Bajo el lema ‘La seguridad Social que queremos’, este jueves, en el Hotel 27 de Junio, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se llevó adelante la segunda jornada del Encuentro de Pensionistas y Jubilados de América. Organizado por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) y la Unión Internacional de Sindicatos (UIS), la actividad cuenta con la participación de delegaciones de México, Brasil, Argentina, República Dominicana, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Honduras, Venezuela, Puerto Rico y Perú. Entre estos participantes también está Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados (CNTJyP) de la ATE.
Entre los objetivos principales del evento está generar un espacio regional de debate que ponga en discusión las políticas públicas destinadas a garantizar trabajo digno, con protección social para todas y todos los trabajadores, que permitan una recomposición real de los haberes jubilatorios, analizar la importancia de la Seguridad Social, en especial la cuestión previsional.
Durante la jornada de apertura del día miércoles 23, el Secretario General de la ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, hizo alusión a la situación previsional de la Argentina y sostuvo que “a nadie escapa que la previsión social es un derecho que está herido de muerte a partir de que asumió un Gobierno de extrema derecha que vino a quitarnos todos nuestros derechos, a destruir los puestos de empleo y a demoler nuestros ingresos”.
Dentro de la discusión que debe hacerse Aguiar también señaló que debe debatirse lo que ocurre con el PAMI y con el ANSES, que han estado intervenidos permanentemente no sólo por este Gobierno. “Han sido la caja negra de la política en la Argentina para absolutamente todos los gobiernos. ¿Qué dice la Constitución Nacional y cuál es el primer eje de lucha? La normalización del PAMI. La Constitución es clara, dice que la obra social debe estar administrada por sus interesados, que no son otros que los jubilados y los trabajadores activos. Con participación estatal, sí, pero minoritaria y sólo a los efectos de ejercer el contralor”, subrayó.
En un mismo sentido la Presidenta del CNTJyP, Noelia Guzmán, afirmó que “lo que padecemos hoy en la Argentina se padece en toda Latinoamérica” y convocó a desarrollar un amplio debate respecto a la crítica situación que padecen las y los jubilados en la región.
En la actividad matutina del jueves se desarrollaron dos paneles con especialistas de Latinoamérica en la temática previsional, laboral y económico, entre quiénes se encuentran los especialistad de ATE Horacio González, Luciano Goinzález Etkin y Horacio Fernandez.
Se espera que a última hora se tenga listo el documento final, que será presentado y debatido por las doce representaciones en la mañana del viernes, en la misma sede del Hotel 27 de Junio.
En el marco del conflicto por el cierre de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA, ex IOSFA), el traspaso del personal civil de Planta Permanente a las Fuerzas Armadas, el despido del personal contratado con décadas de antigüedad en los complejos turísticos, la pérdida de viviendas para decenas de familias que viven en dichos complejos y el incierto destino de los hoteles, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba se movilizó en la localidad de Ascochinga, en la rotonda de ingreso de la localidad y en el Hotel Estancia Golf del IOSFA para denunciar el despido de personal y la defensa del sector hotelero.
Se trató de una acción gremial que despertó la solidaridad y el compromiso de los municipios del corredor Sierras Chicas, donde las y los trabajadores viven y contribuyen a la actividad económica de la región.
La protesta estuvo encabezada por integrantes del Consejo Directivo Provincial (CDP) del Sindicato, al tiempo que una delegación de ATE visitó a dos legisladores provinciales, como la oficialista Luciana Presas, representante departamental por Colón, y su par Fernando Luna, legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) de Cruz del Eje, para impulsar un pronunciamiento de la Unicameral en rechazo a la política nacional del Gobierno de Javier Milei en la materia.
En declaraciones a la prensa local, la trabajadora del IOSFA e integrante del CDP de la ATE cordobesa, Marcela Chávez, afirmó que las instalaciones están siendo vaciadas y que el personal está sufriendo cruelmente la incertidumbre del destino de sus puestos de trabajo. “Nos encontramos con compañeros llorando, compañeras que son sostén de familia, la situación es horrible”, advirtió.
