Luego de sucesivos pedidos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Buenos Aires para que en los municipios de la provincia se cuide la Salud del personal, la Municipalidad de Carme de Areco se convirtió en el primer municipio bonaerense en crear una comisión interdisciplinaria para cuidar la salud de sus trabajadores y prevenir enfermedades laborales.
El pasado día jueves el municipio se llevó adelante el acta acuerdo que puso en funcionamiento esa comisión. Con la presencia del Intendente de la ciudad, Ivan Villagran y por parte de la ATE provincial Eliana Aguirre, Juan Murgia y Oscar Sánchez por ATE se avanzaron en las acciones concretas que deberá desarrollar esta nueva área que incluye los informes preocupacionales para todos los trabajadores y trabajadoras del municipio, cursos de primeros auxilios y seguimientos para prevenir enfermedades.
“El Poder Ejecutivo municipal asumió una responsabilidad que ha sido motivo de reclamos permanentes por nuestra organización sindical: que el Estado se ocupe de cuidar la salud de las y los estatales”, subrayaron desde la ATE bonaerense.
Además se destaca que esta comisión se inscribe en el marco del primer Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que promovió el municipio a partir una solicitud del Sindicato, el cual fue firmado hace tres años atrás y que sin dudas a dignificado y jerarquizado la tarea de las y los trabajadores municipales.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba repudió la persecución antisindical que impone la gestión del Intendente Damián Bernarte en la Municipalidad de San Francisco, política de corte antidemocrático que sufrió el referente de las y los trabajadores municipales Mario Bongiovani, que fue cesanteado. El municipio aduce faltas injustificadas, pero desconoce los permisos gremiales presentados oportunamente.
Desde la ATE provincial señalaron que el dirigente “cuenta con representación reconocida en la Municipalidad de la ciudad cabecera del Departamento San Justo, fundamentada en la personería gremial Nº2 –la más antigua del país– y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya saldó cualquier controversia sobre el derecho de las y los municipales para elegir la organización sindical que las y los represente”.
En ese marco, la trayectoria de Bongiovani como dirigente gremial comienza en 2019, cuando fue designado como delegado normalizador de ATE en la Municipalidad, en la Secretaria de Economía e inició un activismo muy importante en cuanto a la defensa de los y las trabajadoras municipales, a pesar de estar casi un año sin reconocimiento del municipio en cuanto a representación gremial.
Bongiovani mismo explicó que “durante los siguientes años “por estar dentro de ATE, por ser combativo, funcionarios municipales tomaron la política de hostigarme, persiguiéndome a mí y a mi familia, y violentando las redes sociales con espionaje. Estas circunstancias se pueden constatar en las resoluciones de la Municipalidad, donde argumenta como fundamento para mi cesantía mis intervenciones en redes sociales, incluso ofreciendo capturas de pantalla como prueba de ello, aduciendo que mis opiniones personales en mis redes personales afectan el decoro de la Municipalidad”.
Con ello enseguida vinieron situaciones de ninguneo y violencia verbal hacia su persona, una permanente violencia laboral y el desprestigio personal. Entre otras causas que se suman a este desencadenante Bongiovani agrega que “siempre estuvimos protagonizando proyectos, algunos elevados al Concejo Deliberante y a la discusión política pública, como la movilidad del trabajo en las categorizaciones, en las agrupaciones profesionales”.
La municipalidad instruyó un sumario administrativo sin fundamento ni prueba. “No tengo antecedentes contravencionales, penal ni interno dentro del municipio, todo fue inventado. Y en conclusión, dictan la cesantía por contar con 10 faltas injustificadas durante 2024, que fueron 10 permisos gremiales presentados en tiempo y forma, cuando anteriormente otros permisos fueron reconocidos y pagados. Después dijeron que eran nulos e inválidos y los contabilizaron como faltas injustificadas, procedieron al acto administrativo y me sumariaron. La ordenanza 5248 establece que 10 faltas injustificadas en un año calendario son motivo justificado para la cesantía”, explicó el propio dirigente.
