En el marco de los despidos a trabajadoras y trabajadores estatales que está llevando a cabo el Gobierno Nacional se informó a través de telegramas a siete de los dieciocho empleados del Centro de Referencia (CDR) de la sede de Mar del Plata que serán desafectados del organismo público. Por ello ATE, a través de la Seccional, convocó a una movilización para manifestarse en contra de estas cesantías.
Es importante recordar que los CDR son espacios locales de gestión ubicados en diferentes puntos del país que cumplen el objetivo de acercar a la población las políticas públicas del Ministerio de Capital Humano. Su tarea es promover los derechos sociales con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y asesorar a los ciudadanos, articulando los programas sociales con otros organismos nacionales, provinciales o municipales según su incumbencia para darle un abordaje integral.
Hasta el año pasado eran 56 los centros en todo el país y estaban integrados por equipos profesionales que trabajan articuladamente con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales para coordinar diversas líneas de acción, planes y programas.
Desde ATE se rechaza la política que está implementando el Gobierno Nacional ya que los despidos se traducen en menos políticas públicas, es decir, es una forma explícita de quitarle servicios del Estado a los que más necesitan. Sin embargo, la inflación sigue subiendo, los sueldos profundizan su deterioro y el dólar asciende a valores desmedidos y con ellos el precio de los alimentos y los servicios básicos.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) visitó la delegación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Santiago del Estero en el marco de la tanda de despidos anunciados por el Gobierno nacional en toda la Administración Pública.
Los trabajadores del organismo expresaron su más absoluta preocupación por las cesantías que están ocurriendo en el Estado. En la provincia particularmente, ya son dos los monotributistas que se les comunicó su despido en las últimas horas.
“Esta situación ya la vivimos en la época de Menem y también con Macri, quienes fueron los autores de las privatizaciones y grandes despidos de los trabajadores del Estado. Por todo esto ATE seguirá en la calle defendiendo nuestros derechos. Sólo pedimos que se reincorporen a todos los compañeros, que reconozcan los derechos adquiridos y paren los despidos”, indicó la Secretaria General de ATE en Santiago del Estero, Élida Juárez.
Durante la recorrida por la sede del organismo, la conducción provincial de ATE también tomó conocimiento del despido de una trabajadora del área de Discapacidad del Centro de Referencia con 18 años de antigüedad.
El sindicato expresó su profundo rechazo a las políticas de despidos impulsadas desde el Gobierno Nacional que no sólo significan una tragedia en las familias de las trabajadoras y trabajadores cesanteados, sino también la pérdida de derechos para la población en general. En este marco, ATE exige la inmediata reincorporación de todas las y los cesanteados.
El Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba lanzó la campaña de afiliaciones de trabajadoras y trabajadores municipales del interior provincial, bajo la consigna “SOS municipal? SOS estatal!”.
Con 427 jurisdicciones municipales en la provincia, las y los trabajadores municipales constituyen inmensas masas de los estatales cordobeses que sufren salarios que rondan en promedio entre 200.000 y 300.000 pesos, donde los sindicatos locales no han logrado recuperar los haberes frente a la brutal inflación existente.
Además, en los municipios son una lamentable realidad la cantidad de personal en negro, con monotributos y en malas condiciones de trabajo. Las y los municipales sufrimos plazos eternos para que los Departamentos Ejecutivos convoquen a los concursos internos a planta permanente, dado que la mayoría de los municipios y comunas incumplen sus propios Estatutos vigentes, que en muchos casos son normativas desactualizadas.
En ese marco, el personal municipal de planta o en blanco nos vemos sometidos a la injusticia laboral de sostener obligatoriamente la obra social provincial APROSS, muy cara para el nivel salarial municipal y con malas prestaciones en el interior de Córdoba. El Gobierno de la provincia, a partir de una resolución de fines del año pasado de manera claramente autoritaria, ha sumado a los aportes que nos descuenta en nuestros haberes un porcentaje extra por el FEC (Fondo de Enfermedades Catastróficas) y el FOSAeT (Fondo Solidario de Atención Tecnológico), cubertura antes cubiertas con nuestros aportes habituales.
Al mismo tiempo, se aumentaron los aportes previsionales en un 4%, mientras los sueldos de las y los jubilados caen por un tobogán y el diferimiento de las actualizaciones salariales hace cada día más insoportable sostener la canasta de consumo de los jubilados, frente al aumento de los remedios muy por encima de la inflación promedio.
