Este jueves el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, mantuvo un encuentro con las y los miembros de la Agrupación 20 de Diciembre ‘René Salamanca’ de Entre Ríos y dialogaron sobre la realidad política, económica, social y sindical del país.
“Este encuentro también nos permitió fortalecer vínculos, intercambiar miradas y reafirmar el compromiso de seguir organizándonos en unidad en defensa de los derechos de las y los trabajadores nacionales, provinciales y municipales”, expresó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
Durante el encuentro se abordó la situación particular que atraviesa la provincia de Entre ríos, donde las políticas de ajuste del presidente Javier Milei y del gobernador Rogelio Frigerio impactan directamente en el bolsillo de todos los estatales. Asimismo, se destacó el desmantelamiento de los organismos de la Administración Pública de los diversos sectores: educación, salud, previsión social, entre otros.
Este jueves ATE Entre Ríos demandó una instancia de diálogo con el nuevo director del Centro Regional de Referencia Dr. Ramón Carrillo, Tulio Pérez, y en la reunión planteó la necesidad de continuar trabajando en el marco de la normativa vigente establecida mediante Resolución Nº 4797/17, para garantizar el cumplimiento y el respeto irrestricto del padrón de suplentes.
“ATE continúa presente en cada espacio donde se discuten las condiciones laborales de las y los trabajadores, reafirmando el compromiso de defender los derechos conquistados y exigir el cumplimiento de las normativas vigentes”, expresaron desde ATE.
También respetar los mecanismos establecidos normativamente sobre las designaciones y convocatorias para brindar transparencia y previsibilidad a quienes integran el padrón.
Asimismo, y la necesidad de mantener instancias de diálogo y trabajo conjunto que permitan dar respuesta a las situaciones que atraviesan las y los trabajadores suplentes.
De la reunión participaron en representación de ATE Entre Ríos, Silvia Lubo, Vocal del Consejo Directivo Provincial, y Gabriela Maestrolorenzo, trabajadora del del Centro Regional de Referencia Dr. Ramón Carrillo.
Capacitación en prevención de infecciones Con el objetivo de fortalecer la formación técnica de las y los trabajadores de la Salud, ATE Entre Ríos llevó a cabo una capacitación denominada “Prevención y control de infecciones en instituciones de salud”.
La actividad, que estuvo a cargo de las Lic. Lucia Godoy y Soledad Altamirano, permite contribuir a las buenas prácticas en relación a las Infecciones Asociadas con el Cuidado de la Salud (IACS) dentro de las instituciones médicas.
La misma responde a la Resolución Nº 01064/26 (UADER – FCVyS) y estuvo dirigida de forma exclusiva a afiliadas y afiliados de los departamentos Paraná y Paraná Campaña que desarrollan tareas en hospitales, centros de salud, residencias de adultos mayores y unidades penitenciarias de la región.
En una nueva recorrida por localidades del país, la conducción del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados (CNTJyP) visitó las localidades de Quimili y La Banda, en Santiago del Estero, donde mantuvo reuniones con jubiladas y jubilados dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y expuso la problemática que atraviesa el sector, frente a la pérdida de derechos, quita de medicamentos, el vaciamiento del PAMI y los más de 2 billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que usa de manera discrecional el Gobierno Nacional.
En esta recorrida la Presidente del CNTJyP de ATE, Noelia Guzmán, y el Secretario de Organización, Segundo Rodríguez, informaron sobre el plan de lucha que las y los jubilados de ATE realizan semanalmente frente al Congreso Nacional y del plan de lucha que la ATE Nacional realiza en conjunto con demás integrantes del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU).
“Informamos a las y los compañeros dirigentes de Quimilí y La Banda de nuestras acciones. El Gobierno tomó más de 2 billones del FGS para que los bancos lo usen en el otorgamiento de créditos. A veces a las y los compañeros le llega tergiversada la información y creen que esos créditos hipotecarios serán para el propio sector, lo cual necesitamos aclararles que no es así”, explicó Guzmán.
