Desde este
miércoles y hasta el viernes se debaten en la Asociación Trabajadores del
Estado las propuestas para diseñar un modelo de Estado democrático y popular
necesario para este nuevo tiempo, visto desde la perspectiva de la clase
trabajadora.

La primera
expositora fue Ana Rameri, del Instituto de Estudios sobre Estado y
Participación (IDEP), quien comenzó con un repaso de las corrientes teóricas sobre
el rol del Estado que dominaron los últimos cincuenta años a nivel global y
local. Entre ellas, el estructuralismo -emparentada a los modelos
desarrollistas que proponían una fuerte intervención estatal- declinaría en la
década del 70; y la vinculada a la posterior hegemonía del capital financiero
que -de la mano del Consenso de Washington y la caída del muro de Berlín- tuvo
su representación máxima en el proyecto neoliberal. En Argentina ésta última comenzó
durante la última dictadura cívico-militar y se profundizó durante la década
del 90´. Implicó una reforma financiera, desmedida apertura comercial,
represión de sectores populares u obreros, desguace del sistema económico y las
organizaciones sindicales.

 “Sin embargo, es un esquema versátil, que
puede mutar”, explicó Rameri, y agregó: “Hoy hay una revisión de esta corriente
que busca neutralizar los costos políticos a partir de la lógica del Estado
eficaz”.

A su vez, la
integrante del IDEP propuso reflexionar sobre los distintos roles que se le
asigna al Estado, en tanto sintetizador de diversos intereses, herramienta de
conservación de los mismos para una clase dominante o como instrumento de
transformación: “Cuando pensamos en Estado no es cualquier Estado, puede ser el
que nos presentan o uno distinto, el que pretendemos construir”.

A
continuación fue el turno de Mariana Rivolta, del Instituto de Pensamiento y
Políticas Públicas (IPyPP), quien abordó la relación fiscal entre provincias y
Nación, y las consecuencias de esta en el desarrollo de políticas. Según
explicó, existe un modelo inviable e inconsistente, en gran medida debido a la vetusta
Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal: “No persigue objetivos de equilibrio
ni solidaridad”. A esto se suma –detalló- la falta de voluntad política para
dar un debate y legislar al respecto como resultado de una casta política
dominante que se esfuerza en sostener una disputa por los recursos, sin
intentar repensar el esquema actual.

En este
sentido, Rivolta se refiere al manejo discrecional de los recursos con un trasfondo
político-partidario. En 2015, las provincias recibieron del Estado Nacional de
forma automática 263.541 millones, mientras que la repartija discrecional fue
de 151.881 millones. Incluso explicó que existen provincias donde el 80  por ciento del presupuesto se destinan a
salarios y gastos corrientes, ambos ineludibles y periódicos (durante el año
pasado 18 de las 24 provincias no lograron sostener sus gastos corrientes con recursos
ordinarios, sino que debieron recurrir al Estado nación). “De esta manera es imposible
pensar en políticas provinciales a mediano y largo plazo, lo que conduce a una
falta de autonomía al tener que someterse a nación para cualquier inversión
"extraordinaria"”. Al respecto, la integrante del IPyPP remarcó la
baja presión fiscal que posee buena parte de los distritos.

El siguiente
en exponer fue Martin Harracá, docente, economista y referente del Movimiento
Popular Patria Grande, quien se centró en la fuerte transferencia de ingresos
que en los últimos meses se produjo desde los trabajadores hacia el sector
empresario. Según explicó, dicha transferencia se puede leer con una serie de
medidas gubernamentales como la devaluación (70 mil millones de pesos por el
corrimiento cambiario, 70 mil millones por dólar futuro), quita de retenciones
(con esta reducción impositiva los pooles de siembra tuvieron una apropiación
de 10.200 millones de pesos) y desregulación de las tasas de interés (la
diferencia que habrían sacado bancos y financieras rondan los 45 mil millones
de pesos).

En total,
según detalló el economista, la transferencia de ingresos de un sector a otro
en tan solo cinco meses (desde diciembre hasta principios de mayo) fue de casi
20 mil millones de dólares, o sea 281.106 millones de pesos. La cifra toma
verdadera dimensión cuando observamos que en 2015 el presupuesto del Ministerio
de Obras Públicas fue de poco mas de 11 mil millones de dólares, el de Educacion
y Cultura 8.400 millones, y Salud 4.300 millones.

Luego tomó
la palabra Isaac Rudnik, director del Instituto de Investigación Social,
Económica y Política Ciudadana (Isepci). “La derecha fue muy eficaz en cuanto a
tamaña transferencia en tan poco tiempo”, opinó en relación a la exposición que
lo precedió. Según relató el economista, para este Gobierno el problema de la
inflación es una cuestión monetarista, por lo tanto una relación entre moneda y
productos circulantes. Reducir el gasto y achatar las paritarias, y a la vez
levantar las tasas de interés son políticas consecuentes con esta visión ortodoxa
de la economía.

Rudnik hizo
fuerte énfasis en el hecho de que “aumentaron todos los precios de la economía,
salvo el de la fuerza de trabajo”. Sin embargo, el directo del Isepci afirmó: “El
ajuste planeado y que `necesitan´, es muchos mayor al ejecutado. Y esto se debe
al proceso de resistencia que, si bien ha tenido limites, logró paralizarlo o al
menos morigerarlo”.

El cierre de
la mesa estuvo a cargo de Cynthia Pok, trabajadora del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) y Secretaria de Formación de la CTA Autónoma. La
dirigente puso el eje en la importancia y necesidad de estadísticas para la
población y la aplicación de políticas públicas: “Tenemos que entenderlo de la
misma manera forma en que todos reconocemos el derecho a acceder a la luz y el
gas. Porque la información permite la construcción de colectivos, y es también
una herramienta de lucha”. A su vez, remarcó que las estadísticas públicas
tienen, entre otros objetivos, el de constatar resultados o injerencias de las políticas
aplicadas: “Son un monitoreo de las acciones del Estado”.

Para
finalizar, la integrante de la Mesa Nacional de la CTA A fue crítica respecto
de la proliferación de consultoras privadas –que se aprovecharon de la
intervención y deslegitimación del INDEC- , y a la vez calificó la compilación
y análisis de estadísticas como “un rol indelegable del Estado, y a los
trabajadores como los garantes de su credibilidad”.