Categoría: Opinión

Siempre es necesario hacer Memoria, buscar la Verdad y exigir Justicia. Esa lucha inclaudicable nos encuentra cada 24 de marzo en las calles. Recordando a nuestrxs 30mil y por qué lucharon. Y, también, cuáles fueron los objetivos políticos, económicos y sociales de los genocidas para instaurar el terror y el mecanismo de las desapariciones.

En el contexto actual, esa necesidad se hace urgencia. Porque quienes nos gobiernan no sólo reivindican los crímenes del terrorismo de Estado, también intentan implementar el mismo programa económico de la última dictadura militar. Buscan desmantelar todo el andamiaje de derechos conquistados en los últimos 41 años de democracia, no sólo las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, sino la concepción misma del Estado como garante de los derechos fundamentales para el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria. Buscan destruir el poder de lxs trabajadorxs organizadxs, mermar la importancia de la sindicalización y atacar la necesidad de la disputa colectiva para pelear por una vida digna.

Así, quieren imponer al Mercado como el ordenador de las relaciones sociales y borrar la concepción del Estado como articulador entre el Mercado y la sociedad.

No vienen a destruir al Estado, vienen a ponerlo al servicio de la maximización de ganancias de las grandes corporaciones económicas.

Para lograrlo necesitan disciplinarnos, perseguirnos. Borrar de la memoria histórica lo que fuimos capaces de construir colectivamente como pueblo trabajador: las conquistas por la ampliación de derechos e inclusión social y la pelea por un país soberano, económica y políticamente.

Intentan imponer nuevos sentidos. Un individualismo extremo, apoyado en la ideología de la meritocracia y en la política de la crueldad.

Necesitan un pueblo desmemoriado, desmovilizado y desorganizado.

Por eso, desde ATE llevamos bien alto las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, y estamos en la calle y en los sectores de trabajo luchando contra el desguace de las políticas de derechos y contra el ataque al Estado como articulador.

Desde la Secretaría sostenemos el compromiso inclaudicable con las políticas de memoria. En el centenario de nuestra ATE tenemos como objetivo inscribir la historia reciente dentro de nuestra propia historia como trabajadorxs estatales sindicalizadxs. Porque dicha historia nos atravesó y nos sigue atravesando como sociedad y porque nuestro sindicato fue y es parte viva de los procesos de lucha de nuestro pueblo.

Como trabajadorxs del Estado sindicalizadxs, tenemos la tarea histórica de defender no sólo nuestros puestos de trabajo y un salario digno, sino un Estado capaz de garantizar una patria justa, libre y soberana. Lo tenemos que hacer con la convicción de que, tarde o temprano, vamos a recuperar la herramienta para dignificar la vida de nuestro pueblo.

*Por Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional.

El 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social concebida como el poder de la solidaridad que promueve oportunidades para todos – fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2007 – y en paralelo la humanidad vive días convulsionados por las guerras, el avance de la ultraderecha en diversos países, las catástrofes climáticas, la creciente desigualdad y concentración de la riqueza. En ese contexto la noción de Justicia Social cobra un nuevo y significativo valor: un horizonte posible de conciliación y encuentro humano, frente al odio y la crueldad.

La Justicia Social ha estado en el centro de la agenda política internacional, como un instrumento central de redistribución y estabilidad social. Es el camino necesario para defender la dignidad humana y está muy ligada al concepto de Estado, como instrumento del bien común y promotor del desarrollo de las sociedades modernas.

Sin embargo, la economía liberal no reconoce el valor de la Justicia Social. Por el contrario, para el Gobierno nacional actual es una “aberración” porque implica un robo al Estado y una práctica violenta que no aporta al bienestar general. El proyecto político que promueve Milei no está basado en la inclusión y el respeto, sino que es uno que se embandera en la ignorancia, el fascismo y la crueldad. Establece el miedo como forma de Gobierno porque es mejor ser temido que amado, donde es mejor proclamar la libertad – sin distinguir qué significa ese complejo concepto – que debatir sobre cómo logramos real soberanía y desarrollo sustentable para cada ciudadano de la nación.

Sin embargo, no reconocer el valor de la Justicia Social cierra toda posibilidad de promover la armonía social, de proteger a los sectores más vulnerables y evitar la desmedida acumulación de la riqueza en pocas manos. Como así también desmerecer el rol del Estado, indispensable para la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa.