La medida del Gobierno impacta sobre complejos emblemáticos de las sierras cordobesas (como la Residencia Serrana de La Falda, el Hotel Golf de Ascochinga, la Residencia de Cosquín y la Hostería de Villa General Belgrano). El vaciamiento de esta infraestructura turística y el inminente cese de contratos –que afecta de forma directa a trabajadoras y trabajadores precarizados que carecen de garantías de continuidad a partir de los próximos meses- atenta directamente contra el motor económico de estas localidades. Al privar a estos municipios de su histórico flujo de turismo social, se arrastra a la quiebra indirecta a comerciantes y prestadores de servicios regionales, golpeando con dureza las economías locales.
Junto a Chávez estuvieron presentes en la protesta la Secretaria Adjunta del CDP, Gabriela Alcoba, su par de Prensa y miembro del Consejo Directivo Nacional (CDN), Julia Giuliani, el integrante de la Secretaría de Convenios Colectivos de Trabajo, Leonardo Barrios Caro, el Secretario de Organización, Javier Bracamonte, la Secretaria Adjunta de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) cordobesa, Silvia Alcoba, los delegados Vladimir Suárez, Luis Tapia y Florencia Piccardo, y la integrante del CDP, Mariela Lozano, entre otras y otros.
También participaron de la protesta el Intendente de La Granja, Miguel Pittaro, el Secretario de Gobierno de Salsipuedes, Lucas Combina, y el Concejal de Salsipuedes, Osvaldo Martínez.
Municipios
En ese contexto, distintos municipios del corredor Sierras Chicas se expresaron en contra del cierre de los complejos hoteleros, como las municipalidades de La Granja, Cerro Azul y Agua de Oro.
El Intendente de La Granja, Pittaro, se pronunció en una nota en la que aseguró: “Detrás de cada puesto de trabajo eliminado se encuentra una familia que pierde su sustento económico diario, lo que repercute en un escenario de vulnerabilidad socioeconómica y en una evidente caída de la actividad económica interna de nuestra localidad y de la región”.
Por su parte, la Presidenta Comunal de Cerro Azul, Natalia Di Pace, manifestó su enérgico rechazo “ante la masiva ola de recesión de contratos, pases a disponibilidad y posibles cesantías de trabajadores que desempeñan sus funciones en el Hotel Colonia Estancia Golf”, añadiendo una exhortación a las autoridades del IOSFA y al Gobierno Nacional para que dispongan “las medidas necesarias que permitan garantizar la estabilidad laboral y el respeto por los derechos de los trabajadores, como así también procurar la continuidad del funcionamiento” del hotel, ya que entiende que el mismo “constituye una fuente de empleo y una actividad vinculada al desarrollo turístico y económico de la región”.
A su turno, el Intendente de Agua de Oro, Miguel Aguirre, decretó el más enérgico repudio de la Municipalidad a “la ola masiva de rescisiones contractuales y posibles cesantías de trabajadores que se desempeñan” en el hotel. En la misma línea que la expresiones anteriores, Aguirre instó a las autoridades nacionales “a la apertura de canales de diálogo institucionales que garanticen la continuidad laboral y el respeto por los derechos de los trabajadores”.
Asimismo, el Espacio Político Todos Somos Salsipuedes y el Partido Justicialista (PJ) de Salsipuedes expresaron su solidaridad, adhesión y acompañamiento a las y los trabajadores del OSFA. “Desde nuestro espacio político consideramos fundamental defender el trabajo, las fuentes laborales y los derechos de las familias trabajadoras, promoviendo el diálogo y la participación de quienes desarrollan sus tareas en estos establecimientos”, en relación a los complejos hoteleros del OSFA en la provincia.
En la Legislatura
En la visita a la Legislatura, una comitiva de trabajadores del personal civil de las Fuerzas Armadas, integrada por Víctor Lecuona y Alejandro Charra, se reunieron con la legisladora Presas y el legislador Luna donde los pusieron en conocimiento del traspaso los hoteles a las fuerzas armadas de origen, que implica el despido de 300 trabajadores “ya que no se dispone en el decreto que ordena el traspaso cuál es el destino de los y las trabajadoras, sino solo de los edificios”, explicó Charra.
