A través de su Ministerio de Trabajo, el Gobierno bonaerense formalizó una convocatoria para conformar el Consejo de Empleo Municipal, que se establece para dar cumplimiento del artículo 53 y concordantes de la Ley N° 14.656. Dicha ley sancionada en 2014, posteriormente reglamentada en el año 2016 durante la Gobernación de María Eugenia Vidal fue judicializada en el 2018 debido a severas falencias que impedían su implementación.
En este marco la actual gestión de esta cartera laboral, generó consultas ante la Asesoría General de Gobierno respecto a los criterios de convocatoria y funcionamiento del Consejo de Empleo Municipal. El dictamen de la Asesoría del 7 de junio pasado (ACTA-2026-19806817-GDEBA-AGG) facultó a este Ministerio para generar las medidas organizativas que considerara necesarias para asegurar la representación prevista por la Ley N° 14.656, sin perjuicio de la facultad reglamentaria e interpretativa que le asiste para precisar aquellos aspectos operativos no expresamente contemplados por el legislador.
En ese marco el Ministerio de Trabajo provincial estableció pautas claras para la convocatoria, integración y funcionamiento del Consejo, entendiendo que este paso compensa una deuda histórica con los trabajadores y trabajadoras municipales de la Provincia de Buenos Aires.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Buenos Aires respaldaron la decisión gubernamental y se destacó que “esta es una medida histórica para el sector municipal, ya que durante años nuestro Sindicato ha luchado para que esto sea una realidad”.
Además, sostiene ATE “la medida pone en valor la democratización de las relaciones laborales, institucionalizando mediante este ámbito, a todas las organizaciones que las y los municipales eligen para que los represente”.
El Sindicato dispuso llevar al Consejo de Empleo Municipal las necesidades de las y los trabajadores de cada uno de los 135 distritos para establecer pisos de derechos que dignifiquen a quienes sostienen los estados municipales en el día a día.
Como parte del ciclo de charlas y actividades para conmemorar el Día Nacional de la y el Detenido-Desaparecido, las Juntas Internas y Comisiones de Memoria de ANSES, CNEA, Biblioteca Nacional y CONICET compartieron sus experiencias en la recuperación de los legajos y las historias de vida de las víctimas del genocidio. Además, se entregaron Medallas del Centenario en homenaje a Miguel Ángel Gil, Estela María Gache y José Abelardo Luna.
La actividad fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de ATE Nacional a 50 años del Golpe Genocida de 1976, una jornada destinada a compartir experiencias, herramientas y metodologías desarrolladas por trabajadoras y trabajadores para reconstruir las historias de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Durante la apertura Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional, destacó: “No estamos recuperando solamente una trayectoria laboral o corrigiendo lo que dice un documento. Estamos recuperando quiénes eran nuestros compañeros y compañeras, cuáles eran sus luchas y sus militancias, y volviendo a inscribir esas historias en los lugares de trabajo de los que fueron arrancados”.
Las experiencias compartidas también dieron cuenta de que la persecución estatal no afectó solamente a quienes fueron secuestrados, asesinados o desaparecidos sino que hubo trabajadores y trabajadoras cesanteados y exonerados, renuncias forzadas, exilios internos y externos y trayectorias profesionales, laborales, científicas y sindicales que debieron ser abandonadas o interrumpidas.
Recuperar los legajos supone además reconstruir las consecuencias que el terrorismo de Estado tuvo sobre el conjunto de las y los trabajadores y sobre los propios organismos públicos. La Comisión de la Memoria del CONICET, por ejemplo, incorporó expresamente a su investigación a quienes fueron despedidos, cesanteados, exonerados, encarcelados o debieron exiliarse, así como a quienes no pudieron terminar becas, proyectos o carreras como consecuencia de la persecución.
Experiencias en los organismos Desde ATE en el ANSES, Sabrina Tuffo relató un proceso con una dificultad particular: durante la dictadura no existía ANSES con su estructura actual. La investigación obligó, por lo tanto, a reconstruir también la historia de las diferentes cajas y dependencias previsionales que fueron transformándose hasta conformar el actual organismo.
