El Consejo Directivo Nacional de ATE, a través de notas enviadas a Kelly Olmos, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y a Ana Castellani, secretaria de Empleo Público, reclamó la revisión de la paritaria nacional 2022, en un contexto en el «que la inflación conspira permanentemente contra el poder adquisitivo de les trabajadores».
El sindicato también solicitó que se incorpore una suma fija de $30.000 como parte integrante del salario de lxs trabajadores, y que se refuercen los salarios aquellos convenios colectivos de trabajo sectoriales más postergados.
«El salario no alcanza. Todavía existen compañeres con salarios por debajo de la línea de la pobreza: algunos convenios colectivos de trabajo sectoriales inician en niveles salariales muy inferiores a la Canasta Básica Alimentaria. No se puede naturalizar que quienes trabajen en el Estado nacional sean pobres», expresaron.
Además, ATE demandó que se cumplan las metas de regularización del empleo previstas a partir del Plan Integral de Regularización del Empleo Público, porque terminar con «la precarización laboral» requiere de «una política de Estado efectiva». A la fecha, denuncia ATE, de los 30.000 comprometidos «apenas más de 2.200 compañeres fueron designades en sus cargos».
Las cartas enviadas a la ministra Kelly Olmos y Ana Castellani incluyen 14 puntos entre los que se insiste en la reincorporación de lxs despedidos durante el Gobierno de Mauricio Macri y cuestiones vinculadas a la progresión horizontal, horas extra, presentismo, licencias, entre otros.
El texto completo de la carta:
«En nombre y representación del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), asociación sindical de primer grado, con personería gremial Nº 2 y domicilio legal en la Av. Belgrano 2527 de esta ciudad, ante Ud. nos presentamos y manifestamos:
Que resulta urgente que el Estado empleador convoque a la reunión de revisión de la Paritaria Nacional 2022 que fue acordada -en septiembre del año pasado- para el mes en curso. Son más de 132.000 trabajadoras y trabajadores que esperan esta instancia, cuyas condiciones salariales y laborales deben mejorarse sustancialmente.
Que el salario no alcanza. Todavía existen compañeres con salarios por debajo de la línea de la pobreza: algunos convenios colectivos de trabajo sectoriales inician en niveles salariales muy inferiores a la Canasta Básica Alimentaria. No se puede naturalizar que quienes trabajen en el Estado nacional sean pobres.
Que la inflación conspira permanentemente contra el poder adquisitivo de les trabajadores. La inflación de 2022 fue de 94,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la cifra más alta desde 1991. Al tiempo que según lo registrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su informe “Resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)”, la inflación acumularía un 29,4% entre enero y mayo de 2023 -fin del presente período paritario- y un 98,4% para todo el año en curso.
Que las políticas de reducción del gasto primario llevada a cabo por el Estado nacional con el objetivo de cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI) -especialmente desde julio del año pasado-, agravan este cuadro. Entre las medidas tomadas se pueden mencionar la quita de subsidios a los servicios públicos (luz, gas, agua y transportes en el AMBA) o en los recortes presupuestarios en distintos programas. El presupuesto de 2023 indica que siguen los mismos lineamientos.
Que además, el Estado nacional ha otorgado una serie de beneficios al capital concentrado, principalmente del sector agrario, para motivar la liquidación de las divisas y así robustecer las reservas del BCRA. Sectores ya favorecidos por el aumento del ritmo de las devaluaciones mensuales.
Que, por lo tanto, el Estado empleador debe conducir sus mayores esfuerzos para dignificar los salarios de les trabajadores de la Administración Pública Nacional. Es urgente la necesidad de adoptar medidas que eleven los pisos salariales con un criterio redistributivo de la riqueza, de justicia social y equidad.
Que, además, la lucha contra la precarización laboral tiene que ser una política de Estado efectiva. El compromiso asumido de pasar a planta permanente a más de 30.000 compañeres para fines de 2023 -a través del Plan Integral de Regularización del Empleo Público-, hoy parece una utopía: en la actualidad, apenas más de 2.200 compañeres fueron designades en sus cargos. Las metas de regularización del empleo no se están cumpliendo: los plazos siguen corriendo y el tiempo para lograrlas se agota.
Que es urgente avanzar con la adecuación de las herramientas normativas y convencionales con el objetivo de acelerar los concursos, y así garantizar el acceso a la planta permanente y la estabilidad de les trabajadores en el menor tiempo posible.
Que para mejorar las condiciones salariales y laborales de les trabajadores de la Administración Pública Nacional, nuestros reclamos son:
- Incorporar una suma fija de $30.000 como parte integrante del salario de les trabajadores.
- Instrumentar la apertura de las negociaciones en todos los convenios colectivos de trabajo sectoriales que dependen del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto 214/06 (CCTG 214/06).
- Reforzar los salarios de les trabajadores de aquellos convenios colectivos de trabajo sectoriales más postergados.
- Actualizar los valores asignados a los grados (progresión horizontal) en todos los convenios colectivos de trabajo sectoriales que dependen del CCTG 214/06.
- Extender la realización de horas extras, sin topes, para todos los convenios colectivos de trabajo sectoriales que las habiliten.
- Incorporar el Premio Estímulo a la Asistencia (presentismo) como parte integrante del salario de les trabajadores.
- Reconocer los títulos técnicos de escuelas nacionales y los posgrados.
- Sumar el Curso-Concurso como modalidad de selección en el marco del Plan Integral de Regularización del Empleo Público.
- Eliminar el período de prueba establecido de 12 meses para la adquisición plena de la estabilidad, para quienes regularizan empleo con 5 años o más de experiencia laboral en la Administración Pública Nacional -en reconocimiento de la antigüedad ya adquirida, dado que ya son estatales y no ingresantes-.
- Abonar la pauta salarial y extender las mejoras sectoriales que se acuerden a les trabajadores monotributistas, como les contratades por el Decreto 1109/17 y formas similares.
- Regularizar el empleo de les colectives mencionades en el punto inmediato anterior.
- Modificar el régimen de licencias, justificaciones y franquicias actual, vigente desde la Dictadura Cívico-Militar-Clerical, por un Acuerdo de Derechos a Licencias en la Administración Pública Nacional de carácter federal, democrático, inclusivo y con perspectiva de género.
- Garantizar el efectivo cumplimiento del cupo del 4% para el ingreso de las personas con discapacidad en todas las entidades, jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional. Y de idéntica manera con el cupo del 1% para personas travestis, transexuales y transgénero.
- Reincorporar de forma inmediata a todes les trabajadores despedides durante el Gobierno macrista.
- Fortalecer al Estado requiere de la jerarquización de sus trabajadoras y trabajadores, con salarios dignos y estabilidad laboral. El mandato que se le dió al Gobierno a través de las urnas es la defensa de los derechos y necesidades del campo popular, y no ceder frente a la voracidad de los grupos de poder concentrados. Es necesaria una respuesta que honre ese mandato».
Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.
POR EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO:
Hugo «Cachorro» Godoy, secretario General
Rodolfo «Rody» Aguiar, secretario General Adjunto
Mercedes Cabezas, secretaria de Organización
Flavio Vergara, Director de Negociación Colectiva
