La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó a la Quinta Presidencial de Olivos en rechazo al programa de retiros voluntarios que lanzó el Gobierno y el crédito de 300 millones de dólares solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiarlo.
“No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios. Este decreto es un negociado multimillonario. Si firmamos, no sólo estaremos perdiendo derechos logrados a través de los años sino que estaremos avalando que a través de sus consultoras Sturzenegger y Caputo se sigan llenando de plata”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
Sobre la decisión de marchar hacia la residencia presidencial, apuntó: “Nunca van a la Casa Rosada y tampoco lo encontramos en Olivos. Milei se fue de nuevo a España sin una agenda oficial. Con la nuestra le estamos financiando a todo el Poder Ejecutivo el turismo internacional”.
“Nos quieren correr del Estado por migajas y tercerizar nuestras funciones. Este régimen es el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública”, agregó Rodolfo Aguiar.
“Además, endeudarse con el BID para financiar estos despidos es un delito. Está prohibido tomar deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente como piensan hacerlo”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
El programa de retiros voluntarios fue oficializado mediante el decreto 1203/26 y establece, entre otras cosas, que quienes adhieran no podrán reingresar a la Administración pública Nacional por un plazo total de 8 años.
A su vez, el Gobierno reglamentó a partir del decreto 1177/26 una línea de crédito con el BID por más de 800 millones de dólares con distintos objetivos, de los cuales 300 estarían destinados a solventar los costos de los retiros voluntarios.
El préstamo se desembolsa en cuatro años y se devuelve en 25, con los primeros cinco años y medio sin pago de capital. La tasa de interés está atada al mercado en dólares (SOFR) más un margen del BID, por lo que es variable y el costo final del préstamo es incierto.
El programa de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores y, quien decida adherirse, no puede reingresar a la Administración pública Nacional por un plazo total de 8 años. Además, confirmaron que los cargos dados de baja no serán reemplazados y quienes tengan un cargo sindical vigente o sean candidatos a elecciones, deben renunciar para anotarse al retiro.
Además, ATE se movilizará en reclamo por:
- Pérdida del poder adquisitivo;
- Caída del salario real;
- Paritarias por debajo de la inflación;
- Deterioro de los ingresos;
- Pluriempleo y endeudamiento;
- Desvalorización de la carrera estatal;
- Despidos y no renovación de contratos;
- Incertidumbre laboral;
- Reducción de puestos de planta;
- Cierre y vaciamiento de organismos públicos.