La búsqueda fue impulsada desde las y los trabajadores y el espacio de Derechos Humanos de ATE en el ANSES y requirió cruzar legajos, resoluciones y distintos archivos institucionales, pero también recurrir a organismos de Derechos Humanos, familiares y ex trabajadores. En algunos casos, un nombre permitió llegar a otro y ampliar una investigación que permanece abierta.
Entre las reparaciones realizadas se encuentran las de trabajadores de la entonces Dirección Nacional de Recaudación Previsional y posteriormente las de víctimas vinculadas al Centro Único de Procesamiento Estadístico de Datos (CUPED), antecedente del actual organismo.
La experiencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica constituye, en tanto, una de las más extensas. Marina Carpano y Marcia Ortiz Arriaga reconstruyeron el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Personal de la CNEA, creada por trabajadores y trabajadoras en abril de 1984, apenas recuperada la democracia. La investigación permitió establecer que 32 trabajadores de CNEA fueron secuestrados: dos asesinados, veinte permanecen desaparecidos y diez estuvieron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. A eso se suman 107 trabajadores declarados prescindibles, 120 cesanteados y alrededor de 370 renuncias producidas en un contexto de persecución política e institucional. También se descubrieron más de 500 legajos paralelos en los que se registraba información ideológica sobre el personal.
Desde 1984, la Comisión reunió documentación y testimonios. También recuperó y digitalizó archivos y acompañó a las familias. Ese trabajo no sólo permitió avanzar en las reparaciones documentales —cinco legajos fueron reparados en 2014 y otros once en 2023—, sino que también aportó elementos a investigaciones y causas judiciales por delitos de lesa humanidad.
Por su parte, María Josefina Lamaison y Luciana Bianco presentaron el trabajo de investigación desarrollado por la Comisión de la Memoria del CONICET, formalizada en 2021. Allí, uno de los primeros desafíos fue construir una nómina que no existía previamente y determinar quiénes habían formado parte de la comunidad del organismo, teniendo en cuenta una estructura compleja integrada por investigadores, becarios, personal de apoyo y administrativos que, en muchos casos, tenían además pertenencia a universidades y otros institutos.
Para hacerlo fue necesario cruzar el Archivo General del CONICET, legajos, fichas y resoluciones con archivos de otros organismos, registros vinculados con las víctimas del terrorismo de Estado y materiales aportados por sus familias. En algunos casos fue posible reparar un legajo existente; en otros hubo que reconstruirlo prácticamente desde cero, incorporando documentación, fotografías, testimonios y una semblanza de la persona.
En 2022 fueron reparados o reconstruidos los primeros ocho legajos y posteriormente se sumaron otros siete. El trabajo incorporó además una concepción amplia de las víctimas de la persecución: detenidos-desaparecidos y asesinados, pero también exiliados, cesanteados, exonerados y quienes debieron abandonar becas, investigaciones o carreras. Lamaison es además autora junto a Santiago Garaño de “Legajos recuperados. Manual de reparación y homenaje a víctimas del terrorismo de Estado”, una herramienta que sistematiza metodologías y aprendizajes de estos procesos con el objetivo de que puedan ser retomados por otras instituciones y organizaciones. El manual puede descargarse gratuitamente acá: https://unsamedita.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2025/04/Legajos-recuperados-Santiago-Garano-y-Maria-Josefin.pdf
Finalmente, Clara Guareschi compartió la experiencia impulsada desde ATE en la Biblioteca Nacional, a partir de la recuperación de la historia de Manuel Ramón Saavedra, trabajador de la institución que se encontraba en comisión de servicios en el Museo Argentino de Ciencias Naturales cuando fue secuestrado y desaparecido en julio de 1977.
