Gracias a las gestiones realizadas por delegados de ATE Se.P.A.P.yS. se llevó a cabo una reunión con el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Tucumán, Ing. Fabián Soria.
En la misma se trataron los temas de la entrega de vehículos utilitarios para la repartición, que se respete el cupo de discapacidad y el cobro de haberes en primer término, ya que dicho organismo fue declarado como esencial en pandemia.
Por ATE Tucumán
Luego que el Gobierno de San Luis otorgara ese plus de 40 mil pesos para los agentes provinciales, el gremio solicitó que los intendentes tomaran medidas similares en función de la pérdida del poder adquisitivo que se profundiza cada año.
Sin embargo, salvo los municipios con mayor cantidad de trabajadores (en las ciudades con mayor cantidad de habitantes) casi no hubo “bono” para finalizar el 2022.
“Era algo de esperar por ahí, nosotros un poco preveíamos que esta situación podía llegar a pasar. La cifra que dio el gobierno provincial, y que nosotros aplaudimos, nos parecía un acto de justicia, era súper necesario entregar un bono de fin de año a los trabajadores provinciales. Nosotros siempre tenemos una mirada sobre estos anuncios del gobierno provincial que tienen llegar después de una u otra forma a los municipios. Bueno, en este caso no se dio”, lamentó Fernando Gatica, secretario general de ATE San Luis.
Si bien los municipios “grandes” pagaron el bono, otros, como Villa de Merlo, no lo hicieron. “Lo venimos diciendo desde hace mucho: una muy mala gestión que está llevando adelante el intendente de Merlo (Juan Álvarez Pinto), porque podría haber asegurado como otros municipios, quizás con fondos propios, y después realizar gestiones ante la provincia como lo han hecho otros municipios. Acá se priorizó lo político, de no ir a golpear las puertas de Terrazas del Portezuelo”, agregó el sindicalista.
Además de Merlo, hubo otros municipios, encabezados tanto por intendentes de Juntos por el Cambio como por jefes comunales afines al oficialismo provincial, que tampoco abonaron el plus y ni siquiera gestionaron un envío de fondos extra del Gobierno para afrontarlo.
“Este tipo de acciones demuestra que el personal es un gasto o que realmente los intendentes no tienen como prioridad o una cuestión importante el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras”, analizó Gatica.
Por otra parte, el dirigente evaluó que durante la presidencia de Alberto Fernández, los salarios del sector público perdieron “entre un 20 o 25 por ciento”, aunque remarcó que la pérdida es mayor, ya que la inflación solo es un número de referencia.
En este punto, rechazó la idea del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, de establecer un tope del 60% en las paritarias de este año, ya que especula con que la inflación se ubicaría en ese porcentaje. Alcanzaría tanto al sector público como privado.
“No parece, por cómo venimos (que la inflación sea del 60%). El 60% que plantea Massa por ahí es un 60% que seguramente tiene que ver con el acuerdo con el FMI”, resaltó, y añadió: “Las proyecciones dicen que va a ser mucho más de 60% entonces no podemos de entrada nomás empezar a limitar esta situación porque muchos gremios de la parte privada están viendo de que las paritarias no tengan más de tres meses de duración y me parece lo correcto. Nosotros acá en la provincia decimos que el salario se debe revisar mes a mes”.
Por www.sanluis24.com.ar
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) consideró un éxito la inscripción de las 10.694 personas que se sumaron a las tecnicaturas del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), dando cuenta de la importancia que tiene para los trabajadores y trabajadoras la formación, una premisa que siempre sostuvo el sindicato.
Entre las tecnicaturas más elegidas se destaca la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con 2.438 inscriptos, la Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa, con 2.382, la Tecnicatura Superior en Gestión de Servicios de Salud, con 944 y la Tecnicatura Superior en Gestión del Capital Humano, con 755. También es importante señalar la enorme cantidad de inscriptos en el ciclo secundario para Adultos Trabajadores con 2.544 inscriptos.