Bongiovani detalló después que el Departamento Ejecutivo se negó a pagarle el título profesional en Administración y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Córdoba. “Estuvieron más de tres años destinándome a puestos ingratos como la atención telefónica en la línea 103, después me destinaron a un escritorio sin ordenarme tareas”, expresó en una clara conducta de violencia laboral, por lo que luego presentó notas reclamando tareas.
Frente a este atropello arbitrario que intenta sentar un precedente en la Municipalidad de San Francisco, ATE Córdoba ratificó su respaldo gremial, político e institucional al dirigente local, mientras el equipo legal tramita en la Justicia de San Justo la reinstalación en su puesto de trabajo y su reconocimiento como trabajador municipal, dando por tierra la campaña de persecución puesta en marcha por el Departamento Ejecutivo.
El último fin de semana se llevó adelante un plenario general de organizaciones sindicales, sociales y políticas, donde se debatieron las distintas realidades que afectan a las y los trabajadores provinciales y las políticas de ajuste que se llevan adelante desde el Gobierno nacional.
Durante la jornada, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) La Rioja presentó un informe de situación de las diferentes problemáticas de cada sector estatal y las políticas que se imponen en el territorio provincial. También se debatieron estrategias comunes para enfrentar las políticas de ajuste de Milei y el FMI.
En ese marco el Consejo Directivo Provincial de ATE expuso su reciente participación en la Asamblea General del Consejo Económico y Social de la provincia de La Rioja, que tuvo al Sindicato como representante de las y los trabajadores estatales provinciales. En aquella Asamblea ATE concentró su intervención en la situación salarial y social del sector y desarrollo un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) donde se detalla todo lo que se ha perdido en materia de empleo público en el último año y medio, y cómo eso repercute también en la provincia de La Rioja.
En esta jornada, que tuvo la presencia masiva de organizaciones que se nuclean en la CTAA provincial, se remarcó la necesidad de “mantener la planificación colectiva y el compromiso para seguir construyendo unidad y organización en defensa del salario y el trabajo digno”.
ATE Chaco rechazó rotundamente el proyecto de ley presentado por el diputado provincial Francisco Romero Castelán que propone una “reubicación estratégica del personal público de la Provincia del Chaco”, por tratarse de una iniciativa que viola abiertamente leyes laborales vigentes. Esta situación se ve agravada por el hecho de que su autor preside la Comisión de Legislación del Trabajo y responde políticamente al gobernador Leandro Zdero, quien ya avaló el despido de cientos de estatales.
“Este proyecto intenta avasallar de plano el Estatuto del Empleado Público en donde se garantiza la estabilidad en el puesto laboral y el derecho a la carrera administrativa dentro del Estado chaqueño. Es más, si quiere trabajar sobre la eficiencia del Estado, tiene el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector estatal que fue reglamentado en 2023 y que el gobernador Leandro Zdero se encargó de ignorar y atacar desde que asumió su gestión, pese a que lo había apoyado cuando era diputado”, explicó Isaac Chaparro, Secretario General de ATE Chaco.
El Sindicato expresó que se trata de un grave acontecimiento dado que el proyecto de ley atenta contra la Ley 292-A, que establece el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial. Bajo el argumento de hacer un Estado eficiente, el diputado Romero Castelán pretende sancionar otra ley que atenta contra la regularización laboral, el respeto por la carrera administrativa, los concursos de cargos y recategorizaciones del personal estatal.
ATE subrayó nuevamente la necesidad de ser convocado a una mesa de diálogo con el Gobierno provincial para discutir las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores, instancia que aún no tuvo desde el 10 de diciembre de 2023 en que asumió Leandro Zdero.
Hasta la fecha, los aumentos salariales han sido propuestas unilaterales e insuficientes de acuerdo a la mirada del Sindicato.
