Tras largas semanas de conflicto, la Secretaría de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria, a pedido del Intendente, en el marco del conflicto que mantienen las y los trabajadores de la Municipalidad de Allen, Provincia de Río Negro, debido a la falta de respuestas a una serie de reclamos que se vienen sosteniendo desde principios de julio.
Cabe recordar que las medidas de fuerza comenzaron debido a la entrega incompleta de la indumentaria de invierno, y que se fueron agravando tras el pago desdoblado del aguinaldo, el pago escalonado del sueldo y la ausencia de una propuesta en la Mesa Paritaria, lo cual llevó a un Paro de actividades.
“Actualmente seguimos sin propuesta salarial: no hubo respuesta el 7 de julio, cuando estaba pactada la Mesa Paritaria, ni tampoco en los siguientes encuentros. Ante este escenario las medidas de fuerza se fueron profundizando”, repasó Carolina Suarez, Secretaria General de la Seccional de ATE Allen.
La dirigente recordó que en este marco el Municipio despidió a más de 20 trabajadoras y trabajadores de diferentes sectores, muchos de ellos con responsabilidades familiares, incluidos casos de madres solteras y jefes de hogar. “En medio de las medidas de fuerza, se realizaron estos despidos con la excusa de achicar la planta para generar ahorro, lo cual es ilógico: son los trabajadores que perciben salarios más bajos, utilizados injustamente para ser la variable de ajuste”, completó Suarez.
Es así que ATE exige la inmediata reincorporación, tal como estipula la resolución de la conciliación obligatoria emitida por la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, ante la negativa del Municipio a acatar la normativa vigente, el Sindicato ya envió una nota formal al organismo en Viedma.
La primera audiencia entre las partes fue programada para el próximo 22 de agosto a las 10 de la mañana, en la sede de la Secretaría de Trabajo.
El Secretario General de la Seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Turbio, Matías Delgado, celebró el reciente fallo judicial que beneficia a las y los trabajadores de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT): el Juzgado del Trabajo N°73 dictaminó que los artículos que determinaban la caducidad del histórico Convenio Colectivo de Trabajo que rige la vida laboral de las y los trabajadores de la empresa estatal minera son inconstitucionales.
Sobre la decisión de la Justicia Laboral, frente a los micrófonos de Tiempo FM Delgado explicó: “Da garantía de que nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y nuestra estabilidad laboral siguen vigentes”.
Con referencia a la actividad en la empresa minera desde el ascenso al poder del Gobierno mileísta, el Secretario General de la Seccional de ATE Río Turbio dijo: “Hace 19 meses que en el yacimiento hay cero pesos en inversión y aún así se sigue produciendo día a día”.
“Hemos sacado la cantidad de toneladas de carbón que están listas para la venta. La gente con su experiencia, su capacidad, su responsabilidad y con toda la incertidumbre que vive día a día sigue trabajando, sigue produciendo en defensa de nuestro yacimiento”, afirmó el dirigente.
Con referencia al ánimo y aptitud de las y los trabajadores, Delgado afirmó: “No hay duda de que la gente está totalmente preparada para producir, lo estamos demostrando, está todo a la vista”. De igual manera, explicó que no han tenido diálogo con el Gobierno Nacional, pero sí con el Gobierno Provincial y su equipo de trabajo.
“Sabemos que no es el Gobernador quien toma la decisión, pero es quien tiene diálogo con las autoridades nacionales, intercambia ideas con Energía y también representantes del Gobierno Nacional. Con el actual encargado de la empresa tenemos mesa de trabajo, aunque no coincidimos mucho en su gestión, pero es el equipo que está al frente y tenemos que hablar con todos”, expresó el referente.
Finalmente, Delgado manifestó: “Venimos trabajando bien con ATE Nacional, con Rodolfo Aguiar a la cabeza, con Carlos Garzón –que agradezco que también se puso al frente de esta pelea desde un principio-, y seguimos estando juntos hasta el día de hoy, peleando día a día”.
