Autor: Alejandro Asís

Tal como lo había anunciado el viernes, la ATE Río Negro se movilizó desde muy temprano a las rutas, concentrando las principales protestas en los puentes carreteros Cipolletti – Neuquén y Viedma – Patagones, también en el acceso a El Bolsón por ruta 40 (frente al SPLIF) en el marco de la negociación salarial que se llevará adelante en el día de hoy en la Función Pública a partir de las 12 horas.

Los cortes del sindicato serán intermitentes y se mantendrán en una primera instancia hasta el mediodía. Cabe recordar que el sindicato rechazó el incremento del 32% con cláusula de revisión en noviembre propuesto por el gobierno.

“Demandamos al Ejecutivo que deje las especulaciones de lado y otorgue la recomposición salarial que necesitan los estatales, quienes han garantizado con su invaluable labor el acceso de la población a todos los servicios, aun poniendo en riesgo sus vidas en el marco de la pandemia”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general del CDP. 

Junto con el incremento salarial acorde a las necesidades de los estatales, ATE reclama otra serie de puntos, como es que la ley de pase a planta permanente se gire de inmediato a la legislatura, que se cancele la millonaria recategorización adeudada en Salud, Educación, Desarrollo Humano, SENAF y otras carteras.

Además, demanda que se declare insalubre las tareas hospitalarias, se establezca un régimen especial de jubilación y que se cree el adicional por calefacción para los agentes que prestan servicios en la región sur, Bariloche y el Bolsón.

La ATE Río Negro rechazó de plano la propuesta salarial que el Ejecutivo provincial realizó en la Función Pública, la que pasará a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, día para el que también ATE definió una jornada provincial de protesta.

En el marco de las paritarias, que fueron adelantadas por pedido de ATE, el Gobierno propuso sumar al 16% pendiente de liquidación un 3% y llegar de esta manera a un 32% hasta setiembre. Cabe recordar que en el primer semestre ya se había otorgado un incremento del 13%. 

El ejecutivo ofertó cancelar el nuevo porcentaje en cuotas del 4% durante los meses de julio, agosto, setiembre y octubre, mientras que el 3% restante hacerlo con los haberes de noviembre, proponiendo una revisión en ese mismo mes.

“Nos sorprendió esta propuesta porque no se corresponde con el discurso oficial de la gobernadora que reconoce el deterioro que sufrieron los ingresos en el último tiempo a partir de un proceso inflacionario que no se detiene. Nosotros no descartamos movilizarnos. Lo vamos a evaluar en las próximas horas”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general del CDPm, antes de completar señalando que “hemos demostrado en esta pandemia la esencialidad de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que incluso arriesgando sus vidas garantizaron en todo momento el funcionamiento del Estado. Este ofrecimiento no compensa nuestros esfuerzos y tampoco contribuye a sostener servicios públicos eficientes y de calidad”.

Ante esta situación el gremio anunció que el lunes se moviliza a los puentes carreteros de Viedma y Cipolletti.

Además del aumento salarial el sindicato reclama otra serie de puntos, como es que la ley de pase a planta permanente se gire de inmediato a la Legislatura, que se concrete la millonaria recategorización adeudada en Salud, Educación, Desarrollo Humano, SENAF y otras carteras.

También demanda que se declare insalubre las tareas hospitalarias y se establezca un régimen especial de jubilación y que se cree el adicional por calefacción para los agentes que prestan servicios en la región sur, Bariloche y el Bolsón.

Choele Choel

La ATE denunció que el municipio de Choele Choel incumple el compromiso asumido a través del Concejo Deliberante por la renovación de los contratos de los trabajadores correspondientes al art 73 de la Carta Orgánica Municipal y los contratos excedentes.

Así, a pesar de que la ordenanza para sostener las fuentes de trabajo había sido votada por unanimidad por el cuerpo de  Concejales de esta ciudad, el municipio deja en la calle a trabajadores con más de 10 años de antigüedad mediante contratos “plazo fijo”, una de las modalidades más precarias existentes en el empleo público, y que además, toman esta decisión en plena pandemia.