Finalmente, ATE alertó que la situación de las y los estatales en Chaco es preocupante debido a, no solo la falta de cumplimiento de las paritarias, sino por los cientos de despidos que se vienen dando en distintos organismos, algunos trabajadores con más de diez años de antigüedad.
El máximo órgano judicial continental reconoció el cuidado como un Derecho Humano autónomo que debe ser garantizado por los Estados. La CIDH lo identificó como un derecho derivado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En su pronunciamiento, la Corte señaló que el derecho a ser cuidado implica que “todas las personas que tienen algún grado de dependencia, tienen el derecho de recibir atenciones de calidad, suficientes y adecuadas para vivir con dignidad”. Los cuidados deben garantizar su “bienestar físico, espiritual, mental y cultural». En este sentido, el informe incluye tres dimensiones fundamentales del derecho: ser cuidado, cuidar y el autocuidado.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para junio del 2025 en la Argentina solo queda vigente el 8% de las políticas de cuidado. Por un lado, lxs trabajadorxs del área no perciben aumentos ni garantías sociales, mientras tanto, a pesar de que los comedores barriales son cada vez más concurridos, el Gobierno no les envía alimentos. El informe afirma que, de 50 políticas de cuidado, solo cuatro se mantienen vigentes, es decir que el 92% fueron recortadas, paralizadas, derogadas, desmanteladas o en riesgo.
“A nosotrxs nos toca pagar por servicios básicos de cuidado que antes teníamos garantizados”, sostiene la Secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, Clarisa Gambera. La dirigenta lo denuncia como “más presión” sobre los salarios “bajísimos” y el tiempo “limitado” con el que cuentan lxs trabajadorxs estatales, ya que con la suspensión de las políticas públicas de cuidado se forma un “binomio imposible” donde se necesita “más tiempo de trabajo para sumar ingresos y más tiempo de cuidado”.
El CELS pone el foco en las personas mayores, quienes sin la moratoria provisional “deben elegir entre comer o medicarse” y en las personas con discapacidad, quienes “tienen más trámites” y gozan de “menos prestaciones”. De hecho, el porcentaje de rechazos en solicitudes de pensiones por discapacidad creció del 40% al 75%. Además, resalta el desfinanciamiento de las políticas que apuntaban a la socialización del cuidado infantil y la eliminación de los planes de acompañamiento a personas embarazadas y lactantes.
Clarisa Gambera resalta que el desmantelamiento de las políticas públicas de cuidado es parte de un plan de desmovilización por parte del Gobierno: “El congelamiento salarial nos obliga a sumar horas de trabajo, horas que le quitamos a nuestras familias y a nosotrxs mismxs”. Con más tiempo dedicado al trabajo y al cuidado, quedan menos horas “para destinar a la organización para defendernxs”.
En su dictamen la Corte planteó que la “distribución inequitativa” de las tareas de cuidado es un “obstáculo para el ejercicio de los derechos al trabajo, a la seguridad social y a la educación de mujeres, niñas y adolescentes”, por lo que los Estados deben adoptar medidas efectivas para revertir progresivamente esta situación. La CIDH resaltó la importancia de que las personas trabajadoras de cuidados remunerados gocen de derechos laborales y una remuneración acorde. Al mismo tiempo, a quienes cumplen tareas de cuidado no remuneradas, dentro del hogar o del círculo familiar, se les debe asegurar las garantías mínimas de Seguridad Social.
La abogada laboralista feminista y asesora de ATE, María Terragno recalca que “la importancia de la Opinión Consultiva 31/25 radica en que dicho órgano internacional se expidió por primera vez de forma particular y especificó el contenido y el alcance del derecho al cuidado”. Asimismo, destaca que la Corte haya categorizado el cuidado como un derecho autónomo, ya que “históricamente ha estado invisibilizado sin el consecuente valor social generando impactos negativos en el goce de los derechos”. Al ser reconocido como autónomo, cuenta con un carácter individual y específico e independiente del ejercicio de otros derechos como la salud, la educación y el trabajo.