En el día de ayer, miércoles 20 de agosto, se llevo a cabo en la sede del Consejo Directivo Provincial (CDP) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego la Mesa Técnica Municipal de Ushuaia, que había sido fijada en la última acta de Mesa Paritaria Salarial. En la misma estuvieron presentes el Secretario General, Carlos Córdoba; el integrante de la COPARL, Leo Sánchez; y la Prosecretaria de Prensa de la ATE fueguina, Gladys Giménez. También participaron representantes de los sindicatos SOEM, SEMUP, SPJ y UPCN. En representación del Ejecutivo Municipal estuvo el Subsecretario de Asuntos Laborales y Gremiales de la Provincia, Fernando Starkloff.
En el contexto de dicha mesa técnica se trataron diversos temas, como por ejemplo la resolución inmediata de las recategorizaciones y adicionales pendientes; la mantención de la permanencia en el grado al momento de alguna promoción; el reconocimiento en reubicaciones de los adicionales que correspondan al área de manera inmediata al Decreto de Reubicación; y el estado actual de ingresos de 120 pases a Planta Permanente que están en Contratos Administrativos.
Por último, se solicitó continuar con la mesa técnica el próximo día lunes 25 de agosto a las 10 de la mañana, en la sede de ATE Tierra del Fuego.
Luego del rechazo definitivo en el Senado a los decretos de desregulación del Estado del ministro Federico Sturzenegger, ratificando lo sucedido en Diputados el 6 de agosto, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, celebró: “Los estatales hemos ganado una batalla crucial en esta guerra que nos declaró el Gobierno”.
“Milei y quienes lo mandan nos agredieron desde el minuto cero. Hoy empieza un tiempo nuevo. El pueblo, con el voto, le va a quitar poder y construir mejores representaciones en el Congreso. También quedó claro que si funcionan las instituciones, la represión no alcanza. Con este freno al cierre, fusión y reestructuración de organismos públicos hemos logrado truncar la reforma del Estado que planificaban y además evitado un daño social irreparable”, señaló el dirigente estatal.
Además, Aguiar cargó directo contra el ministro de Desregulación: “Esta votación en el Parlamento no impide que Sturzenegger, como ideólogo de estos decretos, termine en la cárcel. Por más poderes extraordinarios que existieran, no se podían cerrar por esta vía organismos que fueron creados hace décadas por leyes del Congreso Nacional”.
“Es evidente que sin facultades delegadas, el Gobierno se debilita. Tenemos que aprovecharlo y seguir atacando. Hay que destacar el trabajo con diputados y senadores que han venido realizando todas las Juntas Internas de ATE. Esa labor legislativa ha sido trascendental para dar este paso”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Los decretos que fueron rechazados de manera definitiva por ambas cámaras legislativas son:
351/25 – Banco Nacional de Datos Genéticos
345/25 – Organismos de cultura (Monumentos, CONABIP, Instituto Nacional del Teatro)
340/25 – Marina Mercante
461/25 – Dirección Nacional de Vialidad y organismos del transporte.
462/25 – INTA, INTI, INASE, INV, INPI, INAFCI
Cabe recordar que en alguno de estos casos, la Justicia intervino haciendo lugar a las presentaciones legales de ATE, como en el caso del INTA e INTI, dictando cautelares para dejar sin efecto estos decretos. Ahora, Congreso mediante, los DNU pierden vigencia de manera permanente.
Con la presencia del Secretario de Interior del Consejo Directivo Nacional, Vicente Martí, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Catamarca inició una ronda de reuniones y capacitación con las conducciones de las 7 Seccionales que tiene en esta provincia, cuyo fin es avanzar en la implementación de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para las y los trabajadores de la administración pública.
El Sindicato quiere llevar esta discusión al ámbito legislativo. Durante gran tramo del año pasado hubo actividades formativas para delegadas y delegados de ATE que tienen como objetivo poner en debate las condiciones salariales y laborales de todo el personal de la administración pública provincial y de municipales.
En Catamarca no existe ningún diagrama que defina las labores que debe ejecutar el trabajador o la trabajadora. Tampoco hay definiciones objetivas sobre cuáles son sus derechos como personal del Estado.