También, agregó que se explicaron sobre los reclamos que vienen haciendo en cuanto a un pedido de aumento de emergencia, que haya un funcionamiento óptimo del PAMI y que vuelvan a entregarse remedios a la totalidad de jubiladas y jubilados. “Tenemos que explicar lo inexplicable, como más de 5 millones y medio de jubiladas y jubilados están condenados a una jubilación mínima, como se le niega un remedio oncológico y como el ministro de Economía (Luis) Caputo usa indiscriminadamente 2 billones de pesos para que administren y hagan sus negocios los bancos”, acotó la titular del CNTJyP.
En esta recorrida se dio a conocer a las dirigencias locales sobre la lucha que la conducción de ATE nacional lleva adelante a través del FRESU y la propia participación del Centro de Jubilados en esa convocatoria ampliada de sindicatos que enfrentan a diario las políticas de Javier Milei.
Asimismo se recibió a dirigentes a de otras localidades santiagueñas y se los invitó a conformar nuevos Centros y que permitan ampliar los espacios de lucha. “desde el CNTJyP estamos para apoyarlos y ayudarlos a organizarse. Tenemos intención de llevar al 2027 con más centros; por eso también estamos alentando a sumar más gente a la lucha, a seguir afiliándose a la ATE. Enfrente tenemos un gobierno al que poco le importa nuestra situación y es así que necesitamos de seguir informando y luchando para que en las próximas elecciones nacionales asuma el poder un gobierno popular”, subrayó Guzmán.
Este jueves ATE denunció mediante una radio abierta frente a la sede central de la Administración de Parques Nacionales (APN) un nuevo capítulo en el vaciamiento del organismo por parte del Gobierno a partir del desconocimiento de las condiciones laborales de quienes concursaron. La medida se adoptó sin acto administrativo, sin notificación formal y en clara violación de la Ley de Procedimientos Administrativos.
“Esto atenta contra el principio de confianza legítima, la estabilidad laboral y los derechos adquiridos garantizados por la doctrina de los actos propios de la Administración Pública”, advirtió ATE.
Es importante recordar que hace menos de un mes, el Sindicato repudió que 43 estatales sufrieron la suspensión unilateral del pago suplemento por función específica científico técnica, lo que implicó la quita de aproximadamente 20% de su salario. Dicha función y pago consecuente fueron parte de las condiciones por las cuales concursaron públicamente.
“El Gobierno Nacional ha profundizado su ofensiva ahora también de lleno en la conservación ambiental del país. Ya no alcanza con despedir brigadistas, profesionales y administrativos contratados y precarizados durante 15 o 20 años; realizar retiros voluntarios; empujar jubilaciones compulsivas y pisar los salarios en cada paritaria; ahora atacan también las condiciones laborales por las cuales se concursó” señalaron desde el sector.
ATE informó que las y los trabajadores se enteraron del recorte salarial al ver su liquidación de sueldo, habiendo cumplido sus tareas durante el mes y no habiendo sido avisados de ello ni de los motivos de la decisión. A la fecha aún no existe ningún acto resolutivo o dispositivo que justifique este recorte del salario.
Para justificar el recorte salarial las autoridades están elaborando documentos que justifiquen, la decisión del recorte lo que evidencia la improvisación e ilegitimidad de la medida. El Gobierno busca vaciar el organismo, fomentar las renuncias de las y los trabajadores calificados y continuar debilitando los criterios técnicos para la toma de decisión para desmantelar el resguardo del patrimonio natural y cultural para ejecutar proyectos y autorizar emprendimientos sin reparos.
Por eso, ATE visibilizó el conflicto frente a la casa Central de la Administración de Parques Nacionales mediante una Radio Abierta mientras avanza con el equipo jurídico del Consejo Directivo Nacional para presentar los recursos que hagan falta para frenar este atropello.
