Este viernes, ATE Misiones logró que el Gobierno provincial firme el decreto que efectiviza el acuerdo preestablecido durante el 2024 por el pase a planta permanente, contratos con relación de dependencia y recategorizaciones para trabajadores y trabajadoras del Parque Ecológico El Puma y el sector Guardaparques.
“Entendemos que la estabilidad es reconocimiento, seguridad, bienestar y desarrollo para las y los trabajadores. Permite proyectar y potenciar la calidad de vida de cada persona. Felicitamos a los compañeros y compañeras que han accedido a la planta permanente y continuamos reafirmando nuestro compromiso con la clase trabajadora por más y mejores derechos” declaró Miriam López, Secretaria General de ATE Misiones.
De esa forma, el Sindicato logró la estabilidad laboral para 14 trabajadoras y trabajadores, entre guardafaunas y guardaparques, que dependen de la órbita del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
Es importante recordar que la semana pasada, como resultado de la Mesa Sectorial en el Ministerio de Hacienda por los sectores Parque Ecológico El Puma y Guardaparques, se hizo referencia a que los acuerdos preestablecidos de pases a planta permanente, contratos con relación de dependencia y recategorizaciones iniciados en 2024, a través del logró del estatuto, continuaban vigentes.
La tarea que despliegan las y los guardaparques y guardafaunas en las extensas tierras de la provincia de Misiones, capital nacional de la biodiversidad, es clave para el resguardo, cuidado y concientización de la vida.
El pasado fin de semana el gobierno nacional anunció el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una cifra cercana a los 20.000 millones de dólares, de los cuales ingresaron al país 12.000 millones de dólares, y que para el ex diputado nacional Claudio Lozano y referente del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) “representa casi el mismo monto que los 12.600 millones de dólares que la Argentina pagó en intereses desde junio del 2018 a hoy”, como parte delos 44.900 millones dólares prestados por este organismo a la administración de Mauricio Macri: “todavía seguimos debiendo hoy 41.400 millones de dólares. Dicho de otra manera nos prestan lo que le hemos pagado hasta ahora”.
–¿Que uso le va a dar el gobierno a este nuevo préstamo?
– Se busca ponerle un respirador artificial a una situación del esquema de política económica que tiene el Gobierno de Milei, que es la especulación financiera. El llamado Carry Trade supone el ingreso de dólares para hacer rentas en pesos muy altos y luego volver a llevarse más dólares. Para eso necesita dólares que hoy no están y se los pedimos al FMI.
Argentina tiene ocho meses consecutivos de déficit en la cuenta corriente cambiaria no tiene dólares, no tiene reservas. Hasta el segundo semestre del 2024 ayudó el blanqueo, ahora necesita una inyección de divisas de cara a los vencimientos que existen este año manteniendo un dólar fijo. Acá hay un tema importante donde el gobierno agita la bandera de que resolvió el problema inflacionario, pero es una ficción, porque si bien hay una desinflación en pesos, Argentina lo que tiene es una creciente inflación en dólares. O sea no es que no tenemos inflación, tenemos una inflación distinta, la inflación en pesos se reduce y lo que sube es la inflación en dólares, la inflación en dólares que se produce desacomoda el conjunto de la estructura productiva del país, porque los productores locales tienen costos de producción en dólares más altos. Frente a eso tenes el ingreso de producción importada que generaron un cierre de aproximadamente 20.000 empresas en la Argentina en el curso de estos meses y una destrucción de más de 300.000 puestos de trabajo de trabajadores formales.
El resultado de esto es que si vos cada vez producís menos divisas y si tenés menos divisas al final del recorrido habrá un salto cambiario que indudablemente vuelve a generar el salto de los precios, un nuevo ajuste en los ingresos de la población y consecuentemente mayor deterioro en las condiciones de vida. Este tipo de políticas lo vimos con Martínez de Hoy, la convertibilidad y Macri. En esos 50 años de recorrido la deuda creció un 4.400% y la pobreza creció un 1.400%. La Argentina en el año 1974 tenía 7.000 millones de dólares de deuda y tenía un 3% de pobreza y hoy tiene un 40% de pobreza y una deuda cercana a los 470.000 millones de dólares.
