Durante la jornada de ayer se desarrolló una Asamblea de trabajadoras y trabajadores afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que desempeñan sus tareas en el Hospital SAMIC de El Calafate, Provincia de Santa Cruz.
Con un comunicado, desde la Seccional de ATE Lago Argentino manifestaron: “Durante la Asamblea se pusieron en común las diferentes problemáticas de los sectores, llegando a consensos comunes en cuanto a la actual gestión”.
De igual manera, desde el Sindicato denunciaron la “creciente privatización del hospital, lo que conlleva a profundizar las dificultades en el acceso a la Salud de la comunidad”.
Asimismo, desde ATE Lago Argentino también se denunció “autoritarismo, falta de información e imposición de cambios sin evaluación de riesgos para pacientes que se están realizando”, y se detalló que hoy principalmente los cambios son del sector de internación pediátrica.
La Seccional anunció su “apoyo irrestricto a la comunidad que se organiza para reclamar por su derecho a la Salud y rechazo al maltrato de las autoridades”, y se comprometió a “profundizar la comunicación con la comunidad, ya que la lucha de trabajadores y usuarios es la misma”.
Finalmente, aseguraron que continuarán peleando por “trabajadores con condiciones dignas, atención pública, gratuita y de calidad”.
Este miércoles ATE Entre Ríos rechazó de manera categórica la denuncia presentada por el Gobierno provincial contra integrantes de la organización sindical a raíz de la movilización realizada este martes en la Dirección General de Recursos Humanos. De acuerdo a su versión de los hechos algunos miembros habrían actuado de forma inadecuada al dialogar con las autoridades gubernamentales.
Es importante recordar que el 8 de septiembre, ATE llevó adelante una jornada de alcance provincial en demanda por la reapertura de la paritaria y demandó al Gobierno mediante una misiva, a través de la Dirección de Recursos Humanos y de la Secretaría de Trabajo, respuestas concretas. En ese descargo, el Sindicato reclamó además por trámites demorados, carrera administrativa y otros derechos laborales.
“Son reclamos legítimos que el Ejecutivo conoce y viene postergando. No podemos dejar de señalar, además, el contexto en el que se produce el reclamo. La política que sostienen Milei y Frigerio violenta día a día al pueblo trabajador, deteriorando salarios, condiciones laborales, empleo público y pulverizando derechos conquistados. Frente a esas políticas de desguace y debilitamiento, la organización y la protesta pacífica de los trabajadores no son violencia: son una respuesta legítima y necesaria”, expresaron desde ATE.
ATE reivindicó firmemente los derechos constitucionales a peticionar ante las autoridades y a ejercer la protesta sindical. “Cuando un Gobierno no brinda respuestas para las y los trabajadores en tiempo y forma, y éstos reclaman fervientemente por ello, no puede pretender reemplazar el diálogo y la solución de los conflictos por la criminalización de quienes demandan soluciones concretas de las autoridades” agregaron desde la organización sindical.
En este sentido, ATE viene denunciando públicamente ‘animosidad y desidia’ de parte del Gobierno provincial hacia la organización sindical, lo que habilita el privilegio exclusivo en el vínculo y la toma de decisiones a la otra organización sindical. Para ATE, esta actitud no es inocua sino que busca deliberadamente debilitar la representación del Sindicato, generando desigualdades sindicales lo que perjudica al colectivo de trabajadores quienes necesitan una verdadera defensa de sus derechos laborales.
“Dejamos en claro que la manifestación llevada a cabo no solo cumplió con todos los requisitos legales, sino que fue llevada adelante de manera firme, contundente y enérgica, pero pacífica, no cometiendo en ningún momento acciones que puedan ser catalogadas como intimidantes, amenazantes y dañosas hacia personas y bienes del lugar como se quiere falsamente instalar”, concluyeron desde el Sindicato.
Finalmente se advirtió que las y los responsables de las áreas donde se desarrolló la manifestación no se encontraban en sus lugares de trabajo, incluida la funcionaria que radicó la denuncia, quien no estuvo presente durante los hechos. Es por eso que ATE se pone a disposición de la Justicia para aportar todos los elementos y aclaraciones que sean necesarios hasta esclarecer lo ocurrido y determinar la verdad de los hechos.
Fuente/fotos: Consejo Directivo Provincial de ATE Entre Ríos.
Este miércoles el Sindicato junto a otras organizaciones se movilizó hacia el Congreso Nacional para exigirle al Gobierno que cumpla con la prórroga que establece la Ley de Emergencia en Discapacidad Nº 27.793. Además se subrayó que el Poder Ejecutivo Nacional no cumple con la efectiva implementación de la ley vigente y que intenta desmantelarla.
