La Asociación Trabajadores del Estado (ATE)I La Rioja, junto al Instituto de Derecho del Trabajo “Dr. Norberto Centeno” del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores, llevó adelante una importante disertación y espacio de reflexión colectiva sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional.
La exposición estuvo a cargo del Dr. Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) e integrante del equipo jurídico de ATE Nacional, quien analizó los principales ejes de la iniciativa y advirtió sobre su impacto en las condiciones de trabajo, la negociación colectiva y el modelo productivo.
La jornada contó además con la participación del Secretario del Interior del Consejo Directivo Nacional de ATE, Vicente Martí, quien acompañó el debate y la reflexión colectiva frente a un nuevo avance contra los derechos laborales conquistados a lo largo de nuestra historia.
El encuentro permitió un intercambio plural entre profesionales del derecho, trabajadoras, trabajadores y referentes sindicales, fortaleciendo el análisis desde nuestra realidad provincial.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense llevará adelante este lunes un paro provincial de actividades en rechazo a la última oferta paritaria. La ATE definió esta acción frente a la pérdida del poder adquisitivo de las y los estatales bonaerense y para definir las medidas necesarias para enfrentar el ajuste del presidente Javier Milei, responsable de la depreciación del salario en el sector público bonaerense.
En ese sentido se resolvió convocar a un paro con movilización hacia el puente Pueyrredón a las 9 y solicitar la urgente continuidad de la negociación salarial frente a la necesidad de iniciar el año sin pérdida de poder adquisitivo y permitiendo arribar a un acuerdo que posibilite recuperar la depreciación de los últimos meses de 2025.
“El gobierno nacional viene aplicando tarifazos que impactan sobre el salario y también asfixia a los bonaerenses al quitarle 22 billones de pesos de fondos que debe girarle a la provincia. En estos dos años de ajuste, desde diciembre de 2023 hasta el mes de febrero de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó el 593% y el nivel general de precios el 200%”, señalaron desde la ATE provincial.
El Sindicato exige la restitución de los fondos de la provincia retenidos por el Ejecutivo nacional y la necesidad de pensar iniciativas para la apropiación una renta mayor que grave a los que más tienen (por ejemplo el impuesto inmobiliario rural, el cobro adicional para inmuebles dentro barrios cerrados, impuesto adicional a los inmuebles urbanos ociosos, fortalecimiento del impuesto a la herencia, entre otros).
“La prioridad en esta etapa debe ser la de garantizar el salario del conjunto de las y los estatales bonaerenses quienes, con nuestro trabajo, sostenemos todas las políticas públicas de los más de 17 millones de bonaerenses; y un aumento de emergencia para los sectores más postergados, como los auxiliares de la educación por ejemplo”, subraya el comunicado de la ATE provincial.
En esta medida de fuerza también reclama recategorizaciones (una reunificación excepcional) para el conjunto de las y los estatales; pase a planta permanente de todos los temporarios que hayan ingresado hasta diciembre de 2025; la continuidad del proceso de pase a planta de las becas de contingencia, y el pase de becas de capacitación a contingencia; el pase a planta de todos los becarios que trabajan en diferentes reparticiones de la provincia; la convocatoria a mesa técnica de carrera administrativa para la construcción del Convenio Colectivo de Trabajo; la derogación inmediata de la resolución 293 y una nueva normativa para el sector de educación; además de la convocatoria a las mesas técnica de Niñez, Patronato, Acceso a la Justicia, DD.HH., Lotería, Mujeres y Opisu; entre otras.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno por el no pago del premio estímulo a la asistencia (presentismo) en algunos organismos y áreas estatales, y por la no convocatoria a paritaria en lo que va del 2026. Ante esta situación, el sindicato se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
“Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos. El ítem de estímulo por asistencia tiene carácter alimentario. Si no se abona, estarán incurriendo en una falta grave”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
En referencia a la mesa de negociación salarial, la cual se encuentra en un cuarto intermedio desde diciembre de 2025, el dirigente apuntó: “A esto hay que sumar la decisión del Gobierno de no convocar a paritarias y congelar los salarios durante los dos primeros meses del año. Existe mala fe en las negociaciones y esto acelera la conflictividad”.
“Exigimos el inmediato pago del presentismo y la convocatoria a las paritarias. Hemos decidido declararnos en estado de alerta, asamblea permanente y movilización. Además, hemos convocado a nuestro Secretariado Nacional para el día 11 a los efectos de analizar el escenario general y resolver un plan de acción, pero también definir qué medida concreta llevar adelante contra esta decisión de no pagar el presentismo”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Según las estimaciones del sindicato, el no pago del presentismo significa un recorte del 10% en los salarios de los estatales, los cuales ya vienen de una pérdida del 45,3% durante la gestión de Javier Milei.
En su denuncia, el sindicato informó que mediante el Decreto 36/2026 se homologó el acuerdo celebrado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional del 26 de diciembre pasado, el cual prevé, entre otras cuestiones, la prórroga del presentismo, ítem que ha sido sistemáticamente renovado desde el acuerdo celebrado el 29 de septiembre de 2020, homologado por el Decreto 837/20.
ATE además señala “que la presunta falta de pago del presentismo y la falta de actualización salarial de los meses de enero y febrero de 2026 constituye una práctica desleal y un acto de mala fe negocial que deja en evidencia la política de miseria y empobrecimiento en contra de los empleados y empleadas públicas de la Administración Pública Nacional”.
