La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto a dirigentes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran con la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras se movilizaron desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo para exigir que el Gobierno nacional frene el desmantelamiento sistemático del sistema sanitario argentino.
“La Salud es un derecho humano y social, pero este Gobierno la quiere convertir en un negocio. Lo tenemos que evitar”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente sentenció: “Es inminente el cierre de numerosos servicios hospitalarios. El desfinanciamiento que provoca el Gobierno Nacional del sistema sanitario público es brutal. El ajuste sobre la salud dejó de ser una discusión presupuestaria, se está traduciendo en enfermedad y muerte”.
“El 80% de las obras sociales en este momento están absolutamente desfinanciadas, los hospitales tienen un 90% de ocupación y el 53% de los pacientes tienen obra social que no pueden sostener los tratamientos. Además, el Gobierno cerró el programa Remediar que otorgaba medicamentos gratis a más de 20 millones de personas en toda la Argentina, también dejó de comprar vacunas, y las enfermedades no dejan de propagarse”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Desde que asumió el presidente Javier Milei en 2023, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%. A esto se suma un recorte adicional de más de 63 mil millones de pesos en el Presupuesto 2026, mientras los hospitales públicos operan hoy con una ocupación cercana al 90%.
El ajuste se traduce en consecuencias concretas sobre la salud de la población: más de 742 mil personas perdieron su cobertura médica, el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas, y el presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los $500.000 millones a prestadores, dejando a jubiladas y jubilados sin turnos ni atención.
La movilización también denuncia el desmantelamiento de políticas sanitarias esenciales, como la eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) de salud reproductiva adolescente, el desfinanciamiento del Calendario Nacional de Vacunación —que ya derivó en un brote de sarampión y un aumento de casos de coqueluche, hepatitis A y meningitis—, la destrucción del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto de Medicina Tropical, y la supresión de la autonomía de los hospitales nacionales.
Los números muestran el impacto de estas decisiones: la tasa de mortalidad infantil aumentó por primera vez en dos décadas, de 8,0 a 8,5, y la mortalidad materna creció un 37%, alcanzando su valor más alto desde 2010 por fuera de la pandemia.