Carlos Ferreres, Director del Departamento de Discapacidad de ATE Nacional, manifestó: “Hoy nos toca marchar por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Marchamos con dolor por el sufrimiento y la angustia con la que someten al colectivo de discapacidad. También marchamos por los no pueden seguir sus tratamientos, por los que no pueden tener su medicación, y que en muchos casos además de las consecuencias sobre sus cuerpos también pueden ocasionar la muerte o pérdidas irreparables en su salud. Y también con alegría porque estamos interpelados irreversiblemente por este colectivo y porque podemos denunciar la perversidad de este modelo criminal. La alegría que sobreviene por saber que los que no pueden marchar verán que otros sí lo harán y serán testimonio de lucha por una vida digna que nos arrebataron”. Y agregó: “Es insufrible la vida en términos de salud mental que provocan las medidas de Milei. La carencia de tantos derechos negados lleva a la gente a límites peligrosos. El incremento de suicidios es una alerta rojo”.
La actividad se llevó a cabo para presionar a las y los legisladores del Senado Nacional a que voten para que se prorrogue por un año más la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se extendería hasta el cierre del 2027.
La Seccional Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Chilecito informó que ya se han juntado más de firmas para presentar ante las autoridades de la Empresa de Electricidad de La Rioja (EDELaR) por el tarifazo aplicado en las boletas del servicio eléctrico.
La ATE viene denunciando que el precio de las tarifas pegó un salto que las hace impagables. Vecinos de la propia Chilecito señalaron que en julio recibieron se facturas promedio de 400.000 pesos, que en algunos casos treparon hasta 700.000 pesos. La suba dispuesta por EDELaR, que ha sido general, viene generando quejas en distintas ciudades de la provincia.
El dirigente de la ATE local, Domingo Palacios, sostuvo que “las facturas son imposibles de abonar para cualquier estatal, ya sea provincia, municipal o jubilado. Nuestro salario viene sufriendo una pérdida mes a mes y aunque tengamos un aumento de salarios podremos pagar estas sumas”.
Palacios añadió que “hay un ajuste brutal que se impone primero desde el Gobierno Nacional y luego por parte del Gobierno riojano. La caída del poder adquisitivo es enorme y esta decisión de la empresa de electricidad no hace más que acrecentar la pérdida de ingresos y la conflictividad social”.
Como la entrega anterior, el petitorio con las nuevas firmas que se agregaron, en cuyo texto se exige retrotraer el aumento de la factura, será llevado hasta las oficias locales de EDELaR.
Los días jueves 10 y viernes 11, las y los trabajadores del municipio catamarqueño de Fray Mamerto Esquiú, nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevarán adelante un quite de colaboración en todas las oficinas municipales y adelantaron que de no tener respuestas a su reclamo salarial antes del fin de semana, el próximo lunes iniciarán un paro total por tiempo indeterminado.
Desde hace dos meses el Sindicato viene teniendo reuniones con funcionarios municipales pero en ninguna de ella logra tener una respuesta al reclamo de un aumento salarial del 30%.
En ese lapso también se hizo la presentación de un petitorio donde además de pedir la mejora del salario se pide el pase al sueldo básico de los ítems correspondientes a los años 2024 y 2025; una actualización del 100% en los adicionales; y un incremento del 200% en el concepto de salario familiar. Tampoco hubo respuestas.
Para la ATE local “van dos meses de reuniones vacías. El Ejecutivo municipal nos abre la puerta, nos recibe el petitorio, nos palmea la espalda y nos dice que entiende la situación, pero no ofrece nada más que su silencio”.
También se cuestiona que mientras no hay plata para las y los trabajadores la propia intendenta, Alejandra Benavídez, elevaba su salario a casi 4.000.000 de pesos. “Esa decisión nos marca que mientras si hay plata para la planta política nada hay para el municipal que junta la basura, el que arregla las calles y todas y todos los que tienen a su cargo el hacer diario del municipio”.
Este martes bajo el lema ‘La educación no es un servicio, es un derecho’, la Seccional Rosario de ATE llevó a cabo un cese de actividades de las y los Asistentes Escolares, que se extendió por una hora por turno, para exigir recomposición salarial y condiciones dignas de trabajo.
El Sindicato subrayó que quienes sostienen los comedores y el mantenimiento diario de las escuelas públicas necesitan tener condiciones de vida digna y por eso requieren de un salario Mínimo, Vital y Móvil de 3.300.000, para evitar el endeudamiento de las familias. Por eso demandan la apertura urgente de las inscripciones al escalafón del sector, la aceleración de las titularizaciones y creación de nuevos cargos. Asimismo, mayor inversión en infraestructura – que incluya mobiliario y un espacio físico digno para el área de Portería – y aumento de las partidas presupuestarias destinadas a insumos elementales como las copas de leche que aseguran una alimentación nutritiva de las y los estudiantes que asisten a los establecimientos educativos de Arroyo Seco, San Lorenzo , Rosario , Baigorria, Villa Gobernador Galvez, Villa Constitución, Casilda, Pavon, entre otras delegaciones.