ATE Córdoba ya había solicitado esta semana la intervención de diputados y senadores nacionales ante la gravedad de la situación.
En un clima de comprensión y respeto, ambos legisladores recibieron la preocupación de la ATE cordobesa por el riesgo que se cierne sobre 300 fuentes de trabajo en la Provincia de Córdoba y lo que esto representa.
“Además, entrevemos la intención del Gobierno Nacional de vaciar los hoteles para decir que no funcionan, que no sirven, y así liquidarlos hacia algún empresario amigo, como es la práctica habitual de los libertarios, para hacer un negocio inmobiliario con los terrenos y los edificios que han pagado los afiliados de la obra social durante toda su vida con el costo del 6% que nos sacan del sueldo mensual a todos los trabajadores de las Fuerzas Armadas”, concluyó Charra.
En el marco de una jornada de protesta de alcance nacional, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) La Pampa participó el pasado sábado por la tarde, junto a la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), a la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T), a agrupaciones políticas de izquierda, a otros sindicatos, a organizaciones sociales y políticas, y a ciudadanos autoconvocados, de la denominada ‘Marcha de la Bronca’ en la plaza San Martín de la capital provincial pampeana.
La movilización, que dio inicio pasadas las 18hs en el principal paseo público santarroseño, canalizó un variada batería de reclamos dirigidos de forma directa contra el Gobierno Nacional. Entre las principales consignas expresadas durante la marcha se destacaron el financiamiento a las universidades públicas, la restitución de programas sociales, el freno a la precarización laboral y la atención urgente a las familias golpeadas por el endeudamiento y la pérdida del poder adquisitivo.
Los voceros enfatizaron que la pérdida salarial, el deterioro de las condiciones de vida en los barrios populares y los recortes en áreas sensibles como la Salud y la Educación han llevado a un estado de vulnerabilidad extrema a amplios sectores de la población.
Desde la columna de marcha fundamentaron la necesidad de ganar las calles antes del próximo turno electoral. “No estamos en condiciones de esperar al 2027”, insistieron los referentes, señalando el impacto del desfinanciamiento de fondos clave como el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y el incipiente incremento en el endeudamiento de los hogares pampeanos para cubrir gastos elementales de la canasta básica.
La jornada en Santa Rosa cerró con la lectura de un documento unificado y un acto central en el centro de la plaza, donde los distintos sectores coincidieron en dar continuidad al plan de lucha frente a las reformas presupuestarias que impulsa la gestión libertaria.
Documento completo
Desde la CTA Autónoma y la CTA de lxs Trabajadores, y en unidad con distintos sectores gremiales, políticos, sociales, estudiantiles, elaboraron este documento en el marco de la Marcha Nacional de la Bronca.
MARCHA DE LA BRONCA
“A mil días del Gobierno de Javier Milei, estamos nuevamente en las calles porque la realidad que vivimos no puede ser naturalizada ni silenciada. Son mil días de un programa que deterioró las condiciones de vida de amplios sectores de nuestro pueblo, mientras concentra recursos y beneficios en los sectores económicos más poderosos”, dijeron.
Además afirmaron: “La bronca crece en cada rincón de nuestra Argentina, porque este gobierno no se aguanta más. Decenas de luchas sectoriales recorren las provincias, tanto en los y las trabajadoras (ocupadas/os, desocupadas/os y precarizadas/os, jubiladas/os), estatales y docentes; entre el campesinado pobre y medio; las comunidades originarias, estudiantes, profesionales, familiares de personas con discapacidad, el gran movimiento de mujeres y diversidades, artistas, científicos, comerciantes”.
En el texto también recordaron: “Esto es lo que vivimos la mayoría. Con empresas y comercios que cierran todos los días y dejan miles sin trabajo. Con una reforma laboral que ataca los derechos y la organización obrera, permitiendo el aumento de la flexibilización y la superexplotación. Con miles changueando o trabajando de repartidores para sobrevivir en el día a día. Con la mayoría de las y los campesinos pobres y medios, y las comunidades originarias fundiéndose por la apertura importadora indiscriminada y con el aumento de los desalojos por la ambición de grandes terratenientes y magnates extranjeros. Con la mayoría de las familias endeudadas para poder pagar la comida, los remedios o los alquileres, y somos cada día más los que no podemos pagar esos créditos”.