“Vamos a seguir organizados en asambleas y fortaleciendo la participación y solidaridad en cada punto donde la APN esté presente como lo hemos hecho con los compañeros de la CNEA, del INTA, del INTI, del CONICET, con los docentes. El ataque a la ciencia es parte de la política de entrega de soberanía territorial y de desarrollo. Es parte del saqueo a nuestros bienes comunes” alertaron desde el sector.
Para el Sindicato es clave resaltar el rol de la trabajadora y trabajador científico-técnico que representa el 3% de la planta funcional del organismo y que se ocupan de que el conocimiento científico aplicado sea incorporado a la conservación y gestión de cada área protegida. Articulan con Universidades y organismos de investigación nacional y provincial, e incluso internacional, a fin de promover y acompañar investigaciones de interés para los fines del organismo.
Frente a la pérdida salarial que experimenta el salario de las y los trabajadores municipales la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Fray Mamerto Esquiú reclamaron la reapertura de las paritarias y también denunció el incumplimiento del municipio a una convocatoria que debió ser en agosto pasado. Hoy podría aprobarse un plan de lucha.
El último acuerdo salarial fue por el mes de abril cuando representantes de ATE y del Ejecutivo municipal firmaron un acta que estableció un incremento salarial del 10%, para ese mes y otro 5%, con el salario de mayo. El acta señalaba que la negociación se retomaba en agosto.
En medio de ello aparecieron denuncias del Sindicato contra los aumentos que se auto otorgaron los funcionarios municipales y la propia intendenta, Alejandra Benavídez, que elevaba el salario entre los primeros a 3.000.000 de pesos y a 4.000.000 para la jefa comunal.
En ese marco la asamblea de trabajadoras y trabajadores de ATE definió la presentación de un petitorio con un pedido de aumentos del 30%; el pase al sueldo básico de los ítems correspondientes a los años 2024 y 2025; una actualización del 100% en los adicionales; y un incremento del 200% en el concepto de salario familiar, que todavía no es correspondido, y por ello hoy se realizará una nueva reunión en la que se definirán los pasos a seguir.
Este miércoles ATE San Luis demandó al Gobierno municipal que recomponga los salarios de las y los estatales, ante la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023.
“Es alarmante. Nuestros compañeros y compañeras trabajadores se encuentran cada vez más endeudados para poder afrontar sus gastos básicos, mientras el salario continúa perdiendo frente al costo de vida”, expresó Fernando Gatica, Secretario General de ATE San Luis.
Por eso, reclamó una recomposición salarial urgente para todo el personal municipal y de Ayuda Económica; el pase al salario básico de la totalidad de las sumas no remunerativas; recategorización transparente del personal, priorizando a quienes están próximos a jubilarse. También la entrega inmediata de ropa de trabajo, garantizando dos mudas por año. En este sentido, el Sindicato denunció que durante los últimos tres años solo se entregó una.
Por otro lado otra exige el cese de la violencia laboral y el hostigamiento, así como de cualquier práctica que vulnere los derechos de las y los trabajadores. También el cumplimiento efectivo de la legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene.
“Vamos a iniciar recorridas por los distintos sectores de trabajo para visibilizar nuestros reclamos, escuchar a los trabajadores y relevar las condiciones laborales en cada lugar. Entendemos que el Municipio cuenta con los recursos necesarios para dar respuesta a estas demandas. Por eso, exigimos respuestas concretas y no vamos a dejar de reclamar por los derechos de nuestros compañeros y compañeras”, afirmó Gatica.
Desde ATE se adelantó que si no obtienen respuesta satisfactorias a los reclamos, se avanzará con medidas de fuerza.
La Seccional Asociación Trabajadores del Estado (ATE) General San Martín dispuso realizar un paro de actividades en el municipio de Aguaray, por la falta de respuestas al pedido de aumento salarial que reclaman las y los trabajadores municipales. La medida de fuerza fue definida para el próximo lunes 7 de septiembre.