La reconstrucción de su trayectoria implicó articular documentación de diferentes instituciones y sostener durante años el reclamo para que la reparación pudiera finalmente concretarse. Su caso muestra, además, cómo estos procesos pueden abrir nuevas preguntas y búsquedas dentro de los propios lugares de trabajo: la investigación de un compañero permite recuperar documentos y recuerdos que pueden conducir a otras historias hasta entonces desconocidas. La Biblioteca Nacional dio cuenta recientemente de la reparación de su legajo y de la restitución de su historia institucional.
Medallas del Centenario a trabajadores y militantes desaparecidos de ATE Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue la entrega de Medallas del Centenario de ATE en reconocimiento a Miguel Ángel Gil, Estela María Gache y José Abelardo Luna, tres trabajadores estatales víctimas del terrorismo de Estado cuyas historias estuvieron atravesadas además por la organización y la militancia sindical. Miguel Ángel Gil tenía 32 años y trabajaba en la Regional Cuyo de la CNEA, en Mendoza, donde era delegado gremial de ATE. Fue secuestrado el 10 de febrero de 1976 y asesinado doce días más tarde, el 22 de febrero. La medalla fue entregada a la Comisión de Derechos Humanos del Personal de la CNEA, que será la encargada de hacerla llegar a su familia en Mendoza. También fue homenajeada Estela María Gache, trabajadora del Centro Único de Procesamiento Estadístico de Datos (CUPED), activista de ATE y militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), con un paso previo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Tenía sólo 23 años cuando, el 6 de junio de 1976, fue asesinada en su domicilio de Villa Crespo durante un operativo ilegal de detención y ejecución. La medalla fue recibida por Sabrina Tuffo para ser entregada a su hija, Ana Adjiman. Por último, ATE reconoció a José Abelardo Luna, trabajador del CUPED, delegado gremial del sindicato y militante montonero. Luna tenía 36 años cuando fue secuestrado el 10 de diciembre de 1978 en su domicilio de Banfield. Permanece desaparecido y, a partir del testimonio de sobrevivientes, pudo determinarse que estuvo secuestrado en el centro clandestino de detención Olimpo. La medalla fue recibida por Florencia Akike, delegada de la UDAI Lomas de Zamora, para entregársela a su hija, Silvia Luna, trabajadora de ANSES y afiliada a ATE.
La entrega permitió enlazar de manera concreta el trabajo de reparación documental con el reconocimiento a quienes forman parte de la propia historia del sindicato: recuperar sus legajos es también recuperar a esos estatales como trabajadores organizados, reconstruir sus militancias y devolver sus historias a la memoria colectiva de ATE.
Multiplicar las experiencias de recuperación y reparación Durante el cierre de la actividad, Taramasco destacó que otro de los objetivos del encuentro fue poner en común los saberes construidos y generar herramientas para que estas experiencias puedan multiplicarse en otros organismos del Estado. “Sabemos que seguramente existen compañeros y compañeras cuyas historias todavía no fueron recuperadas. Queremos que lo que se construyó en estos organismos sirva para que otros sectores puedan empezar ese camino. Desde la Secretaría estamos para acompañar, asesorar, poner en contacto experiencias y aportar las herramientas que tengamos a disposición”, afirmó Taramasco. En ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos de ATE Nacional se encuentra a disposición de Juntas Internas, sectores y trabajadores y trabajadoras de organismos públicos que quieran iniciar procesos de búsqueda, reconstrucción y reparación de legajos, para brindar asesoramiento, acercar herramientas metodológicas y generar vínculos con quienes ya cuentan con experiencia en estas investigaciones. La jornada formó parte del ciclo de charlas y actividades que la Secretaría lleva adelante a 50 años del Golpe Genocida de 1976, con el objetivo de reconstruir el impacto del terrorismo de Estado sobre la clase trabajadora y recuperar el protagonismo de los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones sindicales en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia.