En declaraciones a medios provinciales, Martí explicó que “la iniciativa busca garantizar derechos, estabilidad laboral y mejores condiciones para las y los trabajadores del Estado, evitando que futuros gobiernos puedan disponer despidos masivos o modificaciones arbitrarias”.
Como norma el CCT debe beneficiar a quiénes prestan servicios en el Estado provincial pero también en el ámbito municipal. “En forma particular el convenio habilita el debate para tener presentes como son las normas de ingreso y los requisitos, pero también conocer sus derechos y obligaciones en el campo laboral”, agregó Martí.
El trabajo estatal hoy está jaqueado por las decisiones tomadas por el Gobierno nacional de Javier Milei y su política anti Estado. Sobre ello el dirigente nacional enfatizó que “tenemos a un presidente que habla de una casta en el Estado, pero que paradójicamente a las y los únicos que ataca son a trabajadores; a quienes trabajaron toda su vida, que son las y los jubilados; y a las personas con discapacidad”.
En cuanto al traslado de este proyecto a los municipios del interior, el Secretario General de la ATE Catamarca, Ricardo Arévalo, remarcó que “estamos haciendo partícipes a todas y todos los dirigentes de las 7 seccionales que tenemos en la provincia. Es muy importante que vayan dando a conocer entre las y los trabajadores el valor del CCT porque cuanta más gente reconozca sus derechos más voces habrán de sumarse a este reclamo”. Según los últimos datos vigentes en los 24 distritos que conforman el país existen unas 2.200 municipalidades. Sólo 8 de estas provincias y otros 32 municipios cuentan hoy con CCT.
La Justicia Federal nuevamente falló en favor de la Asociación Trabajadores del Estado y dictó una medida cautelar contra el Gobierno para que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto 462/25, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El fallo de la jueza Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, surge luego de la presentación realizada por ATE conjuntamente con el sindicato APINTA.
“Tambalea la monarquía libertaria. Seguimos poniéndole límites institucionales al autoritarismo del Gobierno”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, tras conocer el fallo.
Cabe recordar que el referido decreto fue firmado el último día de las facultades delegadas al Gobierno de Javier Milei. El mismo pretende afectar la autarquía y estructuras de distintos institutos como el INTA, el INTI (de Tecnología Industrial), el INASE (de Semillas), el INV (de Vitivinicultura), y el INPI (de la Propiedad Industrial), entre otros.
Además, el mismo juzgado se había expedido de la misma manera sobre los artículos que referían a la afectación y modificación de la estructura del INTI.
Ahora, ATE exige el rechazo definitivo de la totalidad del DNU en el Congreso. Como el mismo ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados para ser eliminado, se espera que el Senado ratifique esta decisión en la sesión del Senado de este jueves 21 de agosto.
En otra vergonzosa votación la Cámara de Diputados de la Nación rechazó el aumento de emergencia del 7,2% y la suba del bono para las y los jubilados que pertenecen al ANSES. Fueron 83 las diputadas y diputados que con su veto continúan quitando derechos y condenando a la pobreza más extrema a millones de mayores. El lado bueno en la votación de ayer fue el amplio respaldo contra el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad, que ahora pasa al Senado para su ratificación.
La decisión de este miércoles contradice una misma votación de Diputados que en el mes de junio había aprobado el aumento de las jubilaciones y elevare el bono que cobran las y los beneficiarios de la mínima de 70.000 a 110.000 pesos.
“Con esta votación las y los diputados se transforman en cómplices de este gobierno corrupto que encabeza Javier Milei. Siguen condenando a morir de hambre y enfermos a las y los jubilados”, sostuvo el Secretario General de la ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, a propósito del giro que tomó la Cámara de Diputados sobre su propio proyecto. “Vuelvan a sus provincias, den la cara y anímense a explicarle al pueblo esta nueva canallada”, agregó en su repudio el titular nacional de ATE.
