancio Pafundi como adjunto –años más tarde incorporado a la ATE y Presidente del Centro Nacional de Jubilados-, y Pedro Avellaneda, el brillante Secretario General Adjunto nacional de los estatales, la Prosecretaría de finanzas.

En las deliberaciones oficiales del Congreso el día posterior frente a las argumentaciones expuestas desde el vandorismo, serán importantes los roles de los dirigentes Lorenzo Pepe; del obrero naval Ricardo de Luca; del telefónico Julio Guillán; del empleado de Farmacia Jorge Di Pascuale; de Juan Horvath de ATE –respaldo que dará no por mucho tiempo-.

En medio del debate interno se produce la crisis que lleva a los seguidores de Vandor, en la segunda jornada a optar por retirarse de la escena deliberativa, por lo que se decide pasar a un cuarto intermedio hasta el día siguiente en que el vandorismo no se hace presente, habiéndose reinstalado ilegal e ilegítimamente en la sede oficial de la CGT.

En tanto en la sede la UTA, tras llevarse a cabo los trámites de rigor correspondientes y votarse con el quórum requerido en las respectivas urnas dispuestas, el día 30 será el compañero Carlos Custer, el encargado de dar a conocer los resultados que determinaran la elección de Raimundo Ongaro, como Secretario General de la CGT que se autodenominará de los Argentinos, promoviendo con honra un sindicalismo de liberación.

*Por Daniel Parcero, Periodista y escritor revisionista del movimiento obrero. Responsable del Área Memoria del Departamento Nacional de Cultura de la ATE.

En tiempos de una democracia herida, es una responsabilidad política repensarla como sistema, pero también como espacio donde confluyen, en consonancia y disonancia, las ideas. Eso fue Bolivia es los últimos días, una Nación repensando un instrumento político, pero también construyendo las ideas y los sueños de quienes se alzan como dueños de sus tierras por derecho propio y no por papeles de sistemas que inventan quienes ocupan los territorios circunstancialmente.

Una democracia entendida, no como el simple acto electoral, sino como ejercicio de ciudadanía, profundamente política, llevó el debate durante tres días sin descanso, durante día y noche, hasta que construyó la síntesis necesaria para volver a levantar las banderas de Evo Morales como conducción de un nuevo tiempo de esperanza, pero también de profundización de un proceso nacionalista y soberano, que en articulación con la Patria Grande Latinoamericana genere mejores condiciones de vida para su pueblo.

En medio de la crisis, de la corrupción, de la falta de combustible y las amenazas permanentes, hoy Bolivia es parte de un proceso latinoamericano que enfrenta un nuevo intento de colonización de los pueblos. Una iniciativa que sienta sus raíces en la dependencia y en la derecha de naciones intervenidas, en su intento por cambiar estructuralmente la matriz distributiva de sus pueblos.

Bolivia no es un caso aislado. Los intentos de proscripción, el Lawfare, la persecución política a los lideres latinoamericanos que encabezaron programas de gobierno progresistas se han convertido en un común denominador, de los espacios políticos con miradas neofasistas.  Por eso, en un plan global de dependencia de los poderes concentrados de la economía, espacios de confluencia de los pueblos, como el RUNASUR cobran especial importancia.

En tiempos de necesidad de construcciones y esfuerzos colectivos, el debate es crucial para la articulación de un espacio que, en la nueva configuración mundial, tenga la fuerza suficiente para erguirse y abrirse camino.

En ese marco, “Evo Pueblo” el nuevo partido que encabezará Evo Morales, como síntesis política, es el sueño de volver a una senda de construcción nacionalista, que recupera no solamente conceptualmente el gobierno del pueblo en un representante, también invita a repensar el pasado para un presente con condiciones de dignidad.

En tiempos de necesidad de construcciones y esfuerzos colectivos, el debate es crucial para la articulación de un espacio que, en la nueva configuración mundial, tenga la fuerza suficiente para erguirse y abrirse camino.

La democracia plena, se ejerce todos los días. Recuperar el debate colectivo, perfeccionando las herramientas democráticas, es de vital importancia para reinventarnos en el camino de nivelar la desigualdad estructural entre los pueblos y hacia el interior de ellos. Volver a apropiarnos como sociedad de la política, desde su núcleo básico, en cada una de las familias, es hablar de lo que nos pasa, y entender que para resolverlo, necesitamos abrazar a otros y otras. Recuperar las palabras para construir una nueva semántica, entendiendo que el relato de la historia, es la edificación de la cultura. Una necesidad que también nos interpela en la Argentina.

Ser parte de un proyecto colectivo es atreverse a escuchar, aun sabiendo que nuestro accionar posterior requerirá muchas veces de una gran voluntad política. Lo importante es que, en el reintento permanente de construir las mejores condiciones para nuestro pueblo, se levanta ese sueño colectivo de lo posible, que permite edificar un presente y un futuro que merecen ser vividos.