La jornada contó con la participación de Sabrina Tuffo, Secretaria pro gremial de ATE en el ANSES e integrante del espacio de Derechos Humanos que participó en la investigación y reparación de legajos; Marina Carpano y Marcia Ortiz Arriaga, integrantes de la Junta Interna de ATE en el CNEA y de la Comisión de Derechos Humanos del Personal de la CNEA; María Josefina Lamaison y Luciana Bianco, integrantes del equipo de investigación de la Comisión de la Memoria del CONICET; y Clara Guareschi, secretaria Adjunta de ATE Biblioteca Nacional.
Fotos: Secretaría de Derechos Humanos de ATE Nacional.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro denunció la suspensión unilateral del suplemento por función específica a las y los 43 agentes del Agrupamiento Científico-Técnico que ingresaron por concurso público en 2023 en la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo integrado al sistema de Ciencia y Técnica desde 2020. La medida se adoptó sin acto administrativo ni notificación formal. Las y los trabajadores afectados se percataron de la quita al ver sus respectivas liquidaciones con entre un 15% y un 20% menos de salario.
Para la ATE rionegrina la quita del suplemento a las y los 43 trabajadores científicos es una “medida de disciplinamiento”, acorde a la estrategia que viene desarrollando el Gobierno Nacional contra toda la ciencia. En la APN sus labores resultan críticas e insustituibles en temas como monitoreo de especies y ecosistemas estratégicos; evaluación de impacto ambiental y planificación territorial; la prevención y gestión del riesgo y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en biodiversidad y cambio climático.
“Esta nueva arremetida contra los trabajadores de ciencia y técnica constituye un paso más en la estrategia de remate y venta de nuestros recursos que lleva adelante el actual Gobierno”, señalaron desde el cuerpo de delegados de ATE en Parques Nacionales Bariloche.
“En línea con la modificación de la Ley de Glaciares, y con los sucesivos intentos de modificar la Ley de Manejo del Fuego, la de Bosques Nativos y la de Tierras, con esta medida se busca desjerarquizar a la Administración de Parques Nacionales, que tiene la misión y función de preservar nuestro patrimonio. Vaciarla de contenido, de capacidad técnica para monitorear y proteger la diversidad biológica y cultural que comprenden las 18 millones de hectáreas que se encuentran bajo su administración, para así lograr su objetivo final: dejar el camino allanado para todo tipo de emprendimientos que poco tienen que ver con la conservación o el uso público sostenible”, agregaron.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) La Pampa participó de la Paritaria Sectorial de las y los trabajadores de la televisión pública pampeana, Canal 3. Después de dos años y medio las y los paritarios de las y los trabajadores se pudieron sentar en la misma mesa con representantes paritarios de la Secretaría General para poder llevar los reclamos del sector.
El temario de los reclamos que la ATE pampeana presentó a la Secretaria de Trabajo incluyó cuatro puntos. Los principales temas fueron, el pase a Planta Permanente de las y los trabajadores que revisten con contrato en la emisora y el ‘Adicional General y Exclusivo al ámbito de Canal 3, Convenio de Radio y TV – Decreto 1.821/82’.
En esta oportunidad el Ejecutivo estuvo representado por la dirección de Canal 3; por un representante de Hacienda y por el Subsecretario de Secretaría General.
Indumentaria y Elementos de Protección Personal (EPP): se entregarán a las y los trabajadores de las áreas específicas que desarrollan funciones de riesgo. Desde ATE La Pampa se dejó el pedido de que la ropa de trabajo sea entregada a todas y todos los trabajadores de la emisora, en temporada invierno y verano, ya que esta lleva dos años sin cumplimentarse.
Las y los paritarios de la ATE pampeana dejaron el pedido del que el pase a Planta Permanente de las y los 23 trabajadores contratados sea bajo el Convenio 3 de radio y televisión, y que se respete la antigüedad de las y los mismos.
El Ejecutivo anunció ocho cargos por los que se están elaborando los expedientes de ingreso.