– Desde Unidad Popular (UP) presentaron un recuso de amparo pidiendo la nulidad del DNU
– Así es. Hicimos un amparo exigiendo la suspensión de la vigencia y los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 179/2025 y que se ordene al Poder Ejecutivo a no firmar con el FMI ninguna operación de crédito público.
Nosotros entendemos que este es un crédito con un fuerte contenido geopolítico, por eso es que incluso el fondo para el crédito que le da la Argentina viola permanentemente su propio estatuto. Entonces, las discusiones respecto a la legalidad de la deuda y respecto a las violaciones del estatuto del FMI, terminan siendo muy fundamentales para cualquier discusión que un gobierno popular quiera hacer hacia el futuro, porque uno lo que tiene es que sacarse de encima un control de esta naturaleza para poder plantear una estrategia de desarrollo. Y estas ilegalidades que tuvo en origen el préstamo de Macri, se repiten ahora con esta definición por parte del Gobierno de mi ley de sacar esto por decreto.
El DNU está absolutamente confrontado con el mandato constitucional del artículo 74 y del 76, donde la Constitución misma dice que no sólo le corresponde al Congreso Nacional resolver en materia de deuda, sino que lo que de alguna manera también establece el 76 es la prohibición de que el Parlamento delegue en el Ejecutivo la discusión del endeudamiento, a excepción de que se trate de un momento de emergencia administrativa por alguna razón, y en caso de que así fuera, esa delegación el Congreso tiene que establecer cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus bases, qué objetivos tiene y qué plazo tiene esa delegación. Nada de esto ha ocurrido y consecuentemente aparte del Parlamento está funcionando, no hay ninguna razón para que un decreto de necesidad y urgencia intervenga en esta cuestión.
– Tu lectura es que decreto debió ser rechazado por el Parlamento
– Hay por lo menos tres cosas que a mí me parecen que son centrales. La primera es institucional. Tiene que haber un acuerdo claro de que se van a revisar todos los DNU de este gobierno que hasta el momento son los mecanismos a través de los cuales gobierna completamente por fuera de la ley y del contrato constitucional de la Argentina. Segundo, hay que revisar las facultades delegadas. Es absolutamente inaceptable que a un presidente que está sospechado de estafador, el Congreso le tiene delegadas facultades extraordinarias. Y tercero, ya en el plano electoral tenemos la necesidad en las próximas elecciones legislativas de octubre cambiar la relación de la fuerza parlamentaria existente. Hoy tenemos un Parlamento que vive validando las definiciones gubernamentales.
– No habiendo ingresos de dólares genuinos, esto sólo se sostiene con más ajuste
– Desde que asumió ese es el camino trazado por Milei. En 15 meses de gobierno ajustó un 26% del gasto público. Hablamos de una suma de 33.000 millones de dólares. Ese ajuste implicó una reducción del 76% de la obra pública; en segundo lugar la reducción del 15% de la inversión en jubilaciones y pensiones; y tercero la reducción en programas sociales, salarios y subsidios, esto último como efecto del aumento en las tarifas.
– ¿Entonces tras este acuerdo habrá más ajuste este año?
– Centralmente la cosa va por allí. El pago de esa deuda va a significar mayor presión para avanzar aún más en la reducción del gasto público. Pero al mismo tiempo significa mantener la supervisión y el control del Fondo sobre la Política Económica de la Argentina. La duración del acuerdo sería por 10 años y obviamente el control del FMI se mantendría durante esos 10 años.