Además agregaron: “Mientras, el Gobierno quiere constituir un ‘Consejo de Seguridad Nacional’ integrado por Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía para avanzar en la represión y el espionaje, además de que sigue adelante con todas las concesiones y entrega de nuestro patrimonio a las empresas inglesas en la minería y otros sectores. ¿Dónde está el oro de la Argentina?”.
Las dos Centrales y demás firmantes continuaron: “En este contexto, el desafío no es solamente sostener cada una de las luchas, sino encontrar las formas de hacerlas confluir. En este sentido, creemos que necesitamos construir una unidad que no sea solamente la unidad de una marcha, sino una herramienta permanente de organización. Una unidad capaz de vincular los distintos conflictos, poner en común sus demandas y construir medidas de acción que permitan superar la fragmentación”.
“Tampoco nuestra intervención y la organización popular puede esperar el próximo calendario electoral. Los problemas que atraviesan a nuestro pueblo suceden ahora. Las familias tienen que pagar sus alquileres ahora; los trabajadores necesitan salarios dignos ahora; los jubilados necesitan medicamentos ahora; las universidades necesitan presupuesto ahora”, manifestaron.
También definieron: “Por eso esta Marcha de la Bronca no es solamente una expresión de descontento. Es también un espacio para encontrarnos y reconocernos en las luchas que cada sector viene sosteniendo. La bronca que existe en los barrios, en los lugares de trabajo, en las universidades, en las escuelas, en los hospitales y en cada territorio tiene que convertirse en organización y en capacidad colectiva de intervenir sobre la realidad”.
“Porque frente a un proyecto que avanza de manera integral, necesitamos una respuesta que también sea integral. Frente a la fragmentación, necesitamos unidad. Y frente a quienes pretenden que cada uno enfrente en soledad sus problemas, tenemos que volver a construir una idea sencilla: ninguna lucha está separada de las demás cuando lo que está en juego son las condiciones de vida de nuestro pueblo”, reafirmaron.
Y por último, señalaron: “Por eso seguimos en las calles. Por el salario, por el trabajo, por las jubilaciones, por la educación y la salud públicas, por nuestras universidades, por la producción nacional, por nuestros derechos y por una sociedad en la que la riqueza y las decisiones estén al servicio de las mayorías”.
“La bronca existe. La tarea es convertirla en organización, unidad y lucha”, cerraron.
Organizaciones adherentes: ATE La Pampa, ADU, SiTraJ, UTELPA, Corriente Clasista y Combativa La Pampa CEPA, La Mayo, Coordinadora de jubilados/as y pensionados/as de La Pampa, PTP PCR, Multisectorial 24 E, Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, Partido Comunista, Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos, Asociación Pampeana de Escritores, Mujeres por la Solidaridad y Foro Pampeano por el Derechos al Aborto Seguro, Legal y Gratuito.
La Seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Bariloche convocó a un Paro de 24 horas para este jueves 24 de septiembre, que alcanza a los organismos provinciales y municipales, en rechazo al proyecto que busca modificar la Ley N° 2753, que regula el funcionamiento del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS).
La medida tuvo como actividad central una conferencia de prensa a las 10hs, en el ingreso a la sede del IPROSS Bariloche, donde trabajadoras y trabajadores estatales expresaron “su rechazo a cualquier modificación que avance hacia la privatización y mercantilización de la salud”, según comunicaron desde la Seccional.
Desde el Sindicato cuestionaron también el concepto de “libertad de elección” utilizado por el Gobierno Provincial para fundamentar la reforma. “No hay libertad de elección cuando nuestros salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y mucho menos para pagar una empresa de medicina prepaga”, señalaron.
En ese sentido, desde ATE Bariloche advirtieron que el proyecto establece restricciones para quienes decidan abandonar el IPROSS, que podrían impedir su regreso durante un período de entre 12 meses y hasta tres años. “Durante ese tiempo, los trabajadores y sus familias quedarían obligados a aceptar las condiciones y los valores que establezca una obra social privada”, plantearon.
