Este viernes, y con la decisión unánime de construir un plan de resistencia contra el avance que muchos gobiernos de la región llevan adelante contra la Seguridad Social y el Sistema Previsional cerró Encuentro de Pensionistas y Jubilados de América. Organizado por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) y la Unión Internacional de Sindicatos (UIS) un centenar de participantes de México, Brasil, Argentina, República Dominicana, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Honduras, Venezuela, Puerto Rico y Perú, debatieron estos temas y otras tantas problemáticas que enfrentan las y los jubilados de América. Entre estos participantes también estuvo presente el Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados (CNTJyP) de la ATE.
En esta última jornada se hizo la presentación del documento “La seguridad Social que queremos es posible y necesaria” elaborado durante toda la jornada del jueves, que fue ratificado en forma unánime por todas y todos los participantes.
El documento expone cuatro grandes definiciones: 1- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES: la Seguridad Social como derecho humano; Las obligaciones indelegables del Estado; y Principios rectores generales.
2- SOBRE EL FINANCIAMIENTO Y EL MUNDO DEL TRABAJO: Sostenibilidad financiera progresiva; Conforme el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) los Estados; Inclusión de todas las formas de trabajo.
3- DENUNCIA Y RESISTENCIA A MODELOS MERCANTILIZADORES DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: Privatización de la seguridad social; Exigencia de progresividad, prohibición de retroceso y vigencia de los derechos a la seguridad social;
4- IV. RATIFICACIÓN DE LA LUCHA Y AVANCES REGIONALES: Reconocimiento a la movilización popular; Defensa del sistema público; Alerta y movilización permanente; Políticas de inclusión: Apoyamos decididamente las políticas públicas de inclusión previsional (moratorias y rentas de dignidad, ingresos básicos universales) implementadas en distintos países Estas medidas reconocen el derecho humano a la seguridad social de todas las personas que no alcanzaron los aportes formales debido a las fallas estructurales del mercado de trabajo.
En tal sentido proponen “la creación de ámbitos permanentes de debate y organización, en unidad en la lucha, que permitan llevar adelante con éxito, tanto la resistencia a las políticas contrarias a los trabajadores, como, asimismo, ir construyendo una sociedad que elimine cualquier forma de explotación”.
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Sobre esta actividad el Presidente de la CLATE, Julio Fuentes manifestó su amplia satisfacción con la convocatoria al Encuentro y señaló que “hemos recibido representantes de organizaciones de Trabajadores Jubilados de 12 países, de América Latina y Caribe, y además haberlo logrado hacer con otra entidad sindical internacional, como es la UIS de Pensionistas y Jubilados, perteneciente a la Federación Sindical Mundial”.
Respecto a la actividad Fuentes explicó que “durante estos días hemos analizado cada uno de los sistemas previsionales y los desafíos que tenemos para adelante. No solo desde cómo enfrentar a las políticas financieras sino también, cuestión financiera internacional que pretende la privatización de nuestros sistemas”
Para el titular de CLATE “la privatización significa que los bancos se queden con los aportes y contribuciones de todas y todos los trabajadores menores de 40 años, y que queden los estados con los mayores de 40 años y con todas y todos los jubilados, es decir, eso es producirle a los estados de nuestros países, un agujero financiero tremendo, porque te quedas con los aportes de los jóvenes y quedamos todos los mayores, los que ya están jubilados y los que nos vamos a jubilar en los próximos años”
“A nadie le escapa que todos los estados están con problemas económicos, así de que sale una estrategia sobre cómo enfrentar la coyuntura”, acotó.
También señaló que hay un debate fuera del proceso de privatización, un debate que tiene un desafío en el propio sistema de reparto de solidaridad y es que hoy las personas viven mucho que cuando el sistema fue concebido. Para ello será importante controlar fuertemente la evasión y el trabajo no registrado que en nuestro continente ha aumentado de una forma alarmante”.
Centro de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE
Una fuerte presencia en este encuentro la dio el Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados (CNTJyP) de ATE con 25 participantes llegados desde las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que tuvo al abogado del Centro, Luciano González Etkin, como uno de los moderadores.
Sobre el desarrollo del encuentro su presidenta, Noelia Guzmán, destacó que “las y los participantes han hecho un esfuerzo muy grande y ha arrojado un resultado que creemos muy fructífero”.
Guzmán explicó que existen problemáticas que son comunes entre todos los países presentes: “La verdad que en general con aquellos países que tienen un signo liberal tenemos problemas muy comunes. Mala jubilación, problema con el Sistema de Salud y falta de viviendas”, subrayó.
Pero también destacó el reconocimiento que hay entre los demás países a la lucha de las y los jubilados argentinos que desde hace 34 años y con 1.800 marchas siguen exigiendo por todos sus derechos. “El pasado miércoles se sumaron a nuestra marcha y quedaron muy asombrados por la resistencia que llevamos adelante contra las políticas de ajuste de Milei”.