*Por Mercedes Cabezas, Secretaria Adjunta ATE Nacional 

Necesitamos visibilizar más la problemática Malvinas, reconstruir su historia como un intento de desagravio. La afirmación de nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur históricamente ha sido una causa sentida por el pueblo argentino. Precisamente por eso fue utilizada por el gobierno de facto como un ilusorio intento final de perpetuarse en el poder. Resulta necesario, por lo tanto, conocer nuestra propia historia para de esa manera poder defender la soberanía. Dejémoslo claro: la causa Malvinas es una causa justa y no implica defender los objetivos de la dictadura.

Por esta fecha podemos encontrar cientos de artículos, entrevistas, información en las redes, etc., que dan cuenta de los motivos de orden jurídico, histórico y geográfico que nos amparan en la afirmación de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Lejos de pretender que no sea necesario detallar esos motivos, quisiera de todos modos ahondar en otro aspecto, esto es, en la relación emocional y afectiva de la ciudadanía argentina con la afirmación territorial. Porque consideramos que este es precisamente el motivo instrumental por el cual el gobierno de facto se embarcó en una guerra para la cual las Fuerzas Armadas no estaban preparadas. Buscaban apelar a ese sentimiento arraigado para conseguir el apoyo del pueblo a un gobierno brutal, tan ilegal como ilegítimo y ya en irremediable declive.

“Las Malvinas son argentinas” no es una mera expresión de deseos o una frase que se repite automáticamente, es una reivindicación justa y un sentimiento arraigado en nuestro pueblo. Pensemos que es parte de la currícula educativa desde 1941. Es decir, que por generaciones la formación escolar hizo foco en la construcción de ese sentimiento nacional sobre las Islas. La juventud de los años 70 creció con ese sentimiento, que se consolidaba aun más en un mayor posicionamiento antimperialista y decolonial. Por este motivo, las posiciones ante el conflicto bélico frente al Reino Unido por la recuperación de las Islas Malvinas fueron contradictorias. Como muestra de ello señalemos, tres días después del paro y la movilización de la CGT contra la dictadura (Paz, Pan y Trabajo pedíamos) en la misma Plaza de Mayo se vitoreaba a Galtieri.

En la guerra los jóvenes colimbas combatieron bajo las reglas que ese ejército venía utilizando para aterrorizar a toda una sociedad. Concluida la guerra el llamado “Informe Rattenbach”, realizado por el mismo ejército argentino, señaló tanto la improvisación como la brutalidad ejercidas en las islas. Esto no podría ser de otro modo, esas fuerzas armadas eran las que habían sido formadas bajo la doctrina de la seguridad nacional y el enemigo interno. No contaban con la instrucción adecuada para una guerra contra un miembro de la OTAN. Es por eso que aplicaron en las Islas lo que venían haciendo en la Argentina continental, para lo que los habían preparado: reprimir con métodos ilegales. La derrota en la guerra fue el principio del fin de la dictadura en Argentina.

A la vuelta de las islas los combatientes debieron enfrentarse a un proceso de Desmalvinización. Las islas Malvinas quedaron asociadas a una guerra improvisada, llevada a cabo por una dictadura sangrienta. A consecuencia de eso le siguió la vergüenza, el ocultamiento y la invisibilización de los ex combatientes, como si de ellos hubiera dependido la planificación deficiente y la derrota final. El resultado de esas políticas, entre otras, significó que entre los suicidios y las muertes por heridas infringidas durante el conflicto, sumaran más bajas de soldados que durante los propios combates.

También en honor a esos combatientes caídos es necesaria la Verdad para que se haga Justicia. Los propios excombatientes iniciaron causas contra aquellos oficiales y suboficiales que en medio del conflicto los torturaron, los privaron de comida o los llevaron a la muerte. Esas causas de lesa humanidad se fundamentan en las declaraciones de los propios conscriptos. Ellos mismos relataron las torturas sufridas en las islas. ¿En el contexto de una dictadura criminal esto puede resultarnos sorprendente.

La verdad que emane de esa causa, hoy esperando resolución de la Corte Suprema de Justicia, no niega nuestro reclamo de Soberanía. La improvisación de la dictadura no se dio solamente en el campo de batalla. Su accionar desesperado en la búsqueda de su propia supervivencia, concluyó con una política de estado soberana, llevada a cabo por distintas administraciones nacionales. La presencia del Estado argentino en las Islas era previa al desembarco del 2 de abril de 1982. Antes de la guerra ya había en Malvinas trabajadores y trabajadoras del Estado: YPF, LADE, Ministerio de Salud, Vialidad Nacional, Gas del Estado y hasta maestras primarias construían soberanía en Malvinas. Esta política se vio interrumpida por la guerra improvisada de la Dictadura que terminó deslegitimando un reclamo justo.

Hoy más que nunca debemos insistir con la vigencia, la importancia, de hacer Memoria. De seguir reivindicando nuestra soberanía sobre las Islas una y otra vez. Ese esfuerzo hoy es mayor porque contamos con un gobierno que no entiende su responsabilidad en este campo. Lejos de promover esta política, el contexto se encuentra marcado por la retirada del Estado de los territorios, la entrega de la soberanía, y el desmantelamiento de políticas de Derechos Humanos.