La Seccional viene pidiendo una convocatoria a negociaciones paritarias para el segundo semestre del año sobre lo cual el municipio no ha dado ninguna respuesta. Además exige que se cumplan los acuerdos que fueron firmados por las partes durante la primera mitad del año.
El pasado mes de agosto se había presentado un petitorio con sus reclamos que incluían también el pago de un bono de fin de año de 400.000 pesos; la creación de 15 nuevos contratos para personal eventual con mayor antigüedad; una actualización de asignaciones familiares según los montos provinciales vigentes; y la recategorización para el personal con más de 5 años de antigüedad, y categoría 24 para hombres mayores de 60 y mujeres mayores de 55, en edad de jubilarse.
El petitorio también expone los reclamos pendientes del primer semestre que abarcan la entrega más ágil de los recibos de sueldo; la provisión de ropa de trabajo 2026 para todo el personal municipal (o un monto en efectivo reemplazante); cumplimiento de los 4 contratos pendientes del acuerdo del primer semestre; y la aplicación del incremento otorgado a todo el personal eventual.
Para la ATE el silencio del Ejecutivo municipal allana el camino para iniciar un plan de lucha que la asamblea de trabajadoras y trabajadores resolvió iniciar el próximo lunes.
A través de su Ministerio de Trabajo, el Gobierno bonaerense formalizó una convocatoria para conformar el Consejo de Empleo Municipal, que se establece para dar cumplimiento del artículo 53 y concordantes de la Ley N° 14.656. Dicha ley sancionada en 2014, posteriormente reglamentada en el año 2016 durante la Gobernación de María Eugenia Vidal fue judicializada en el 2018 debido a severas falencias que impedían su implementación.
En este marco la actual gestión de esta cartera laboral, generó consultas ante la Asesoría General de Gobierno respecto a los criterios de convocatoria y funcionamiento del Consejo de Empleo Municipal. El dictamen de la Asesoría del 7 de junio pasado (ACTA-2026-19806817-GDEBA-AGG) facultó a este Ministerio para generar las medidas organizativas que considerara necesarias para asegurar la representación prevista por la Ley N° 14.656, sin perjuicio de la facultad reglamentaria e interpretativa que le asiste para precisar aquellos aspectos operativos no expresamente contemplados por el legislador.
En ese marco el Ministerio de Trabajo provincial estableció pautas claras para la convocatoria, integración y funcionamiento del Consejo, entendiendo que este paso compensa una deuda histórica con los trabajadores y trabajadoras municipales de la Provincia de Buenos Aires.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Buenos Aires respaldaron la decisión gubernamental y se destacó que “esta es una medida histórica para el sector municipal, ya que durante años nuestro Sindicato ha luchado para que esto sea una realidad”.
Además, sostiene ATE “la medida pone en valor la democratización de las relaciones laborales, institucionalizando mediante este ámbito, a todas las organizaciones que las y los municipales eligen para que los represente”.
El Sindicato dispuso llevar al Consejo de Empleo Municipal las necesidades de las y los trabajadores de cada uno de los 135 distritos para establecer pisos de derechos que dignifiquen a quienes sostienen los estados municipales en el día a día.
Como parte del ciclo de charlas y actividades para conmemorar el Día Nacional de la y el Detenido-Desaparecido, las Juntas Internas y Comisiones de Memoria de ANSES, CNEA, Biblioteca Nacional y CONICET compartieron sus experiencias en la recuperación de los legajos y las historias de vida de las víctimas del genocidio. Además, se entregaron Medallas del Centenario en homenaje a Miguel Ángel Gil, Estela María Gache y José Abelardo Luna.