Este martes ATE Formosa dejó asentado ante la policía local que las y los municipales de Mayor Vicente Villafañe se vieron imposibilitados de desempeñar sus tareas laborales habituales debido a la toma del edificio que efectuó el Poder Ejecutivo ante la disposición de juicio político de parte del Concejo Deliberante.
Carlos Villasanti, Secretario General de ATE Formosa, manifestó: “Lo que va a hacer ATE es resguardar en primer lugar la integridad física de los trabajadores y las trabajadoras, hacer todo lo que tenga que hacer para que llegado fin de mes y no esté normalizada la situación en el municipio, vamos a presentar los recursos que tengamos que presentar ante el superior tribunal de justicia para que los trabajadores puedan cobrar sus haberes. Ya hay antecedentes de una situación similar. Por eso, como gremio no nos vamos a meter en la interna y vamos a abocarnos estrictamente a la cuestión sindical y representar a nuestros trabajadores y cuidarlos como corresponde”.
Por su parte César Villasanti, delegado de ATE en la localidad, aseguró: “Las y los empleados municipales no pudieron ingresar normalmente a sus lugares de trabajo y además retiraron el libro de firmas y las herramientas de trabajo. No se puede hacer ningún trámite ya sea carnet, permiso de saneamiento, recolección de basura, o pago de los impuestos”. Y agregó: “A mi también me pasó cuando me presento a trabajar y no me dejaron ingresar”.
Según sostuvo, el conflicto político entre el intendente y el Concejo Deliberante afecta a 370 trabajadoras y trabajadores – de los cuales 20 se desempeñan en el Concejo Deliberante y 350 en diversas áreas municipales – quienes temen por su continuidad laboral y el cobro de sus haberes, considerando que desde el lunes 7 de septiembre no pueden desempeñar sus tareas habituales. Sus ingresos rondan entre los 400.000 y 500.000 pesos mensuales.
Por eso ATE realizó un descargo ante la policía local para dejar asentada la situación y dejar constancia de la imposibilidad de registrar su ingreso y egreso laboral.
Asimismo, el conflicto perjudica a la comunidad en general dado que están suspendidas las gestiones administrativas y no se están realizando los trabajos de sostenimiento y mantenimiento de espacios públicos a cargo de las y los municipales.
Disputa política y crisis institucional La crisis institucional que se desató en Mayor Villafañe comenzó tras la destitución del intendente Víctor Ramón Osorio efectuada por el Concejo Deliberante, mediante un juicio político por inadecuada administración pública del funcionario.
Luego de la sesión del Concejo Deliberante, las y los concejales comunicaron formalmente lo resuelto aunque no pudieron ingresar al edificio. Es importante aclarar que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo funcionan en la misma sede.
Según informó ATE, el edificio municipal se encuentra tomado y eso impide el normal funcionamiento de distintas áreas de la administración pública. Es por eso que se dejó constancia de la grave situación ante la policía local y se espera una pronta regularización del funcionamiento del Estado.
Finalmente, se realizará una asamblea para comunicar a las y los trabajadores municipales cómo serán los próximos pasos del Sindicato ante la Justicia.
La Seccional Asociación Trabajadores del Estado (ATE) General San Martín, mantuvo una reunión con el intendente de Aguaray, Guillermo Alemán, y su Secretario de Gobierno, Gustavo Irala, a quienes reclamó un urgente aumento salarial para las y los trabajadores del municipio. También pidió que se avance con los pases a planta del personal contratado.
Durante la reunión la ATE recordó a Alemán que el pasado mes de agosto se hizo la presentación por Mesa de Entradas de un petitorio que expone la totalidad de los reclamos que surgieron en la asamblea de trabajadoras y trabajadores, que además incluyen el pago de un bono de fin de año de 400.000 pesos; la creación de 15 nuevos contratos para personal eventual con mayor antigüedad; una actualización de asignaciones familiares según los montos provinciales vigentes; y la recategorización para el personal con más de 5 años de antigüedad, y categoría 24 para hombres mayores de 60 y mujeres mayores de 55, en edad de jubilarse.
El Sindicato señaló a Alemán que existen otros puntos pendientes de cumplimiento que fueron tratados durante una reunión anterior y que abarcan a la entrega más ágil de los recibos de sueldo; la provisión de ropa de trabajo 2026 para todo el personal municipal (o un monto en efectivo reemplazante); cumplimiento de los 4 contratos pendientes del aquel acuerdo del primer semestre; y la aplicación del incremento otorgado a todo el personal eventual.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Provincia de Buenos Aires dispuso un paro y una movilización al Edificio Libertad de la Armada Argentina, en defensa de la Base Aeronaval de Punta Indio para nacionales de la provincia. La medida de fuerza se realizará este jueves 10 de septiembre y fue definida en el encuentro de trabajadores y trabajadoras en defensa de la Base Aeronaval de Punta Indio que se desarrolló en Verónica.
