La decisión del Gobierno nacional de cancelar el envío de casi 100.000 millones de pesos a la provincia de La Rioja, que habían sido acordadas como adelanto de la coparticipación, trajo como consecuencia el desfinanciamiento de programas de la economía social. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) La Rioja denunció que esta situación genera la caída de 11.000 puestos de trabajo en esa área que es esencial para el trabajo de productores que se nutren en ese circuito de la economía.

La situación no sorprende en un contexto de enormes diferencias políticas entre el Gobierno nacional y la provincia, aunque esas diferencias recaen ahora sobre este sector de la producción que se expresa en la economía popular. Estos fondos representaban un ingreso de 80.000 pesos para cada trabajador o trabajadora de este sector.  

“Desde que asumió el Gobierno Nacional no ha parado con el recorte o el congelamiento de fondos. En estos dos años solo ha profundizado el ajuste y ahora ya siguió avanzando con la eliminación de ingresos para las y los trabajadores de la economía social”, explicó el titular de la ATE provincial, Alfredo Arana.

Esta semana en protesta con la decisión tomada la ATE junto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) movilizaron hasta la casa del diputado nacional Martín Menem, donde exigieron la restitución de los fondos de este programa.