En el 2024 el ajuste recayó en la obra pública, las jubilaciones, los salarios y transferencias a las provincias. Este año ya no hay obra pública, por lo tanto tampoco puede haber recorte allí. Además ya no tenés los dólares del impuesto país porque los quitaste. ¿Dónde queda por recortar? Nuevamente en salarios, tarifas y programas sociales.
Ocurrió la catástrofe de Bahía Blanca que, en varios aspectos, señala el rumbo de este gobierno. En primer lugar evidencia el terraplanismo cultural propio de una gestión que niega los impactos que está produciendo el cambio climático. En segundo lugar, sus políticas de ajuste, privatización y desguace del Estado, con el vaciamiento de la Dirección de Emergencias que casualmente atiende las catástrofes ambientales, inundaciones e incendios; la desarticulacióndel Instituto Nacional del Agua; y del Ente Nacional de Obras y Saneamiento Hídrico (ENOSHA).
El otro elemento a destacar es el uso del dinero. Dicen que la reconstrucción de Bahía Blanca requeriráuna inversión cercana a los 400 millones de dólares. El pasado, antes del anuncio del acuerdo con el FMI el gobierno se vendió esa misma cantidad de dólares que necesita esta ciudad, solo para sostener fijo el tipo de cambio y sostener la especulación financiera con el control del dólar.
Estamos ante un gobierno sin Estado. Una idea de gobierno donde prima la disgregación y balcanización de la Argentina y con políticas que sólo van dirigidas a apoyar el extractivismo: el litio en el Norte; el agronegocio en el Centro, los hidrocarburos en el Sur y la megaminería en la Cordillera de los Andes. En ese marco también se inscribe el papel del FMI, el enorme crédito otorgado a Macri y el aumento del endeudamiento que por DNU pretende llevar adelante Milei.
–Decías antes que se destruyeron 300.000 puestos de trabajo. Puestos en blanco que desfinancian al sistema previsional. En esa lógica el gobierno quiere subir la edad jubilatoria?
– Sí hay una clara intención del gobierno nacional en subir la edad jubilatoria En realidad dentro del acuerdo con el FMI entra el tema de una reforma previsional levantando la edad jubilatoria y además transformando el sistema previsional en una suerte de pensión para la vejez de los sectores más vulnerables mientras que el resto terminará dependiendo de un sistema privado de fondos de pensión.
El primer paso se da con la eliminación de la moratoria previsional y habrá una cantidad muy importante de gente que no va a tener ninguna posibilidad de jubilarse. Hoy prácticamente 9 de cada 10 mujeres no pueden cumplir con los 30 años de aporte y 3 de cada 10 varones tampoco y dado los niveles de informalidad que tiene la Argentina aumentará la población que quede fuera de la formalidad. Van creando un circuitodonde la compensación para la vejez será mayoritariamente a través de la pensión universal para el adulto mayor, como es el PUAM, que es inferior al haber jubilatorio mínimo jubilatorio. Para la población restante la tendencia será que vayan directamente al sistema privado de fondos de pensión.
– ¿El paso previo para ello es la armonización de las cajas jubilatorias provinciales?
– Sí, efectivamente, porque en algunas cajas provinciales los haberes jubilatorios son más altos que los del sistema previsional nacional y en la lógica del gobierno hay que reducir estos haberes y así poder avanzar en una sustancial reducción del gasto previsional dentro del gasto público. No es una estrategia muy distinta a la de los ´90.
– Por último. Hablabas hace poco de los índices ficticios del INDEC y la necesidad de cambiar la medición de la inflación
– En realidad el INDEC tiene desde el 2018 todos los elementos para cambiar el sistema de medición pero no se lo dejan utilizar. La estructura de gasto que están usando ahora es del 2005, por lo tanto cualquier medición que se haga con la canasta del 2018 daría más alta, como sucede con los índices de la Ciudad de Buenos Aires que tiene una ponderación de lo que son los servicios de luz, gas, agua, mayor que la que tiene el índice de precios nacional. Neuquén también la usa, por eso sus índices de inflación son más altos. Si no se cambia es para que se pueda esgrimir en la discusión electoral que la inflación está controlada, lo que es una verdadera ficción.
