La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz, junto al Frente Sindical de la Provincia, realizó una permanencia en el Ministerio de Economía exigiendo la urgente apertura de Paritarias.
El Secretario Gremial de la ATE santacruceña, Gustavo Saldivia, explicó: “En el marco del Paro de 120 horas nos pusimos de acuerdo con el Frente Sindical y llegamos a este Ministerio a realizar esta permanencia exigiendo la apertura de la Paritaria central, como así también la apertura de todas las Paritarias sectoriales y municipales”.
Saldivia destacó el nivel de apoyo de la sociedad y consideró: “El Gobierno y el Ministro de Economía tienen que tomar cartas en el asunto, llamar a Paritarias y dar un aumento de manera urgente”.
Además, sobre el Ministro de Economía de la Provincia dijo: “Solo lo vemos en los medios anunciando que ya va a llamar a Paritarias y estas ya deberían haber empezado. Necesitamos empezar a discutir salarios porque es urgente. Y no solo lo pide ATE, lo solicitan todos los sindicatos”.
El dirigente finalmente advirtió: “Nos vamos a retirar de aquí con una fecha de Paritarias”, y en referencia al acatamiento a la medida de fuerza, Saldivia describió: “Es muy alto”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto a dirigentes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran con la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras se movilizaron desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo para exigir que el Gobierno nacional frene el desmantelamiento sistemático del sistema sanitario argentino.
“La Salud es un derecho humano y social, pero este Gobierno la quiere convertir en un negocio. Lo tenemos que evitar”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente sentenció: “Es inminente el cierre de numerosos servicios hospitalarios. El desfinanciamiento que provoca el Gobierno Nacional del sistema sanitario público es brutal. El ajuste sobre la salud dejó de ser una discusión presupuestaria, se está traduciendo en enfermedad y muerte”.
“El 80% de las obras sociales en este momento están absolutamente desfinanciadas, los hospitales tienen un 90% de ocupación y el 53% de los pacientes tienen obra social que no pueden sostener los tratamientos. Además, el Gobierno cerró el programa Remediar que otorgaba medicamentos gratis a más de 20 millones de personas en toda la Argentina, también dejó de comprar vacunas, y las enfermedades no dejan de propagarse”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Desde que asumió el presidente Javier Milei en 2023, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%. A esto se suma un recorte adicional de más de 63 mil millones de pesos en el Presupuesto 2026, mientras los hospitales públicos operan hoy con una ocupación cercana al 90%.
El ajuste se traduce en consecuencias concretas sobre la salud de la población: más de 742 mil personas perdieron su cobertura médica, el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas, y el presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los $500.000 millones a prestadores, dejando a jubiladas y jubilados sin turnos ni atención.
La movilización también denuncia el desmantelamiento de políticas sanitarias esenciales, como la eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) de salud reproductiva adolescente, el desfinanciamiento del Calendario Nacional de Vacunación —que ya derivó en un brote de sarampión y un aumento de casos de coqueluche, hepatitis A y meningitis—, la destrucción del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto de Medicina Tropical, y la supresión de la autonomía de los hospitales nacionales.
Los números muestran el impacto de estas decisiones: la tasa de mortalidad infantil aumentó por primera vez en dos décadas, de 8,0 a 8,5, y la mortalidad materna creció un 37%, alcanzando su valor más alto desde 2010 por fuera de la pandemia.
ATE denunció que el Gobierno nacional quiere modificar la estructura de Gestión Administrativa del Ministerio de Capital Humano lo que impactará negativamente en las áreas correspondientes de las tres Secretarías de Trabajo y Seguridad Social, Niñez, Adolescencia y Familia y Educación.
“En caso de confirmarse, esta nueva estructura de achique compromete áreas administrativas y de recursos humanos, presupuestarias, jurídicas, informáticas, de infraestructura y servicios generales de las respectivas Secretarías, constituyendo un paso más en un proceso de vaciamiento de nuestros organismos y del Estado Nacional en general”, expresaron desde la Junta Interna.
