La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro mantuvo hoy una reunión con la Secretaría de la Función Pública rionegrina y autoridades del Ministerio de Salud provincial, en la que el Ejecutivo confirmó, tras el reclamo del sindicato, la actualización a partir de septiembre con cada incremento salarial de las guardias para el personal de la Ley 1.904. El porcentaje se calculará con el coeficiente resultante del promedio de valores fijos y proporcionales de cada agrupamiento.
Asimismo, los representantes del Ejecutivo provincial encabezados por la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, y los secretarios de la cartera sanitaria José Pacayut y Mirna Lamberto, aseguraron el pago a partir de septiembre con retroactivo a julio del ítem turno rotativo para los enfermeros y enfermeras de las Leyes 1.904 y 1.844.
La representación de ATE Río Negro estuvo integrada por Leticia Lapalma (Secretaria Adjunta), Carolina Suárez (Secretaria General de la Seccional de ATE Allen), Patricia Reinahuel (Secretaria General de la Seccional de ATE Bariloche) y Egar Actis (Secretario de Interior de la CTA-A provincial) y Débora Fleitas de ATE Bariloche. El sindicato solicito la revisión del nuevo sistema de control de ausentismo, ya que, explicaron, abundan irregularidades como descuentos indebidos. ATE manifestó que debería ser un organismo del Estado quien controle y no una empresa privada y pidieron la suspensión del sistema hasta que se normalice.
Por último, ATE demandó el ingreso urgente de médicos, enfermeros, mucamos, administrativos y técnicos, como la provisión de insumos. También celeridad en las recategorizaciones, aumento del bloqueo de título para el personal de la Ley 1.904 y de la dedicación horaria para el de la Ley 1.844. Y además se pidió una pronta resolución a las problemáticas en los hospitales de El Bolsón, Río Colorado, General Roca y Cipolletti.
Durante la jornada de hoy los jubilados de ATE de la localidad santacruceña de Caleta Olivia realizaron una radio abierta en el centro de la ciudad. La actividad estuvo acompañada por otros sectores y por dirigentes de la Seccional local de ATE.
Jorge Garzón, Presidente del Centro de Jubilados de la Seccional de ATE Caleta Olivia, pidió a los diputados nacionales y provinciales y a los senadores: “Demuestren con hechos que ustedes miran a este colectivo de jubilados y dejen que vivamos dignamente a esta altura de nuestras vidas”. El dirigente se asumió como “miembro de una generación de luchadores” y anticipó: “No nos vamos a callar la boca”.
Por su parte, la Vicepresidenta del Centro de Jubilados de ATE en la localidad, Amalia Ernalz, explicó: “Este no es un día de festejos, es un día para conmemorar la resistencia de quienes fuimos trabajadores, de quienes en aquel entonces entregamos parte de nuestro tiempo y de nuestra vida para garantizar políticas públicas”.
“¿Cómo puede ser tanto atropello a nuestras conquistas y como puede ser que hayan votado semejante aberración?”, se preguntó Ernalz, que además analizó: “El veto impide que las jubilaciones tengan algún tipo de recomposición a futuro”.
En tanto, el Secretario General de la Seccional de ATE Caleta Olivia, Walter Robledo, se hizo presente acompañando a los jubilados y destacó: “Con el contexto nacional, provincial y local hoy las y los jubilados no la están pasando bien. A nivel nacional en cada movilización que realizan son reprimidos. Es muy triste que a nuestros abuelos los ataquen de forma física y económica”.
Robledo además añadió: “Gracias a ellos son los derechos adquiridos que tenemos los trabajadores del Estado, porque siempre han luchado por mejores salarios y por mejores condiciones laborales. Ellos hoy siguen presentes luchando por sus derechos adquiridos, hoy en día siguen presentes con la fuerza de los que no se resignan”.
“Hoy las y los trabajadores activos tenemos que acompañarlos a ellos porque nosotros somos los futuros jubilados, y están viniendo por nuestros derechos”, finalizó Robledo.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Córdoba encabezó una jornada de lucha frente a la sede de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS), la obra social de trabajadoras y trabajadores provinciales, municipales, jubilados y docentes de Córdoba. La jornada incluyó una radio abierta, volanteada y un abrazo solidario, con el objetivo de visibilizar las problemáticas que aquejan a más de un millón de ciudadanos cordobeses que dependen de esta obra social.
