La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dispuso un paro con retiro de los lugares de trabajo desde las 12:00 en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para marchar a las 15:00 al Palacio de Justicia de la Nación, luego de que el máximo tribunal revocara el fallo que declaraba la inconstitucionalidad de la Ley de Tierras.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “esta Corte debe sentir toda la presión social. Tienen cargos vitalicios, sueldos millonarios, no pagan impuestos y pretenden pisotearnos”.
“Hay que evitar que transformen la Corte en una gran inmobiliaria. Estos quieren vender todo. No son magistrados, son martilleros”, dijo, y agregó: “No se puede tolerar en democracia que el máximo tribunal pretenda pasar por encima al Congreso y vulnerar la voluntad popular”.
En este contexto, el dirigente sindical señaló que “con este fallo, rompieron la división de poderes y debilitaron al extremo al Estado de derecho”.
“Hoy vamos a la Corte, pero la movilización tiene que seguir en aumento y continuar el 15 en el Congreso”, finalizó.
En marzo de 2024, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó esa decisión.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes 6 de octubre a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
“Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó: “Se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos”.
“Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional”, indicó Aguiar y concluyó: “Les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas”.
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Luego de que Javier Milei despidiera a trabajadores civiles de la Quinta de Olivos y los reemplazara por el personal de Casa Militar, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, alertó sobre la creciente militarización del Gobierno y advirtió que este proceso podría continuar en la Casa Rosada.
“Estas cesantías ilegales producidas por el Gobierno en la Quinta de Olivos y su reemplazo por militares, sumadas a las amenazas de adoptar medidas similares en Casa Rosada confirman que en este momento atravesamos un proceso creciente de militarización del Gobierno y un debilitamiento extremo de la democracia. Además, hay que sumar que las vacantes civiles que se generan en las tres Fuerzas Armadas y en sus organismos ya no se cubren más con personal civil sino que comenzaron a ser cubiertas por militares. Esto acelera aún más este proceso. Es preocupante que puestos administrativos en áreas claves del gobierno comiencen a ser ocupados por militares”, señaló el dirigente.
En este marco, agregó: “No es una exageración sostener que a pesar de haber votado en las urnas, lo que estamos viviendo tiene cada vez más rasgos dictatoriales. Si a la represión sistemática sumamos ahora la militarización, enfrentamos niveles de autoritarismo que para nada son compatibles con la democracia”.
“Tenemos que ponernos en alerta y defender nuestros derechos más elementales y lograr frenar esta tendencia castrense en el Gobierno antes de que sea demasiado tarde”, concluyó Rodolfo Aguiar.
Cabe destacar que durante la gestión libertaria, ya fueron cesanteados más de 300 trabajadores del personal civil de las Fuerzas Armadas. Y en el último tiempo comenzó un proceso mediante el cual esos puestos vacantes pasaron a ser ocupados por militares. Además, de los 2.653 trabajadores civiles que actualmente desempeñan funciones en el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, el Gobierno ahora pretende despedir y reemplazar por militares a 600 más.
Hasta el momento, el Gobierno avanzó en el despido de 14 trabajadores de la residencia presidencial, los cuales cumplían tareas de jardinería, administración, limpieza, mozos y cocina.
Si bien el Gobierno justifica esta decisión a raíz de una serie de filtraciones que comprometerían la información y la seguridad del presidente, lo cierto es que el personal civil no participa de las reuniones privadas que Milei realiza en la residencia. Además, se trata de trabajadores con hasta 30 años de antigüedad y que desempeñaron funciones en las distintas gestiones.
Ante esta situación, ATE reiteró su pedido para que el Gobierno informe si existe un examen, junta médica o certificado que garantice que Milei está apto para ejercer su cargo como Presidente de la Nación.
Luego de que el Gobierno enviara a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que el mismo “es electoralista y no se va a cumplir”. “Nadie cree en una evolución de los precios del 18% y que los salarios vayan a aumentar más que la inflación. Estos son números de fantasía. Los mercados esperan más del doble”, sentenció.
“Este presupuesto limita aún más la capacidad de respuesta del Estado. El recorte planificado sobre áreas claves es drástico y pone en riesgo la prestación de los servicios más esenciales”, agregó el dirigente. Algunas de las partidas que tendrán aumentos por debajo de la inflación proyectada (18%) son el Ministerio de Salud (16,3%) o Seguridad (15,2%). Además, se impone un candado salarial y presupuestario a la Universidad Pública, limitando los aumentos salariales exclusivamente a las plantas de noviembre de 2026.