Nos parece de vital importancia aportar en la visibilización de lo ocurrido en la Guerra de Malvinas. No sólo por la necesidad del debido reconocimiento a nuestros héroes en esa guerra, sino por la obligación de sostener las políticas de Estado que posibiliten de algún modo la reparación (hablamos de pensiones honoríficas, visibilidad, acceso a la salud, identificación de la identidad de los soldados enterrados como ¨soldado sólo conocido por Dios¨). Desde la Secretaría tenemos como uno de nuestros objetivos la formación con perspectiva de Derechos Humanos, y aportar a la construcción de un Estado que garantice la reparación, el reconocimiento y la ampliación de derechos.

Como trabajadores y trabajadoras del Estado asumimos la responsabilidad de luchar no sólo por nuestros derechos laborales, sino también por la construcción de un Estado que promueva y defienda los Derechos Humanos, y por una patria justa, libre y soberana.

Reivindicamos a los colimbas que lucharon y sufrieron en el último y desesperado intento criminal de la Junta. Hoy el gobierno de Milei resigna la presencia de Estado en el territorio nacional, entrega recursos y las Islas son para ellos un activo transable más. El sentimiento de pertenencia arraigado acerca de las islas del pueblo argentino, permanente, activo, sin dudas se impondrá a la improvisación del actual gobierno. Nos apoyamos en nuestra memoria de lucha y en nuestros derechos, con la certeza de un futuro soberano en las Islas Malvinas.

*Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos ATE Nacional

En la reunión del 3 de diciembre de pasado 2024 del Comité Consultivo Permanente creado por la Ley de Riesgos del Trabajo, las autoridades presentaron un Anteproyecto ley de prevención riesgos laborales, que incluye la derogación de la Ley Nacional 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Para empezar es imprescindible tener en claro que durante los gobiernos liberales, las políticas desarrolladas en materia de salud y seguridad laboral, han sido solo normas apuntadas a disminuir la cantidad de juicios efectuados por trabajadoras y trabajadores, debido a las fallas y huecos del propio sistema de riesgos, su aplicación y la falta de cumplimiento de acciones preventivas. Política caracterizada por la elaboración de manuales de buenas prácticas y no de normas de cumplimiento obligatorio que garanticen salvaguardar la salud de trabajadores y trabajadoras. Es como si para regular el tránsito de vehículos, entregaran un manual del buen conductor y que, a la vez, no existieran sanciones cuando se cruza un semáforo en rojo o se excede el límite de velocidad.

La norma propuesta hace referencia al derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable (principio de OIT), pero luego en el texto propuesto solo se refiere a los establecimientos como si fueran el único lugar donde se trabaja.

Plantea como objetivos promover y propender a un ambiente sano y seguro, cuando el objetivo debería ser para nosotros/as garantizarlo. Otro aspecto es que plantea minimizar el impacto de los factores de riesgo mediante lo que denomina Medidas Básicas y no la eliminación en origen de dichos factores de riesgo.

En el caso de producirse un accidente de trabajo se plantea la realización de encuestas y no de un procedimiento de investigación de las causas del accidente o de los incidentes, como ya se establece en el marco actual, lo que marcaría un retroceso, en contraposición a la progresividad del derecho laboral.

De la creación de Comités Mixtos para garantizar la participación de quienes trabajamos en prevención y garantizar el acceso a la información de las entidades sindicales, no hay noticia alguna. Nada dice la propuesta respecto de cómo detectar las enfermedades de origen laboral y mucho menos cómo prevenirlas, en el Sistema de Riesgos del Trabajo solo cerca del 3 por ciento de las denuncias corresponden a enfermedades profesionales, sin embargo la OIT viene sosteniendo en las últimas décadas, que más del 80 por ciento de las muertes por el hecho o en ocasión del trabajo, corresponden a enfermedades vinculadas a la actividad laboral. En los últimos informes de la OIT la cifra de muertes a nivel mundial supera las 2.900.000 personas por año. Este sistema solo ve la punta del iceberg.

Para terminar, el elemento más peligroso está planteado en el artículo 42 de la propuesta, donde faculta al presidente Milei para dictar por decreto un texto ordenado reglamentan, modificando las leyes 24557 (de Riesgos del Trabajo), 26773 y 27348 (ambas modifican y complementan la Ley de Riesgos del Trabajo).

Estas consideraciones iniciales nos hacen presuponer que, por decreto eliminaran las pocas coberturas existentes y derechos conseguidos con años de lucha, al solo efecto de maximizar las ganancias de las ARTs (o sea el sistema financiero propietaria de ellas). Sospechamos que el Contador Morón vino a terminar las tareas inconclusas durante su gestión en el gobierno de Macri. Seguimos sosteniendo que LA SALUD NO SE VENDE, SE DEFIENDE.

*Por Orestes Galeano, Lic. en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Director Nacional del Instituto de Salud y Seguridad de las y los Trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado (ISSTATE)