La actividad fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de ATE Nacional a 50 años del Golpe Genocida de 1976, una jornada destinada a compartir experiencias, herramientas y metodologías desarrolladas por trabajadoras y trabajadores para reconstruir las historias de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Durante la apertura Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional, destacó: “No estamos recuperando solamente una trayectoria laboral o corrigiendo lo que dice un documento. Estamos recuperando quiénes eran nuestros compañeros y compañeras, cuáles eran sus luchas y sus militancias, y volviendo a inscribir esas historias en los lugares de trabajo de los que fueron arrancados”.
Las experiencias compartidas también dieron cuenta de que la persecución estatal no afectó solamente a quienes fueron secuestrados, asesinados o desaparecidos sino que hubo trabajadores y trabajadoras cesanteados y exonerados, renuncias forzadas, exilios internos y externos y trayectorias profesionales, laborales, científicas y sindicales que debieron ser abandonadas o interrumpidas.
Recuperar los legajos supone además reconstruir las consecuencias que el terrorismo de Estado tuvo sobre el conjunto de las y los trabajadores y sobre los propios organismos públicos. La Comisión de la Memoria del CONICET, por ejemplo, incorporó expresamente a su investigación a quienes fueron despedidos, cesanteados, exonerados, encarcelados o debieron exiliarse, así como a quienes no pudieron terminar becas, proyectos o carreras como consecuencia de la persecución.
Experiencias en los organismos Desde ATE en el ANSES, Sabrina Tuffo relató un proceso con una dificultad particular: durante la dictadura no existía ANSES con su estructura actual. La investigación obligó, por lo tanto, a reconstruir también la historia de las diferentes cajas y dependencias previsionales que fueron transformándose hasta conformar el actual organismo.
La búsqueda fue impulsada desde las y los trabajadores y el espacio de Derechos Humanos de ATE en el ANSES y requirió cruzar legajos, resoluciones y distintos archivos institucionales, pero también recurrir a organismos de Derechos Humanos, familiares y ex trabajadores. En algunos casos, un nombre permitió llegar a otro y ampliar una investigación que permanece abierta.
Entre las reparaciones realizadas se encuentran las de trabajadores de la entonces Dirección Nacional de Recaudación Previsional y posteriormente las de víctimas vinculadas al Centro Único de Procesamiento Estadístico de Datos (CUPED), antecedente del actual organismo.
La experiencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica constituye, en tanto, una de las más extensas. Marina Carpano y Marcia Ortiz Arriaga reconstruyeron el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Personal de la CNEA, creada por trabajadores y trabajadoras en abril de 1984, apenas recuperada la democracia. La investigación permitió establecer que 32 trabajadores de CNEA fueron secuestrados: dos asesinados, veinte permanecen desaparecidos y diez estuvieron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. A eso se suman 107 trabajadores declarados prescindibles, 120 cesanteados y alrededor de 370 renuncias producidas en un contexto de persecución política e institucional. También se descubrieron más de 500 legajos paralelos en los que se registraba información ideológica sobre el personal.
Desde 1984, la Comisión reunió documentación y testimonios. También recuperó y digitalizó archivos y acompañó a las familias. Ese trabajo no sólo permitió avanzar en las reparaciones documentales —cinco legajos fueron reparados en 2014 y otros once en 2023—, sino que también aportó elementos a investigaciones y causas judiciales por delitos de lesa humanidad.
Por su parte, María Josefina Lamaison y Luciana Bianco presentaron el trabajo de investigación desarrollado por la Comisión de la Memoria del CONICET, formalizada en 2021. Allí, uno de los primeros desafíos fue construir una nómina que no existía previamente y determinar quiénes habían formado parte de la comunidad del organismo, teniendo en cuenta una estructura compleja integrada por investigadores, becarios, personal de apoyo y administrativos que, en muchos casos, tenían además pertenencia a universidades y otros institutos.
