La Fiscalía a cargo de De Aragón presentó el requerimiento de elevación a juicio en la causa abierta por los hechos ocurridos el 28 de agosto frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba, en lo que desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba denunciaron como una grave maniobra de criminalización de la protesta social basada en una investigación plagada de inconsistencias, contradicciones y omisiones deliberadas.
Durante aquella jornada de reclamo social, dirigentes sindicales, militantes y trabajadores fueron detenidos y trasladados al penal de Bouwer, en un operativo policial desmedido que hoy intenta justificarse judicialmente a partir de testimonios que no resisten el menor análisis.
Entre las personas detenidas se encontraba Federico Giuliani, Secretario General de ATE Córdoba y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) en la provincia, quien permaneció 24 horas esposado a la cama de un hospital, en un hecho de extrema gravedad institucional. También fue detenida Silvia Alcoba, Secretaria Adjunta de la CTA-A Córdoba, junto a otros militantes y trabajadores que participaron de la jornada de protesta.
Asimismo, César Theaux, Secretario de Derechos Humanos de ATE Córdoba, se encontraba en el lugar cumpliendo funciones de asistencia legal y se identificó como abogado, mientras que Fermín Denipoti, trabajador de Prensa del Sindicato, se identificó como periodista durante la cobertura de los hechos. Sin embargo, todos terminaron detenidos y trasladados al penal de Bouwer, evidenciando el carácter indiscriminado y arbitrario del operativo policial.
Una investigación plagada de contradicciones
El requerimiento de elevación a juicio intenta sostener una acusación basada en testimonios contradictorios y hechos que nunca fueron debidamente verificados por la fiscalía.
Entre las irregularidades más graves aparece el hecho de que empleados municipales declaran haber visto desde el interior del edificio supuestas acciones realizadas por manifestantes en el exterior, algo que resulta materialmente imposible, ya que los vidrios del edificio de la Secretaría se encuentran ploteados, lo que impide ver hacia afuera.
Incluso los propios testigos incorporados por la fiscalía afirman que fueron efectivos policiales quienes colocaron los escritorios y elementos dentro del lugar, lo que contradice el relato que intenta instalar la acusación.
A esto se suma que ninguno de los hechos denunciados está debidamente individualizado, es decir, no se identifica concretamente a quién habría realizado cada acción, lo que deja al descubierto la fragilidad de una causa que intenta responsabilizar de manera general a manifestantes y organizaciones.
Un policía clave desaparecido del expediente
La fragilidad de la investigación se vuelve aún más evidente con otra irregularidad grave: la inexplicable ausencia en el expediente de un subdirector de la Policía que estuvo presente en el operativo.
Este funcionario policial apareció en la escena durante la jornada del 28 de agosto, sin embargo no fue nombrado por ningún efectivo policial de menor rango en sus declaraciones y tampoco figura en ningún tramo de la causa, pese a que su presencia fue incorporada en la denuncia presentada por ATE Córdoba.
La negativa de la fiscalía a incorporar este elemento clave profundiza las sospechas sobre el direccionamiento de la investigación.
Un intento de disciplinar la protesta
Para ATE Córdoba, el avance de esta causa judicial no puede entenderse de manera aislada. Se trata de un intento de disciplinar a las organizaciones sociales, sindicales y populares que se movilizan frente al ajuste y el deterioro de las condiciones de vida.
La secuencia de represión, detenciones arbitrarias, dirigentes esposados, traslado al penal de Bouwer y una causa judicial plagada de irregularidades evidencia una estrategia que busca criminalizar la protesta social.
Desde el Sindicato advirtieron que lo que se está ensayando en Córdoba es un verdadero experimento político y judicial: un caso testigo para instalar las condiciones que permitan avanzar con la aplicación del protocolo antipiquetes y restringir el derecho constitucional a la protesta.
Frente a este escenario, desde ATE Córdoba reafirmaron que no aceptarán la persecución judicial contra quienes luchan por los derechos del pueblo y manifestaron que “defender el derecho a protestar, es defender la Democracia”.
Fotos: Prensa ATE Córdoba