Por último, los representantes sindicales solicitaron al Ejecutivo una definición para el próximo encuentro sobre la decisión de recuperar en la estructura salarial el ítem del Adicional para todas y todos los trabajadores de Canal 3 Santa Rosa y General Pico.
Las y los trabajadores comunales de la localidad cordobesa de Los Hornillos nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba desarrollaron hoy su quinto día consecutivo de Asamblea. La medida de fuerza es en reclamo por una respuesta concreta por parte del Ejecutivo Municipal ante la alarmante pérdida del poder adquisitivo.
“Exigimos que la Jefa Comunal Carolina Caballero reciba a ATE y abra una instancia de diálogo para discutir un aumento salarial para la segunda mitad del año. No pedimos privilegios: reclamamos salarios dignos y una recomposición que permita llegar a fin de mes. Quinto día de asamblea. Seguimos firmes hasta ser escuchados”, manifestaron las y los trabajadores desde la Asamblea.
Tras el pedido de Juicio Político presentado contra el Intendente de la localidad neuquina de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, desde la Seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) San Martín de los Andes convocaron a una acción masiva en defensa del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y de la institucionalidad democrática del municipio.
“Ante la gravedad institucional y la serie de imprecisiones y falacias que se han instalado en la opinión pública en el marco del pedido de Juicio Político presentado contra el Intendente Carlos Saloniti, nos vemos en la obligación de repudiar a quienes intentan imponer su ideología mediante la denuncia infundada y maliciosa de nuestro proceder sindical y de las conquistas gremiales de todos y todas los trabajadores y trabajadoras”, señaló el Secretario General de la Seccional, Segundo Andrade, en un comunicado.
“EI CCT no es una concesión; es una conquista histórica que garantiza la dignidad de los trabajadores municipales frente a los atropellos del poder político. Hoy, ese acuerdo y las bases institucionales de nuestra localidad se encuentran bajo un ataque deliberado por parte de minorías políticas que buscan acceder a cargos de representación para los que no fueron elegidos”, manifestó Andrade.
“Como trabajadores municipales no estamos dispuestos a resignar los derechos u obligaciones, que hemos sabido conseguir, por medio de nuestro CCT, arbitrando todos los medios necesarios y los mecanismos correspondientes para su posterior aprobación”, agregó en el comunicado.
“Destacamos que este tipo de accionar malicioso e infundado no solo golpea al empleo público; lesiona el tejido social, vulnera los derechos humanos básicos de la comunidad y desconoce la interculturalidad de nuestro territorio”, señaló antes de concluir: “Por todo esto llamamos a organizaciones sindicales, políticas y de Derechos Humanos a unir fuerzas y defender la institucionalidad”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Provincia de Buenos Aires llevó adelante un encuentro de Salud, que tuvo la participación de trabajadoras y trabajadores de la regional Norte. De la jornada participaron las seccionales San Nicolás, Zárate, Pergamino, Ramallo, San Pedro, San Andrés de Giles – Carmen de Areco y Baradero.
Durante este encuentro se abordó la cuestión de los pases a planta de las y los becarios de los hospitales provinciales de esa región.
Además se realizó una conferencia de prensa en donde la ATE provincial expresó su repudio al proyecto de ley impulsado por el Intendente Santiago Passaglia, que busca municipalizar el Hospital San Felipe.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una protesta en la sede central de Fabricaciones Militares, ubicada Av. Cabildo 65 (CABA), ante el intento de privatización y el sindicato advierte que si no hay respuesta por parte del Gobierno, el conflicto se podría profundizar.
«Pretender entregar el 51% de las acciones a empresas extranjeras es directamente avanzar en la completa extranjerización de las fábricas militares de nuestro país. Esto hiere de muerte a un sector que es estratégico para la defensa de nuestra nación y se traduce en una pérdida de soberanía que será difícil de recuperar», señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
En este marco, detalló: “Las empresas están en condiciones de producir y cuentan con trabajadores, pero eso al Gobierno no le interesa. Acá lo que está en juego son las licencias y los sellos de Fabricaciones Militares que se quieren apoderar para poder vender luego en cualquier lugar del mundo”.