Por eso, desde ATE reivindicamos la noción de Justicia Social que se encarna en políticas públicas de un Estado que pone el foco en el bienestar de su pueblo, como el camino colectivo por la defensa de los derechos fundamentales del ser humano. Asumimos la lucha por el sentido que se libra en la arena discursiva dominada por los oligopolios mediáticos, donde priman los mensajes de odio. Una batalla cultural despiadada que tiene su correlato en las prácticas sociales, cada vez más violentas.

Tenemos la certeza de que el odio y crueldad no son el horizonte deseado de ninguna comunidad sana. Por el contrario, representan el individualismo centrado en la ambición desmedida y la indiferencia por el Otro.

Somos el Sindicato centenario y junto a las y los trabajadores estatales reivindicamos un proyecto que incluya a todos.

*Por Carlos Custer, ex dirigente de ATE y CTA, Presidente del Consejo Político Consultivo de la CLATE (Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales).

El pasado 13 de diciembre, celebramos con orgullo el Día Nacional del Petróleo, recordando el descubrimiento del primer yacimiento petrolero en Comodoro Rivadavia en 1907.

Esta fecha simboliza el sacrificio, la valentía y la entrega de los trabajadores y las  trabajadoras que forjaron el desarrollo energético del país desde los cimientos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), una empresa que se convirtió en sinónimo de soberanía, progreso y justicia social.

Los primeros trabajadores y obreros de YPF no solo impulsaron la actividad petrolera en el país, también fueron pioneros en la organización sindical. A través de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), esos trabajadores fundaron el primer sindicato que defendió sus derechos y luchó por condiciones laborales justas en la industria hidrocarburífera.

Entre estos héroes anónimos destaca José Vicente Tesorieri, un trabajador de la planta de YPF en Ensenada, quien se convirtió en el primer secretario general petrolero en ATE, y luego en diputado nacional durante el gobierno de Juan Domingo Perón.

Tesorieri simbolizó la lucha incansable por la dignidad y justicia social, dejando un legado que representa el espíritu de los petroleros, cuyo esfuerzo y sacrificio permitieron construir una industria fundamental para el país.

Bajo el liderazgo visionario del ingeniero Enrique Mosconi, YPF trascendió su carácter empresarial para transformarse en un motor de desarrollo social, porque no solo generó energía, también fundó comunidades, llevó progreso a regiones olvidadas y creó oportunidades para miles de familias argentinas: en cada pozo y en cada planta, el corazón de una Argentina soberana latía con fuerza.

Hoy, en un contexto de crecientes desafíos para la industria energética y los recursos estratégicos, honramos el legado de quienes hicieron de YPF un emblema de independencia. Frente a intentos de entregar el patrimonio nacional a intereses extranjeros, el ejemplo de los primeros petroleros y líderes como Mosconi y Tesorieri nos recuerda la importancia de defender nuestra soberanía.

Como dijo Enrique Mosconi: “Entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera.”

En este Día Nacional del Petróleo, recordamos la grandeza de YPF y renovamos nuestro compromiso con la construcción de una patria justa y soberana. A los trabajadores y trabajadoras del petróleo, a las familias que acompañaron sus sacrificios, y a todos quienes luchan por un futuro mejor, les decimos: ¡Gracias!

¡Viva YPF! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Y viva el pueblo argentino que nunca se rinde!

*Alejandro Garzón, Vocal del Consejo Directivo Nacional de ATE, director del periódico “El Trabajador del Estado”

En 17 diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en conmemoración de las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal de República Dominicana. Ellas son un ícono del feminismo en el mundo debido a su lucha ferviente contra la dictadura de Trujillo que acabó arrebatándoles la vida.

A causa de su lucha, en 1981 se realizó el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá.

Desde hace 25 años existe un día al año para poner en el tapete lo que ocurre en el mundo cada diez minutos: una mujer es asesinada por su pareja o miembro de su familia. 

A pesar de esto, el Gobierno presidido por Javier Milei decidió en la Asamblea General de la ONU, votar en contra de políticas de prevención de género hacia mujeres y diversidades.

