La ATE Chaco denunció en la Subsecretaría de Trabajo la modificación arbitraria de los contratos de trabajo en el Comité para la Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes. Los mismos fueron reformados para disminuir montos salariales y cambiar funciones, en detrimento de los derechos del personal de la institución. Por medio de dicha presentación ante el subsecretario de Trabajo, Daniel Martínez, se solicitó asimismo la intervención de la cartera provincial ante esta situación.
El 30 de septiembre los miembros integrantes del Comité, Ariela Álvarez, Darío Gómez, Kevin Nielsen, Silvina Canteros y Bashe Charole, notifican a las y los trabajadores acerca de la modalidad de contrato de trabajo a firmarse en octubre, con vigencia de tres meses. De acuerdo a la denuncia llevada adelante por el sindicato, la misma “impone cláusulas ilegales, contrarias a la normativa laboral vigente de protección a los y las trabajadores”. Asimismo se deja constancia de que se obliga a los trabajadores y trabajadoras a la suscripción de una declaración jurada de incompatibilidades, lo cual se reiterará en toda oportunidad de firma contractual.
Según consta en la denuncia presentada ante la Subsecretaría de Trabajo, las cláusulas del contrato “evidencian la actitud arbitraria adoptada por parte de los miembros integrantes del C.P.T.Ch, de valerse de la figura de diferentes contratos renovados continuamente en el tiempo para – de esta manera – utilizar dicha modalidad para encubrir una relación de dependencia permanente y exclusiva de los trabajadores, dándose durante todo el desarrollo del vínculo características de estabilidad, para luego de manera arbitraria extinguir el supuesto vínculo contractual”.
Esta cuestión entraría en clara violación del artículo 4° del Estatuto para Empleados de la Administración Pública Provincial (Ley N°292-A), que establece las características del personal permanente y transitorio. “Lo cierto es que somos trabajadores dependientes del Comité desde hace ya varios años quienes realizamos tareas que carecen de transitoriedad o especificidad, quienes en muchos de los casos incluso ocupamos cargos de jerarquía superior, asumiendo la totalidad de las responsabilidades que la tarea conlleva”, expresó José Farías, delegado de la institución que llevó adelante la denuncia.
ATE Chaco entiende que la conducta de los Miembros del Comité descrita – con las constantes renovaciones contractuales, la posible recisión unilateral luego de años de trabajo y la creación de expectativas reales de estabilidad – lesiona los derechos constitucionales de los trabajadores.
“Por otra parte, cabe mencionar que el contracto alude consenso entre ambas partes, lo que resulta discordante con la realidad, ya que se trata de un contrato de cláusulas predispuestas, elaborado por los miembros integrantes del C.P.T.Ch en forma unilateral, al cual los y las trabajadoras se adhieren por la necesidad de mantener su trabajo, su única fuente de ingreso y medio de subsistencia propia y de sus familias, pese a los derechos laborales que les son vulnerados y a la situación laboral desigual en la que los ubica”, sostuvo Farías.
En la denuncia, el delegado afirmó: “Considero necesario resaltar que a pesar de los reiterados reclamos presentados oportunamente ante ésta y otras instituciones competentes, no hemos obtenido resolución alguna por el sinnúmero de derechos menoscabados por parte de los miembros de Comité a los trabajadores y trabajadoras, encontrándome actualmente, en mi caso en particular, desfuncionalizado y afrontando los perjuicios que la reducción salarial impuesta me ocasiona, siendo incongruente ante ello, que se contrate personal temporario para desempeñarse en el área de la cual me apartaron”.
“Resulta irónico y hasta sorprendente que autoridades como los miembros integrantes del Comité para la Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la Provincia del Chaco propicien estos actos violentos y que se apartan de las leyes vigentes en materia laboral, considerando su formación, profesión y amplia trayectoria en la promulgación, defensa y fomentación del respeto a los derechos humanos”, expresó.
Asimismo en la denuncia se deja constancia de que desde 2018 se presentaron diversas denuncias contra Ariela Álvarez y Darío Gómez, las cuales fueron desestimadas por el tribunal sin proporcionar fundamento alguno, y pese a lo cual resultaron electos para la integración del Comité.
“Por todo ello, en consideración a la urgencia y gravedad de la situación planteada, es que estimo se deben arbitrar las medidas necesarias a fin de que ambos denunciados cesen en sus conductas lesivas, garantizando los medios suficientes a efectos de que se retrotraigan las medidas arbitrarias implementadas respecto a la reducción salarial, así como las readecuaciones que implicaron remoción de cargos de los trabajadores, afectando su derecho a estabilidad y carrera administrativa, más la nulidad de contratos arbitrarios impuestos a los trabajadores”, expresó Farías en el documento presentado.