Ver nota original en el Trabajador del Estado del mes de marzo 2025
El gobierno de San Juan anunció una suba salarial en abril del 3,7%, para las y los trabajadores de la planta permanente de la administración pública provincial, que va en línea con la suba inflacionaria del mes de marzo.
Asimismo informó que se pagará un bono extraordinario por única vez de 80.000 pesos. Tanto el aumento salarial como el bono llegarán también al bolsillo de las y los trabajadores contratados.
Desde la ATE provincial explicaron que dado que se trata de una única paritaria provincial las y los trabajadores de los municipios que han adherido a la política provincial también cobrarán este aumento. De hecho las autoridades municipales de Rivadavia y Chimbas, pertenecientes al Gran San Juan, han sido las primeras en suscribir este aumento.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro pidió al Gobierno de la Provincia activar la cláusula de revisión salarial para la primera quincena de abril, tal como fue acordado en la última acta paritaria.
Con la inflación del 3,7% de marzo publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Sindicato pidió corregir el aumento del 1,5% otorgado en marzo.
“Rápidamente debe existir una convocatoria a negociar salarios en la provincia y que la misma permita corregir los porcentajes de aumento que quedaron desfasados ante este proceso inflacionario en ascenso”, dijo Romeo Aguiar, Secretario Gremial de ATE Río Negro.
“Sabíamos que el programa económico del Gobierno más temprano que tarde iba a mostrar su fracaso. Por lo tanto fue un acierto haber dejado plasmado en acta esta cláusula de revisión y monitoreo constante, porque la misma nos va a permitir que los salarios no se deterioren ante la evolución de precios”, agregó el dirigente.
La asamblea de trabajadores y trabajadoras de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz nucleadas y nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de dicha Provincia resolvió llevar adelante medidas de acción directa consistentes en la retención de servicios en el área de Asesoramiento a partir de las 9 de la mañana del día de ayer.
La decisión de la asamblea respondió a la falta de cumplimiento por parte del Ejecutivo Provincial en relación a los compromisos asumidos durante la audiencia de partes del pasado 4 de abril.
Desde ATE Santa Cruz se exigió que se respeten los plazos acordados para el tratamiento y aplicación del grado correspondiente a todas y todos los trabajadores a partir de abril 2025, el incremento de los adicionales con impacto efectivo para todas y todos los trabajadores bajo convenio, el cese inmediato de las amenazas y extorsiones verbales –especialmente aquellas que condicionan el derecho a la protesta con la quita de horas extras-.
Además, desde ATE Santa Cruz se demandó libertad sindical y se expresó que el derecho a reclamar no se negocia ni se castiga.
En la mañana de hoy, dándole continuidad a encuentros previos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego llevó a cabo una nueva reunión informativa con trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud de la Provincia por el reclamo de un Suplemento para la Dirección de Administración Financiera de la cartera.
De la misma participaron, en representación del Consejo Directivo Provincial (CDP) de ATE Tierra del Fuego, la Secretaria Adjunta Gladys Olivera, la Secretaria de Finanzas María Rosas y el Secretario de Interior Jonathan Chocobar, además de delegadas, delegados y prosecretarios del Sindicato.
La reunión se llevó adelante con el objetivo de charlar sobre el reclamo por un Suplemento para el área de la Dirección de Administración Financiera del Ministerio de Salud. Desde ATE Tierra del Fuego informaron que, dado el contexto, se seguirán organizando actividades con las y los trabajadores hasta que la Ministra entienda la necesidad de aplicar dicho suplemento también al área de Salud.
Se desarrolló una Mesa de Ciencia y Técnica para la reconstrucción del sector en el Aula Magna de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba. La misma fue organizada por la Mesa Sindical que agrupa a las Juntas Internas de ATE en Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Vehículo Espacial Nueva Generación, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, DIOXITEK junto a docentes e investigadores universitarios (ADIUC) y otros gremios.