Solo en 2023 alrededor de 51.100 mujeres y niñas en todo el mundo fueron víctimas de un femicidio según datos de Naciones Unidas. En Argentina, el Observatorio Ahora que si nos ven, señaló que de enero a agosto ocurrieron 168 femicidios, el 61% fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas.

La violencia existe en todos los ámbitos, y si desde la representación política el discurso es agraviante, discriminatorio, violento y misógino, legítima muchos otros discursos que hasta hace unos años estaban mal vistos o de mínima no se decían a viva voz. 

Hace tres días, por señalar un caso escalofriante, Aralí Vivas de ocho años, fue violada y asesinada por dos hombres en Córdoba. Los medios compartieron una y otra vez la carita de la nena, no así de los femicidas ¿por qué? Algunos portales hicieron responsable a la madre “por no haberla protegido bien” ¿por qué?. Eso también es violencia y revictimización. Y por eso necesitamos que exista el 25N, no es capricho.

El desmantelamiento del Estado y de políticas públicas en particular, deja sin acceso a recursos e información a miles de personas a lo largo y ancho del país y si además, en la escuela no se habla de Educación Sexual Integral ¿cómo se supone que las víctimas de violencia, abuso o violación puedan saber que se puede denunciar o que hay pasos a seguir?.

La violencia impacta en la salud física, sexual y psicológica de las mujeres en todas las etapas de su vida, afectando su educación, su trabajo y por ende en sus oportunidades para desarrollarse dignamente en la vida. 

La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Se calcula que, a nivel global, casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida. Es nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas alzar la voz, hacer circular la información y comprometernos por un mundo más justo e igualitario para todos y todas.

*Por Mercedes Cabezas, Secretaria General Adjunta ATE Nacional 

De la idea de la responsabilidad social y colectiva en el desarrollo integral de infancias y adolescencias a la concepción de lxs hijxs como mercancías pasibles de ser vendidas por sus propietarios, hay un abismo en el que el actual gobierno está dispuesto a zambullirse y zambullirnos, en una gradiente descendiente de pérdida de derechos.

En un país con 55,5% de personas por debajo de la línea de pobreza, y donde el 17% vive en la pobreza extrema o indigencia, garantizar la crianza de infancias con acceso a derechos (salud, educación, nutrición adecuada, vivienda) que promuevan su desarrollo integral (desarrollo de sus potencialidades sociales, culturales y afectivas) puede resultar inalcanzable para las familias y para la comunidad en su conjunto, máxime si el Estado se retira de sus funciones y responsabilidades.

Que en Argentina, uno de los principales países productores de alimentos, un millón de niñxs se vaya a dormir sin cenar, como alerta Unicef, es una realidad que duele y debe interpelarnos como sociedad. Que esto ocurra en medio de una batalla en tribunales en la que el gobierno apela la orden judicial de entregar los alimentos almacenados, mientras se vencen en los galpones, delimita grados de responsabilidad y señala los lineamientos ideológicos de un gobierno que no está dispuesto a garantizar el bienestar de las mayorías populares frente a los intereses del mercado.

El Estado tiene responsabilidades indelegables en el cuidado y desarrollo de las infancias, que se cristalizan a través de las políticas que despliega.

En la actualidad, el andamiaje institucional de protección a las infancias está en riesgo. Se desfinancian y desjerarquizan las áreas encargadas de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y se cuestiona la concepción misma de las niñeces y adolescencias como sujetos de derechos, cuando se llega a plantear (sin ruborizarse) que niños, niñas y adolescentes pueden ser moneda de cambio. Esta impronta se expresa, por ejemplo, en la denominación del ex Ministerio de Desarrollo Social ahora llamado Capital Humano, aludiendo a la idea mercantil de gestión de mercancías humanas.

El gobierno de Javier Milei no sólo no ha mostrado preocupación por el deterioro que su plan de gobierno ha provocado en el tejido social, sino que en relación a las infancias se encuentra llevando a cabo propuestas que se contradicen con la legislación vigente.

El proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil que presentó el oficialismo – entre la docena de propuestas que hay circulando, de los cuales cuatro plantean la baja de la edad de punibilidad – consiste en bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años a quienes participen en delitos graves. 