El sindicato destacó la necesidad de que la conducción de APROSS esté en manos del movimiento obrero organizado, en lugar de un grupo privado tercerizado que solo busca lucrar a través de los descuentos abusivos que afecta tanto a trabajadoras y trabajadores activos como a los pasivos. En unidad con otras organizaciones sociales y sindicales, ATE Córdoba avanzó en la búsqueda de firmas para exigir una audiencia con el directorio y denunciar públicamente el aumento desmedido de los descuentos en los salarios que están por encima de la inflación y los acuerdos salariales, afectando gravemente los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores.
El Secretario General del Consejo Directivo Provincial, Federico Giuliani, expresó: «Estamos aquí, en el lugar natural donde se disputan las luchas contra el poder político, económico y hegemónico, denunciando este fraude que es APROSS, una obra social que estafa a las trabajadoras y trabajadores con descuentos abusivos que los llevan a la indigencia. Ante la tibieza de algunas conducciones burocráticas que deberían estar aquí defendiendo a los laburantes, valoramos la fuerza de las organizaciones combativas que hoy están en la calle exigiendo una conducción obrera para APROSS».
Giuliani también hizo un llamado a la unidad de todas las organizaciones para enfrentar el ajuste que se está imponiendo a través de APROSS y subrayó la importancia de seguir en la calle: «La salud no es un negocio, es un derecho, y los derechos se defienden en la calle».
La jornada culminó con discursos de Secretarios Generales y Adjuntos del interior de la provincia, incluyendo representantes de Río Cuarto, Adelia María, Cruz del Eje, San Francisco, Salsipuedes, Villa María, Ballesteros y Río Primero además de los delegados y delegadas del Hospital Misericordia. Todos coincidieron en la necesidad de seguir peleando para lograr que APROSS sea conducido por las trabajadoras y los trabajadores, garantizando así una salud digna para todas y todos.
ATE Córdoba reafirmó su compromiso en la defensa de los derechos laborales y sociales, y aseguró que continuará luchando por una obra social justa y transparente.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fue anfitriona y organizadora de un evento multitudinario que tuvo lugar este jueves en el Anfiteatro Eva Perón dentro de la sede de ATE Nacional ubicada en la calle porteña Avenida Belgrano 2527. El evento fue moderado por la Secretaria de Derechos Humanos del Consejo Directivo Nacional, Valeria Taramasco y contó con la participación del Secretario General de CTA Capital, Pablo Spataro; el comunicador y referente social, Pitu Salvatierra y la diputada Nacional, Paula Penacca.
Con la presencia de más de un centenar de personas, el evento titulado «La violencia institucional como disciplinador libertario» comenzó por la tarde a sala llena entre cánticos que fueron la bienvenida para los oradores. Además estuvieron presentes miembros del Consejo Directivo Nacional, Clarisa Gambera, Secretaria de Género y Diversidad, Eduardo De Gennaro, Secretario de Finanzas y Flavio Vergara, Secretario de Convenios Colectivos, entre otros dirigentes de ATE.
Valeria Taramasco analizó: «En este contexto de violencia, persecución política, criminalización de la protesta, es importante no naturalizar esta política de la crueldad, buscan deshumanizar a la otra y al otro, disciplinar instalando un mecanismo represivo. Como la represión a jubiladas y jubilados durante 4 miercoles seguidos, o a la marcha contra la Ley Bases y el RIGI».
«El mensaje es disciplinador, intentan demonizar lo colectivo y prohibir la protesta para de esta manera llevarse puesto al Estado de Derecho», culminó Taramasco.
Durante su intervención Pablo Spataro, aseveró: «La derecha argentina hace mucho tiempo viene practicando distintos usos de violencia, la institucional, la simbólica y el ajuste que vienen llevando adelante. Violencia simbólica que viene acompañada con decisiones políticas y decisiones administrativas. El desguace del Estado, supresión de organismos, los despidos masivos, la represión, el intento de generar miedo y, en algunos casos, el procesamiento. Están haciendo del miedo una política de Estado para llevar adelante un ajuste sin escalas».
Pitu Salvatierra por su parte aseguró: «El objetivo del Gobierno es el que esta mal y no porque uno no esté de acuerdo con el déficit 0. El presidente no explica su presupuesto porque tiene que explicar el camino por el que llega a ese déficit 0, que deja afuera al 80 por ciento de la sociedad y sostiene los beneficios de la elite. En ese camino que elige, necesariamente utiliza la represión, no hay manera de llevar adelante este plan económico si no va acompañado de fuertes represiones».
«Argentina, a diferencia de otros países de Latinoamérica tiene una gran clase media, cuando en otros hay pobres y ricos. Y en cualquier país de Latinoamérica la dicotomía política es derecha o izquierda, y en nuestro país existió el peronismo que promovió la movilidad social ascendente y creó una clase media robusta, pero lamentablemente esta aún no logra construir una propia identidad. Los principales problemas de Argentina creo que son dos: la falta de un empresariado nacionalista y una clase media con identidad, que luche por sus propios intereses», cerró Salvatierra.