El Sindicato también cuestionó el impacto económico que tendría para las familias estatales acceder a una cobertura privada. Según ATE Bariloche, una prepaga podría representar entre el 25% y el 40% del salario familiar, con un costo estimado de alrededor de $400.000 mensuales, frente a un aporte actual al IPROSS cercano a los $60.000.
“Es inviable pensar que una obra social privada pueda garantizar mejores prestaciones con el mismo aporte que hoy realizan los trabajadores. Lo que está en discusión es el derecho al acceso a la salud”, indicaron desde la Seccional.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz cumplió 94 años, construidos en una provincia donde cada conquista fue fruto de la organización, la unidad, el compromiso y la lucha de las y los trabajadores. Su historia va desde aquellos primeros trabajadores telepostales de 1932, pasando por los mineros del carbón, hasta quienes hoy sostienen la Educación, la Salud y la Administración Pública en general.
A lo largo de estas décadas, la ATE santacruceña fue creciendo y llegando a cada rincón de la Provincia. Hoy ya son 10 Seccionales, 3 Delegaciones y un Consejo Directivo Provincial (CDP), y el Sindicato conquistó Convenios Colectivos de Trabajo y carreras que son herramientas fundamentales para defender y ampliar los derechos de las y los trabajadores del Estado.
Son 94 años de una historia que se sigue escribiendo, con una creciente representación sindical en todos los sectores del Estado.
Este miércoles la Seccional Rosario de ATE impulsó de manera conjunta con la CTA Autónoma Regional Rosario, un encuentro de formación con el objetivo de brindar herramientas para el abordaje de la violencia laboral con perspectiva de género y fomentar ámbitos de trabajo saludables.
Es importante recordar que el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.
En Argentina entró en vigencia en 2022 cuando se ratificó la norma internacional y establece estándares mínimos de protección para trabajadoras y trabajadores.
La convocatoria reunió a estatales interesados en debatir, visibilizar e identificar y erradicar prácticas de acoso. A través de exposiciones, intercambio de experiencias y trabajo colectivo, las y los participantes profundizaron en la importancia de hacer valer estos derechos en sus lugares de trabajo.
Este jueves ATE llevó a cabo una nueva Mesa de Trabajo Federal que reunió a dirigentas de todo el territorio nacional y que avanzó en la definición de la agenda sindical que llevará al 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades que tendrá lugar en Córdoba del 10 al 12 de octubre de 2026. Entre los temas se destacan el debate sobre las condiciones del trabajo, el salario bajo ataque, el endeudamiento y la crisis de salud mental que atraviesa al sector.
De la jornada, que se realizó a través del formato virtual, participaron las integrantes del Consejo Directivo Nacional y dirigentas de todo el país quienes en sus exposiciones destacaron la importancia de la presencia del Sindicato en uno de los eventos más relevantes del año donde se debatirán las principales demandas de mujeres y diversidades y también las herramientas de resistencia frente a las violencias y opresiones que impone el Gobierno nacional y las provincias aliadas.
Clarisa Gambera, Secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, declaró: “Desde la historia de los encuentros fuimos también construyendo una agenda pública vinculada a los derechos civiles. Veníamos de la dictadura. Hubo toda una etapa de aprender nuevas estrategias de organización que surgieron al calor de los encuentros. Y hace un tiempo, no tan largo, que la agenda sindical de las trabajadoras organizadas, es más clara para que podamos insertarnos en el feminismo desde una identidad de clase definida. Y desde ahí también pudimos pensar en incorporaciones a los Convenios Colectivos de Trabajo, estrategias de unidad y organización de la clase”. Y agregó: “Es muy importante poner de relieve la importancia de esta experiencia política para el Sindicato y la agenda de la organización en ese marco”.
Por su parte Mercedes Cabezas, Secretaria Adjunta de ATE Nacional, explicó: “Este es el espacio de discusión no solamente institucional sino político donde nos encontramos para construir más y mejores perspectivas para nuestro Sindicato. En ese marco de lucha permanente será clave abordar las situaciones de violencia y de violencia institucional y represiva que se vive en cada uno de los territorios por parte del Gobierno y de las fuerzas de seguridad, que debieran ser de defensa y de seguridad en nuestro país. Estamos ante un Gobierno que intenta cambiar las reglas del juego político de nuestra organización política nacional y que se ha retirado tanto de la política pública nacional, donde las provincias están siendo resentidas, incluyendo también los municipios, sin ningún tipo de presupuesto”.