Participaron profesionales de larga trayectoria: la doctora de CONICET Mónica Balzarini; el Secretario de Convenios Colectivos de ATE Nacional, Flavio Vergara; el diputado nacional Daniel Gollan; el especialista en historia de la Ciencia y la Tecnología argentina, Diego Hurtado y las diputadas nacionales Natalia De la Sota y Gabriela Estevez. Por el Consejo Directivo Provincial de Córdoba estuvieron presentes el Secretario General, Federico Giuliani, acompañado por el Secretario Gremial, Jorge Chalup y sus pares de Acción Política y Finanzas, Alejandra Agnone y Ricardo Reyna.
El Secretario de Convenios Colectivos del Consejo Directivo Nacional de ATE Nacional, Flavio Vergara, puso de manifiesto la urgencia de unirse y generar estrategias en red para afrontar el proceso de desguace y aniquilamiento sistemático que sufre el Estado. “Están construyendo un Estado líquido que, en lugar de regular, articular, controlar y distribuir riqueza en favor de las mayorías populares, sea un Estado que concentre, libere mercado y acumule”, expresó el dirigente.
Vergara puso en valor el reciente armado de la Coordinación de Ciencia y Técnica y de la feria de ciencias “Ciencia de la A a la Z” que concluyó el pasado sábado y se espera se replique en el resto del país. “ Construimos soberanía con-ciencia nacional. Ese es el camino que tenemos que transitar”, enfatizó el dirigente nacional.
El Secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, afirmó: “La idea no es solo reagruparnos y pelear contra un gobierno fascista que ataca lo público, tanto al Estado nacional como a las universidades, entendiendo que estamos en un proceso de resistencia, sino también para empezar a debatir cuál va a ser el día después que este gobierno se vaya”.
El objetivo de estos espacios es elaborar una agenda en común entre los distintos actores que integran la Mesa y agilizar un diálogo más frecuente que desarrolle propuestas para llegar a la ciudadanía, más allá de las medidas de fuerza que se realizan en defensa de los salarios y los puestos de trabajo.
Este lunes, ATE Entre Ríos logró que el Ministerio de Salud provincial agilice el pago de la jornada extendida a las y los enfermeros y las efectivice con las percepciones de abril luego de las gestiones realizadas con el Gobierno entrerriano.
Silvia Lugo, Vocal de ATE Entre Ríos, expresó: “Desde ATE se pidió que se agilice el trámite, ya que es bastante engorroso y a los colegas les está costando que los expedientes salgan de manera rápida. Se consiguió que se pague con los haberes de abril a los que tenían ya la documentación presentada de manera correcta”.
Actualmente, un enfermero o enfermera trabaja ocho horas diarias, sin embargo, dada la dinámica laboral, a veces la exigencia implica que se extienda entre tres y ocho horas más a partir de la cobertura de guardias. Eso significa suspender los días de descansos, lo que intensifica la exigencia propia del rol.
Desde el Sindicato se informó que aquellos agentes que, dentro de los expedientes de cada institución sanitaria, cuenten con la documentación requerida percibirán el código 7081 correspondiente a la prolongación de jornada con los haberes del mes de abril.
Es importante recordar que, en octubre 2024, en el marco de la paritaria sectorial ATE logró el reconocimiento de la prolongación de la jornada para las y los enfermeros de la provincia de Entre Ríos, lo que significó un importante avance para el sector. De esa forma, se reconoció el tiempo trabajado y se evitó que se sigan acumulando francos por la dedicación de tiempo extra (que en su mayoría no se podían devolver). El pago correspondiente se hace en relación a un cálculo valor hora.
Este lunes ATE San Luis rechazó y denunció el armado de una causa judicial para estigmatizar al Secretario General, Fernando Gatica, ante el pedido de condena a dos años de prisión por considerarlo penalmente responsable de la rotura de la bisagra de una de las puertas de acceso al edificio de la comuna de San Luis, que la ATE expresó no haber dañado.