Cierre del Encuentro
El cierre del encuentro tuvo como oradores a Julio Gambina, titular de la UIS y a la propia Noelia Guzmán.
En primer término Gambina remarcó la fuerte ofensiva que hay hoy del capital contra el trabajo, pero que tampoco como dijo es contra el trabajo: “También es contra la naturaleza, porque estamos asistiendo a un momento de destrucción ambiental, de contaminación por la ganancia del capital, pero también es una ofensiva del capital contra la sociedad, porque se afectan los derechos de las personas, de los mayores, como hemos estado discutiendo, pero también de la niñez y del conjunto de la sociedad mundial”.
Además cuestionó las intervenciones, el terrorismo de Estado y la ofensiva del capitalismo que se practica contra América Latina y que subraya “en el presente está generando cambios políticos, que se expresa en América Latina con autoritarismo de ultraderechas en los gobiernos, que están muy cercanas a una política fascista”.
Luego, en representación de la CLATE, anfitriona del encuentro, Noelia Guzmán destacó el debate habido en estos tres días y se mostró muy optimista a que “este encuentro sea un punto de partida para que en algún momento podamos tener una vida digna como nos merecemos de después de haber trabajado tantos años”.
Y a la par de la emoción y la responsabilidad de dijo sentir por estar a cargo del cierre recordó que “hay una lucha que es permanente por jubilaciones que no alcanzan, por el costo de los medicamentos, por la violencia y por la soledad que nos quieren imponer en todos nuestros países. El ajuste viene por los más viejos, para todo ello hay una única respuesta: organización”.
Como última expresión se mostró convencida de que “este encuentro que empezamos no termina hoy. Sigue con las propuestas elaboradas en el documento, porque debemos garantizar el sostenimiento de un sistema público, solidario y de reparto que otorgue jubilaciones y pensiones dignas, convencidos de que no somos el gasto del Estado”.
Por eso auguró “debemos armar una red latinoamericana y caribeña permanente de jubilados y pensionistas. Porque comunicados nadie nos aísla. Debemos organizarnos para implementar el convenio 102 de la OIT en cada país. Porque este convenio no es un número frío sino la garantía misma de que la seguridad social es un derecho humano”.
Homenaje a Marcos Wolman
Hacia el cierre de la actividad se hizo un homenaje a Marcos Wolman, uno de los iniciadores de la marcha de los miércoles y gran emblema de esta lucha de 34 años.
En este reconocimiento Wolman recordó esa lucha que ya lleva 34 años y 1.800 movilizaciones nació cuando en la Argentina se impuso la privatización del sistema previsional y la privatización de las empresas estatales.
Por ello Wolman valoró el encuentro señalando que “aquí estamos teniendo una unidad sumamente importante de trabajadoras y trabajadores en actividad con las organizaciones de jubilados y también con las organizaciones sociales, en las cuales vemos que el camino siempre es el de la lucha”. Y agregó: “todos coincidimos en que nos encontramos, no solamente en una región, no solamente en un país, nos encontramos en todo nuestro continente, en toda nuestra América Latina y el Caribe y en otros pueblos en el mundo que resisten a la ofensiva del bloque de poder dominante, que es de tal envergadura que sigue avanzando”; por eso apunto “nosotros para contrarrestar ese avance tenemos en nuestra manos la organización. Es necesario coordinarnos y poder aunar loa puntos comunes que nos unifiquen a los distintos sectores, sindicatos, trabajadores sociales, trabajadores estatales, trabajadores privados, y trabajadores en general, en un fuerte espacio de resistencia”.
DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES, ARGENTINA.
“LA SEGURIDAD SOCIAL QUE QUEREMOS ES POSIBLE Y NECESARIA”
Las delegaciones de las Organizaciones de Pensionistas y Jubilados de América Latina y el Caribe, reunidas en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2026, bajo la convocatoria de la CLATE y la UIS de P&J FSM Américas, emitimos la siguiente declaración formal ante nuestros pueblos, gobiernos y organismos internacionales:
I. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES
La seguridad social es un derecho humano: Proclamamos de manera unánime que la seguridad social es un derecho humano fundamental e irrenunciable. Respaldamos esta firme convicción en los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que declara que toda persona, como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia la salud y el bienestar y una vejez digna.
• Obligación indelegable del Estado: Sostenemos que es obligación de los Estados respetar los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), garantizar su libre ejercicio y adoptar las medidas legislativas necesarias para hacerlas efectivas (arts. 1 y 2 CADH), en nuestro caso los derechos a la seguridad social, sin adoptar medidas regresivas (art. 26 CADH) a través, de sistemas previsionales de naturaleza pública, de reparto y solidarios. Rechazamos cualquier intento de mercantilización del trabajo y la seguridad social (Declaración de Filadelfia de 1944 OIT.)
