Este lunes la Seccional 50 de ATE informó que tomó estado parlamentario el reclamo presentado por el Sindicato en el Concejo Deliberante de San Vicente. La presentación administrativa solicitó el pedido de intervención institucional contra el Departamento Ejecutivo tras cerrar la discusión paritaria del primer semestre y decretar un aumento considerado insuficiente por ATE.

“La situación del personal municipal es de extrema vulnerabilidad y reviste una urgencia de carácter humanitario y alimentario”, denunció el Sindicato en los fundamentos presentados ante el cuerpo legislativo.

El dato salarial principal expone la gravedad de la situación: el sueldo de la categoría más baja del escalafón municipal se fijó en abril de 2026 en 501.000 pesos mensuales. Este monto se encuentra por debajo de la Canasta Básica Alimentaria (Línea de Indigencia) de acuerdo al INDEC, establecida en 665.053 pesos. La diferencia de montos resulta abismalmente inferior a la Canasta Básica Total (Línea de Pobreza), que se ubicó en $1.469.768.

El proyecto de ATE fue respaldado en el recinto por las concejalas Blanca Alvez y Laura Marquez, quienes tomaron la palabra para expresar su punto de vista. La concejal Marquez afirmó: “No hay presupuesto aplicable sin los trabajadores municipales. Las y los concejales no pueden mirar para otro lado ante esta situación”. A su turno, Alvez manifestó: “Apoyo la propuesta en materia salarial frente a sueldos de indigencia y solicito que se abra la mesa salarial desde el cuerpo legislativo”.
Tras el debate, el expediente fue girado a la comisión de Peticiones, Poderes y Legislación para su tratamiento.

La Comisión Administrativa de ATE Seccional 50 denunció formalmente la gestión del intendente actual: “Demuestra una profunda inutilidad y soberbia para resolver los problemas que plantea el Sindicato. En lugar de convocar al diálogo, el Ejecutivo impuso un incremento por resolución, aplastando los derechos laborales y empujando a la organización sindical a un legítimo plan de lucha que hoy se traslada al Concejo Deliberante” expresaron desde la Seccional.

El pedido detalla tres irregularidades graves: salarios sin registro, expresado en la estructura de los haberes vigentes que exhibe un alto porcentaje de sumas liquidadas como no remunerativas; fraude laboral, a través de la realización de tareas de carácter permanente y habitual pero que permanecen formalizadas con contratos temporales con renovación sistemática; violación de la normativa con el incumplimiento del artículo 5 de la Ley I – N.º 37 (Régimen Jurídico de Empleo Público Provincial, al cual San Vicente adhiere por Ordenanza N.º 34/00), que prohíbe usar contrataciones temporarias para tareas normales por más de un año.

El rol del Poder Legislativo local
La presentación judicial y administrativa de ATE remarca a las y los concejales que, según el artículo 62, inciso 4) de la Ley XV – N.º 5 (Ley Orgánica de Municipalidades), el Concejo Deliberante tiene la obligación ineludible de organizar la carrera administrativa, garantizando la estabilidad y la uniformidad de sueldos. Por este motivo, el cuerpo legislativo no puede permanecer ajeno ni ser cómplice de la desarticulación escalafonaria provocada por la fijación discrecional del intendente.

Finalmente, el Sindicato exigió que se obligue al Ejecutivo a reabrir la Mesa salarial y equiparar los sueldos a la canasta básica legal, a blanquear de inmediato todas las sumas no registradas y a ordenar un relevamiento del personal precarizado para iniciar un cronograma urgente de pase a planta permanente.

Foto: prensa, Seccional 50 de ATE Misiones.