La diputada nacional, Paula Penacca, exclamó: «Está claro que un gobierno como el de Milei, el de Macri, el de Menem, y podríamos seguir en la historia para atrás, requieren que su política de seguridad esté inmersa en las situaciones de abuso policial, porque soltarle la mano a la policía, también es tener la garantía de que se va a construir el escenario de miedo y del terror suficiente para que la gente se desmovilice, se desorganice y no tenga ninguna voluntad de salir a la calle».
«El orden que Milei quiere establecer es más o menos parecido a la paz de los cementerios. Hay orden porque la gente no puede ni comer, ni organizarse, ni salir a la calle, ni nada. El orden que tenemos que recuperar para construir una alternativa a esto que nos pasa hoy es el orden de que haya trabajo registrado para los padres en la familia para que no tengan que dejar de comer y que los pibes puedan ir a la escuela», culminó Penacca.
Con esta actividad desde ATE buscamos generar un espacio de encuentro y reflexión sobre las circunstancias actuales que está atravesando nuestro país, y sobre todo, la clase trabajadora conformada por los barrios populares y la clase media. Además se analizó la importancia de construir espacios de esta índole para conformar un bloque y así poner un freno ante el avance feroz de este Gobierno sobre los derechos humanos y laborales de los argentinos.
Durante el Encuentro se puso a consideración que no es una novedad el accionar de este Gobierno porque responde al de las derechas en el mundo, «un gobierno que viene a implementar políticas de ajuste por sobre las y los jubilados y las y los trabajadores necesita de la política represiva para poder dar continuidad a su proyecto hambreador» y para esto debe estigmatizar, amedrentar y hacer de las víctimas futuros victimarios.
ATE rechaza este accionar del Gobierno desde el primer día y por eso damos la lucha en las calles y construimos espacios de unidad, de formación y de reflexión para intentar buscar una solución a los problemas actuales del país de forma colectiva.
En un nuevo informe lanzado por el equipo del Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (IDEP) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) –compuesto por Horacio Fernández, Claudio Lozano, Ana Rameri, Eugenia Ventura Flossi y Mariana Rivolta- se analiza el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el 2025 presentado por el Presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación el pasado domingo.
En el informe del IDEP, puede leerse: “Milei envió un mensaje presupuestario por televisión a los acreedores y, simultáneamente, presentó ante el Parlamento un presupuesto que es para la ‘gilada’. A los acreedores les aseguró su compromiso con el déficit cero y un ajuste perpetuo necesario para cumplir con los pagos de la deuda. En contraste, el presupuesto presentado ante el Congreso está lleno de inconsistencias: subestima la tasa de inflación, sobreestima el crecimiento económico, y deja sin resolver justamente de dónde saldrán los dólares necesarios para afrontar los vencimientos del próximo año”.
“Las contradicciones dentro de esta política económica han generado un cuadro de absoluta irracionalidad: un presidente que se posiciona como garante del pago de la deuda, pero que no cuenta con los dólares para pagarla. Mientras se promete austeridad y disciplina fiscal, lo paradójico es que el presupuesto no ofrece una solución concreta sobre cómo se logrará cumplir con los compromisos financieros. No existe saldo comercial suficiente para afrontar las obligaciones que Argentina tiene el próximo año, por más que se implementen estrictas reglas fiscales o ajustes disciplinantes”, agrega el informe.
“Los supuestos macroeconómicos sobre los que se construyó el proyecto de presupuesto presentan abundantes fuentes de contradicción”, sentenciaron los integrantes del IDEP.
ATE participó de una nueva reunión de la Intersindical en defensa de la caja de jubilaciones de la provincia de Entre Ríos. En el marco de ese encuentro se conformó un equipo técnico para llevar adelante un trabajo pormenorizado sobre la situación de la misma. Por unanimidad se repudió fuertemente el veto que realizó el presidente Javier Milei a la Ley Jubilatoria Nacional que representaba una mejora para las y los adultos mayores y permitía recuperar fondos que el Estado Nacional le debe a la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos.
Oscar Muntes, Secretario General de ATE Entre Ríos, declaró: “Lamentablemente estamos frente a una nueva medida del Gobierno nacional que acompañada por miembros del Poder Legislativo atenta contra el federalismo, la Caja de Jubilaciones y los trabajadores tanto activos como jubilados ya que la norma vetada establecía la cancelación de la totalidad de deudas que tiene ANSES con las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales, como es el caso de Entre Ríos. Ese dinero hubiese sido determinante para contrarrestar el déficit financiero de la Caja. Por eso insistimos en que el camino no es intentar confundir a la sociedad diciendo cosas que no son, ni quitando derechos a los trabajadores que a diario garantizamos la salud, la educación y un Estado presente ante las necesidades sociales, ni a los jubilados”.