• Principios rectores generales: Reclamamos que las políticas y regímenes previsionales se guíen de forma estricta por los principios de universalidad, solidaridad inter e intrageneracional, igualdad, integralidad, suficiencia, participación, justicia social, enfoque de género, diversidad y étnico. Se debe brindar especial protección a las personas mayores, mujeres, infancias, personas con discapacidad y trabajadores rurales (100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
• Participación de los trabajadores en la administración de los sistemas de seguridad social (“Nada sobre nosotros sin nosotros”).
• Garantizar que los fondos de reserva de los regímenes de jubilaciones y pensiones que se usen para inversiones se destinen para dar cobertura a las necesidades de los trabajadores, por ejemplo, en vivienda.
• II. SOBRE EL FINANCIAMIENTO Y EL MUNDO DEL TRABAJO
Sostenibilidad financiera progresiva: Afirmamos que ningún sistema previsional actual se sostiene exclusivamente con los aportes y contribuciones de los trabajadores. Por lo tanto, exigimos que el financiamiento estatal complemente los aportes y contribuciones con sistemas tributarios progresivos, con impuestos directos a las grandes empresas o grandes grupos económicos.
• Conforme el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos (art. 2.1 del PIDESC).
• Inclusión de todas las formas de trabajo: El derecho a la seguridad social debe extenderse y abarcar la totalidad del mundo laboral actual (trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia). Esto incluye al trabajo formal, atípico, precario, autónomo, de plataformas digitales, de la economía del cuidado, y las nuevas modalidades de trabajo de la industria 4.0 y la inteligencia artificial. La OIT en junio 2026 sancionó el Convenio 193 sobre el trabajo decente en la economía de plataformas que establece que debe asegurarse por los Estados que los trabajadores de plataformas digitales tengan acceso a la seguridad social.
Llamado internacional: Nos comprometemos a impulsar en cada uno de nuestros países la ratificación y se garantice el cumplimiento efectivo del Convenio 102 de la OIT, norma mínima de seguridad social.
Se cumpla el Piso Básico de Protección Social de la Recomendación OIT 202 (2012) que establece las siguientes garantías básicas: a) atención de salud esencial, incluida la atención de la maternidad, que cumpla los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad; b) seguridad básica del ingreso para los niños, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional, que asegure el acceso a la alimentación, la educación, los cuidados y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios; c) seguridad básica del ingreso, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional, para las personas en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez, y; d) seguridad básica del ingreso para las personas de edad, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional.
• Deben existir prestaciones accesibles y adecuadas y mecanismos efectivos para reclamar cuando los derechos no se cumplen.
• III. DENUNCIA Y RESISTENCIA A MODELOS MERCANTILIZADORES DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL.
Privatización de la seguridad social: Destacamos el fracaso de las reformas estructurales de los sistemas de seguridad social, llevadas adelante en América Latina con la experiencia del pasado y teniendo en cuenta las tendencias futuras de la sociedad.
Denunciamos las graves implicaciones negativas que las políticas orientadas por el Consenso de Washington y el Banco Mundial han dejado en América Latina y el Caribe. Estas reformas han provocado un retroceso sistemático en los derechos laborales, la pérdida de cobertura y el poder adquisitivo de jubilados y pensionados.
• Exigencia de progresividad. prohibición de retroceso y vigencia de los derechos a la seguridad social: Recordamos a los Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) su obligación conforme el artículo 26 de hacer efectivos los derechos a la seguridad social y garantizar la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Exigimos que se destine hasta el máximo de los recursos disponibles para asegurar el derecho a una vida digna (art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
IV. RATIFICACIÓN DE LA LUCHA Y AVANCES REGIONALES
• Reconocimiento a la movilización popular: Reivindicamos con orgullo la lucha histórica de los trabajadores activos y jubilados que ha permitido frenar el avance de las reformas privatizadoras en la región.
• Defensa del sistema público: Celebramos la resistencia de los países a la privatización de los regímenes públicos de reparto y de aquellos que lograron revertir total o parcialmente las privatizaciones de las jubilaciones.
• Alerta y movilización permanente: Nos declaramos en estado de alerta y movilización en defensa del trabajo y de la seguridad social como derecho humano fundamentales orientados por el principio de justicia social (Constitución de la OIT 1919) que se traduce en sistemas públicos de jubilaciones y pensiones que garanticen condiciones de vida digna a sus beneficiarios.
• Políticas de inclusión: Apoyamos decididamente las políticas públicas de inclusión previsional (moratorias y rentas de dignidad, ingresos básicos universales) implementadas en distintos países Estas medidas reconocen el derecho humano a la seguridad social de todas las personas que no alcanzaron los aportes formales debido a las fallas estructurales del mercado de trabajo.
En tal sentido proponemos la creación de ámbitos permanentes de debate y organización, en unidad en la lucha, que permitan llevar adelante con éxito, tanto la resistencia a las políticas contrarias a los trabajadores, como, asimismo, ir construyendo una sociedad que elimine cualquier forma de explotación.