“Vamos a seguir resistiendo esta entrega del patrimonio nacional y si no frenan en su intento, el conflicto se va a profundizar”, concluyó Rodolfo Aguiar.
Por su parte, la Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, indicó: «Hoy culmina una jornada federal de lucha que comenzó el lunes en tres de las cuatro fábricas que posee el Estado, acompañando la lucha de las y los trabajadores de Córdoba y de Rosario que vienen poniendo el cuerpo desde hace meses. Hay un desfinanciamiento muy claro de todos los sectores del Estado, pero en Fabricaciones Militares el Gobierno, mediante decretos, habilitó el cherry picking. Esto significa que quien licite puede quedarse con lo que genera rentabilidad (por ejemplo, munición de alto calibre para exportación) y dejar al Estado con las líneas deficitarias, sin obligación de integralidad. Es realmente inaudito».
«En este tiempo necesitamos más que nunca escuchar más y hablar menos. Necesitamos más que nunca construir una síntesis del pensamiento de nuestros compañeros y compañeras, porque lo decíamos durante las asambleas de Rosario y Córdoba: para construir una nación colonial como la que quiere construir este gobierno, necesitan destruir la noción de patria. Y la patria somos nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras del Estado que hacemos patria en cada lugar de trabajo y en cada territorio», agregó la dirigenta.
El sindicato denuncia que el Gobierno envió un pliego internacional que habilita la venta del 51% de las acciones sin tope máximo de la empresa estatal, lo que en caso de concretarse implicaría una pérdida de soberanía nacional y de capacidad de decisión sobre un sector estratégico para la defensa del país.
Mediante el Concurso Público CPU-2026-SC-001, el Gobierno busca conformar uniones transitorias con operadores privados para sus actividades productivas, lo que dejaría la producción de Fabricaciones Militares en manos de empresas extranjeras.
Fabricaciones Militares registró una fuerte caída de la producción de elementos estratégicos para las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la gestión libertaria, como es el caso de las municiones (-44,13%), munición calibre 9 mm (-52,97%) y chalecos antibalas (-97,98%), entre otros. Este descenso se da en un contexto de un fuerte deterioro del sector industrial durante la gestión de Javier Milei.
Según el último relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la industria argentina cayó 7,9% entre 2023 y 2025, el segundo peor desempeño entre 56 economías relevadas. En ese período se perdieron 97.312 puestos de trabajo registrados en unidades productivas industriales.
Este deterioro se profundizó con medidas como la derogación de la Ley de Compre Nacional y del PRODEPRO (DNU 70/2023), que sostenía Aportes No Reembolsables para empresas de sectores estratégicos, y el desmantelamiento del INTI mediante el decreto 462/2025, que compromete el desarrollo de normas de calidad y la generación de bienes con valor agregado nacional.
Actualmente, Fabricaciones Militares tiene cuatro plantas operativas: Fábrica Militar Fray Luis Beltrán en Santa Fe, dedicada a materiales de Defensa y Seguridad; Fábrica Militar Río Tercero y Fábrica Militar Villa María, ambas en Córdoba, dedicadas a químicos y metalmecánica por un lado y pólvoras, explosivos y otros insumos estratégicos por el otro; además de FANAZUL en Buenos Aires, que aporta capacidad productiva para la industria y la Defensa.
El sindicato recuerda que esta protesta se enmarca en el Día de la Industria Nacional, que se celebra cada 2 de septiembre.
Allí también participaron la Secretaria de Formación, Vanina Rodríguez, el Secretario Gremial, Oscar de Isasi, las y los vocales César Baliña, Rodolfo Kempf, Soledad Diaz Ayala, Cristian Vázquez y Orestes Galeano, además de los dirigentes de Fabricaciones Militares Fernando Peyrano (Rosario) y David Salto (Río Tercero), y el Secretario Gremial de ATE Capital, Pedro Lynn.
