La Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) continúa denunciando los despidos arbitrarios en la empresa Servicios Ferroviarios del Chaco (SEFECHA). Las trabajadoras, afiliadas al sindicato, prosiguen con los actos de visibilización de la situación, y mantuvieron reuniones en la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y en la Cámara de Diputados de la provincia, con el acompañamiento del Consejo Directivo Provincial del gremio.

El 9 de enero las trabajadoras se reunieron nuevamente frente a Casa de las Culturas para denunciar la persecución y acoso de los que han sido víctimas, que culminó en algunos casos con la notificación de su despido en el marco de las fiestas, el 27 de diciembre. Las compañeras expusieron las cartas documentos y las denuncias previas realizadas por hechos de violencia dentro de la empresa.

Por esta razón, posteriormente mantuvieron una audiencia en la oficina de Violencia de Género, con las integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, Paula Oviedo y Nayla Bosch. En el marco de las denuncias concretadas por las trabajadoras, existe una de más de un año, que tiene avances judiciales en el fuero penal. Saúl Gaspar Colman, presidente del directorio de SEFECHA, fue denunciado por acoso sexual y tiene una medida de restricción perimetral, que actualmente incumple. 

El 10 de enero, las afiliadas mantuvieron una reunión en Cámara de Diputados, con los legisladores Nicolás Slimel, presidente de la Comisión de Trabajo, y Mariela Quirós, integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Con el acompañamiento del secretario General de la CTA Autónoma provincial, Neri Salazar; la delegada de ATE Chaco, Érica Vargas; y el delegado Matías Villalba, se trató la situación de las trabajadoras con el fin de intentar avanzar en una resolución.

Cabe mencionar que las trabajadoras detentan entre tres y más de diez años de antigüedad y, en el marco normativo del estatuto de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco), en noviembre se designaron delegadas. Esto dio inicio a una persecución sistemática contra ellas y el desconocimiento del sindicato por parte de la patronal.

Salazar al respecto expresó: “Los despidos se dieron entre Navidad y Año Nuevo, fechas en las cuales toda la administración pública está en receso administrativo. En este sentido, es necesaria la intervención del Ministerio de Trabajo para clarificar la situación de la empresa, que pertenece a la Jurisdicción 23 del Ministerio de Infraestructura. Es decir que el Ministerio de Economía debería hacerse cargo de estos despidos, de alguna manera, porque es responsable solidario por ser el Estado el accionista mayoritario”.

“Por otra parte, los y las trabajadoras puede decirse que están en negro. Desde hace dos años no perciben aportes y también la situación con la obra social está comprometida. Desde la CTA Autónoma vemos con preocupación que se afecten los derechos laborales de los trabajadores, que las normativas legales sean ignoradas, y por eso pedimos al Ejecutivo que nos escuche para intervenir con claridad”, agregó.