Actualmente ATE Córdoba tiene presencia en alrededor de 100 municipios construyendo fuerza organizada en los territorios del interior provincial, discutiendo mejoras salariales con cada Departamento Ejecutivo, impulsando mejoras en las condiciones de contratación, logrando la entrega de las mudas de ropa de trabajo, impulsando políticas en materia de higiene y seguridad en el trabajo, exigiendo igualdad de trato entre hombres y mujeres y dando contención política y representativa gremial compañeras y compañeros que ven sus puestos de trabajo en riesgo por la ola de políticas de ajuste, antiestatales y represivas que impulsa el Gobierno Nacional, situación que derrama hasta llegar a los municipios, principales afectados por el desplome de recursos que el Estado nacional retiene de manera ilegal y anticonstitucional.
Todo esto se puede revertir con organización y un sindicato que se ocupe de luchar por los intereses de las y los municipales, y no por lo que le conviene los intendentes y jefes comunales de turno. Es urgente afiliarse a un gremio combativo, elegir cuerpos de delegados/as y avanzar en la organización de los sectores de cada municipio y comuna de la provincia.
El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, recibió al Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se acordó que el 15 de julio las partes se reunirán a determinar aumentos salariales para ese mes y que el 16 se liquide el incremento de junio y la porción de aguinaldo retroactivo no computado.
El mismo había sido el condicionamiento del plenario de Secretarios Generales de ATE al aprobar la oferta de $50.000, $60.000 y $70.000 según categoría y agrupamiento y el blanqueo de $15.000 en junio más $15.000 en julio correspondientes al bono de octubre de 2023.
De esta manera, el salario mínimo inicial quedaría en julio para la Ley 1844 en $706.485, para el personal no médico de la Ley 1904 en $852.440, personal médico $974.121 y médico full time en $1.259.469.
En dicha reunión Aguiar agradeció al gobernador Weretilneck su expresión de solidaridad luego de la represión que el sindicato sufrió el pasado lunes en las puertas del INTI, tras el despido de 2300 trabajadores.
Luego de la negociación paritaria con el Gobierno de la provincia de Jujuy, ATE presentó una contrapropuesta al incremento salarial del 10% ofertado por el Gobierno para los trabajadores de la Administración Pública Provincial y exigió que el porcentaje sea de 25%.
“Se ha planteado a las autoridades del Gobierno la situación económica a nivel nacional como en la provincia. Este acuerdo no se acerca ni por asomo a lo que necesitamos. Se debe elevar el piso salarial a través de un bono en un mes donde no hubo convocatoria a paritarias”, evaluó el Secretario General de la conducción provincial de Jujuy, Carlos Sajama.
Mediante una nota remitida al Poder Ejecutivo de la provincia, el sindicato incluyó en la contraoferta el pedido para que el bono de $50.000 ofrecido por el Gobierno para el mes de julio se eleve a $150.000 para garantizar un piso salarial más alto para los trabajadores provinciales.
Por otro lado, ATE planteó que para el mes de agosto se eleve el valor de la suma fija de 22 mil pesos, suprimido durante la liquidación anterior. A su vez, se acordó que la suma de 45 mil pesos que actualmente perciben los agentes de salud se extienda a toda la planta provincial para garantizar un piso de igualdad, y se exigió un aumento del mismo. “Vamos a pelear para que entre ambas sumas se supere los 80 mil pesos extras para los trabajadores”, indicó Sajama.
Por su parte, la Secretaria de Convenios Colectivos de Trabajo, Mariela Tejerina, señaló: “Preocupa la situación con el agrupamiento de los conceptos en negro que tenemos dentro del recibo de sueldo. Por eso también solicitamos la reconversión del código 1920, porque siempre que tenemos incrementos salariales, la mayoría de los trabajadores termina sufriendo la afección del 10% que no lo ve en el bolsillo porque se lo comen los conceptos salariales. Normalmente lo que hacen con las sumas fijas, al subir los pisos salariales, nos terminan quitando la suma fija”.
Además, el sindicato exigió que el incremento ofrecido del 10% a las asignaciones familiares se equipare con los valores nacionales. También se reiteró el pedido de pase a planta permanente de trabajadores provinciales y municipales, asegurando que ya son 4 mil los que se encuentran en condiciones de pasar a estabilidad en el caso del primer grupo, y 3 mil en el segundo.
Con la medida de fuerza de este lunes la ATE San Luis ratificó que habrá continuidad con las medidas de fuerza que se iniciaron en el municipio de San Luis, dispuestas en el marco de la lucha por la recuperación por el salario de las y los trabajadores del municipio capitalino.
Más allá del reciente aumento de 100.000 pesos, que el gobierno municipal otorgó el pasado fin de semana, el sindicato ha reclamado tanto a nivel local como a nivel provincia “salarios dignos”.
En este sentido el Secretario General del CDP, Fernando Gatica, ha explicado que con el cambio de gobierno habido en la provincia en diciembre pasado también cambiaron las condiciones salariales y laborales del personal estatal. El Ejecutivo puntano, seguido por los municipios, ha alineado su política salarial con el gobierno nacional. Por ello desde que asumió aplicó una política salarial contractiva que ha acelerado la caída de los ingresos.