“Rechazamos el proceso de judicialización de la protesta social desatado en la provincia de San Luis. Los conflictos sociales y sindicales los debe resolver el Poder Político. Los jueces y fiscales no tienen que entrometerse. Lo hacen por orden del Poder Ejecutivo. No podemos permitir semejantes niveles de persecución. La Justicia tiene que estar al servicio del pueblo y no del Poder Político de turno. Se advierte un quebrantamiento de la división de poderes en esta provincia. No van a tener éxito en su intento de infundir miedo y temor. Desde ATE no nos vamos a doblegar, no nos vamos a disciplinar. Vamos a seguir peleando por todos y cada uno de los derechos de los estatales de San Luis” afirmó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
Por su parte Fernando Gatica, Secretario General de ATE San Luis, expresó: “Repudiamos este intento vil de amedrentarnos. No nos van a silenciar, seguiremos defendiendo a los y las trabajadoras, y denunciando las injusticias de los gobiernos. Estoy convencido de que esta decisión del fiscal tiene que ver con que nos hemos decidido a representar a la clase trabajadora en estas elecciones provinciales, en mi caso, soy candidato a diputado provincial por el departamento Pueyrredón. Y claramente no quieren que trabajemos desde la Legislatura para modificar las condiciones de trabajo y propiciar que el Poder Legislativo se comprometa favoreciendo condiciones dignas de trabajo. Esta causa está construida por el intendente Gastón Hissa y sostenida tanto por el poder político provincial y judicial, que aplica las leyes en función del gobierno de turno”.
Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional, manifestó: “Es una aberración absoluta, un absurdo proponer dos años de prisión por la rotura de una bisagra, en vez de enfocarse en la defensa de los 300 puestos de trabajo. Esto es criminalizar la protesta, un derecho constitucional fundamental de las personas y de las organizaciones sindicales”.
En enero 2024 ATE San Luis llevó a cabo una manifestación pacífica frente al edificio comunal de San Luis en reclamo por mejores condiciones laborales y para exigir una recomposición salarial para las y los trabajadores municipales. En un acto de criminalización de la protesta, el acontecimiento fue denunciado por el Poder Ejecutivo.
La denuncia se efectuó contra los siguientes dirigentes sindicales: Fernando Gatica, Florencia Mendoza y Walter Damián Barroso por supuesta resistencia a la autoridad, amenazas y daño a bienes del Estado. La acusación fue presentada por el fiscal de Instrucción N°1 de la Primera Circunscripción Judicial, Francisco Assat Ali. Los acusados se presentaron ante la justicia, citados a la formulación de cargos y las denuncias por “persecución sindical y la criminalización de la protesta” fueron desechadas. Quedó pendiente de definición el llamado “daño a bienes del Estado”, cuya referencia es una pequeña rotura de bisagras de una puerta en el edificio municipal, que la ATE expresó no haber dañado.
Es importante recordar que el Sindicato había denunciando este accionar como una estrategia de amedrentamiento a dirigentes sindicales para desviar la información de lo verdaderamente importante: el despido de 300 trabajadores que promovió el intendente Hissa a principios de su gestión de gobierno y el empobrecimiento de las y los municipales. Ejemplo de ello es el presupuesto 2025 presentado por el Poder Ejecutivo en el Concejo Deliberante que no contempla ninguna recomposición salarial para municipales para el presente año.
El Sindicato, en el legítimo ejercicio del derecho constitucional a la huelga y a defender los derechos de las y los trabajadores, seguirá denunciando las políticas de ajuste que desde el Municipio de San Luis y desde la provincia se está implementando sin reparos, aunque se intente criminalizar la actividad sindical.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el Estado de Asamblea Permanente en toda la Administración Pública y decidió realizar protestas simultáneas en todos los organismos públicos y ministerios este miércoles 23 de abril en el marco de una Jornada Nacional de Lucha en rechazo a la paritaria firmada por debajo de la inflación y la devaluación impulsada por el Gobierno Nacional.