Además, no establece distinciones ni por delito ni por franjas etarias y abre la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes sean alojados junto a presos adultos. Esta modificación también elimina la participación central que tienen los organismos de niñez como agentes comunitarios de promoción y protección de los derechos infantiles. Establece la prisión preventiva como regla y no como última medida o de excepción; entre otras.

Esta avanzada sobre los derechos más fundamentales de las infancias, se basa en un posicionamiento ideológico anclado en un paradigma punitivista, que además vendría a responder a una supuesta problemática que no se evidencia en la realidad. No es cierto que haya aumentado la participación de niñxs y adolescentes en delitos graves.

El preocupante crecimiento de redes criminales que reclutan a niños, niñas y adolescentes de poblaciones vulnerables responde a la falta de oportunidades y perspectivas. El Estado es responsable y la respuesta no puede ni debe ser la criminalización de la pobreza ni de las niñeces y adolescencias pobres.

¿Cómo se  pretende resolver un problema estructural atravesado por la desigualdad, si no se concibe a las infancias y adolescencias en clave de sujetos de derecho?

Desde ATE exigimos, en primer lugar, que la propuesta no viole lo establecido en la Constitución Nacional; en segundo término, que se adapte a los estándares internacionales a los cuales está suscripta Argentina a través de diversas normativas de protección de derechos infantiles y, la tercera, que se dé un debate profundo del cual participen todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

Este tipo de iniciativas no es novedosa, ni legítima, ni efectiva, ni tampoco necesaria. Una vez más se intenta avanzar en la estigmatización de las y los adolescentes, especialmente quienes tienen derechos vulnerados.

La avanzada del Gobierno de Milei sobre las infancias pone en alerta al conjunto de organismos públicos y/o de la sociedad civil que trabajan por los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país. Por eso, a pesar de los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se logró en el mundo y en nuestro país con los años, hoy su realidad está siendo amenazada por las políticas de ajuste y la desresponsabilización de su rol público como Estado garante de derechos.

Desde ATE repudiamos este hecho político y todo intento de avasallar los derechos adquiridos para cuidar de las generaciones más jóvenes. Las brechas de desigualdad estructural que está acentuando el Gobierno requieren de un Estado fuerte y presente con políticas orientadas especialmente a los grupos más vulnerables y no de jactarse de su vaciamiento.

En definitiva, lo que está en juego no es sólo la niñez y el respeto a sus derechos humanos más elementales, sino el proyecto de una sociedad que aspire a la paz y a la inclusión de todas y todos.

*Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos del Consejo Directivo Nacional de la ATE Nacional

Las últimas elecciones presidenciales en la República Bolivariana fueron una puesta en escena de los desafíos y tensiones que se viven en Latinoamérica.

Las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio fueron una nueva puesta en escena de los desafíos y tensiones que se viven en Latinoamérica, donde Estados Unidos interviene como otro actor interno, intentando reconducir el destino de los pueblos de la Patria Grande en el marco de una fortísima disputa geopolítica que está marcando el rumbo de la región. 910 observadores internacionales de 107 países estuvimos invitados.

Apenas arribamos a Venezuela, advertimos que la oposición ya denunciaba la posibilidad de fraude, una semana antes de realizarse la elección. No nos extrañó. En los 25 años del proceso democrático venezolano, se sucedieron 31 elecciones nacionales; en cinco de ellas la oposición –que se respalda ideológica y financieramente en Estados Unidos- denunció fraude: 2004, 2006, 2013, 2018 y 2024. Nunca logró presentar pruebas concretas que ratificaran las denuncias.

Todas las elecciones mencionadas contaron con la validación de quienes intervinieron como veedores internacionales. El sistema de voto electrónico siempre funcionó correctamente y no fue cuestionado, debido a su carácter de inviolable.

Bajo presión

Confirmado por el resultado electoral como presidente de Venezuela, Nicolás Maduro afronta un nuevo mandato sumido en las mismas presiones que enfrenta el proceso revolucionario chavista desde su inicio, debiendo responder a numerosos intentos de golpe de Estado, sanciones económicas, intentos de magnicidio y sabotajes de todo tipo. El hackeo del software electoral es otra muestra de esta situación. En ese marco, el presidente reelecto apuntó al amigo de Javier Milei Elon Musk como el responsable de implementar el ataque cibernético.