ATE expresó su rechazo a esta iniciativa de reestructuración (EX-2026-41462842- -APN-DGGDIYT#MCH) y reclamó la continuidad plena de las funciones vitales de esas áreas para el funcionamiento cotidiano del organismo. También exigió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el respeto de todos los puestos de trabajo que puedan verse comprometidos con esta eventual nueva estructura.
El Sindicato informó que se encuentra realizando, por un lado, acciones para evitar se avance con este proceso de modificación y, por el otro, articulando con las y los trabajadores de cada área involucrada a través de las Juntas Internas intervinientes en las Secretarías de Capital Humano afectadas (Desarrollo Social, SENNAF y Educación) de ATE, para presentar una solicitud formal de audiencia con las autoridades de Gestión Administrativa del Ministerio para que brinden las respuestas correspondientes a las inquietudes de las y los trabajadores.
Por tal motivo, la Junta Interna de ATE en la Secretaría de Trabajo se declaró en Estado de Alerta frente a este nuevo intento de reestructuración e instó a las y los trabajadores a organizarse en defensa de las áreas transversales y de apoyo a la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, cuyas funciones son vitales para el normal funcionamiento de todas las áreas sustantivas del organismo.
Foto: Junta Interna de ATE en la Secretaría de Trabajo.
Las y los trabajadores del Instituto de Provincial de la Salud (IPS) de Salta, nucleados en ATE, reclamaron que se cumpla tanto con el acta firmada en el mes de diciembre pasado como el pago del incremento al ítem Centralizada adeudado desde febrero 2026 cuando se firmó la última paritaria.
En el marco de una asamblea desarrollada este miércoles, el personal de IPS también votó por retomar el reclamo del pago de recategorización a aquellas y aquellos trabajadores que están a tres años de jubilarse y solicitar al Ejecutivo provincial el instrumento legal para la designación de las y los trabajadores de condición transitoria en la planta permanente.
Otros dos puntos a reclamar votados en la fecha son exigir la restitución de ítems productividad y área critica que se dejaron de abonar en el año 2001 y se abonaba desde 1989 y la refacción y puesta en funcionamiento de una de las sedes capitalinas del IPS.
Por unanimidad se decidió continuar con asambleas y movilización considerando la negativa al diálogo que existe por parte de la patronal.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto a dirigentes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran con la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras, se movilizaron sobre la Avenida General Paz que divide la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires ante el cierre de la PyME número 25.000 durante la gestión de Javier Milei.
“En tan solo dos años y medio, el Gobierno destruyó todo el entramado social y el aparato productivo de nuestro país. Están generando un daño social irreparable. Si el nivel de actividad continúa cayendo a este ritmo, para el final de este año no quedará ninguna empresa en pie”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, en conferencia de prensa junto a dirigentes políticos, referentes de ciencia y tecnología, representantes empresariales, universidades nacionales y afines al sector afectado por las políticas de Milei.
En este marco, Aguiar explicó: “El escenario se agrava con la decisión del Gobierno de llevar adelante el desmantelamiento del INTI, un organismo vital para la asistencia técnica y el desarrollo tecnológico puesto al servicio de las PyMEs”.
En referencia a la represión por parte de las fuerzas de seguridad sobre la autopista General Paz, el dirigente estatal aseguró que “lo que vino a hacer la Policía es a tratar de que esto no sea noticia en la Argentina”. “Nos quieren sacar en las páginas policiales pero no lo van a lograr. Los violentos no somos nosotros, el violento es el Gobierno porque la única manera en la que pasa este modelo de país es con represión y no lo vamos a permitir, no les tenemos miedo”, completó.
“Para cambiar el rumbo, tenemos que cambiar el gobierno, porque con la actual gestión nacional no existe ninguna perspectiva de mejora”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Se trata de 17 meses consecutivos de reducción de firmas registradas en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), siendo una caída más pronunciada incluso que en la pandemia. El dato de las 25.000 pequeñas y medianas empresas menos surge de la comparación entre los registros de noviembre de 2023 y marzo de 2026.