En este marco, Aguiar apuntó: “El proyecto no contiene una sola medida de alivio para los sectores que en los dos últimos años han sido los más vulnerados como los trabajadores y los jubilados”.
“Este no es un presupuesto, es un plan de ajuste. No es austeridad, se llama transferencia de ingresos. Se le quita al pueblo para seguir pagando deuda y darle a las grandes empresas. Es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional”, disparó el referente de ATE.
Seguidamente, indicó: “Pueden hablar mucho de equilibrio fiscal, pero si aprueban esta norma estaremos más lejos de lograr el equilibrio social. Además, es un proyecto que niega el federalismo, frena la obra pública y reduce la transferencias a todas las provincias. Esperemos que los gobernadores dejen de ser funcionales y le quiten el banquito a un presidente que se está cayendo solo”.
“Dicen que el Presupuesto es la ley de leyes, porque si uno quiere saber cuáles son las verdaderas prioridades del Gobierno son las que están contempladas en él. La prioridad de este Gobierno es seguir ajustando y empobreciendo a los de adentro para que se beneficien como hasta ahora sólo los de afuera”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Otras de las estimaciones planteadas por el Gobierno en su proyecto son un dólar a $1.847 (resultando en una devaluación del 23% en comparación al precio de hoy), un crecimiento del PBI de 4%; y una mejora del salario medio de 25,4%.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente.
Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
“Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.
En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó: “Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional”.
“Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos”, agregó.
“Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional”, completó Aguiar.
En este marco, el dirigente estatal explicó: “Estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales”.
“Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
En su pedido, el sindicato le aclara al presidente que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.
Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: “apto/no apto”.
Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado “apto” o “no apto”, sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió en la sede nacional del sindicato con la Secretaria General de la recientemente creada seccional Valle Medio en Río Negro, Mariela Rodríguez, y analizaron el crecimiento de la seccional creada en julio de 2025.
“Fue una mañana distinta, llena de recuerdos, como si hubiéramos logrado volver el tiempo atrás y encontrar un pedacito de esa historia de la que también somos parte y en la cual prometimos impulsarnos. Ella vive con su pechera puesta, y hoy para venir a verme se puso una hermosa campera. En ella, mi reconocimiento a todos nuestros dirigentes, los hombres y las mujeres que con enorme esfuerzo y sacrificio sostienen el funcionamiento de cada una de nuestras 200 seccionales, permitiendo así que sea grande el poder de ATE en toda la Argentina”, señaló Rodolfo Aguiar tras el encuentro.
Durante la reunión, Mariela Rodriguez (apodada La Jefa) contó que la sede de la seccional “está en pleno centro de Choele Choel” y relató: “Ahora cortaron el pasto. La seccional no para de crecer, el pase a planta que se firmó vino muy bien. En las próximas semanas, las afiliaciones van a ser muchas más”.
Cabe recordar que el 6 de agosto pasado, la Legislatura rionegrina aprobó la Ley de Pase a Planta Permanente de trabajadores de la administración pública en la provincia.
Luego de que la Cámara de Diputados definiera emplazar las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor para que traten los proyectos de sobreendeudamiento familiar, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, destacó que “este es un paso más para evidenciar que el Gobierno nacional y sus políticas económicas impulsadas durante los últimos dos años y medio son las que convirtieron el endeudamiento de millones de hogares en la Argentina en un drama familiar”.
En este contexto, el dirigente sindical señaló que “el endeudamiento es el síntoma, pero los bajos ingresos son la enfermedad”, y agregó: “Tenemos un Gobierno que ataca los salarios, las jubilaciones y ofrece el crédito como solución. En este momento, el endeudamiento reemplaza al salario real”.
“Este acuerdo en el Congreso es un avance significativo, ya que el Gobierno ha decidido mirar para otro lado y abandonar a 20 millones de argentinos. Con el Decreto 70/2023, llevó adelante una desregulación financiera para beneficiar solo a los bancos, a las billeteras virtuales y a los prestamistas informales y perjudicar a toda la ciudadanía”, indicó.
