En una protesta llevada a cabo en la esquina de Corrientes y Tránsito Cáceres de Allende -frente a la Terminal vieja de ómnibus- trabajadoras y trabajadores del área Penal Juvenil de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) repudiaron las condiciones de precarización laboral en que deben cumplir sus funciones y los sueldos de hambre y miseria que impone el Gobierno de Córdoba en el organismo.
La medida de fuerza estuvo encabezada por el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, junto a miembros de Comisión directiva, sectores provinciales como Salud y nacionales como integrantes de la Mesa Nuclear de ATE. También estuvo presente la legisladora del Frente de Izquierda Unidad, Noelia Agüero, y la titular del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba, Carmen Gonzalez, que se comprometió a tramitar con las autoridades el reclamo de las trabajadoras.
Se trató de una jornada plena de lucha que celebraron el conjunto de las y los compañeros presentes ya que “hacía mucho que no lográbamos salir a la calle por el miedo que imponen los funcionarios a cualquier tipo de protesta y organización sindical. Pero hoy rompimos el cerco del miedo y decimos tienen que cambiar muchas cosas en la SENAF”, alentó la delegada de ATE Virginia Ayala.
Convocada por los trabajadores de SENAF Penal Juvenil, la jornada de lucha confloyó con compañeros del 102, del Complejo Esperanza, de Protección de Derechos y de Lelikelen.
Desde el comienzo de la protesta las y los compañeros presentes realizaron un corte de calle, obligando a los colectivos y al tránsito en general a desviarse.
En la ocasión, la delegada Irina Silberman alentó a continuar consolidando la organización sindical e invitó a participar de otra acción de protesta el martes próximo frente al ingreso del Complejo Esperanza, para llevar el reclamo a todos los sectores que integran la SENAF, en línea a lo resuelto en el Plenario de Delegados provinciales realizado la semana pasada.
“Estamos realizando esta asamblea abierta, con una intervención artística para el día de la primavera. Para nosotras no hay primavera con los salarios de pobreza, y menos con las condiciones de precarización que tenemos: monotributistas con 5 años de antigüedad en el área Penal Juvenil, pero en toda SENAF las hay con 10 años en esa condición”, dijo Ayala.
Y explicó que las becarias cobran salarios de 60 mil pesos, dando cuenta de la situación de explotación que sufren esas compañeras.
Un cuadro preocupante
“Trabajamos con juventudes en permanente estado de vulnerabilidad, con muy pocos recursos ante situaciones muy comprometidas. Hace poco se notificó un salario para las profesionales de 177 mil pesos que no alcanza siquiera para cubrir la línea de la pobreza. Se trata de profesionales como psicólogas, trabajadoras sociales, operadoras, que tienen el derecho de cobrar como corresponde. Merecen un reconocimiento que no tienen de parte del Estado, y tienen derecho a que no se las persiga por su actividad sindical, por afiliarse y reivindicar lo que les corresponde”, prosiguió Ayala.
Con la excusa que las compañeras no son monotributistas del Estado sino que ejercen a través de convenidos que el Estado suscribe con ONGs, los funcionarios se niegan a efectivizan contratos en la SENAF. “La intervención de las ONGs solo es a título de triangular y tercerizar el pago de los monotributos, ya que las compañeras no prestan ningún tipo de servicio en estas entidades, todas sus tareas se realizan los establecimientos estatales, al igual que el personal de planta. Ellas no conocen a nadie de estas ONGs ni tiene ningún vínculo salvo emitirles la factura mensual. El Ministerio de Justicia y DDHH, a través de la ministra Laura Echenique, debe transparentar los contratos que disponen”, concluyó la delegada.
Juventud abandonada
Por otro lado, en la protesta se hizo pública, una vez más, la situación de desamparo que atraviesan las juventudes victimas de la drogodependencia, sin que exista en al actualidad ningún establecimiento estatal para abordar la problemática para las y los jóvenes de entre 15 y 18 años, desde que el Gobierno de Cordoba ordenó la clausura del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD).
“Estos jóvenes están abandonados a su suerte. No existe hoy un dispositivo estatal para atender esa franja de jóvenes con problemas de policonsumo, siendo esta enfermedad una problemática central en el público de la SENAF. Ni el Hospital Neuropsiquiátrico, que recibe a partir de los 18 años, ni el Hospital de Niños, que lo hace hasta los 15 años, cubren esta demanda. Hay un limbo que han dejado atender y que es un ejemplo de la falta de atención de la situación”, denunció el trabajador de la SENAF, Humberto Cabral.
Por Prensa ATE Córdoba