Desde noviembre de 2023, el rubro de transporte y almacenamiento perdió 15,7% de sus empresas; el de actividades inmobiliarias, casi 12%, y el de la construcción, 9,6%.
La grave situación que atraviesan las PyMEs no sólo se ancla en la reducción de empresas en estos 27 meses de gestión de Javier Milei, sino de una fuerte desaceleración en la creación de nuevas firmas.
Frente a un contexto donde hay una enorme pérdida del poder adquisitivo del salario, la Seccional Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Chilecito marchó hasta la capital provincial para reclamar al Gobernador provincial, Ricardo Quintela, un urgente aumento para las y los trabajadores municipales de la ciudad de Chilecito.
La Seccional viene denunciando la pérdida de ese poder adquisitivo y sostiene que casi íntegramente el personal de Chilecito se mantiene con salarios por debajo la línea de pobreza. En marzo hubo un aumento del 11%, unos 80.000 pesos que con los últimos índices inflacionarios ni siquiera alcanzaron a recuperar la caída del ingreso y dejan a las y los trabajadores en condiciones de pobreza.
Según señaló la ATE local el salario de las y los trabajadores municipales apenas superan los 700.000 pesos, muy lejos de índice del mes de marzo informado por el INDEC para una familia tipo, que trepó a 1.434.464 pesos.
La Seccional se concentró en la Plaza 25 de Mayo y luego se acercó hasta la Casa de Gobierno donde hizo entrega de un petitorio en el que además de reclamar salarios en línea con las necesidades básicas pide también que las vacantes generadas por fallecimientos sean ocupadas por familiares directos del trabajador o trabajadora fallecida, tal como establecen normativas vigentes en el municipio.
Durante la movilización el dirigente de la ATE Chilecito, Domingo Palacios, señaló que “vinimos a reclamar al Gobernador por la situación que están atravesando las y los trabajadores municipales que tienen sueldos por debajo de la línea de pobreza, que deben pagar boletas de luz de más de 150.000 pesos, que no les alcanza para comprar medicamentos y menos para educar y criar a sus hijos”.
El dirigente local enfatizó que “estamos acá para exigir sueldos superadores y que cubran el costo de la canasta básica familiar”.
Trabajadores y trabajadoras estatales de Quilmes encabezaron una volanteada y juntada de firmas en el Hospital Iriarte de Quilmes en el marco de la convocatoria a la Marcha Federal por la Salud que se llevará a cabo este miércoles 20 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La actividad estuvo a cargo de integrantes de la Junta Interna de dicho establecimiento sanitario, de la UPA 17, del Hospital Oller de San Francisco Solano, trabajadores y trabajadoras de salud del Municipio y delegados y delegadas de ATE de otros sectores del Estado, tanto nacional como provincial.
En el lugar se hizo presente el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo, acompañado por la titular de la Seccional ATE Quilmes, Clarisa Pérez junto a integrantes de la comisión administrativa de la seccional y Damián Scarfo del equipo Provincial de Salud.
Además acercaron su apoyo la Secretaria General y adjunta de SUTEBA Quilmes, Fabiana Pérez Valdéz y Romina Portillo, junto a integrantes de la CICOP y la directora Asociada del establecimiento, Adriana De Figueredo.
Los ejes de las volanteadas y acciones que viene llevando a cabo la ATE provincial se concentran en el rechazo al cierre del Programa Remediar; contra el vaciamiento del PAMI; por la reincorporación de los despedidos y despedidas de la Salud en el Estado Nacional; la recomposición salarial; y la exigencia por el real cumplimiento de la ley y la provisión de vacunas.