Por otro lado, Maduro siempre se ajustó a derecho. En esta ocasión se presentó ante la Comisión Nacional Electoral, poder del Estado externo al Ejecutivo, y reclamó que sea el propio órgano responsable del proceso electoral el que estableciera si hubo fraude o no. Para ello prometió que presentará todas las actas que sus fiscales recabaron en cada urna del país. La oposición deberá hacer lo mismo, si realmente pretende despejar dudas. Tampoco es un dato menor que de los nueve candidatos a la presidencia, siete ya reconocieron como válidos los resultados electorales.

Excepción a la regla

Sólo el candidato Edmundo González y su mentora María Corina Machado se negaron a reconocer el mandato de las urnas. Montaron las denuncias de fraude, junto a la ya habitual campaña de fake news, e impulsaron violentas protestas callejeras, las llamadas ‘guarimbas’, conformadas en alguna medida por paramilitares colombianos contratados para la ocasión y jóvenes lúmpenes, a razón de 150 dólares por cada uno.

A pesar de todo, Venezuela es un país que está recuperando la senda de estabilidad y crecimiento económico después de largos años de penurias, resultados del ahogo económico al que lo sometieron Estados Unidos y sus aliados. La población va recuperando la capacidad de consumo, los supermercados están abarrotados de productos, incluida la oferta de alimentos que se producen en el país, ya superada la necesidad de importar comida que fue una característica histórica de la República Bolivariana. Durante las sanciones internacionales, esta condición produjo el desabastecimiento de la población.

Su futura incorporación al BRICS, así como la decisión de mantener la soberanía sobre la cuenca petrolera más grande del mundo, suponen indudablemente un desafío a la hegemonía regional norteamericana, en un escenario internacional que muda desde el unilateralismo al multilateralismo. Es lo que eligió el pueblo y debe ser respetado.

*Por Federico Giuliani, Secretario General de ATE Córdoba y observador internacional en las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela.

Dar de baja al Programa Nacional de Salud Comunitaria (PNSC) implica la eliminación de una política pública de atención primaria de salud en Argentina. Este programa tenía varias funciones clave y su cierre conlleva una serie de consecuencias negativas para el país:

– Interrupción en la Atención Primaria. El PNSC estaba diseñado para fortalecer la estrategia de atención primaria de la Salud, asegurando acceso universal, equitativo y de calidad. Su baja pone en riesgo el acceso a este derecho esencial para la comunidad.

– Reducción de Recursos y Personal. En la Provincia de Buenos Aires, el programa permitió incorporar más de 1.000 trabajadores para fortalecer los sistemas de atención primaria. La eliminación del programa significa la pérdida de estos puestos de trabajo, lo que va a afectar la capacidad de respuesta del sistema de Salud.

– Impacto en la Prevención y Promoción de la Salud. El programa promovía la prevención de enfermedades y la promoción de la Salud a nivel comunitario, así como la participación activa de la comunidad. Su cierre limita estos esfuerzos y puede llevar a un aumento en las enfermedades prevenibles y problemas de Salud comunitaria.

– Desafío para las Familias Vulnerables. El PNSC incentivaba la búsqueda activa y el seguimiento de familias vulnerables. Su eliminación puede significar menos apoyo para estas familias, afectando su acceso al derecho a Salud y aumentando el riesgo socio-sanitario.

– Erosión de la Coordinación Local. Los trabajadores del programa tenían un fuerte arraigo territorial y trabajaban directamente con los municipios. La baja del programa afecta la coordinación y colaboración con los gobiernos locales, lo cual es fundamental para una atención sanitaria efectiva.

La decisión de cerrar el PNSC se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios en el ámbito de la Salud Pública, junto con otros cierres de programas como ENIA. Esto refleja una tendencia preocupante hacia la reducción de recursos para la Salud Pública, afectando tanto la prevención como la atención de enfermedades. En un momento en que los índices de pobreza y problemas de salud están en aumento, el cierre de programas esenciales puede agravar estas situaciones. Los elevados precios de medicamentos y el abandono de tratamientos crónicos son solo algunas de las dificultades que enfrenta la población.

