La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy se reunió con la Secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena, y la Directora de Protección Integral de Adultos Mayores, Cintia Páez, pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Humano de esa provincia, a fin quienes plantearon las inquietudes sobre las necesidades edilicias, de elementos de higiene personal, alimentación y demás para una adecuada atención a la franja etaria de adultos mayores.
De encuentro también participaron los Secretarios de las Seccionales El Carmen y de Humahuaca, para interiorizar a las autoridades sobre las cuestiones informadas por las y los afiliados de las residencias de larga estadía, Perez Frías, de El Carmen y de Tilcara, en cuanto a necesidades de los residentes adultos mayores y del personal que desarrolla sus funciones en las mencionadas instituciones.
En este encuentro se definió de manera conjunta nuevas estrategias de trabajo, en las que se garantizan mejoras laborales y más acompañamiento al personal que desempeña tareas en las residencias frente a la falta de personal, la necesidad de contar con enfermeras profesionales y para el dictado de cursos de capacitación.
Tanto ATE como el ministerio reafirmaron el compromiso de terminar con la precarización laboral en la provincia y con la lucha para mejorar la situación de las y los trabajadores.
Este lunes ATE informó que la Justicia Penal que llevaba adelante la causa contra las y los trabajadores del Hospital Garrahan que protestaron para mejorar las condiciones laborales y salariales del sector fue desestimada y cerrada. Es la tercera instancia judicial que rechaza la misma.
Alejandro Lipcovich, Secretario General de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan, destacó: “La Cámara Federal de Casación Penal desestimó la denuncia que las autoridades del hospital llevaron adelante contra los trabajadores del Garrahan. Es la tercera instancia judicial que rechaza la postura de los funcionarios gubernamentales, que buscaba criminalizar las protestas que realizamos el año pasado. Recordemos que el Garrahan atravesó un gran conflicto durante más de 6 meses de 2025, que incluyó paros y movilizaciones contra el vaciamiento del hospital, caracterizado por el congelamiento salarial y la reducción de la planta de personal por renuncias y jubilaciones sin que ingresen nuevos trabajadores. Al final de esa lucha, arrancamos un 61% de aumento, quebrando todo lo que había sostenido el gobierno hasta ese momento. Tras la victoria vino una contraofensiva, concentrada en un sumario a dirigentes de los sindicatos combativos del hospital y a otros activistas, todos trabajadores y trabajadoras del Garrahan”.
Desde ATE se exigió el cese de la persecución a las y los trabajadores y se volvió a demandar a las autoridades que transparentes el manejo de fondos del nosocomio e ingreso de asesores sin justificación.
Tras el rechazo a la propuesta salarial del 2,5%, el Gobierno provincial convocó para este martes, 7 de julio, a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y demás sindicatos estatales a una nueva negociación paritaria para el régimen de la Ley 10.430. Este lunes el Gobierno hizo una nueva oferta salarial al sector docente que alcanza al 7%.
La ATE viene planteando que es indispensable un aumento salarial que ponga el salario de las y los estatales bonaerenses por encima de la inflación frente al incremento sostenido del costo de vida y que permita recuperar el poder adquisitivo.
Claudio Arévalo, Secretario General de ATE Buenos Aires señaló “hay mucho malestar en las y los estatales que están esperando una respuesta para poder recuperar el poder adquisitivo de sus salarios. La situación de emergencia se agudiza debido al fuerte aumento de tarifas y servicios básicos. Por eso estamos pidiendo que nos convoquen de manera urgente”.
Además el Sindicato reclamó el pase a planta permanente de las y los trabajadores precarizados en todas las jurisdicciones, la inmediata derogación de la resolución 293 y solicitó la convocatoria a mesas técnicas sectoriales en OPISU, Ministerio de Mujeres, Instituto Cultural, Patronato de Liberados, Lotería, Niñez, Educación y Salud.