El dirigente remarcó que el actual proyecto de reforma de la Ley 8732 presentada por el Ejecutivo provincial atenta contra el 82% móvil automático, quita derechos y no resuelve las necesidades del sistema previsional de la provincia.
Así, la Intersindical volvió a expresar su rechazo al proyecto de reforma de la Ley 8732 y señalaron que ningún sindicato fue consultado sobre ese proyecto. Se solicitó abrir el diálogo para exponer los argumentos por los cuales se repudia la propuesta de reforma y se instó tanto al Gobernador de la provincia como a las y los diputados, senadores para que no avancen con la misma.
Las palabras de Leandro Zdero, gobernador de la provincia de Chaco, contra las asociaciones sindicales alertaron a la Asociación Trabajadores del Estado. Así, Dafne Zamudio, Secretaria General de ATE Chaco, expresó a través de un comunicado de prensa: “Los sindicatos somos defensores de los derechos que esta gestión de gobierno no quiere respetar”.
El Sindicato remarcó, en primer lugar, que el mandatario evidencia un desconocimiento de las leyes vigentes que garantizan la defensa de los trabajadores, a través de las organizaciones sindicales y gremiales. Esto está dispuesto en la Constitución Nacional, artículo 14 Bis, donde se posibilita a toda persona a participar de la organización sindical libre y democrática. Asimismo, la legislación establece que es responsabilidad del Estado garantizar esto. Por lo tanto, no se trata de “creer en los gremios” sino que los sindicatos son organizaciones de trabajadores que ejercen una actividad profesional o económica para la defensa y promoción de los intereses de los mismos, y para lograr mejores condiciones de vida.
La Ley Nº23.551 de Asociaciones Sindicales, establece que la libertad sindical debe ser garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales.
ATE rechazó también la postura del gobernador quien responsabilizó a la acción sindical como obturadora del crecimiento de la provincia. Zamudio, en este sentido, explicó: “Queremos decirle a Zdero que no obstaculizamos el desarrollo de la provincia o del país. Quienes sí obstaculizan el crecimiento de esta provincia son los gobernantes no respetando las normativas vigentes para discutir salarios, condiciones laborales. No somos los culpables del escaso desarrollo de la provincia, eso es una responsabilidad de su gestión, así como es responsabilidad de la gestión garantizar la libre asociación sindical, el acceso a un salario y condiciones laborales dignas, pero al parecer, le queda mejor violar leyes vigentes que garantizan el funcionamiento de la democracia.
Es importante subrayar que la provincia del Chaco cuenta con un Convenio Colectivo de Trabajo que debe ser cumplimentado. Sin embargo, Zamudio recordó: “Llevan 10 meses de gestión sin convocar a los sindicatos con representación gremial a pesar de los reiterados pedidos de audiencia”. Y si bien, el Gobernador de la provincia ha llevado a cabo un incremento significativo en el sueldo de los agentes públicos, totalizando un aumento del 132,5% en relación a los sueldos de diciembre del 2023, por encima de la inflación acumulada, elude su obligación de convocar a la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP), marco legal donde se debe discutir los salarios y las condiciones laborales de las y los trabajadores estatales. Al establecer los incrementos salariales arbitrariamente, no se revisan las necesidades por sectores y eso genera inequidades entre sí.
Finalmente, el Gobernador no puede desligarse de su obligación respecto de discutir paritarias con los representantes sindicales porque implica violar los derechos consagrados en la Constitución Nacional y convenios internacionales que regulan las relaciones laborales en el sector público.
Este lunes 23 de septiembre a partir de las 14 horas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo un Plenario Federal de delegadas y delegados del Estado Nacional. La convocatoria tendrá lugar en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato (Belgrano 2527, CABA) y se espera una concurrencia mayor a mil referentes de base.
El cónclave tiene como eje la profundización del plan de acción de los estatales a partir de un nuevo vencimiento de los contratos de 65.000 agentes del Estado Nacional a fin de septiembre, la exigua paritaria salarial impuesta y el recrudecimiento de la criminalización de la protesta social, con la amenaza de denuncia penal contra el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
El lunes 30 de septiembre vencen los contratos de trabajadoras y trabajadores del Estado Nacional, cuyas vinculaciones laborales, sumamente precarizadas, vienen siendo prorrogadas cada tres meses, en el marco de un feroz plan de ajuste que se lleva adelante desde el 10 de diciembre del 2023. “A pesar que la Justicia en reiterados fallos nos dio la razón, el Gobierno insiste con producir cesantías ilegales en el Estado, afectando el derecho constitucional a la estabilidad en el empleo público”, señaló al respecto el principal referente estatal, Rodolfo Aguiar.