En respuesta a estas medidas, la Coordinación Nacional de Salud se opone al cierre de los programas y trabaja para la reincorporación de las y los trabajadores despedidos. La meta es mantener una Salud Pública gratuita y de calidad para todos y todas.

*Por Vanina Rodríguez, Secretaria de Formación del Consejo Directivo Nacional de ATE e integrante del Equipo Nacional de Salud.

Como desde hace 37 años, el fin de semana largo de octubre, se llevó a cabo el Encuentro -desde 2019 plurinacional- de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Esta vez, la sede será la provincia de Jujuy.

Si todavía no participaste es probable que alguna vez te hayas hecho la pregunta de para qué. Si ya lo hiciste, tal vez te la hayan hecho a vos. Lo seguro es que no hay una sola respuesta, sino múltiples. Casi tantas como feminismos y diversidades y esa es una posible afirmación: los encuentros son días en que discutimos todo, desde la coyuntura política, la economía, el territorio, la salud, el trabajo y la lista sigue. Por supuesto que los debates se dan desde distintos puntos de vista, experiencias y recorridos y eso es lo más valioso, encontrarse en la diversidad. Reconocer que existen otras y otres que ven de otro modo la misma problemática para poder repensar la propia práctica.

La etimología de la palabra encuentro podría ser también otra posible respuesta del “para qué”: deriva del latín popular incontra, compuesto por el prefijo en-, que indica un movimiento, y por contra, un adverbio que significa ‘delante de’, ‘frente’, ‘opuesto’.

Se trata entonces, de tres días en que frente a frente se discute todo, se comparten experiencias dolorosas y felices, se aprende con y de otrxs, se ríe y se llorando, se abraza, se bailando y se marcha.

Es un espacio federal y dinámico, que año a año se va moviendo, está en su génesis irrumpir en las pequeñas ciudades, copar el espacio público, inundarlo, incomodar. De allí han salido consignas que han modificado el statu quo, que han organizado a mareas y tsunamis. Se han redactado leyes y modificado muchas otras. Después de participar de un encuentro no se vuelve a ser la misma.

El Encuentro como ordenador de las luchas

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el primer paro de Juntos por el Cambio fue encabezado por las feministas. El Frente Intersindical de mujeres y diversidades que congregó -y congrega- a las centrales de trabajadoras de la Argentina y a los principales sindicatos de nuestro país, supo saldar sus diferencias para trabajar en bloque, unido. Lo cierto es que funcionó y sigue funcionando.

Este frente permitió nuclear a trabajadoras sindicalizadas de distintos ámbitos y marcar una diferencia a la hora de movilizar y además, permitió mostrar hacia adentro de los sindicatos, que es posible ponerse de acuerdo y saldar las diferencias cuando enfrente hay un gobierno neoliberal que se lleva puesto todo. Desde 2015, las sindicalistas marchamos en unidad y organizamos actividades de las que todas participan. Este año, el 8 de marzo, Día de la mujer trabajadora, comenzó con una conferencia de prensa, en la sede de la CGT.

Durante los encuentros desde entonces marchamos juntas, en unidad.

“Los encuentros siempre son un territorio de puesta en común de distintas experiencias de lucha que fueron dando respuestas a problemas concretos. Se da esta temporalidad de 37 que años siendo ordenador de las demandas feministas. Cada encuentro es un potente organizador del debate de coyuntura desde una mirada que se abre de manera federal, multisectorial y por eso esa capacidad movimientista y plural de transversalizarnos y expresar con mucha claridad lo que está pasando en el aquí y ahora. Este encuentro es contra las derechas neo fascistas y eso va a ordenar todas los debates y las acciones”, señala Clarisa Gambera, Secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional.

La participación de las mujeres trabajadoras en la toma de decisiones es clave por eso también es importante participar en los encuentros, hacer oír la voz de las mujeres trabajadoras. Depende de nosotras tener representación de mujeres y diversidades en los lugares de poder. Son estos espacios, como el Encuentro donde surgen nuevas representaciones, voces que no tienen lugar en los grandes medios de comunicación o en las grandes organizaciones, pero que en muchas oportunidades han puesto el cuerpo y saben sintetizar las luchas con más coraje que muchos hombres. Es desde abajo hacia arriba, todas juntas y en unidad. Nadie se salva solo.