Las y los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en Salta realizaron durante la mañana de ayer una asamblea para expresar su profunda preocupación ante la decisión de abandonar la sede donde actualmente funciona el organismo y pasar a la modalidad de teletrabajo.
La situación fue planteada luego de que el subgerente de Asistencia, Ramiro Casoliba, informara que el personal debía dejar el edificio conocido como “La Casona”. Según manifestaron las y los trabajadores, esta decisión forma parte de un proceso que podría derivar en el cierre de la dependencia provincial.
De la asamblea participaron el Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Salta, Esteban Cabrini, y la delegada del Consjeo Provincial en el organismo, Cecilia Belistri, quienes acompañaron el reclamo de los trabajadores y expresaron su preocupación por las consecuencias de la medida.
El personal indicó que fueron notificados mediante una videollamada de que debían desocupar el inmueble este viernes. Actualmente, son 25 las y los trabajadores del INTI que desempeñan funciones en esa sede y cuya situación laboral se encuentra amparada por una medida cautelar vigente.
Asimismo, rechazaron la implementación del teletrabajo, al considerar que afecta el normal funcionamiento del organismo y pone en riesgo el desarrollo de actividades técnicas y científicas, especialmente las vinculadas a laboratorios estratégicos.
Frente a esta situación, la ATE Salta presentó una nota dirigida al gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, solicitando su intervención. En la presentación se señala que las autoridades jerárquicas del Estado Nacional informaron que la Provincia de Salta estaría requiriendo la devolución del inmueble ubicado en el Parque Industrial de la ciudad de Salta, donde actualmente funciona la sede del INTI. “Esta situación genera un profundo estado de incertidumbre y preocupación entre las trabajadoras y los trabajadores, quienes desconocen cuál será su futuro laboral y el destino de la sede provincial del organismo”, fundamentaron desde la ATE provincial.
La organización sindical recordó también que se encuentra plenamente vigente una medida cautelar que ordena mantener las condiciones laborales de los trabajadores del INTI, incluyendo la prohibición de modificar sus lugares de trabajo. En consecuencia, ATE Salta sostiene que la decisión comunicada vulnera lo dispuesto por la medida cautelar dictada en el expediente FSM 030305/2026, tramitado ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín.
Por último la ATE Salta reafirmó su compromiso con la defensa de los puestos de trabajo, el cumplimiento de las resoluciones judiciales y la continuidad del funcionamiento del INTI en la provincia, entendiendo que se trata de un organismo estratégico para el desarrollo tecnológico, productivo e industrial de Salta y de toda la región.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro para mañana miércoles 8 de julio ante los despidos y el vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y realizará una caravana hacia el Centro Atómico Constituyentes (Av. General Paz 1499) a partir de las 9:30. Las protestas también se replicarán en las sedes de la CNEA de todo el país.
“Lo que pasa en la Argentina no ocurre en ningún otro país del mundo. Todos los estados desarrollados invierten en ciencia y tecnología, además, planifican su energía nuclear, mientras que acá recortaron el 55% del presupuesto en los organismos específicos y en tan solo dos años y medio expulsaron a cientos de científicos y técnicos altamente especializados”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó: “El vaciamiento y el desmantelamiento de la CNEA y de los centros atómicos es una política pública de Milei que forma parte de la entrega de nuestro país a un imperio en decadencia como es Estados Unidos”.
“Los despidos masivos e ilegales que intenta el Gobierno paralizan áreas claves del organismo y se traducen en un perjuicio para toda la sociedad. Los trabajadores cesanteados habían sido evaluados y en todos los casos cumplen funciones desde hace años. También hay que decir que la Comisión Nacional de Energía Atómica no genera pérdidas. Por el contrario, es superavitaria. No existe ninguna argumentación valedera que justifique este recorte que impulsa el Gobierno”, agregó Aguiar.
“Exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores y hacemos responsable al Poder Ejecutivo por el crecimiento del conflicto. Si el Gobierno impulsa una nueva represión, será el exclusivo culpable por cualquier hecho que haya que lamentar”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Por su parte Rodolfo Kempf, investigador principal de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y miembro del Consejo Directivo Nacional (CDN), apuntó: «La República Argentina es pionera y líder en el desarrollo nuclear en América Latina con más de 70 años de trayectoria y se encuentra hoy bajo ataque y en un punto de inflexión bajo el gobierno de Milei. En el área nuclear argentina, en este sentido, tiene tres centrales operativas Atucha I, Atucha II y Embalse Río Tercero y un ecosistema científico de prestigio mundial. Enfrentamos un ataque que implica la desarticulación del área, el vaciamiento de sectores, la privatización particularmente a empresas privadas recién fundadas de origen estadounidense. Ahí se han fugado nuestros más de 500 cuadros técnicos por bajos salarios y una oferta que multiplica su salario en estas empresas».
La protesta se definió a partir del despido intempestivo de casi 100 trabajadores que cumplen funciones claves y la falta de respuestas de las autoridades del organismo que preside Martín Porro, quien en reiteradas ocasiones se ha retirado de su oficina escoltado por la Gendarmería para evitar el diálogo.
La CNEA es uno de los pilares del desarrollo tecnológico que permite que la Argentina sea uno de los tres países del hemisferio sur que disponga de energía eléctrica por vía nuclear, junto con Brasil y Sudáfrica.
Entre sus funciones se encuentra la producción de conocimiento y el desarrollo de tecnología nuclear propia; la participación en el diseño y construcción de reactores y en la generación de energía; la producción de radioisótopos y el desarrollo aplicaciones para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades; la formación de científicos, ingenieros y técnicos altamente especializados; la promoción de proyectos estratégicos para la soberanía y el desarrollo nacional, entre otros.
La CNEA cumple un rol clave para que Argentina sea uno de los pocos países del mundo que domina todo el ciclo nuclear y cuente con capacidad propia en cada etapa del proceso: Investigación, exploración y extracción de uranio en el territorio; conversión del uranio en combustible nuclear en las plantas argentinas; diseño y construcción de reactores nucleares con tecnología nacional; producción de energía eléctrica en las centrales nucleares.
Este lunes la Seccional Merlo de ATE San Luis expresó la necesidad de abrir el diálogo entre las partes para lograr una verdadera recomposición salarial que permita a las y los trabajadores municipales cubrir sus necesidades básicas. Lo hizo en medio de la polémica que generó el último aumento otorgado de forma unilateral por el Gobierno provincial y que se considera ‘irrisorio y fuera de la realidad’.
César Contreras, Secretario General de la Seccional Merlo de ATE, expresó: “Si bien el municipio sigue cerrado al diálogo, nosotros venimos haciendo las presentaciones formales pidiendo la apertura del diálogo y el aumento salarial para que se ponga a las y los trabajadores por arriba de la línea de la pobreza con un salario acorde y que las familias puedan llegar a fin de mes. Pero oficialmente ATE no ha participado de las reuniones, nos enteramos por los medios de comunicación de un aumento del 7% y otro 7%. Nos parece totalmente escaso y muy lejos de la necesidad que tienen los trabajadores municipales y por eso nos venimos manifestando en contra. El sector necesita mayor dedicación”.
Por su parte, Marcelo Quiles integrante de la Junta Interna de ATE en la Municipalidad de Merlo, manifestó: “El 7% es totalmente irrisorio y fuera de contexto y de la realidad. Hoy un trabajador municipal de categoría 10 tiene un sueldo básico de 450.000 pesos. Si aplicamos el 7% de aumento sobre ese monto, te da que el aumento será de 31.500 pesos. Eso lo gastas en un día con las compras diarias. Es desalmado que se pueda considerar que con ese aumento se pueden saciar las necesidades de los trabajadores”.