Al respecto Gatica explicó que “con el gobierno anterior no sólo habíamos alcanzado un acuerdo para que el salario estuviera por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), también estábamos percibiendo salarios por encima de la línea de la pobreza. No había un solo municipio por debajo de ello” y agregó “a noviembre (antes de que acabara la gestión del gobierno anterior) no había un solo municipio donde el trabajador o la trabajadora que estuviera por debajo de la línea de pobreza, una cuestión que ahora se perdió por el congelamiento salarial”.
Retomando el conflicto con las y los trabajadores municipales el CDP realizo un corte de calle en las puertas de las oficinas de Servicio Básico (SerBa) y adelantó que continuarán las asambleas con reclamos y visibilización hasta ser escuchados.
El Secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, junto a la Secretaria Adjunta del Consejo Directivo Provincial (CDP) del sindicato, Gabriela Alcoba, recibieron a las compañeras referentes Auxiliares del Prpograma de Asistencia Integral de Córdoba (PAICOR) de la Capital para avanzar en la organización de estas trabajadoras del Estado Provincial.
Las Auxiliares PAICOR y Escolares conforman un colectivo caracterizado por el trabajo precarizado del Área de Educación Pública. Desde hace más de dos años crece su organización en ATE y la CTA-A Córdoba. El punto de partida fue Río Tercero, que es donde se inicia esta movida de los precarizados.
Giuliani manifestó que “apostamos a construir un espacio de representatividad que tiene la potencialidad de contener a más de 6 mil trabajadoras que prestan tareas en escuelas públicas de la Provincia de Córdoba, actualmente en condiciones de absoluta precarización laboral. Las trabajadoras no tienen contrato ni algún tipo de vínculo formal con el Estado empleador, no se respeta la estabilidad laboral, con condiciones de trabajo indignas, muchas veces por la desidia de las políticas públicas, sin ropa de trabajo e insumos para llevar adelante sus tareas, sin vacaciones pagas ni licencia por maternidad o enfermedad, sin cobrar su sueldo cuando las escuelas cierran, una situación alarmante”.
Por su parte, Alcoba dijo que es necesario reconocer “40 años cubriendo las necesidades esenciales de las niñas y niños de Córdoba. Las compañeras del PAICOR eligieron hace tiempo a ATE para pelear por sus derechos. Sabemos que las condiciones que están son muy precarias y falta mucho. Hay un piso de dignidad que está relacionado con poder ejercer la capacidad de organizarse y de ahí para arriba todo”, sostuvo.
La Secretaria General de ATE Misiones, Miriam López, el Secretario Administrativo, Marcelo Grasiadei, la Vocal Graciela Bernal, la asesora jurídica Roxana Rivas y delegados del sindicato en el Instituto de Previsión Social de la provincia mantuvieron un encuentro con el Presidente del organismo, Lisandro Benmaor, y con parte de su equipo, en el que se acordó fortalecer la discusión en relación a la precarización laboral, potenciar la elección de delgados en el sector de guardería, y firmar un convenio entre ATE y el IPS para que las y los afiliados del interior de la provincia puedan acceder al hospedaje.
Tras la reunión, la Secretaria General de ATE Misiones, Miriam López, manifestó “Pedimos una mesa de trabajo con el Presidente del IPS, que es la obra social de la provincia. Nosotros ahí representamos a un grupo de trabajadores muy precarizados, con sueldos de entre 60 mil y 100 mil pesos por mes. Algunos entraron por una Organización No Gubernamental que les pagaba 40 mil pesos y un bolsón de comida. Por supuesto nosotros desconocíamos eso. Ellos fueron se presentaron en ATE y empezaron a organizarse. La mayoría son trabajadoras cuidadoras maternales en una guardería que depende del IPS Social y que está destinada a que todos los trabajadores de la provincia, lleven allí a sus hijos. Y son esas compañeras, en ese extremo de precarización, las que cuidan a nuestros hijos, entonces por el momento abrimos una instancia de diálogo para ver qué soluciones nos pueden dar. Pedimos contrato con relación de dependencia y pase a Planta Permanente”.
“Por encima de la precarización laboral, en el sector además había mucha violencia y no reconocían a ATE, impidiéndonos llevar adelante las elecciones de delegados en el sector de la guardería. Ahí fue que intervino nuestra abogada con quien, presentaciones mediante, finalmente pudimos destrabar que los trabajadores lleven a cabo las elecciones. Por supuesto que igual las íbamos a hacer sin autorización, pero ahora entendieron que no hay ningún impedimento para que los trabajadores precarizados puedan elegir a sus delegados. Vamos a pedir el traslado de algunos compañeros que están siendo muy vulnerados y violentados en sus derechos, y vamos a tratar de llevar esta reunión al Ministerio de Hacienda, donde vamos a pedir los pases a Planta Permanente y los contratos con relación. Esta es una lucha que recién empieza”, agregó López.