*Por Mercedes Cabezas, Secretaria Adjunta del Consejo Directivo Nacional de ATE.

La semana pasada otro feminicidio enlutó a Córdoba: Catalina Gutiérrez, una chica de 21 años fue asesinada en un claro caso de feminicidio, por un amigo que era su compañero de estudios. La imputación que pesa sobre Néstor Soto, el feminicida, es al día de hoy “homicidio agravado por alevosía y violencia de género”.

«En un país donde abundan los discursos de odio y son reivindicados por el Gobierno nacional, no queremos seguir sumando víctimas. Reclamamos formación y políticas públicas con perspectivas de género y denunciamos el desmantelamiento de organismos del Estado destinados a la prevención y lucha contra la violencia de género», señaló el colectivo #Niunamenos Córdoba en un comunicado.

Desde ATE hacemos nuestras sus palabras: no son enfermos, ni son locos, son hijos sanos del patriarcado. «Los feminicidas no son personas alejadas, en la mayoría de los casos se encuentran en nuestro círculo cercano», insistió #Niunamenos.

El caso, incluido en una seguidilla de feminicidios que no se detuvo este 2024, forma parte de una sumatoria de asesinatos de mujeres, diversidades y personas trans ocurridos a lo largo del año pasado, cuando se registraron 272 feminicidios directos según un informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El número de víctimas directas representó un 11% de aumento respecto de 2022.

En ese marco, quién cuidará a las víctimas, quién tomará medidas preventivas sin Estado presente, sin políticas y campañas de formación y concientización hacía la sociedad argentina, para que entienda a la violencia de género como una realidad concreta, social y estructural.

El lamentable desmantelamiento de las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, erigidas durante la última década, y la práctica supresión de los organismos del Estado dispuestos para aplicarlas, profundiza este estado de situación.

Así lo denunció ATE hace dos semanas, cuando realizó una jornada de lucha frente al ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en la Capital Federal.

Vale mencionar que en 2024 el gasto en las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad de género fue, en lo que va del año, un 33% más bajo que el 2023. Se trata de un ajuste mayor que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24%.

«Este cuadro general tiene a la provincia de Córdoba como uno de los ejemplos cabales. Desde diciembre a esta parte hay una clara avanzada sobre los organismos que garantizan políticas públicas para las mujeres, diversidades y sectores más vulnerables: INADI, ANDIS, Ministerio de la Mujer, Centro de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, SENNAF, Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), dependientes del Ministerio de Justicia de Nación, o PAMI están siendo arrasados por los despidos, donde la inmensa mayoría son mujeres trabajadoras, madres de familia y, en muchos casos también, sostén del hogar», consignó recientemente un informe de la Secretaria de Género del Consejo Directivo Provincial.

Cabe destacar que el Gobierno de Córdoba también viene adoptando medidas de ajuste, en sintonía a las que impone en el sector la gestión libertaria, con el vaciamiento de organismos como la SENAF, donde recientemente despidió siete profesionales que ya había despedido en diciembre y reincorporado en enero, dando cuenta del manoseo al que se ven sometidas estas compañeras, todas sostén de hogar.

Programas desaparecidos en materia de géneros y diversidades

• Línea Nacional 144 y centros de asistencia para víctimas de violencia de género.
• Ley Brisa: apoyo económico para hijos de víctimas de feminicidio.
• Ley Micaela: capacitación obligatoria en género y violencia para funcionarios públicos.
• Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas.
• Plan ENIA: prevención del embarazo adolescente.
• Programas “Acompañar” y “Acercar Derechos” para víctimas de violencia de género.
• Programas “Emprender Mujeres” y “Producir con Equidad” para fomentar la autonomía económica.
• Programas “Igualar” y “Sembrar Igualdad” para reducir brechas de género en el trabajo y la producción.
• Equidad en el Deporte: inclusión de la perspectiva de género en instituciones deportivas.
• Equidad en la Ciencia: promover la igualdad de género en investigación y ciencia.

De esta manera no sólo se despide trabajadores estatales que garantizan derechos, sino que se perjudica a población vulnerable y en riesgo, incumpliendo normativa nacional y tratados internacionales.