Para hacerlo fue necesario cruzar el Archivo General del CONICET, legajos, fichas y resoluciones con archivos de otros organismos, registros vinculados con las víctimas del terrorismo de Estado y materiales aportados por sus familias. En algunos casos fue posible reparar un legajo existente; en otros hubo que reconstruirlo prácticamente desde cero, incorporando documentación, fotografías, testimonios y una semblanza de la persona.
En 2022 fueron reparados o reconstruidos los primeros ocho legajos y posteriormente se sumaron otros siete. El trabajo incorporó además una concepción amplia de las víctimas de la persecución: detenidos-desaparecidos y asesinados, pero también exiliados, cesanteados, exonerados y quienes debieron abandonar becas, investigaciones o carreras. Lamaison es además autora junto a Santiago Garaño de “Legajos recuperados. Manual de reparación y homenaje a víctimas del terrorismo de Estado”, una herramienta que sistematiza metodologías y aprendizajes de estos procesos con el objetivo de que puedan ser retomados por otras instituciones y organizaciones. El manual puede descargarse gratuitamente acá: https://unsamedita.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2025/04/Legajos-recuperados-Santiago-Garano-y-Maria-Josefin.pdf
Finalmente, Clara Guareschi compartió la experiencia impulsada desde ATE en la Biblioteca Nacional, a partir de la recuperación de la historia de Manuel Ramón Saavedra, trabajador de la institución que se encontraba en comisión de servicios en el Museo Argentino de Ciencias Naturales cuando fue secuestrado y desaparecido en julio de 1977.
La reconstrucción de su trayectoria implicó articular documentación de diferentes instituciones y sostener durante años el reclamo para que la reparación pudiera finalmente concretarse. Su caso muestra, además, cómo estos procesos pueden abrir nuevas preguntas y búsquedas dentro de los propios lugares de trabajo: la investigación de un compañero permite recuperar documentos y recuerdos que pueden conducir a otras historias hasta entonces desconocidas. La Biblioteca Nacional dio cuenta recientemente de la reparación de su legajo y de la restitución de su historia institucional.
Medallas del Centenario a trabajadores y militantes desaparecidos de ATE Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue la entrega de Medallas del Centenario de ATE en reconocimiento a Miguel Ángel Gil, Estela María Gache y José Abelardo Luna, tres trabajadores estatales víctimas del terrorismo de Estado cuyas historias estuvieron atravesadas además por la organización y la militancia sindical. Miguel Ángel Gil tenía 32 años y trabajaba en la Regional Cuyo de la CNEA, en Mendoza, donde era delegado gremial de ATE. Fue secuestrado el 10 de febrero de 1976 y asesinado doce días más tarde, el 22 de febrero. La medalla fue entregada a la Comisión de Derechos Humanos del Personal de la CNEA, que será la encargada de hacerla llegar a su familia en Mendoza. También fue homenajeada Estela María Gache, trabajadora del Centro Único de Procesamiento Estadístico de Datos (CUPED), activista de ATE y militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), con un paso previo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Tenía sólo 23 años cuando, el 6 de junio de 1976, fue asesinada en su domicilio de Villa Crespo durante un operativo ilegal de detención y ejecución. La medalla fue recibida por Sabrina Tuffo para ser entregada a su hija, Ana Adjiman. Por último, ATE reconoció a José Abelardo Luna, trabajador del CUPED, delegado gremial del sindicato y militante montonero. Luna tenía 36 años cuando fue secuestrado el 10 de diciembre de 1978 en su domicilio de Banfield. Permanece desaparecido y, a partir del testimonio de sobrevivientes, pudo determinarse que estuvo secuestrado en el centro clandestino de detención Olimpo. La medalla fue recibida por Florencia Akike, delegada de la UDAI Lomas de Zamora, para entregársela a su hija, Silvia Luna, trabajadora de ANSES y afiliada a ATE.
La entrega permitió enlazar de manera concreta el trabajo de reparación documental con el reconocimiento a quienes forman parte de la propia historia del sindicato: recuperar sus legajos es también recuperar a esos estatales como trabajadores organizados, reconstruir sus militancias y devolver sus historias a la memoria colectiva de ATE.