Otras Tecnicaturas propuestas fueron la de Comunicación Institucional y Gestión de las Organizaciones, Gestión de Gobiernos Municipales, Gestión de Obras sociales, Modernización y Gestión de Calidad, Seguridad Democrática y Gobiernos Locales, además de la oferta académica para Resolución de Conflictos, Senaf y Seguridad Vial.
“Valorizamos profundamente la apuesta del trabajador estatal a la formación y la capacitación permanente, lo cual queda demostrado en el cuantioso número de inscriptos que tenemos para las tecnicaturas”, señaló Selva Sánchez, directora de ATE en el IPAP.
Desde el sindicato se destacó así la importancia de este espacio, que no solo implica el crecimiento laboral y personal de los estatales, sino que por su éxito deja ver la importancia de contar, después de años de lucha, con un Instituto al alcance de todos.
Se solicitó formalmente a la Secretaría de Trabajo y seguridad Social que, como es de su competencia, convoque a Paritaria Provincial para dar inicio a la negociación salarial del 2023.
“En esta primera reunión del año es necesario que se formalice el último tramo de la recompensa del 2022. Ya conocido los índices inflacionarios del año pasado se tiene que efectivizar el 5,35% con los haberes de enero como quedó acordado en noviembre pasado”, señalaron desde el Consejo Directivo Provincial de Entre Ríos.
En este sentido además señalaron que: “Ante la renovación de los contratos de obra también se deberían actualizar los montos mensuales de estos. A diciembre del 2022 estaban a 78 mil pesos correspondientes a la actualización de septiembre, por lo que se debería aplicar el porcentaje de aumento correspondiente en los contratos de este año”.
Por ATE Entre Ríos
ATE Rosario, como parte de Sindicatos por el Ambiente, expresó su más enérgico repudio a la arbitraria detención y represión a vecinxs que trataron de impedir la tala de árboles en el Parque Sarmiento de Casilda. Desde hace mucho tiempo la Asamblea de Vecinxs viene reclamando contra la reducción del espacio verde en un ecosistema que padece las graves consecuencias de los agrotóxicos.
El problema surgió con la construcción del edificio de Tribunales Provinciales sobre terrenos que son de uso común en un ambiente urbano, donde “municipios y comunas avanzan en la cesión de estos territorios para desarrollos inmobiliarios. Este avance sobre los bienes comunes naturales es lo que se denomina extractivismo urbano, y es una forma más de quita de derechos a las personas”, sostiene un comunicado de Sindicatos por el Ambiente, y continúa diciendo que “el pueblo de Casilda dice Si a la construcción, pero No en este parque”.
En tanto, los vecinxs aseguran que hace meses que se están agotando “todas las instancias de diálogo posible” y han llegado al punto que el día 13 fueron reprimidos y detenidos quienes trataran de impedir la tala de añosos árboles en el Parque. Lo que constituye una pérdida irreparable para toda la zona.
Desde ATE Rosario y Sindicatos por el Ambiente, expresamos toda nuestra solidaridad con las y los habitantes de esta querida localidad del sur santafesino. Para que haya cada vez menos soja, motosierras y represión. Hacemos responsables a los gobiernos provincial y municipal por este accionar absolutamente antidemocrático, y solicitamos que la Corte Suprema de Justicia de la provincia y el senador departamental se pronuncien en contra de estos hechos y que se revea la ubicación del futuro edificio de tribunales.
Sindicatos por el Ambiente es un conjunto de organizaciones (ATE Rosario, Amsafe Rosario, Siprus, Sindicato de Prensa Rosario, Sindicato de Trabajadorxs Municipales, Sindicato de Jaboneros Rosario, docentes e investigadores de la UNR, Sindicato de obreros y empleados Aceiteros Rosario, SIPRUS y Sindicato la Bancaria Rosario, con la adhesión de la CTA Autónoma Rosario) que plantean el cuestinomiento a las dinámicas que impone el sistema de producción sobre el medio ambiente, que en muchos casos irreparablemente daña la biodiversidad, “como organizaciones fundamentales de la sociedad civil, decidimos no quedarnos ajenas a la degradación del medio ambiente y al ecocidio que ponen en severo riesgo las posibilidades de sostener una Vida en común”, aseguran sus fundadores.