El plan de lucha que profundizará el sindicato tiene, además, como motivo central la paritaria a la baja que el gobierno de Milei impuso este mes, con un aumento del 2% para septiembre y otro 1% para octubre, además de la amenaza pública de cerrar la paritaria 2024 sin nuevos aumentos. Sobre ese punto, Aguiar remarcó: “Tenemos que ser capaces de quebrar al Poder Ejecutivo en su voluntad de congelar las paritarias en la Administración Pública Nacional”.
Parte de ello fue denunciado ya por ATE esta semana cuando el presidente hizo la presentación en el Congreso de los lineamientos del Presupuesto 2025 donde reivindicó el ajuste y además reclamó a los gobernadores un ajuste por 60 mil millones de dólares, que implicaría miles de despidos en organismos provinciales, municipales, recortes en áreas esenciales como Salud y Educación y la paralización total de la obra pública.
“La denuncia penal que se impulsa desde la Secretaría de Transporte es un intento de criminalizar los reclamos que llevamos adelante los estatales, con la clara intención de acallar nuestras voces, pero no van a lograrlo. Estamos convencidos que los delitos los cometen aquellos que pretenden a puro veto y DNU reformar la Constitución”, enfatizó Aguiar en relación al anuncio que desde el Gobierno se realizó durante la jornada de ayer, cuando promediaban las protestas de las y los trabajadores aeronáuticos. En dicha instancia, Franco Mogetta, al frente de la secretaría, informó que se denunciará penalmente al Secretario General de ATE por el delito de infundir el temor público en la sociedad, estipulado en el artículo 211 del Código Penal de la Nación, con lo que se profundiza la criminalización y represión de la protesta social en nuestro país, vulnerando y violentando el derecho de huelga y protesta.
En medio de la incertidumbre salarial y laboral existente, por el ajuste que a nivel nacional impuso el presidente Javier Milei, el Secretario General de la ATE Tucumán, Jorge Flores, señaló que el objetivo primario a nivel provincial es “lograr que ningún trabajador o trabajadora del Estado tucumano perciba salarios por debajo de la línea de pobreza”.
En este sentido Flores dijo que “en las sucesivas reuniones que tuvimos con el gobierno de la provincia les hemos planteado que las y los trabajadores estamos haciendo el esfuerzo ante las dificultades económicas, pero que también pretendemos salarios dignos, que nos ubiquen por encima de la línea de pobreza”.
En este marco la semana pasada se rubricaron acuerdos salariales en las 4 paritarias donde ATE tiene participación: administración central, Salud, municipios y subsidio de Salud (obra social provincial).
Sobre estos acuerdos, Flores detalló que “para el sector de la administración centralizada y en los municipios hemos conseguido una suba salarial del 15%, que se abonan en dos tramos consecutivos con los salarios de agosto y septiembre, con lo cual el piso salarial que teníamos en julio era de 500.000 pesos y a partir de septiembre será de 600.000 pesos”. En tanto que en las otras dos paritarias, acotó Flores “será un piso de 750.000 pesos en el área de Salud Pública y de 700.000 pesos en la obra social”.
Respecto a la evolución de los ingresos de la provincia el titular del Consejo Directivo Provincial indicó que “el gobierno nos informó que la Coparticipación Federal tuvo una caída del 18%, que fue uno de los ejes de discusión en la última negociación salarial”, pero agregó “también nos dijeron que en octubre esperan una mejora de los ingresos por lo que entendemos, también estarán también dadas las condiciones para mejorar el ingreso salarial”.
En cuanto al proyecto de Retiro Voluntario que se votó en la Legislatura provincial, Flores destacó que “el gobierno no tuvo por parte de trabajadoras y trabajadores la aceptación que pretendía”.
De todas maneras, aclaró que el proyecto aprobado “se trata de un retiro voluntario por 4 años, luego pueden volver. Las y los trabajadores que lo aceptan cobran el 70% del sueldo en actividad y gozan de todos los aumentos que se establezcan en la misma proporción (70% del aumento”.
También dijo que “más que al Estado provincial el retiro apuntaba más a las comunas, donde está la mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores de la provincia”.
Por último subrayó que para reforzar el ingreso de quiénes ya están en edad de jubilarse “hemos logrado que obtengan una categoría más”.