Multiplicar las experiencias de recuperación y reparación Durante el cierre de la actividad, Taramasco destacó que otro de los objetivos del encuentro fue poner en común los saberes construidos y generar herramientas para que estas experiencias puedan multiplicarse en otros organismos del Estado. “Sabemos que seguramente existen compañeros y compañeras cuyas historias todavía no fueron recuperadas. Queremos que lo que se construyó en estos organismos sirva para que otros sectores puedan empezar ese camino. Desde la Secretaría estamos para acompañar, asesorar, poner en contacto experiencias y aportar las herramientas que tengamos a disposición”, afirmó Taramasco. En ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos de ATE Nacional se encuentra a disposición de Juntas Internas, sectores y trabajadores y trabajadoras de organismos públicos que quieran iniciar procesos de búsqueda, reconstrucción y reparación de legajos, para brindar asesoramiento, acercar herramientas metodológicas y generar vínculos con quienes ya cuentan con experiencia en estas investigaciones. La jornada formó parte del ciclo de charlas y actividades que la Secretaría lleva adelante a 50 años del Golpe Genocida de 1976, con el objetivo de reconstruir el impacto del terrorismo de Estado sobre la clase trabajadora y recuperar el protagonismo de los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones sindicales en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia.
La jornada contó con la participación de Sabrina Tuffo, Secretaria pro gremial de ATE en el ANSES e integrante del espacio de Derechos Humanos que participó en la investigación y reparación de legajos; Marina Carpano y Marcia Ortiz Arriaga, integrantes de la Junta Interna de ATE en el CNEA y de la Comisión de Derechos Humanos del Personal de la CNEA; María Josefina Lamaison y Luciana Bianco, integrantes del equipo de investigación de la Comisión de la Memoria del CONICET; y Clara Guareschi, secretaria Adjunta de ATE Biblioteca Nacional.
Fotos: Secretaría de Derechos Humanos de ATE Nacional.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro denunció la suspensión unilateral del suplemento por función específica a las y los 43 agentes del Agrupamiento Científico-Técnico que ingresaron por concurso público en 2023 en la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo integrado al sistema de Ciencia y Técnica desde 2020. La medida se adoptó sin acto administrativo ni notificación formal. Las y los trabajadores afectados se percataron de la quita al ver sus respectivas liquidaciones con entre un 15% y un 20% menos de salario.
Para la ATE rionegrina la quita del suplemento a las y los 43 trabajadores científicos es una “medida de disciplinamiento”, acorde a la estrategia que viene desarrollando el Gobierno Nacional contra toda la ciencia. En la APN sus labores resultan críticas e insustituibles en temas como monitoreo de especies y ecosistemas estratégicos; evaluación de impacto ambiental y planificación territorial; la prevención y gestión del riesgo y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en biodiversidad y cambio climático.
“Esta nueva arremetida contra los trabajadores de ciencia y técnica constituye un paso más en la estrategia de remate y venta de nuestros recursos que lleva adelante el actual Gobierno”, señalaron desde el cuerpo de delegados de ATE en Parques Nacionales Bariloche.
“En línea con la modificación de la Ley de Glaciares, y con los sucesivos intentos de modificar la Ley de Manejo del Fuego, la de Bosques Nativos y la de Tierras, con esta medida se busca desjerarquizar a la Administración de Parques Nacionales, que tiene la misión y función de preservar nuestro patrimonio. Vaciarla de contenido, de capacidad técnica para monitorear y proteger la diversidad biológica y cultural que comprenden las 18 millones de hectáreas que se encuentran bajo su administración, para así lograr su objetivo final: dejar el camino allanado para todo tipo de emprendimientos que poco tienen que ver con la conservación o el uso público sostenible”, agregaron.