*Julia Giuliani, Secretaria de Comunicación Consejo Directivo Provincial Córdoba y vocal del Consejo Directivo Nacional

En octubre de este año se realizará el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, en la provincia de Jujuy, que pondrá en el centro de la escena la desigualdad estructural que persiste en el presente y vulnera los derechos fundamentales del feminismo y las diversidades, aunque también será una muestra de la fuerza que tiene el colectivo hoy en la Argentina y en el mundo. Las mujeres y disidencias de ATE nos preparamos para ese evento realizando múltiples actividades en todo el país, fortaleciendo la organización de dentro del Sindicato.

Es claro que las prácticas sociales son construcciones sociales y están sostenidas por modos de ser y estar en el mundo. Modos que representan intereses, muchas veces antagónicos. Las instituciones también expresan esas formas de habitar el mundo, que se cristalizan en políticas que representan posicionamientos ideológicos en pugna.

Estos últimos siete meses han sido particularmente difíciles para las mujeres y diversidades porque los derechos ganados durante la década pasada están siendo cuestionados y degradados por una nueva avanzada de la derecha a nivel nacional y mundial. Como sucede con el movimiento pendular, la sociedad vuelva a retroceder. Esto se observa en la desjerarquización del Ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que el Gobierno nacional degradó al rango de Subsecretaria y la colocó bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Un hecho político de alto simbolismo. Otro caso que evidencia el retroceso en materia de políticas públicas de prevención y abordaje integral de las violencias por motivos de género son los despidos de cientos de trabajadoras y el desfinanciamiento de servicios imprescindibles de alcance nacional como la línea 144 que acompañaban a miles de mujeres y diversidades frente a situaciones de maltrato o violencia. De esta forma, el Gobierno expresa cuál es el posicionamiento político-ideológico al respecto.

Esta matriz patriarcal también se expresa en lo que sucede con los procesos judiciales. Esta semana inició el juicio, luego de tres años, del caso de Tehuel De la Torre, el varón trans que salió en búsqueda de trabajo y nunca regresó. Esto muestra la falta de disponibilidad de la justicia para personas con bajos recursos económicos y sin privilegios sociales ni de género. En una práctica constante propia del poder judicial argentino que deja en evidencia las carencias del sistema en nuestro país. Otra muestra de lo mucho que aun nos queda por batallar en materia de género y diversidad.

Desde el Sindicato de las y los Trabajadores del Estado, a partir de la reforma del estatuto en 2022, la lucha histórica del colectivo logró equiparar el cupo de varones y mujeres en el acceso a los cargos de conducción en todos los espacios, incluido en la fórmula del Consejo Directivo Nacional. Así, a nivel nacional, provincial y municipal las voces del colectivo femenino y de diversidades se hace cada vez más fuerte y su presencia en los distintos espacios de la organización es potente y necesaria. Y esto es el resultado del camino de lucha que han transitados quienes nos antecedieron en el Sindicato.

Hoy las mujeres y diversidades que forman parte de esta centenaria casa sindical adherimos a la idea de que parte del cambio cultural para erradicar la violencia de género se dará, por un lado, a través de la formación de cada miembro de la institución, y por otro con la acción organizada de las y los trabajadores para apoyar y defender las políticas públicas que previenen y abordan las violencias por motivos de género y diversidad en todo el país. Y en eso los medios de comunicación cumplen un rol central en la visibilización de estas expresiones. Nuestro compromiso es defender y proteger los derechos conquistados. También es ampliar esos derechos para abonar a la construcción de un país justo y soberano, en el que el conjunto de la población sea reconocido en sus derechos humanos fundamentales.

Desde ATE llevamos a cabo constantes actividades en materia de Género y Diversidad que se enmarcan en agendas planificadas a nivel municipal, provincial y nacional de nuestro Sindicato.
Sin embargo, creemos que se necesita y se deberían sostener, fomentar y crear nuevas políticas públicas transversales a todos los niveles y poderes del Estado en materia de género y diversidad para lograr incluir a todas las diversidades y sus realidades.

Por eso, en octubre nos encontraremos en Jujuy para continuar fortaleciendo esta lucha organizada y hacía allí vamos con acciones cotidianas y constantes, debatiendo, luchando, empatizando hermanadas en la justicia social y los derechos humanos como valores fundamentales e inalienables.

Por Esterea González, Secretaria de Comunicación de ATE Nacional