Mes: abril 2026

En el día de hoy la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó por amplia mayoría un tajante repudio “al proceso de desmantelamiento de la Secretaría de Trabajo de la Nación impulsado por el Gobierno Nacional, que contempla el cierre de las Agencias Territoriales en todo el país y el despido de aproximadamente mil seiscientos (1.600) trabajadores y trabajadoras del organismo”. Se trata de una declaración impulsada por la legisladora Silvia Jurich, integrante del bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba.

De esta forma, el Poder Legislativo cordobés fijó posición ante la política del Gobierno de Milei de desguace del Estado y terminó siendo en la práctica un respaldo al plan de lucha de las y los trabajadores del organismo nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba, que vienen desarrollando medidas de fuerza para resistir el ajuste libertario.

En sus fundamentos, la declaración repudia el cierre de agencias territoriales en todo el país, y los consecuentes despidos. “Esta medida genera una seria preocupación institucional y social, en tanto implica un retroceso en la estructura federal de protección del trabajo. La eliminación de las dependencias territoriales supone una retracción de la presencia del Estado Nacional en las provincias y limita la capacidad de brindar asistencia directa a quienes requieren orientación, mediación o acompañamiento en cuestiones vinculadas al empleo y las relaciones laborales”, señalaron desde la Legislatura.

Luego, agregaron: “Las Agencias Territoriales de la Secretaría de Trabajo constituyen un componente central para la implementación efectiva de las políticas laborales en todo el territorio nacional. A través de estos espacios se canalizan trámites, se interviene en conflictos individuales y colectivos, se asesora a trabajadores y empleadores, y se garantiza el acceso a programas y herramientas vinculadas a la promoción del empleo y la protección social”.

La declaración de la Legislatura cordobesa también señaló: “En esa línea, su funcionamiento ha permitido impulsar inspecciones laborales en el territorio; promover la inserción de trabajadores en el sector privado; facilitar la realización de prácticas rentadas; fortalecer emprendimientos productivos; capacitar a la población en formación laboral y mejora de la empleabilidad; asistir a trabajadores de cooperativas; poner en funcionamiento y acompañar oficinas de empleo en la ejecución de programas laborales; fortalecer talleres de producción; acompañar a productores locales a través de centros de servicios; y brindar atención regular a organizaciones sindicales”.

En consecuencia, la Unicameral advirtió: “Su desaparición no sólo implica una reducción administrativa, sino que afecta de manera directa la capacidad del Estado para hacer cumplir la normativa laboral y garantizar condiciones dignas de trabajo, especialmente en el interior del país, donde la cercanía institucional resulta determinante para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos laborales”.

“A esta situación se suma el impacto social derivado del despido de alrededor de mil seiscientos trabajadores y trabajadoras, quienes verían abruptamente interrumpidas sus fuentes de ingreso en un contexto económico complejo. Estas decisiones no sólo afectan a las personas directamente involucradas y a sus familias, sino que también debilitan las capacidades técnicas y operativas de un organismo clave para la regulación del mundo del trabajo”, remarcaron desde la Legislatura.

Por último, la declaración asume: “En este contexto, resulta necesario que las instituciones democráticas se pronuncien frente a decisiones que comprometen el funcionamiento de organismos públicos estratégicos y afectan la presencia territorial del Estado Nacional en materia laboral, un elemento esencial para garantizar el acceso efectivo a derechos y sostener políticas públicas con verdadero alcance federal”.

Fotos: Prensa ATE Córdoba

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba repudiaron un nuevo ataque del Gobierno libertario al Estado, a la Ciencia y a la Salud Pública en la Argentina: los despidos conocidos recientemente en la Unidad Operativa de Vectores (UNOVE) son otra cara más del vaciamiento sistemático que la gestión de Javier Milei impone sobre el sistema de Ciencia y Tecnología estatal y el Estado en general en el país.

El UNOVE, ubicado en Santa María de Punilla, depende del Centro de Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias (CENDiE), instituto que depende de la Administración de Laboratorios de Investigación en Salud (ANLIS).

Antes de 2021, el UNOVE se llamaba Centro de Referencia de Vectores (CEREVE) y originalmente fue fundado con el nombre de Centro de Reservorios, Vectores y Hospedadores. Creado por Rodolfo Carcavallo y Delmi Canale hacia la década de 1980, tuvo como objetivo inicial ser un centro de referencia para las especies de vinchucas de Latinoamérica.

Como tal, esa institución mantuvo durante años la cría de hasta 40 de las especies de vinchucas más importantes de Latinoamérica. Durante 40 años, su personal fue responsable de la capacitación del personal de los programas de control de vinchucas dependientes del Ministerio de Salud de la Nación y de las 19 jurisdicciones provinciales participantes del Programa Nacional de Chagas.

Desde Punilla constituyó además el centro de referencia para la identificación de especies de vinchuca colectadas en todo el territorio argentino, del mantenimiento de las diferentes poblaciones de vinchucas resistentes a insecticidas y de la evaluación de la infección por Trypanosoma Cruzi (el parásito que produce la enfermedad de Chagas) de vinchucas colectadas en diferentes lugares del centro-norte de Argentina.

Ahora, tres trabajadores que estaban encargados de mantener el insectario de las vinchucas fueron despedidos. Ya suman 39 las y los trabajadores despedidos de ANLIS en Córdoba, Salta y Misiones.

Aunque el Decreto oficial menciona una “fusión” de organismos para optimizar capacidades, los científicos aseguran que en la práctica los programas quedan “discontinuados y huérfanos”. La eliminación de estos espacios territoriales afecta la capacidad de respuesta frente a enfermedades como el dengue, la leishmaniasis y la fiebre amarilla, y deja al país sin un centro de referencia con reconocimiento en Latinoamérica, sin posibilidad de contar con material biológico para estudiar el problema de resistencia a insecticidas, sin posibilidades de contar con un proveedor de vinchucas fundamentales para avanzar en diferentes aspectos de su vigilancia y control.

Foto: Prensa ATE Córdoba