Por prensa ATE Rosario
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acordó con el ministro de Trabajo Jorge Stopiello una serie de reuniones en la región Andina. El objetivo de los encuentros es tratar distintas problemáticas de los trabajadores de la zona.
Entre ellas, para el gremio es fundamental abordar el reclamo por el reconocimiento de tareas que llevan adelante los Guardas Ambientales. Cabe recordar que este sector se encuentra aún bajo la ley 1844 como administrativos o servicio de apoyo y en esta condición no cuentan con el reconocimiento por la función que ejercen, siendo trabajo de riesgo por el cual también se debe contemplar un salario acorde a la función que cumplen. En este sentido, desde la seccional Andina Sur de ATE manifestaron, además, la necesidad de personal y denuncian que esta unidad de conservación aún no cuenta con un Plan De Manejo aprobado, una herramienta fundamental para la gestión y el ordenamiento de las diversas actividades que se llevan a cabo dentro de la misma.
Otro conflicto tiene lugar en el sector de Senaf y Desarrollo Humano, donde el gremio denunció despidos en Bariloche a la par de una constante sobre carga de tareas en las distintas dependencias. Los trabajadores suman malestar por tener que poner de su bolsillo los teléfonos celulares y computadoras con los que realizan sus tareas ante la escasez de insumos.
Es así que ATE planteará, especialmente, la necesidad de ponerle fin de una buena vez a la precarización laboral, entre otros puntos.
El gremio consiguió que la comuna otorgue ese plus. También se dispuso un aumento en la bonificación del área de seguridad y de salud de un 50 por ciento. En enero se reunirán para cerrar la paritaria 2022.
El municipio de Pilar dispuso un bono de 50 mil pesos para las y los municipales y un aumento en la bonificación del área de seguridad y de salud de un 50 por ciento, lo que representa una suba de 10 mil pesos.
De la reunión fueron parte el intendente comunal Federico Achával; el dirigente de ATE bonaerense y responsable de la región norte, Oscar Sánchez; y la conducción de ATE Pilar encabezada por Carmen Pierce, secretaria general, y Oscar Radaelli, secretario adjunto.
Por otro lado, quedó plasmado que durante los primeros días del mes de enero volverá a convocarse a paritaria para darle un cierre a las negociaciones colectivas de 2022.
El pasado viernes, ATE San Luis, a través de un mensaje de su Consejo Directivo Provincial, repudió a los municipios que no han pagado el bono de fin de año a lxs trabajadores municipales.
«Cómo es de público conocimiento, el Gobierno Provincial, antes de las fiestas de fin de año pagó un bono de $40.000 cómo ayuda económica y compensación, debido a la crisis económica que vivimos en nuestro país. Conocida esta situación, desde ATE inmediatamente solicitamos a los municipios la adhesión inmediata a esta medida del gobierno provincial, entendiendo que era indispensable avanzar en una compensación económica urgente, en un sector del estado donde los salarios son los más bajos donde más afecta la inflación. Luego de ello, muchos municipios adhirieron a la medida, pero llamativamente algunos otros que consideramos estaban en condiciones pagar este bono de fin de año, no lo han hecho hasta el día de la fecha”, señalaron desde ATE.
“Frente a esta situación, advertimos que estos municipios en donde no se ha pagado el bono de fin de año y se han priorizado otras cuestiones, políticas y partidarias, sin pensar en el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras”, continúa el comunicado de ATE. Y detalla: «Ejemplo de esto son los municipios como el de Merlo, el Trapiche, La Punta, Santa Rosa del Conlara (este último municipio al menos aseguro un pago de $10000 a los trabajadores municipales entendemos con fondos propios de la municipalidad)».
“También consideramos como un hecho repudiable que municipios cercanos o del mismo espacio político de gobierno provincial, como lo son Buena Esperanza, Fraga y Quines, por nombrar algunos, no han realizado las gestiones ante el gobierno provincial, y por ende las y los trabajadores de esos municipios tampoco han cobrado este bono”, remarcaron desde ATE.