“No le podemos dar tregua a un Gobierno que está perdiendo el consenso social. El daño que nos causaron a los estatales con la complicidad de otro sindicato en la última paritaria es irreparable. Tenemos que multiplicar las protestas en todos los sectores para rechazar la posibilidad que se siga recortando en el Estado y convocar a seguir afiliándose a ATE. Necesitamos ser mayoría en el Estado Nacional para impedir el fraude en las paritarias”, indico Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
La medida se definió a partir de una reunión del Secretario Ampliado realizada en el Hotel Héctor Quagliaro del sindicato (Moreno 2654, CABA). En este sentido, el dirigente de ATE apuntó: “El plan de lucha que hemos mantenido los estatales ha evitado que haya una mayor cantidad de despedidos y que la transformación del Estado encarada por el Gobierno no sea tan profunda”.
“Tenemos que impedir que el presidente Milei cumpla con las amenazas que hizo por Cadena Nacional de seguir ajustando sobre el sector público y acelerar el proceso de privatizaciones”, agregó el Secretario General de ATE Nacional.
“La medida de fuerza que hemos definido nos tiene que permitir también poner en cuestionamiento el nuevo acuerdo con el FMI. Un entendimiento que se traduce en más ajuste para los jubilados y menos derechos para todos los trabajadores. Tenemos que rechazar la injerencia del Fondo en la economía y en la vida cotidiana de las argentinas y los argentinos. No estamos dispuestos a tolerar las reformas que intentan llevar adelante como la jubilatoria, tributaria, laboral y de la coparticipación”, concluyó Aguiar.
Por su parte, la Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, indicó: «Dirigentes nacionales de nuestro sindicato nos reunimos para poner en agenda nuevas medidas de fuerza para las próximas semanas. Estamos de acuerdo en que la imagen del Gobierno en todo el país se está derrumbando y en parte, es gracias a la lucha que venimos dando desde antes que asumiera.
«El nuevo acuerdo con el FMI no es sólo una nueva toma de deuda, sino que esconde detrás, un nuevo ajuste que otra vez pagaremos jubilados, estatales, docentes: es decir la clase trabajadora. Es una nueva condena a nuestros hijos y nietos, a que no puedan tener proyectos a largo plazo en su propio país. Nuestro compromiso desde la conducción del sindicato será seguir dando la pelea en todos los frentes, y poner en agenda que el gobierno está perdiendo credibilidad, que parar es un derecho y que organizarse nos da garantías de que nadie se salva solo», manifestó la dirigenta.
Las protestas comenzarán el miércoles 23 a las 11 con asambleas, paros, radios abiertas, cese de tareas, retiros de los lugares de trabajo y no se descarta que en algunos casos puedan existir bloqueos. Cada organismo definirá sus modalidades de protesta. En este marco, ATE convocó a una campaña masiva de afiliaciones para alcanzar la mayoría en el Estado y revertir la situación salarial en el Sector Público.
Cabe recordar que la última paritaria, rechazada por ATE y aceptada por el otro gremio participante de la discusión salarial en la Administración Pública Nacional (UPCN), fue de un tercio de la inflación anunciada ese mismo día: 1,3% para los meses de marzo, abril y mayo, mientras que el Índice de Precios al Consumidor del Indec dio un 3,7% en marzo.
Además, el sindicato reclamará contra el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no sólo implica un nuevo endeudamiento de al menos 20 mil millones de dólares, sino también una serie de exigencias como una reforma previsional, reforma y flexibilización laboral, reforma tributaria, reforma en el régimen de coparticipación y el intento de privatización de empresas públicas.
Además, el sindicato alertó por la devaluación del 13% de la última semana a partir de las últimas medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo nacional.