La razón por la que se impulsó esta Opinión Consultiva fue que las labores de cuidado no remuneradas recaen tres veces más sobre las mujeres que sobre los hombres. Es por eso, que en enero del 2023 el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad argentino le solicitó a la CIDH que dé una definición internacional acerca de las obligaciones del Estado y la provisión de recursos estatales y de políticas públicas deben emplearse para el efectivo cumplimiento del cuidado y para el mejoramiento de las condiciones materiales de quienes llevan adelante estas tareas.
A pesar del intenso debate interamericano en el que contribuyeron varias organizaciones y países, en julio del 2024 el gobierno de Milei solicitó a la Corte retirar la Opinión Consultiva presentada el año anterior y dejar asentado expresamente su desinterés a la opinión solicitada. La institución rechazó la solicitud por no encontrar justificativo suficiente para interrumpir el ejercicio de la función consultiva.
Terragno ve un “hito histórico” en el reconocimiento del derecho al cuidado en el sistema interamericano ya que “resulta directamente aplicable en nuestro orden nacional por ser la interpretación de un órgano internacional”, según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y en la interpretación del caso “Giroldi” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Es decir que, a pesar del descontento del gobierno de Milei, Argentina está obligada a acatar las reinterpretaciones de los Derechos Humanos de la Corte, al ser uno de los veinte países miembros y de acuerdo a su Constitución Nacional. “Los Estados tienen el deber de respetar el derecho al cuidado y garantizarlo desde una perspectiva de género, interseccional e intercultural, bajo los principios de corresponsabilidad social y familiar, solidaridad, igualdad y no discriminación”, especifica la abogada.
El derecho al cuidado comprende el derecho a toda persona a contar con el tiempo, espacios y recursos necesarios para brindar, recibir o procurarse condiciones que aseguren el bienestar integral suyo o de otros y les permitan desarrollar libremente sus proyectos de vida, de acuerdo con sus capacidades y etapa vital. La Corte insiste que la obligación estatal de garantizar el derecho al cuidado no puede ser simbólica ni declarativa, sino que debe demostrarse con la asignación de recursos públicos estableciendo medidas específicas para garantizar el derecho.
“Desde nuestra ATE nos enfrentamos a este gobierno desde el primer día, oponiendo organización sindical frente a la política de descuido generalizado, desde las calles y en los lugares de trabajo porque creemos que esta lucha es un gran acto de cuidado colectivo”, sostiene la Secretaria de Género y Diversidad de ATE, Clarisa Gambera.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que las autoridades de la Secretaría de Trabajo iniciaron el vaciamiento de la sede ubicada en Avenida Callao 114/124 y la posterior mudanza intempestiva e improvisada del mobiliario y pertenencias a la Sede Central de Alem 650, CABA. Ante esta situación, el Sindicato declaró alerta máxima en el organismo.
“El Gobierno primero degradó uno de los ministerios más importantes que tiene todo Estado convirtiéndolo en Secretaría, y ahora intenta continuar con el debilitamiento de la cartera cuya principal función es la de fiscalizar e intervenir en la resolución de los conflictos que se generan entre trabajadores y empleadores. Queda claro que es una nueva medida destinada a beneficiar a las empresas para que tengan impunidad a la hora de incumplir todas las leyes laborales y de vulnerar los derechos de los trabajadores”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente apuntó: “Esta gestión se aleja cada vez más de su obligación de proteger a los trabajadores y de promover el empleo implementando políticas públicas que generen oportunidades y nuevos puestos de trabajo”.
“La falta de precisión sobre cuál va a ser el destino final de este edificio, y teniendo una Casa Rosada que prácticamente la han convertido en una inmobiliaria, no podemos dudar en que pretenden llevar a cabo una subasta millonaria de este inmueble”, agregó Rodolfo Aguiar.