Esterea Gonzalez, Secretaria de Comunicación de ATE Nacional, afirmó: “Esta crisis nos golpeó muy fuerte pero hemos hecho todos los esfuerzos desde nuestra ATE para que las compañeras estén en Córdoba este año. Por supuesto que también tiene que ver con el esfuerzo de todas nuestras no solamente nacional sino a nivel provincial, por seguir militando el feminismo en este camino. Es cierto que es la primera vez que tenemos una Secretaría de Género y Diversidad en cada provincia, porque muchas mujeres han trabajado arduo para que esto se consiguiera. Debemos continuar el trabajo de concientización pero estamos bien encaminadas”.
Desde su participación virtual por razones de salud, Vanina Rodríguez, Secretaria de Formación de ATE Nacional, manifestó: “No estamos acá por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque es una construcción colectiva y una definición política de nuestros sindicatos, no solo de abonar a la modificación del estatuto, sino también de fortalecer a las mujeres y las diversidades en el debate político. Y desde ahí, desde la Secretaría de Formación, el acompañamiento es fortalecer a las delegadas desde una perspectiva de clase. Nos toca atravesar con un Gobierno nacional que genera odio de manera permanente, y en particular hacia mujeres y diversidades, odio que también es transmitido por los Gobiernos provinciales y municipales. Por eso, en este 39 Encuentro tenemos que seguir fortaleciendo al Sindicato como herramienta de pelea para seguir fortaleciendo a las mujeres y pensar como un objetivo primario que Milei se vaya lo antes posible y avanzar hacia su juicio político. No va a ser por sí solo, sino por estar movilizadas en las calles”.
Finalmente Noelia Guzmán, Presidente del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE, afirmó: “Nosotros no tuvimos la oportunidad de transitar este camino que hoy están transitando ustedes. Esto deja un legado para las y los compañeros jóvenes muy importante, porque no solamente han logrado derechos para el género y diversidad sino también están modificando el sistema institucional. Y esto es fundamental para construir un mundo mejor”.
Es importante subrayar que ATE estima un representación de 1500 trabajadoras en el 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en Córdoba.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este jueves a la sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) en la Ciudad de Buenos Aires, y ocupó las instalaciones para reclamar contra los 600 despidos previstos para fin de mes y denunciar el vaciamiento de la entidad. El Sindicato anticipó que profundizará su Plan de Lucha en el organismo ante el silencio de las autoridades.
“Estos milicos que hoy se esconden como ratas son los mismos que nos dicen que quieren defender las Islas Malvinas. No son capaces de tener una reunión con los trabajadores. Sturzenegger dice públicamente que, con los recortes en el Estado, con la fusión de ministerios, el cierre de algunos organismos, logró ahorrar hasta ahora mil millones de dólares por año. La pregunta es a dónde va a parar esa plata, porque no construyen escuelas, no construyen hospitales, no arreglan las rutas, no hacen nada”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional y agregó: “Cuando el ministro Petri asumió tenía en caja un superávit de $25.000 millones y ahora la deuda de la obra social se estima que supera los $500.000 millones. ¿Dónde está la plata? ¿Quién se beneficia con ese supuesto ahorro? Se la robaron toda a la obra social. Estamos ante el peor Gobierno y el más corrupto de la historia”.
Los anuncios de despidos se encuadran en el cierre de 13 hoteles y dos recreos -la mayoría ubicados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche-. Para ATE, se está llevando adelante un proceso de vaciamiento que compromete una de las principales obras sociales del país y que también pone en riesgo su función social.
“Hasta ahora los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas han sido absolutamente razonables. Las medidas y los reclamos fueron progresivos, pero a partir de ahora las vamos a empezar a profundizar y no descartamos ocupar todas las dependencias del organismo”, concluyó Aguiar.