Además, estuvieron presentes representantes de todas las sedes de FFMM y miembros del Consejo Directivo Provincial de Buenos Aires.
Este miércoles ATE llevó a cabo una conferencia de prensa en el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan donde volvió a cuestionar el accionar del Consejo de Administración por sostener el hostigamiento a las y los trabajadores que exigen mejores condiciones laborales y salariales. Asimismo, denunció que el despido de la dirigenta Norma Lezana, Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital (APyT), esconde un accionar persecutorio e ilegal contra la organización de la clase trabajadora.
“Repiten la metodología de febrero, cuando Adorni en persona ‘comunicó’ 11 despidos y 29 suspensiones antes de que las personas involucradas fuéramos notificadas, es decir, sin que se completara el mínimo derecho a defensa. Vale destacar que hasta el día de hoy no han podido concretar ninguna de esas sanciones. Lo mismo vale para esta ‘segunda cesantía’ sobre nuestra compañera, que ni siquiera fue notificada y que incluso si lo fuera tendría que atravesar un juicio de exclusión de tutela gremial”, explicaron desde la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan.
Para ATE el accionar del Consejo de Administración es grave e ilegal ya que no respeta la tutela sindical. “Es un nuevo ataque descalificatorio y revanchista contra referentes de la gran lucha del año 2025. Esa pelea fue una enorme derrota para el Gobierno, porque a fuerza de paros, movilizaciones, asambleas y gran apoyo popular durante seis meses, quebramos sus paritarias de hambre y conquistamos un aumento salarial histórico del 61%. Los ‘gremialistas’ que molestamos somos aquellos que no transamos, y que fuimos electos democráticamente para representar a nuestros compañeros. Molesta que haya sindicatos independientes y combativos. Por eso nos persiguen. Pero no nos vamos a callar”, sentenciaron desde el sector..
Durante la conferencia de prensa, ATE volvió a poner en el centro de la escena el reclamo por el desmanejo de los fondos propios del hospital, la falta de personal con ingresos congelados, achicamiento de la planta funcional, la discriminación a profesiones, la precarización laboral y la falta de inversión en obra pública dentro del nosocomio, tantos otros temas.
Fotos: Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) se movilizó en Ushuaia hacia la Legislatura de Tierra del Fuego para respaldar la lucha docente, que ya lleva 31 días de acampe, en reclamo por una recomposición salarial de emergencia, mayor inversión en la educación pública, el cese de los descuentos por los días de paro y la devolución de los montos ya descontados.
La comitiva del Frente estuvo encabezada por Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, quien se reunió con el secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena.
“Desde el FreSU llegamos a Tierra del Fuego para respaldar una huelga que es ejemplo en todo el país y construir un gran paro nacional. Los docentes fueguinos se niegan a ser pobres. Quieren vivir mejor”, señaló el referente de ATE.
En este marco, apuntó: “Los responsables políticos están completamente desconectados de la realidad. Tendrían que vivir un sólo mes con el salario de un maestro para ver si lo puede hacer. Tal vez de esa manera se sensibilicen”.
“Desde el FreSU vamos a respaldar y apoyar todas las luchas hasta definir un paro general nacional que nos permita obtener un salario mínimo de 3 millones de pesos, que es la única manera en la que un trabajador pueda ejercer su derecho de vivir con dignidad”, agregó Rodolfo Aguiar
“Las huelgas no son legales o ilegales como dice el Gobierno. Las huelgas se ganan o se pierden, y a esta huelga la docencia fueguina la va a ganar”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
La protesta también reiteró la exigencia de implementar una Ley de Financiamiento Educativo en la provincia con el fin de transformar la inversión en educación en una verdadera política de Estado que amortigüe el impacto del ajuste.
De esta forma el FreSU, integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y decenas de organizaciones de todas las centrales, mantiene su compromiso profundamente federal por respaldar las luchas de todos los sectores obreros en cada provincia.