Este lunes la Seccional 50 de ATE informó que tomó estado parlamentario el reclamo presentado por el Sindicato en el Concejo Deliberante de San Vicente. La presentación administrativa solicitó el pedido de intervención institucional contra el Departamento Ejecutivo tras cerrar la discusión paritaria del primer semestre y decretar un aumento considerado insuficiente por ATE.
“La situación del personal municipal es de extrema vulnerabilidad y reviste una urgencia de carácter humanitario y alimentario”, denunció el Sindicato en los fundamentos presentados ante el cuerpo legislativo.
El dato salarial principal expone la gravedad de la situación: el sueldo de la categoría más baja del escalafón municipal se fijó en abril de 2026 en 501.000 pesos mensuales. Este monto se encuentra por debajo de la Canasta Básica Alimentaria (Línea de Indigencia) de acuerdo al INDEC, establecida en 665.053 pesos. La diferencia de montos resulta abismalmente inferior a la Canasta Básica Total (Línea de Pobreza), que se ubicó en $1.469.768.
El proyecto de ATE fue respaldado en el recinto por las concejalas Blanca Alvez y Laura Marquez, quienes tomaron la palabra para expresar su punto de vista. La concejal Marquez afirmó: “No hay presupuesto aplicable sin los trabajadores municipales. Las y los concejales no pueden mirar para otro lado ante esta situación”. A su turno, Alvez manifestó: “Apoyo la propuesta en materia salarial frente a sueldos de indigencia y solicito que se abra la mesa salarial desde el cuerpo legislativo”. Tras el debate, el expediente fue girado a la comisión de Peticiones, Poderes y Legislación para su tratamiento.
La Comisión Administrativa de ATE Seccional 50 denunció formalmente la gestión del intendente actual: “Demuestra una profunda inutilidad y soberbia para resolver los problemas que plantea el Sindicato. En lugar de convocar al diálogo, el Ejecutivo impuso un incremento por resolución, aplastando los derechos laborales y empujando a la organización sindical a un legítimo plan de lucha que hoy se traslada al Concejo Deliberante” expresaron desde la Seccional.
El pedido detalla tres irregularidades graves: salarios sin registro, expresado en la estructura de los haberes vigentes que exhibe un alto porcentaje de sumas liquidadas como no remunerativas; fraude laboral, a través de la realización de tareas de carácter permanente y habitual pero que permanecen formalizadas con contratos temporales con renovación sistemática; violación de la normativa con el incumplimiento del artículo 5 de la Ley I – N.º 37 (Régimen Jurídico de Empleo Público Provincial, al cual San Vicente adhiere por Ordenanza N.º 34/00), que prohíbe usar contrataciones temporarias para tareas normales por más de un año.
El rol del Poder Legislativo local La presentación judicial y administrativa de ATE remarca a las y los concejales que, según el artículo 62, inciso 4) de la Ley XV – N.º 5 (Ley Orgánica de Municipalidades), el Concejo Deliberante tiene la obligación ineludible de organizar la carrera administrativa, garantizando la estabilidad y la uniformidad de sueldos. Por este motivo, el cuerpo legislativo no puede permanecer ajeno ni ser cómplice de la desarticulación escalafonaria provocada por la fijación discrecional del intendente.
Finalmente, el Sindicato exigió que se obligue al Ejecutivo a reabrir la Mesa salarial y equiparar los sueldos a la canasta básica legal, a blanquear de inmediato todas las sumas no registradas y a ordenar un relevamiento del personal precarizado para iniciar un cronograma urgente de pase a planta permanente.
Este martes ATE Entre Ríos y la Multisectorial convocaron a una movilización en la puerta de la Caja de Jubilaciones de la ciudad de Paraná para rechazar el proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial. En ese marco se juntaron firmas para el petitorio que se entregará a las y los legisladores para que no se modifique la Ley 8.732.
El Secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, destacó: “Este crecimiento en la convocatoria tiene que ver con el malestar social acumulado entre los sectores asalariados y jubilados generado por las políticas de ajuste del Gobierno provincial. Se ve que hace muy poco tiempo no era la cantidad de trabajadores y trabajadoras que estábamos concentrados frente a la Caja de Jubilaciones”. Muntes subrayó el peso de la articulación sindical y calificó la reforma proyectada como “totalmente retrógrada a los intereses de la clase trabajadora”.
Las acciones de protesta fueron simultáneas en toda la provincia. Así hubo marchas, manifestaciones, junta de firmas, abrazos simbólicos, pasacalles, documentos y demás acciones con las Multisectoriales de cada localidad entrerriana, entre ellas Concepción del Uruguay, Gualeguay y Federal.
Facultad de Humanidades: reunión Institucional ATE mantuvo una reunión con el Decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER), Daniel Richar, y con el Secretario General de la Facultad, Luis Garay, para expresar su preocupación por las y los trabajadores que aún continúan esperando la estabilidad laboral. A lo cual, las autoridades de la Facultad manifestaron que el otorgamiento de cargos se están utilizando para cubrir necesidades institucionales, atendiendo las vacantes en distintas áreas que requieren cobertura urgente. De todos modos, manifestaron su disposición a analizar el planteo realizado por el Sindicato y evaluar la cobertura de esas vacantes con personal que se encuentra a la espera de su estabilidad, a pesar de la compleja situación presupuestaria de la Facultad. Los canales de diálogo quedaron abiertos para seguir trabajando en conjunto. En representación del Sindicato estuvieron presentes el Secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, y Secretario de Formación, Pedro Zuchuat.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se moviliza este miércoles 20 de mayo a las 13:00 desde el Ministerio de Salud, ubicado en Av. 9 de Julio 1925, hacia Plaza de Mayo para exigir que el Gobierno nacional frene el desmantelamiento sistemático del sistema sanitario argentino.
“Los recortes presupuestarios del Gobierno nos conducen hacia una catástrofe sanitaria”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, al tiempo en el que indicó que “son millones los argentinos que ven vulnerados su derecho humano a la salud”.
“Los servicios que no se están prestando en los hospitales y los programas desmantelados se traducen en el abandono de cientos de miles de familias a lo largo y lo ancho de todo el país”, agregó el dirigente estatal.
Para Rodolfo Aguiar, “es evidente que estas medidas las están tomando quienes no necesitan ni van a necesitar nunca del hospital público”. “Son las franjas sociales más vulnerables las que están siendo afectadas porque son ellas las verdaderas usuarias del sistema público de salud”, aseguró.
El dirigente indicó que “la falta de medicamentos y de vacunas está inundando de enfermedades a toda la Argentina”.
“También nos movilizamos para repudiar la decisión de la Argentina de salir de la Organización Mundial de la Salud. Hoy más que nunca necesitamos de la solidaridad y de la cooperación internacional”, concluyó Rodolfo Aguiar.
Desde que asumió el presidente Javier Milei en 2023, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%. A esto se suma un recorte adicional de más de 63 mil millones de pesos en el Presupuesto 2026, mientras los hospitales públicos operan hoy con una ocupación cercana al 90%.
El ajuste se traduce en consecuencias concretas sobre la salud de la población: más de 742 mil personas perdieron su cobertura médica, el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas, y el presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los $500.000 millones a prestadores, dejando a jubiladas y jubilados sin turnos ni atención.
La movilización también denuncia el desmantelamiento de políticas sanitarias esenciales, como la eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) de salud reproductiva adolescente, el desfinanciamiento del Calendario Nacional de Vacunación —que ya derivó en un brote de sarampión y un aumento de casos de coqueluche, hepatitis A y meningitis—, la destrucción del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto de Medicina Tropical, y la supresión de la autonomía de los hospitales nacionales.
Los números muestran el impacto de estas decisiones: la tasa de mortalidad infantil aumentó por primera vez en dos décadas, de 8,0 a 8,5, y la mortalidad materna creció un 37%, alcanzando su valor más alto desde 2010 por fuera de la pandemia.