“Vamos a seguir defendiendo e impedir cualquier intención de que se remate el patrimonio estatal. Esta medida de ninguna manera puede poner en riesgo los puestos de trabajo ni afectar las condiciones laborales de los trabajadores”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
El sindicato pudo constatar que el vaciamiento de la sede de Callao tiene por objetivo dejar libre el edificio para ponerlo a disposición del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
La Junta Interna de ATE en el organismo denunció que el repentino despliegue no cumple con los procedimientos elementales en materia de organización y seguridad de la mudanza para no sobreexigir a los trabajadores de la Coordinación de Infraestructura y Servicios Generales que deben multiplicar su esfuerzo para suplir esas falencias.
También se informó que en algunos casos los trabajadores de la Secretaría debieron trasladar sus propios elementos de trabajo.El sindicato también manifestó preocupación por la conservación del patrimonio del organismo, expresado tanto en el valor histórico y económico de la sede de Callao, como así también del acervo incalculable que significan los miles de libros que componen la Biblioteca Bialet Massé, ubicada en el 2do Piso, cuyos ejemplares serían trasladados a la Biblioteca Nacional.
Cabe recordar que al inicio de la gestión de Javier Milei había tres sedes para la Secretaría de Trabajo y ahora queda una sola, siendo una muestra del continuo achique que intenta llevar adelante el Gobierno de una cartera clave para fiscalizar los vínculos laborales y garantizar los derechos de los trabajadores.
Este miércoles 13 de agosto, la Paritaria del Régimen 15 tuvo otra jornada maratónica más en la Subsecretaría de Trabajo, donde los representantes paritarios de los Ministerios de Gobierno, Hacienda y Salud de la Provincia de Mendoza dejaron en evidencia la firme intención del Gobernador Alfredo Cornejo: reformar el sistema sanitario provincial, recortar derechos esenciales a las y los trabajadores del sector de la Salud, DGP (Dirección General de Protección) y DRPJ (Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil), y dar lugar a la privatización del sistema sanitario provincial.
El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza, Roberto Macho, apuntó: “Rechazamos de plano la propuesta 2 emitida por el Gobierno, ya que llevaba consigo la pérdida de todos los derechos que supimos conquistar los trabajadores a lo largo de los años, afectando a los regímenes de licencias, las estructuras y una pérdida de derechos fundamentales, garantizados por normativas provinciales, nacionales e internacionales”.
Además, Macho confirmó: “La propuesta 3 tampoco fue aceptada porque ATE no va a firmar una reforma laboral, que hace perder las clases a los compañeros; imparte recortes salariales y suprime grados de carrera alcanzados; y una concreta pérdida de la estabilidad laboral. Hablamos de una reforma laboral que sólo traerá caos y anarquía en todo el sistema sanitario provincial, al igual que la privatización de la salud pública en la provincia de Mendoza”.
Al realizar un análisis más exhaustivo de las propuestas, el referente sindical estatal mendocino manifestó: “La verdad es que la Paritaria de ayer fue lamentable, porque el Gobierno puso sobre la mesa una reforma laboral explícita, que comprende la desaparición de sectores dentro de los regímenes salariales competentes, profundiza la precarización laboral, implica una inconstitucionalidad y arrebata derechos a los trabajadores de la Salud”.
El próximo lunes 18 de agosto, a las 10 hs, ATE Mendoza llevará a cabo una Asamblea Interhospitalaria en el Hospital Notti, donde se analizará la propuesta 1, con simulaciones que entregará el Poder Ejecutivo, para que las y los trabajadores puedan ver la miseria que está ofreciendo el Gobierno. Vale aclarar que, si bien se analizará la propuesta con las bases, dicho ofrecimiento no será votado, ya que no responde a los reclamos centrales que se presentaron desde que se comenzó con la reapertura Paritaria para este segundo semestre del año.
En este sentido, Adriana Iranzo, Secretaria Adjunta de ATE y CTA Autónoma Mendoza, señaló: “Hay sectores en los que nuestra asociación sindical pudo trabajar con otros ministerios y lograr un Fondo Estímulo. Nosotros lo que queremos es equidad. Creemos que es momento de que se reconozca y valore a los trabajadores de la Salud”.