Claudio Arévalo, Secretario General de la ATE Buenos Aires expresó que “la base tiene más de 100 años de historia y de un plumazo Milei quiere borrar la historia de Verónica, de Punta Indio. La base tiene mucho que ver con la economía regional de este pueblo. Por eso queremos reivindicar la lucha de este pueblo que cuando se enteró que querían cerrar la base salió a la calle”.
Además señaló que “ATE definió que la prioridad de nuestro plan de lucha es defender la base. Creemos que la mejor manera de hacerlo es estando en la calle, por eso convocamos a paro y movilización en el Estado Nacional el día 7 de septiembre, para marchar al edificio de la Armada Argentina para decirle al gobierno nacional que no vamos a permitir el cierre de la base”.
En ese sentido el titular de la ATE bonaerense afirmó que “el problema que tiene el pueblo argentino tiene nombre y apellido, es Javier Milei, que está entregando los recursos naturales, la soberanía y ahora quiere entregar la base. Por eso defender la base aeronaval de Punta Indio es defender la patria y no vamos a parar hasta que frenen con estas decisiones”.
Por su parte, Dabel Roblin trabajador de la base, Secretario General de la Seccional Verónica-Punta Indio y director de Asuntos Nacionales de la ATE bonaerense aseguró que “no solamente lo pensamos como nuestro trabajo, lo pensamos parados en la defensa de la soberanía, lo pensamos como un derecho adquirido de todo el pueblo argentino. La base no tiene dueño, esa base es del pueblo argentino y por eso la tenemos que defender entre todos”.
Además Roblin enfatizó que “nos sentimos abrazados por el pueblo de Verónica, sabemos que no estamos solos. La base no se va a cerrar nunca, porque nosotros no vamos a dejar que se cierre”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro destacó la relevancia y precedente que asienta el fallo del juez de amparo de la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca, Juan Ambrosio, quien declaró inconstitucional la obligatoriedad del sistema de control de asistencia por biometría facial y geolocalización dispuesto por la Secretaría de la Función Pública de la Provincia.
El Sindicato rápidamente había manifestado su rechazo y los reclamos comenzaron a surgir en toda la Provincia, teniendo su epicentro con numerosas asambleas destacándose las realizadas en el Hospital de Allen, derivando en varias presentaciones judiciales de las y los trabajadores. Esto formó parte de una estrategia más abarcativa definida por la ATE rionegrina. Ahora, la Justicia habló y consideró que la implementación del sistema vulnera el derecho a la privacidad y a la autodeterminación, ya que las y los empleados no pueden disentir a la obligatoriedad de incorporar esos datos a una base estatal.
Entre las demandas, ATE Río Negro cuestionó la Resolución 986/2026 de la Función Pública, que ordenó una prueba piloto de control de asistencia en el Ministerio de Salud basado en reconocimiento facial, con posibilidad de utilizar geolocalización.
“Este es un fallo histórico que devuelve la libertad y la soberanía sobre la identidad de cada trabajador del Estado”, dijo Rodrigo Vicente, Secretario General de ATE Río Negro.
“El Gobierno impulsó este sistema de manera inconsulta. Siempre sostuvimos que el sistema afecta nuestra intimidad, la protección de datos personales y no ofrece ninguna alternativa para los que no quieren aportar información biométrica”, agregó el dirigente.
“Los trabajadores no nos oponemos a ser controlados ni tampoco a la implementación de tecnología. Pero el accionar del Ministerio de Salud intenta vulnerar Derechos Humanos elementales y, para ello, hasta existieron amenazas de sanciones disciplinarias. La información de nuestra identidad no puede transformarse en una mercancía ni quedar sujeta a intereses económicos, comerciales o de cualquier otra naturaleza sin un control público efectivo”, advirtió Vicente.
La Justicia consideró que está en juego un derecho constitucional, sin necesidad de producir excesiva prueba. Se trata del reconocimiento constitucional del derecho a la “autodeterminación informativa”, es decir, la facultad de una persona para decidir sobre sus datos y auditar el uso que otros hacen de ellos. Hay un precedente: el caso ‘Torres Abad, Carmen c/ EN – JGM s/ hábeas data’, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 30 de abril.
El Juez Ambrosio concluyó que la resolución del Gobierno vulnera los Artículos 19 y 43 de la Constitución Nacional y declaró inconstitucional el Artículo 5, Punto 2, Inciso b) de la Ley Nacional 25.326 y del Artículo 3 de la Resolución 986/2026 que impone obligatoriamente el registro de asistencia mediante biometría facial y geolocalización.