De esta forma, las comisiones del Congreso debatirán durante septiembre y buscarán arribar un dictamen que se vote en la Cámara Baja a fines de septiembre o principios de octubre.
Según los propios datos del Banco Central, son más de 20 millones de personas las que mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias en la Argentina. Además, la morosidad de las familias se cuadriplicó desde diciembre de 2023 y llegó al 17,5% de los créditos personales.
En paralelo, ATE realizó una encuesta para monitorear cómo afecta esta situación en el Sector Público de todo el país y el resultado arrojó que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.
El relevamiento también mostró un impacto fuerte en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico durante el último año. El 19,5% mencionó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, el 16% desánimo y el 15% insomnio.
A raíz de la profunda crisis que atraviesa el PAMI que incluye una deuda con prestadores de más de 500.000 millones de pesos, cambios en la cúpula directiva, falta de prestaciones a sus afiliados y salarios de sus trabajadores por debajo de la canasta básica, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió un paro con movilización a la sede central de la obra social (Av. Corrientes 655, CABA) el martes 8 a las 13 y paraliza actividades en todo el país.
“Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable. Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional quien también es trabajador de PAMI.
En este marco, apuntó: “El vaciamiento de la obra social que se ha llevado adelante en este tiempo no tiene precedentes. Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación. En los últimos dos años murieron 45 mil adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones. Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados”.
“No puede ser que después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados se les vulnere su derecho humano de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud. Hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI. Si no existen respuestas, todas las medidas se van a profundizar”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva de la obra social, quién será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, muy ligada a Santiago Caputo. En simultáneo, también se dio la baja de Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, quien aún no tiene sustituto definido.
El sindicato denuncia que la obra social está absolutamente colapsada y no puede dar respuestas a los más de 5 millones de jubilados y pensionados que están afiliados.
Una buena parte del desfinanciamiento se basa en la eliminación del Impuesto País que destinaba gran parte de lo recaudado a PAMI. En 2024, el Gobierno aseguró que cubriría ese monto con fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, de los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado a la obra social mediante el tributo, solo se compensaron 0,9 billones hasta julio de este año.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una protesta en la sede central de Fabricaciones Militares, ubicada Av. Cabildo 65 (CABA), ante el intento de privatización y el sindicato advierte que si no hay respuesta por parte del Gobierno, el conflicto se podría profundizar.
«Pretender entregar el 51% de las acciones a empresas extranjeras es directamente avanzar en la completa extranjerización de las fábricas militares de nuestro país. Esto hiere de muerte a un sector que es estratégico para la defensa de nuestra nación y se traduce en una pérdida de soberanía que será difícil de recuperar», señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
En este marco, detalló: “Las empresas están en condiciones de producir y cuentan con trabajadores, pero eso al Gobierno no le interesa. Acá lo que está en juego son las licencias y los sellos de Fabricaciones Militares que se quieren apoderar para poder vender luego en cualquier lugar del mundo”.
“Vamos a seguir resistiendo esta entrega del patrimonio nacional y si no frenan en su intento, el conflicto se va a profundizar”, concluyó Rodolfo Aguiar.
Por su parte, la Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, indicó: «Hoy culmina una jornada federal de lucha que comenzó el lunes en tres de las cuatro fábricas que posee el Estado, acompañando la lucha de las y los trabajadores de Córdoba y de Rosario que vienen poniendo el cuerpo desde hace meses. Hay un desfinanciamiento muy claro de todos los sectores del Estado, pero en Fabricaciones Militares el Gobierno, mediante decretos, habilitó el cherry picking. Esto significa que quien licite puede quedarse con lo que genera rentabilidad (por ejemplo, munición de alto calibre para exportación) y dejar al Estado con las líneas deficitarias, sin obligación de integralidad. Es realmente inaudito».
«En este tiempo necesitamos más que nunca escuchar más y hablar menos. Necesitamos más que nunca construir una síntesis del pensamiento de nuestros compañeros y compañeras, porque lo decíamos durante las asambleas de Rosario y Córdoba: para construir una nación colonial como la que quiere construir este gobierno, necesitan destruir la noción de patria. Y la patria somos nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras del Estado que hacemos patria en cada lugar de trabajo y en cada territorio», agregó la dirigenta.
