El fracaso de las políticas impuestas por el ex ministro de Economía Martín Guzmán, producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica la aceptación incondicional de sus imposiciones en la aplicación de políticas de ajustes, y el blanqueo de la estafa producida entre Macri y el FMI, ha llevado a nuestro país a una fuerte crisis económica y social.
La aplicación de ese acuerdo ha implicado un agravamiento de un cuadro de inflación que ya venía creciendo a causa de la especulación de las empresas transnacionales. El Gobierno, por su parte, ha sido impotente en poner límites y frenos a los formadores de precios. De continuarse con estas políticas, la situación se agravará con un cuadro recesivo que impactará de manera negativa en el conjunto del pueblo argentino.
El fracaso de esta política ha tenido como consecuencia la renuncia del Ministro de Economía Martín Guzmán, que había abierto la perspectiva de un cambio de rumbo para retomar una agenda de redistribución de ingresos y fortalecimiento del mercado interno.
A poco más de una semana de haber asumido, notamos que lamentablemente este cambio no sucederá: en vista de lo que expresó en sus primeros anuncios la recién asumida ministra Silvina Batakis, se ha ratificado el acuerdo con el FMI y la aplicación de sus imposiciones. También se profundiza el rumbo económico social del anterior ministro, incluyendo nuevas medidas de ajuste fiscal, que van a condicionar la autonomía soberana del Estado Nacional para dar respuestas a los graves problemas de pobreza, desocupación y precarización laboral en el país. Esos anuncios implican un mensaje para satisfacer las demandas y del FMI y de las empresas transnacionales.
Por otra parte, han quedado afuera todos los anuncios tendientes a responder a las demandas salariales, sociales y laborales del pueblo trabajador, de los sectores de la pequeña empresa y del movimiento cooperativo del campo y la ciudad.
Ante esta crisis económica y política, la Conducción Nacional de la CTA acordó que la respuesta debe ser con más organización, más debate y más iniciativas políticas para fortalecer la unidad del campo popular.
Es por eso que la CTA se ha declarado en estado de alerta y movilización. Su Comisión Ejecutiva Nacional ha asumido el mandato de las más de 300 asambleas populares que se realizaron con otras organizaciones sociales y sindicales del campo popular este miércoles 13 de julio en todo el país, en demanda de la urgente aplicación de un Salario Universal que permita terminar con el hambre de más de 4 millones de ciudadanos y ciudadanas. En la misma línea, la Central insiste en la inmediata convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que permita superar el altísimo nivel de inflación existente, reclamando un aguinaldo para los beneficiarios de Salario Social Complementario; y un aumento de emergencia para las y los trabajadores activos, jubilados y asignatarios de la Asignación Universal por Hijo, además de la continuidad de la moratoria que permite a miles de trabajadores acceder a derechos previsionales.
También definió convocar a la más amplia unidad de las organizaciones que coincidan con estos planteos y propuestas, y reiterar el reclamo al Ministerio de Trabajo para que se acelere la resolución de solicitudes de inscripción y personería gremial y extensión de representación para las organizaciones simplemente inscriptas tal como fue expresado en la movilización del 7 de julio.
De no tener una inmediata respuesta satisfactoria por parte del Gobierno, la CTA Autónoma se plegará a la decisión de las asambleas que por unanimidad han decidido convocar a la más amplia unidad de sectores del campo popular para la concreción de una Jornada Nacional de Lucha con asambleas y cortes parciales de ruta en todo el país el próximo 20 de julio.
De continuar la falta de respuestas se continuará con un plan de acción para que se avance en este programa de medidas para que en la Argentina la crisis no la paguen los sectores populares, sino los que contrajeron la infame Deuda Externa que aun en plena crisis continúan enriqueciéndose a costa del pueblo.
El Gobierno debe asumir que ante este escenario de disputa de intereses de los sectores especulativos y los fugadores de capitales, contra las mayorías empobrecidas del pueblo argentino, tiene la responsabilidad de canalizar las expectativas y necesidades urgentes en favor del pueblo. Pero también debe saber que la clase trabajadora no esperará pacientemente que esto suceda.
La dignidad de nuestro pueblo y la lucha por un Estado soberano son las exigencias. Por todo esto nuestra Central convoca a multiplicar los esfuerzos para ampliar la máxima unidad con los sectores populares en pos de estos objetivos.
Finalmente, la CTA repudia las acciones represivas y persecutorias que se han desarrollado en los comedores populares, abriendo causas a dirigentes sociales en Jujuy y en La Matanza; y afirma su solidaridad con los militantes y dirigentes procesados y detenidos. Libertad a los presos por luchar.
Ricardo Peidro, Secretario General
Hugo Godoy, Secretario General Adjunto
Claudia Baigorria, Secretaria General Adjunta
Maria Ana Mandakovic, Secretaria de Prensa