Desde ATE se subrayó que es imprescindible tener instancias de diálogo institucional con las autoridades gubernamentales para discutir las condiciones laborales y salariales, tal como establece la ley, para lograr avanzar hacia un mejoramiento del sector.
Este lunes ATE Entre Ríos se reunió con las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial para discutir el nuevo monto de incremento salarial para las y los estatales. La propuesta del Gobierno fue del 3% sobre los conceptos remunerativos con los haberes de junio y otorgar otro 3% con septiembre. ATE rechazó la propuesta por ser significativamente menor a lo esperado y plantea que se proponga una nueva oferta superadora. Se pasó a un cuarto intermedio.
El Secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, refirió: “Entendemos que es la primera reunión, pero esperamos una propuesta superior que esté a la altura de lo que necesitan los y las trabajadoras. Necesitamos un plan de recuperación del salario”.
Desde la perspectiva del Sindicato, los salarios acumulan una pérdida superior al 40% desde el inicio de la gestión de Rogelio Frigerio y registran un retraso de más del 7,2% en lo que va del año. Es por eso que se reclama un plan de recuperación del poder adquisitivo que contemple tanto la inflación como la recomposición de las pérdidas acumuladas.
En ese marco, se solicitó un cuarto intermedio con fecha abierta a definir antes del lunes 13 de julio.
Es importante señalar que las y los paritarios que participaron en representación de ATE fueron Oscar Muntes y Mariana Luján, Secretaria Administrativa de ATE Entre Ríos. La audiencia tuvo lugar en la Secretaria de Trabajo de la provincia.
Salarios a la baja Es importante recordar que en la última paritaria, el Gobierno otorgó un 3,5% de aumento salarial gracias al apoyo del gremio azul. En la misma instancia de negociación, ATE rechazó la oferta por considerarla insuficiente y extorsiva.
El incremento impactó en los haberes de mayo y se aplicó sobre el básico (congelado desde junio de 2025) y sobre las sumas fijas no remunerativas, representando una suba real de entre 30.000 y 60.000 pesos.
El pasado viernes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz llevó adelante una Asamblea con las y los trabajadores de la Caja de Servicios Sociales de la Provincia. En la misma se informó sobre los alcances de la última Paritaria salarial y de la Mesa Paritaria laboral realizada durante el jueves.
En el encuentro se brindaron detalles de lo tratado en ambas instancias, se respondieron consultas de las y los trabajadores y se abordaron distintos temas que generan preocupación dentro del organismo, vinculados a las condiciones laborales y el funcionamiento de la institución.
La Asamblea permitió intercambiar opiniones y fortalecer la organización colectiva, reafirmando el compromiso del Sindicato por continuar defendiendo los derechos de las y los trabajadores, exigiendo Paritarias libres, salarios dignos y mejores condiciones laborales.
La semana pasada se llevó a cabo una Asamblea en la Regional Córdoba de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde los delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba informaron respecto de la reunión mantenida el jueves con el Presidente de la CNEA, Martín Porro, en la sede central de Buenos Aires. La evaluación del resultado de la audiencia fue negativa, porque el funcionario ratificó el despido de 62 trabajadores altamente capacitados del organismo.
“Si bien aceptaron revisar algunos casos, no piensan modificar esta política”, explicó el delegado Maximiliano López Pinto durante la Asamblea.
Desde la Junta Interna de ATE CNEA y los cuerpos de delegados nacionales la decisión fue la de mantener dos líneas de trabajo: por un lado insistir en reincorporar individualmente las y los despedidos, al tiempo que paralelamente se buscará ganar visibilidad pública con manifestaciones, radios abiertas e incluso un Cabildo Abierto en Córdoba.
“Acá estamos analizando la situación entendiendo que los despidos empezaron con los contratados pero van a continuar la Planta Permanente, que sumado a la falta de financiamiento, los salarios bajísimos y la caída en la continuidad de los proyectos, está en riesgo la existencia misma de las regionales”, remarcó López Pinto.