Para la presidenta del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados (CNTJyP) de la ATE, Noelia Guzmán, “el gobierno de Milei mostró su cara más oscura y deshumanizadora”. “Aunque este aumento y la suba del bono no soluciona la vida de las y los trabajadores jubilados, si nos aliviaba y daba aire para seguir en la lucha”, acotó.
Más del 70% de jubiladas y jubilados cobran el ingreso mínimo que es hoy 309.294 pesos. A eso se suma el bono de 70.000 pesos. Este ingreso contrasta con el costo de la canasta del adulto mayor, que está por encima del 1.500.000 de pesos.
Según Guzmán, en este contexto de grave crisis económica y profundización del ajuste “las y los jubilados en particular nos encontramos sumergidos en condiciones de extrema pobreza. Los precios de los artículos de primera necesidad aumentan en forma sostenida y como remate se nos ha recortado la cobertura integral en medicamentos”.
La dirigente remarcó que pese a esta votación contraria “desde el CNTJyP de ATE reafirmamos nuestra lucha. En nuestra Constitución Nacional y en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores (ley 27.360), las personas adultas mayores gozamos del derecho a jubilaciones y pensiones móviles, así como a disfrutar de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades (ley 27.360). Seguiremos insistiendo con ello”.
En ese sentido Guzmán adelantó que entre el lunes y martes se estará presentando en la Justicia un recurso de amparo contra la resolución legislativa.
Por su parte la Secretaria Adjunta del Consejo Directivo Nacional, Mercedes Cabezas, manifestó que “la lucha de las y los jubilados nos tiene que encontrar hermanados porque tarde o temprano todos vamos a serlo. Por eso exigimos que haya un aumento jubilatorio y que se defienda la moratoria provisional porque el ajuste no puede caer sobre nuestros adultos mayores”.
Cabezas subrayó que “este Gobierno es deshumanizante, para quién prima el mercado por sobre las personas, pero es incomprensible que no tenga ningún tipo de sensibilidad con personas que ni siquiera pueden defenderse, que son sus familias las que tienen que salir a reclamar”. Por ello, agregó “para nosotras y nosotros es un orgullo pertenecer a un sindicato que está a la altura del contexto político, que sigue estando en la calle, acompañando y siguiendo de cerca, defendiendo a sus trabajadores y trabajadoras”.
Resultó contradictoria la posición tomada por la diputada del PRO, María Eugenia Vidal, que en la anterior votación lo hizo a favor de la mejora a jubiladas y jubilados y en esta ocasión decidió abstenerse de votar.
El Gobierno no pudo avanzar contra la Emergenia en Discapacidad
Contrariamente a la decisión tomada con las y los jubilados, la Cámara de Diputados votó afirmativamente por rechazar el veto del Gobierno Nacional a la Emergencia en Discapacidad. Por una abrumadora mayoría de 172 votos a favor convalidaron el proyecto que beneficia a más de un millón de personas que cuenta con esta condición.
Para que el veto presidencial pueda sostenerse necesita de los dos tercios de los votos en el Senado.
Este miércoles ATE Misiones mantuvo un encuentro con el Gobierno provincial en el Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS) para tratar los reclamos del sector, entre ellos los inconvenientes para la correcta liquidación de la movilidad docente y la deuda que se mantiene con las y los jubilados.
Hugo Gómez, docente vocal del Consejo Directivo Provincial de ATE Misiones, declaró: “Hubo avances respecto de la movilidad docente y también se definió que cada tres meses el Instituto de Previsión Social dará a conocer a ATE el índice de movilidad y jubilación docente. Por otra parte, los reclamos de actualización serán por vía administrativa al IPS y a las seccionales que están en el interior”.
ATE también expresó su preocupación y demandó soluciones respecto de la deficiente prestación de los servicios que debe brindar el Instituto de Previsión Social que se ha registrado en diversos puntos de la provincia.
Además de Gómez participó Teresita Martins, por el Centro de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE Misiones. La parte gubernamental estuvo encabezada por el Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.