El sindicato denuncia que el Gobierno envió un pliego internacional que habilita la venta del 51% de las acciones sin tope máximo de la empresa estatal, lo que en caso de concretarse implicaría una pérdida de soberanía nacional y de capacidad de decisión sobre un sector estratégico para la defensa del país.
Mediante el Concurso Público CPU-2026-SC-001, el Gobierno busca conformar uniones transitorias con operadores privados para sus actividades productivas, lo que dejaría la producción de Fabricaciones Militares en manos de empresas extranjeras.
Fabricaciones Militares registró una fuerte caída de la producción de elementos estratégicos para las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la gestión libertaria, como es el caso de las municiones (-44,13%), munición calibre 9 mm (-52,97%) y chalecos antibalas (-97,98%), entre otros. Este descenso se da en un contexto de un fuerte deterioro del sector industrial durante la gestión de Javier Milei.
Según el último relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la industria argentina cayó 7,9% entre 2023 y 2025, el segundo peor desempeño entre 56 economías relevadas. En ese período se perdieron 97.312 puestos de trabajo registrados en unidades productivas industriales.
Este deterioro se profundizó con medidas como la derogación de la Ley de Compre Nacional y del PRODEPRO (DNU 70/2023), que sostenía Aportes No Reembolsables para empresas de sectores estratégicos, y el desmantelamiento del INTI mediante el decreto 462/2025, que compromete el desarrollo de normas de calidad y la generación de bienes con valor agregado nacional.
Actualmente, Fabricaciones Militares tiene cuatro plantas operativas: Fábrica Militar Fray Luis Beltrán en Santa Fe, dedicada a materiales de Defensa y Seguridad; Fábrica Militar Río Tercero y Fábrica Militar Villa María, ambas en Córdoba, dedicadas a químicos y metalmecánica por un lado y pólvoras, explosivos y otros insumos estratégicos por el otro; además de FANAZUL en Buenos Aires, que aporta capacidad productiva para la industria y la Defensa.
El sindicato recuerda que esta protesta se enmarca en el Día de la Industria Nacional, que se celebra cada 2 de septiembre.
Allí también participaron la Secretaria de Formación, Vanina Rodríguez, el Secretario Gremial, Oscar de Isasi, las y los vocales César Baliña, Rodolfo Kempf, Soledad Diaz Ayala, Cristian Vázquez y Orestes Galeano, además de los dirigentes de Fabricaciones Militares Fernando Peyrano (Rosario) y David Salto (Río Tercero), y el Secretario Gremial de ATE Capital, Pedro Lynn.
Además, estuvieron presentes representantes de todas las sedes de FFMM y miembros del Consejo Directivo Provincial de Buenos Aires.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) se movilizó en Ushuaia hacia la Legislatura de Tierra del Fuego para respaldar la lucha docente, que ya lleva 31 días de acampe, en reclamo por una recomposición salarial de emergencia, mayor inversión en la educación pública, el cese de los descuentos por los días de paro y la devolución de los montos ya descontados.
La comitiva del Frente estuvo encabezada por Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, quien se reunió con el secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena.
“Desde el FreSU llegamos a Tierra del Fuego para respaldar una huelga que es ejemplo en todo el país y construir un gran paro nacional. Los docentes fueguinos se niegan a ser pobres. Quieren vivir mejor”, señaló el referente de ATE.
En este marco, apuntó: “Los responsables políticos están completamente desconectados de la realidad. Tendrían que vivir un sólo mes con el salario de un maestro para ver si lo puede hacer. Tal vez de esa manera se sensibilicen”.
“Desde el FreSU vamos a respaldar y apoyar todas las luchas hasta definir un paro general nacional que nos permita obtener un salario mínimo de 3 millones de pesos, que es la única manera en la que un trabajador pueda ejercer su derecho de vivir con dignidad”, agregó Rodolfo Aguiar
“Las huelgas no son legales o ilegales como dice el Gobierno. Las huelgas se ganan o se pierden, y a esta huelga la docencia fueguina la va a ganar”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
La protesta también reiteró la exigencia de implementar una Ley de Financiamiento Educativo en la provincia con el fin de transformar la inversión en educación en una verdadera política de Estado que amortigüe el impacto del ajuste.
De esta forma el FreSU, integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y decenas de organizaciones de todas las centrales, mantiene su compromiso profundamente federal por respaldar las luchas de todos los sectores obreros en cada provincia.