Para finalizar, el sindicato informó que a la brevedad se resolverá “qué tipo de medidas gremiales de visibilización realizaremos a fin de expresar nuestro descontento y rechazo a la falta de gestión de algunos municipios, a fin de priorizar el bienestar de las y los trabajadores por sobre cualquier otra cuestión”.
El comunicado finaliza insistiendo con el reclamo por el bono adeudado para todxs lxs trabajadores municipales de la provincia de San Luis.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) continúa denunciando los despidos arbitrarios en la empresa Servicios Ferroviarios del Chaco (SEFECHA). Las trabajadoras, afiliadas al sindicato, prosiguen con los actos de visibilización de la situación, y mantuvieron reuniones en la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y en la Cámara de Diputados de la provincia, con el acompañamiento del Consejo Directivo Provincial del gremio.
El 9 de enero las trabajadoras se reunieron nuevamente frente a Casa de las Culturas para denunciar la persecución y acoso de los que han sido víctimas, que culminó en algunos casos con la notificación de su despido en el marco de las fiestas, el 27 de diciembre. Las compañeras expusieron las cartas documentos y las denuncias previas realizadas por hechos de violencia dentro de la empresa.
Por esta razón, posteriormente mantuvieron una audiencia en la oficina de Violencia de Género, con las integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, Paula Oviedo y Nayla Bosch. En el marco de las denuncias concretadas por las trabajadoras, existe una de más de un año, que tiene avances judiciales en el fuero penal. Saúl Gaspar Colman, presidente del directorio de SEFECHA, fue denunciado por acoso sexual y tiene una medida de restricción perimetral, que actualmente incumple.
El 10 de enero, las afiliadas mantuvieron una reunión en Cámara de Diputados, con los legisladores Nicolás Slimel, presidente de la Comisión de Trabajo, y Mariela Quirós, integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Con el acompañamiento del secretario General de la CTA Autónoma provincial, Neri Salazar; la delegada de ATE Chaco, Érica Vargas; y el delegado Matías Villalba, se trató la situación de las trabajadoras con el fin de intentar avanzar en una resolución.
Cabe mencionar que las trabajadoras detentan entre tres y más de diez años de antigüedad y, en el marco normativo del estatuto de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco), en noviembre se designaron delegadas. Esto dio inicio a una persecución sistemática contra ellas y el desconocimiento del sindicato por parte de la patronal.
Salazar al respecto expresó: “Los despidos se dieron entre Navidad y Año Nuevo, fechas en las cuales toda la administración pública está en receso administrativo. En este sentido, es necesaria la intervención del Ministerio de Trabajo para clarificar la situación de la empresa, que pertenece a la Jurisdicción 23 del Ministerio de Infraestructura. Es decir que el Ministerio de Economía debería hacerse cargo de estos despidos, de alguna manera, porque es responsable solidario por ser el Estado el accionista mayoritario”.
“Por otra parte, los y las trabajadoras puede decirse que están en negro. Desde hace dos años no perciben aportes y también la situación con la obra social está comprometida. Desde la CTA Autónoma vemos con preocupación que se afecten los derechos laborales de los trabajadores, que las normativas legales sean ignoradas, y por eso pedimos al Ejecutivo que nos escuche para intervenir con claridad”, agregó.
Siguen los problemas en el Ministerio de Desarrollo Humano conducido por Aníbal Gómez, el malestar existente entre los trabajadores es innegable e indisimulable, diferentes intervenciones de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) muestran las inconsistencias e injusticias del modelo de gestión que perjudica enormemente a los trabajadores provocando violaciones a la Ley de Carrera Sanitaria y pérdida de derechos.
La situación empeoró en enero, a partir del Decreto 388/22 firmado por el gobernador Insfran que establecía el inicio del receso administrativo a partir del 27 de diciembre hasta el 31 de enero inclusive, y que sería renovado por todo el mes de febrero como es costumbre.
El decreto establece que los turnos de trabajo de la administración pública se reducen a 4 horas diarias como máximo, y además solicita a los ministros, subsecretarios y directores que garanticen la licencia anual de cada trabajador, que como estipula la ley deben ser otorgadas en su mayoría entre los meses de enero y febrero.