Por estas razones, y porque están en juego las fuentes de trabajo, el Secretario General de la ATE mendocina reafirmó la convocatoria a delegados y congresales Licenciados en Enfermería, demás profesionales de la Salud y trabajadores del Régimen 15, a concentrarse en la explanada del Hospital Notti el lunes a las 10hs para llevar adelante una Asamblea Interhospitalaria con el siguiente temario: Paritarias, propuestas, reforma laboral y medidas a seguir.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro solicitó al Gobierno de la Provincia la convocatoria a la Mesa de la Función Pública para determinar la actualización salarial de septiembre. El Sindicato se expresó luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diera a conocer el índice de inflación de julio, que fue del 1,9%.
Desde ATE Río Negro destacaron que la gran mayoría de las y los trabajadores estatales de la Provincia no tiene previsión sobre cuánto va a cobrar en septiembre, por lo que demandó una convocatoria al debate paritario para los próximos días.
“Necesitamos que se convoque al ámbito de negociación que otorgue a la mayoría de los estatales previsibilidad sobre sus ingresos, teniendo en cuenta el fuerte salto que registran los alimentos, bebidas y otros productos en las góndolas luego de la subida del dólar”, dijo Rodrigo Vicente, Secretario General de la ATE rionegrina.
Durante el último encuentro, ATE Río Negro acordó el pago en julio de sumas fijas de carácter permanente de $30.000, $35.000 y $40.000 según categoría y agrupamiento, y en agosto de $20.000, $25.000 y $30.000.
En una nueva falta de respeto por parte del Gobierno Provincial santacruceño a las y los trabajadores, que se suma a la de las ofertas de aumento salarial muy por debajo del costo de vida en el extremo sur del país, desde el Ejecutivo de la Provincia tampoco asistieron a las audiencias programadas donde se debe avanzar en temas de vital importancia para la vida laboral de las y los estatales.
En esta oportunidad, los representantes del Gobierno no asistieron en tiempo y forma a la audiencia donde se debía avanzar en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) sectorial del Instituto Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).
La delegada de ATE en el IDUV, Mabel Comicheo, reveló: “El Ejecutivo no se presentó, apareció 45 minutos más tarde cuando la tolerancia es de media hora. La Gerente quiso pedir disculpas pero no es la primera vez que nos hacen esto. Ya en otra oportunidad hubo que esperarlos más de una hora”.
Con referencia a la recomposición salarial, la delegada dijo: “ATE la rechazó, no así los demás gremios”. Además explicó: “La vimos insuficiente. $4.300 al básico es muy poco, y solo fueron beneficiadas las áreas de Informática y Personal y, supuestamente, $20.000 a los inspectores. No hubo reconocimiento a los otros inspectores ni a los arquitectos que cobran muy poco. Ha sido una oferta muy pobre para todos”. Comicheo también criticó a los demás sindicatos: “Entregan nuestros sueldos para quedar bien con el Gobierno”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego se movilizó en el día de ayer, miércoles 13 de agosto, desde la intersección de las calles San Martín y Guaraní de la ciudad de Ushuaia hasta la casa de Gobierno. La actividad se llevó adelante ante la falta de una propuesta de recomposición salarial por parte del Gobierno Provincial fueguino.
En la movilización estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo Provincial de ATE Tierra del Fuego, delegados, delegadas, afiliados y afiliadas de todo el Estado de la Provincia. La medida de fuerza fue tomada por el Sindicato, en Estado de Alerta y Movilización, ante la falta de una propuesta de recomposición salarial por parte de Gobierno de la Provincia.
Durante esta nueva manifestación que encontró a ATE en las calles reclamando por un justo aumento salarial urgente, se llevó adelante una asamblea que determinó una nueva convocatoria a concentrar y movilizar el próximo martes 19 de agosto desde las 11hs en el mismo lugar.