El Sindicato denunció que la OSFA pasó de contar con un superávit de $25.000 millones en diciembre de 2023 a una deuda superior a los $500.000 millones. Señaló que durante este período también se registraron denuncias por manejos irregulares, entre ellas el desvío de un préstamo de $40.000 millones destinado a equipamiento médico hacia gastos corrientes y deudas con droguerías. A esto se suma la intención de cerrar las farmacias propias para reemplazarlas por franquicias privadas, lo que afectaría directamente las prestaciones de las y los afiliados. El sindicato también cuestionó el cierre de los establecimientos turísticos y reclamó garantizar los puestos de trabajo para sostener el funcionamiento de hoteles, recreos y residencias.
Cabe recordar que, en febrero mediante el DNU 88/2026, el Gobierno disolvió el IOSFA y creó la OSFA, transfiriendo funciones entre ambas obras sociales sin participación del Sindicato. ATE denunció una vulneración del derecho de representación y negociación colectiva. Y advirtió sobre la deuda arrastrada por la ex IOSFA, el no pago de prestaciones vinculadas con fuerzas de seguridad que migraron a otra obra social y el impacto del decreto sobre las funciones de turismo y farmacia y las delegaciones del interior.
Frente a este escenario, y ante la falta de respuestas luego de la movilización, ATE resolvió profundizar las medidas de fuerza. Anticipó que no descarta avanzar con acciones más drásticas, incluida la ocupación de todas las dependencias de OSFA; sostendrá además una vigilia el miércoles 30 de septiembre en los hoteles para acompañar la continuidad de las tareas del personal.
La Seccional Concordia de ATE, expresó su total solidaridad con los jubilados detenidos durante la tradicional marcha pacífica de jubiladas y jubilados, realizada en la Plaza 25 de Mayo, quienes quemaron una cartulina representando una bandera estadounidense.
Se trata de Julio Perlestein, Ramón Cabrera y el fotógrafo Claudio Verón, quienes fueron detenidos por la Policía de Entre Ríos. Según se informó, los efectivos policiales justificaron las detenciones bajo la figura de ‘averiguación de antecedentes’. Sin embargo, desde ATE Concordia advirtieron que la intervención generó preocupación ya que constituye un mecanismo de amedrentamiento contra quienes ejercen legítimamente su derecho a reclamar.
“Desde nuestra organización sindical manifestamos nuestro enérgico repudio a estos procedimientos policiales, que consideramos contrarios al ejercicio de los derechos constitucionales de reunión, expresión y protesta”, expresaron desde ATE.
“Las y los jubilados tienen derecho a manifestarse, a exigir una recomposición de sus haberes y a reclamar condiciones de vida dignas, sin ser perseguidos, hostigados ni criminalizados por expresar sus demandas. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de las libertades democráticas, los derechos de las personas mayores y el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a expresarse y movilizarse pacíficamente”, concluyeron desde el Sindicato.
Es importante recordar que los detenidos habían quemado una cartulina con la imagen de la bandera norteamericana, durante la protesta lo que podría haber generado la motivación principal para que sean demorados por las fuerzas de seguridad.
ATE exigió el respeto por las garantías constitucionales y el cese de toda práctica que pretenda silenciar la protesta social.
Este miércoles ATE Corrientes llevó a cabo una recorrida por la localidad de Esquina donde se reunió con las y los Delegados del Sindicato y el sector de las y los adultos mayores para relevar el estado de situación y definir los próximos pasos en la lucha por la defensa de sus derechos.
“Mantuvimos una importante jornada de diálogo, debate y escucha junto a compañeras y compañeros jubilados en la localidad de Esquina, articulando con los referentes gremiales de nuestra entidad sindical”, señalaron desde ATE Corrientes.
La jornada se da en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de sus haberes, la escalada de precios en medicamentos y el encarecimiento de servicios esenciales.
“Las jubilaciones y pensiones atraviesan una situación crítica. Desde ATE Corrientes ratificamos nuestro compromiso histórico: defender el sistema previsional público y exigir haberes dignos que garanticen una vejez justa para quienes entregaron sus años de trabajo al Estado”, afirmaron desde el Sindicato.