En este sentido, desde ATE Formosa sostienen que: “En el caso de los trabajadores de la salud esto no está ocurriendo, sino todo lo contrario, les niegan la licencia directamente, o les recortan a muy pocos días. Incluso el Ministro Aníbal Gómez firmó un memorándum n° 043/22 el 29 de diciembre solicitando a los directores que las licencias que se otorguen, no superen los 15 días de corrido, dando lugar a interpretaciones confusas, ya que la ley de carrera sanitaria establece que los días de licencias del personal de salud corresponden exclusivamente a días hábiles, que dichas licencias deben ser otorgadas al finalizar el año calendario, no como ahora que deben en la mayoría de los casos licencias del año 2020 y 2021, ni que hablar del 2022; que las licencias anuales deben ser otorgadas de una sola vez o a lo sumo podría dividirse hasta en dos partes, no en cuotas a lo largo del año como lo viene haciendo el ministerio hasta ahora”.
Fabián Sinsig, integrante del Consejo Directivo Provincial de ATE Formosa explicó además: “Tenemos casos donde algunos directores otorgaron 10 días de licencias a su personal, pero los obligan a hacer las guardias mientras están de licencia, eso es insólito y ridículo, es una falta de respeto total a las normas y al sentido común. En muchísimos casos las enfermeras/os son presionados para que hagan las guardias de recargo si o si para evitar ser apercibidos, tenemos un caso donde la directora de un centro de salud informó faltas de una compañera para que RR.HH. le aplique el descuento en sus haberes, la razón era que la enfermera no vino a cubrir las guardias de recargo, pero ella estaba de licencia, y además se encontraba en el interior de la provincia; la directora del centro de salud la llamó para que venga a hacer sus horas de recargo, la enfermera le explicó que eso era imposible, porque ella estaba de licencia y además estaba fuera de la ciudad, entonces la directora le replicó que busque una reemplazante para ella porque ese era su problema, sino sería abandono de servicio. Y de hecho, la directora informó sus ausencias para que le descuenten de su salario desconociendo su licencia y sus derechos”.
En relación al memorándum que promueve el recorte sustancial de los días de descanso debido al aumento de casos de COVID, Sinsig explicó: “El ministerio tiene toda la facultad para organizar el personal y tomar todas las medidas pertinentes en el caso de aumentos de contagio, pero no puede desconocer derechos adquiridos y garantizados por la ley ni tampoco manejarse con arbitrariedades como lo viene haciendo hasta ahora. El destrato que sufren los trabajadores y trabajadoras de la salud empeoró con la pandemia. No hay razón para presionar tanto para que no tengan derecho al descanso, los médicos y enfermeros también se cansan, con más razón ellos que vienen desde hace tres años poniéndose al frente sin descansar prácticamente, mucho reconocimiento de la boca para fuera, pero en los hechos nada. La manipulación y los negocios que permiten el manejo discrecional de las horas de recargo es grosera, éticamente despreciable, lo hacen los directores con los jefes superiores, hay gente que cobra hasta 700 hs de guardia, eso es sencillamente imposible, es decir hay algunos privilegiados que cobran pero no trabajan, y por otro lado a los que cobran pocas guardias extras los presionan para que vengan a trabajar mientras están de licencia… Hay importantes sectores del ministerio donde todo se maneja con altos niveles de irregularidades, con un fuerte sesgo autoritario y sienten que la protección política de la que gozan los habilita a hacer lo que quieran, sin importar el avasallamiento a los derechos de los trabajadores, ni el que dirán cuando cobran sus jugosas horas extras”.
Por último, señaló que: “Si tuviéramos la Ley de Paritarias, estas cosas no ocurrirían, pero el gobierno de Insfran se niega a que los trabajadores estatales tengamos la posibilidad de discutir con los jefes no solamente los salarios, sino también las horas extras, las licencias, las promociones y las categorías, las condiciones de trabajo en general”.
Por prensa ATE Formosa