Desarrollo Social: Mesa Técnica en el Ministerio de Hacienda
En el marco de la Mesa Técnica correspondiente a Desarrollo Social, el Sindicato planteó al Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, la necesidad de garantizar la estabilidad laboral y mejoras salariales para las y los trabajadores del sector.
Uno de los puntos centrales fue la falta de cumplimiento del acuerdo firmado en el marco de la Conciliación Obligatoria del año pasado, en el cual se establecía el pase a contratos con relación de dependencia. De acuerdo a lo informado por ATE, este proceso estaba demorado pero a partir de esta jornada, mediante el compromiso asumido por las autoridades gubernamentales, comenzaría a destrabarse hasta lograr su efectivización.
Asimismo, se planteó la necesidad de un aumento salarial para quienes se desempeñan bajo la modalidad de beca y el Gobierno adelantó que se otorgará en los próximos meses. También se avanzará en los pases a planta permanente y recategorizaciones, como parte de una agenda más amplia.
Este martes ATE Corrientes exigió una urgente reunión con el Ministro de Desarrollo, Adrián Gaya, para que resuelva la grave situación laboral de las y los trabajadores del Hogar de Ancianos “Juana Costa de Chapó”, quienes se encuentran precarizados. Mediante una asamblea, definió un plazo de 48 horas para que el Poder Ejecutivo brinde una respuesta.
Walter Zamudio, Secretario General de ATE Corrientes, explicó: “Presentamos una nota en el Ministerio de Desarrollo Humano para que las autoridades den una respuesta dentro del plazo de las 48 horas. Tenemos el 90% del personal está precarizado. No podemos seguir esperando mientras nuestras compañeras y compañeros viven en la incertidumbre y sin los derechos laborales que merecen. La falta de respuestas del Ministerio es una clara desatención a la situación crítica del personal que cuida de los adultos mayores, una tarea esencial y fundamental para la sociedad correntina”.
El Sindicato realizó una asamblea con las y los trabajadores en la puerta del hogar, dado que las autoridades en una clara acción antisindical y antidemocrática no permitieron desarrollarla dentro de la institución. Se resolvió intensificar las acciones en caso de no obtener una pronta citación de parte del Gobierno provincial, con medidas de fuerza que se prevén para este viernes.
Ante la falta de respuestas de la Municipalidad de Tintina sobre el pago de las deudas salariales que mantiene desde el mes de febrero, la Seccional Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Quimili se declaró en estado de alerta y anunció que de no completarse el pago del aumento iniciarán medidas de fuerza.
La Seccional denunció la comuna aún adeuda desde febrero el 50% del 100% de aumento que fuera anunciado por el Gobernador de la provincia, Gerardo Zamora. Por una resolución política tomada hace varios años los municipios de la provincia otorgan el aumento salarial en los mismos términos que lo dispuesto por el Ejecutivo santiagueño. En el caso de Tintina, su intendente, Mario Cantoni, dispuso este año no validar el acuerdo y se mantiene en mora con sus trabajadoras y trabajadores.
Los salarios municipales actuales promedian entre los 300.000 y los 350.000 pesos, una cifra que dista mucho del más de 1.500.000 pesos que el INDEC considera indispensables para cubrir la canasta básica.
Sobre la situación del sector la Secretaria General de la ATE Santiago del Estero, Elida Juárez, señaló que “esto no es nuevo. Los intendentes estaban acostumbrados a manejar los recursos a su antojo y no respeta las necesidades de las y los trabajadores”.
También cargo contra Cantoni, a quién acusa de intentar evadirse de su responsabilidad política. “Es crítica la situación de las y los trabajadores. Estamos hablando de una deuda del 50%, que es muchísimo dinero cuando se tienen salarios tan bajos, como los que se pagan en Tintinta”.
Juárez indicó que el tema salarial no es el único problema que afronta el personal municipal. Tampoco se entregan herramientas y elementos de trabajo necesario para la protección que precisa el personal de calle y mantenimiento. Sobre ello Juárez enfatizó que “hace mucho tiempo que no hay entrega de ropa de trabajo, ni cascos o borceguíes, todos elementos indispensables para mantener la seguridad laboral de las y los trabajadores”.