La Paritaria sectorial del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos se reunió este viernes y llegó a un acuerdo respecto a los puntos abordados en las mesas técnicas, entre ellos la devolución de las licencias ordinarias y de las horas extras acumuladas. Asimismo, el COPNAF se comprometió a no iniciar jubilaciones de oficio y a respetar la carrera administrativa.
Los paritarios de ATE Entre Ríos valoraron la instancia para poder resolver problemáticas de las y los trabajadores y marcaron la necesidad de evitar desprolijidades en las convocatorias, a lo que la Secretaría de Trabajo se comprometió a corregir, respetando el proceso paritario.
En cuanto a la licencias se acordó el reconocimiento de las ordinarias adeudadas. Por las que no fueron denegadas expresamente por razones de servicio, cada trabajador podrá iniciar el reclamo, en un plazo de 75 días corridos, ante la Subdirección de Personal de COPNAF. La revisión será sobre las licencias no gozadas, correspondientes al período 2020, 2021, 2022 y 2023. A partir del 1º de enero de 2024, las licencias ordinarias son obligatorias, no pueden prorrogarse ni acumularse, salvo que por razones de servicio le fuere denegado, en cuyo caso deberá gozarlas el año siguiente. En caso contrario, las mismas se pierden, a menos que la autoridad de nombramiento dicte Resolución prorrogando.
Respecto a las horas a compensar, ATE Entre Ríos insistió en la necesidad de que se aplique el mismo criterio en todo el Estado Provincial y sugirió que se proceda como el Ministerio de Salud respecto de similar situación. Se realizará un relevamiento interno en un plazo de 60 días corridos, con corte al 31 de diciembre de 2023, a fin de elevar al Ministerio de Hacienda y Finanzas las horas computadas adeudadas. Una vez completado este procedimiento, se fijará cómo se devolverán estas horas, sin resentir los servicios y de la manera más conveniente para las y los trabajadores. Las horas acumuladas, acreditadas, desde el 2024 se podrán ir tomando durante el año en curso, con planificación con el jefe inmediato y con registro, a efectos de elevar a la Subdirección de Personal. De aquí en adelante, la planilla deberá estar firmada y fundamentada por el jefe inmediato. A tales efectos, el COPNAF reglamentará, con conocimiento de los gremios, la forma en que los jefes inmediatos deberán conceder las horas a compensar.
La Subdirección de Personal informará licencias y horas acumuladas adeudadas, a sola consulta del trabajador o trabajadora.
El acuerdo alcanzado no sólo reconoce que estaban siendo vulnerados derechos de las y los trabajadores, sino que establece plazos y procedimientos claros de modo que en adelante no haya lugar para interpretaciones erróneas que perjudiquen a las y los trabajadores.
La próxima audiencia paritaria se fijó para el jueves 15 de agosto, en horario a confirmar. Ese día se empezarán a tratar cuatro puntos pendientes: Aplicación del Decreto 3738 en el ámbito de COPNAF, creación de la comisión de suplentes, modificación y unificación de la resolución 202 y procedimiento frente a eventuales paros de transporte público de pasajeros.
El pasado jueves 27 de junio, dirigentes del Consejo Directivo Provincial de ATE Chaco se reunieron con la Directora del Hospital Perrando, María Laura Lezcano, y la co-Directora, María Itatí Scroméda. Durante la reunión se abordaron las distintas problemáticas que afectan a las y los trabajadores de la institución, relacionadas principalmente con las formas precarizadas de contratación y con situaciones de violencia laboral.
En representación de ATE Chaco estuvieron presentes la Secretaria de Formación, Celeste Espínola, el Vocal Jorge Quintana, y los delegados Horacio Bogado y Carmen Vallejos, que fueron acompañados por agentes del servicio social del hospital.
Durante el encuentro se hizo referencia también a la contratación de las y los trabajadores del Programa Expertos, la renovación de su obra social, el fondo estímulo que se paga de manera diferenciada y discriminada, y la equiparación del refrigerio.
Por último, desde el sindicato se reclamó por los incidentes de violencia y persecución laboral que vienen soportando las y los trabajadores de servicio social del hospital por parte de un superior. Ante esto, Lezcano se comprometió a intervenir y a realizar una próxima reunión para comunicar la determinación adoptada con el fin de garantizar el bienestar y las adecuadas condiciones de trabajo para el personal.