Ante las amenazas de nuevos despidos y la falta de continuidad financiamiento de los proyectos, la Asamblea cordobesa definió avanzar con las medidas de visibilización para concientizar de la importancia de la actividad de la CNEA tanto para la nación en general como para Córdoba en particular. “Queremos resaltar nuestra presencia en la comunidad, el aporte que hacemos y el que podríamos hacer si tuviésemos todo el apoyo institucional y el dinero”, afirmó el delegado.
Definiciones generales de la Asamblea:
– Mantener las Asambleas informativas periódicamente.
– Contactar diputados, senadores, legisladores o concejales para explicar la situación local de alerta por el comienzo de los despidos, pero haciendo hincapié además en perdida de capacidades operativas por el desfinanciamiento de la Regional y sus proyectos de trabajo, y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Que sea también una forma de hacernos conocer en la ciudad y la Provincia.
– Realizar una radio abierta o cabildo abierto la semana del 13 de julio.
– Realizar un video que contenga el conflicto por los 62 despedidos y que muestre también la perdida de capacidades operativas de la Regional.
– Mantener las entrevistas con los medios de comunicación.
Este viernes la Seccional Concordia de ATE Entre Ríos rechazó el ajuste impuesto por el Gobierno municipal a cargo de Francisco Azcué, que desde junio de 2025 en adelante.
“Lo que ocurre en la Municipalidad de Concordia no son hechos aislados, sino una política sistemática de ajuste contra los trabajadores municipales. Desde junio de 2025 advertimos que el cese de contratos era el inicio de un proceso que, lamentablemente, se profundizó con cientos de despidos y familias que hoy quedaron sin su sustento”, expresó el Secretario General de la Seccional Concordia, Pedro Pérez.
Es importante recordar que durante la primera ola de despidos, en junio de 2025, el Sindicato realizó una multitudinaria asamblea en la planta baja del Palacio Municipal en rechazo al cese de 50 contratos en distintas áreas de la Municipalidad. La medida fue encabezada por el Secretario General, Pedro Pérez, junto al Secretario Adjunto, Cristian Selva, quienes, tras mantener una breve reunión con funcionarios, intentaron acceder al despacho del intendente Francisco Azcué para solicitar una audiencia y exigir respuestas ante la pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, el ingreso al primer piso fue impedido por un cordón integrado por efectivos de la Policía y personal de Seguridad Urbana. La decisión de bloquear el acceso a las y los representantes sindicales generó un fuerte clima de tensión. Desde ese momento, ATE advirtió que el cese de contratos representaba el inicio de una política de ajuste sobre los trabajadores municipales. El Sindicato rechazó el despido del personal con años de antigüedad que fue reemplazado por la tercerización de empresas tareas que podrían ser realizadas por empleados municipales.
Meses más tarde, el 2026 comenzó con la no renovación de más de 130 contratos en el municipio lo que dejó a cientos de familias en un contexto de profunda crisis económica y social. ATE calificó la medida como ‘una decisión carente de sensibilidad social y de capacidad de gestión’. También se rechazó la profundización de la tercerización de servicios mediante empresas privadas y cooperativas, destinando recursos millonarios a contrataciones externas que podrían utilizarse para fortalecer el empleo público y mejorar los servicios municipales. El Sindicato protestó frente al edificio municipal, a pesar de que no existieran canales de diálogo con las autoridades municipales, incluso se tuvo que recurrir a la Dirección Provincial del Trabajo para obtener instancias formales de negociación. Finalmente, el 30 de junio el Ejecutivo municipal aplicó una nueva ola de despidos con más de 100 trabajadores y trabajadoras cesanteados. La organización sindical se declaró en Estado de Alerta y movilización para expresar su más enérgico repudio a una decisión y denunció vulneración de los derechos laborales fundamentales, falta de planificación y sensibilidad social de quienes gobiernan.
