Con una adhesión del 70% del conjunto de las y los empleados municipales se le solicitó al Intendente, Diego Ontiveros, dé una respuesta al reclamo que están llevando a cabo las y los trabajadores por los bajos salarios. Asimismo, expresaron su malestar porque el jefe comunal no asistió a la reunión prevista para tal fin el día 7 de junio.
En un contexto de aumento del costo de vida y de los servicios esenciales las y los trabajadores de la localidad de Guachipas – ubicada a 115 km de la ciudad de Salta capital de la provincia – se organizaron para llevar adelante asambleas sostenidas para lograr mejoras salariales. Es importante destacar que el promedio salarial de las y los trabajadores municipales ronda en los $200.000.
La asamblea realizada el viernes pasado contó con el apoyo del Secretario del Interior, Gustavo Sarapura miembro del Consejo Directivo Provincial ATE Salta.
Finalmente, es importante subrayar que las asambleas continuarán hasta tanto el Municipio ofrezca respuestas concretas a la situación planteada.
ATE Formosa que integra la entidad que coordina la acción de diversas organizaciones gremiales, políticas y sociales de la provincia encabezará una manifestación en contra de la Ley Bases con una concentración a partir de las 9hs en la Plaza San Martín para marchar por la avenida 25 de Mayo hasta el reloj municipal de la peatonal de la calle Rivadavia. Del acto participarán referentes de las organizaciones convocantes quienes prestarán apoyo a la que se realiza a la misma hora en la Capital Federal y en todo el país.
La Ley Bases forma parte central del proyecto de Javier Milei que busca concretar los intereses del capital monopólico nacional e internacional que, pese a las dictaduras cívico-militares y al gobierno de Mauricio Macri, nunca pudieron consolidarse por la resistencia del pueblo argentino.
Esos intereses implican la concentración de la riqueza en pocas manos, regalar el patrimonio nacional por las privatizaciones de las empresas estatales y entrega de las riquezas naturales del país a la codicia de las corporaciones extrajeras.
La Multisectorial de Formosa convoca a toda la ciudadanía a la unidad y acción de los sectores populares para resistir este proyecto del Gobierno liberal-libertario que implica miseria planificada para el pueblo y entrega de los recursos naturales del país al capitalismo foráneo.
En la localidad de Paraná, trabajadoras y trabajadores del área de la salud se reunieron en el aula magna del Hospital Escuela de Salud Mental para llevar a cabo una asamblea para abordar las diversas dificultades asociadas a las condiciones laborales, la situación de las y los usuarios del sistema y principalmente el impacto que tienen las políticas implementadas por el gobierno nacional en la labor diaria. A partir del debate colectivo se subrayó la necesidad de mayores definiciones a nivel provincial en la materia.
Además, las y los presentes se manifestaron en contra de la medida que pretende salvar el déficit de la caja de jubilaciones ajustando nuevamente los salarios ya desvalorizados de las y los trabajadores, desconociendo el esfuerzo realizado con la población más sufriente, con magro presupuesto y en condiciones de una histórica precarización laboral.
Finalmente, se acordó realizar un documento que reúna las distintas demandas planteadas por el sectore y presentárselo al director provincial de salud mental para que conozca los planteos recurrentes y generalizados para darle una atención prioritaria en la provincia.
Con la participación de gran cantidad de compañeros y compañeras municipales chaqueñas, de Mario Muñoz, en representación del Consejo Directivo Nacional; la Secretaria General de ATE Chaco, Dafne Zamudio y la Secretaria General de la Seccional Sudoeste Chaqueño, Gabriela Calek, se llevó adelante el pasado sábado el plenario de Delegados y Delegadas Municipales en Campo Largo.
«Vinimos a participar del primer plenario de municipales, entendiendo que son el futuro en nuestra organización. Queremos, como dice nuestro Secretario General Rody Aguiar, municipalizar el sindicato y entregarle herramientas a todos los trabajadores para luchar por sus condiciones de trabajo, su dignidad y su salario», aseguró Mario Muñoz.
En sus intervenciones delegados de distintos municipios comentaron cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrentan, entre ellas: la persecución sindical, el no reconocimiento de los delegados y el maltrato de algunos intendentes.
Del debate surgió unanimidad en el repudio al DNU 70/23 y la Ley Bases impulsada por el Gobierno nacional. Además se decidió organizar una jornada de lucha de municipales chaqueños, que se replicará en otras provincias del país.
También estuvieron presentes compañeros y compañeras de diferentes municipios chaqueños como Pampa del Indio, Isla del Cerrito, Makalle, Margarita Belén, Pinedo, Corzuela, Pampa del Infierno, Du Graty, Santa Sylvina, Pampa Almirón, Los Frentones, Concepción del Bermejo y Campo Largo.
Luego de la medida de fuerza expresada por las y los trabajadores estatales de Santa María la semana pasada, se conocieron algunos aumentos salariales en la provincia de Catamarca. En el caso de Corral Quemado, se definió un aumento salarial de $100.000 para trabajadores de planta permanente que se hará efectivo en dos partes, sobre los haberes correspondientes a los meses de mayo y de junio del 2024. De esta manera, el salario real será entre $350.000 y $380.000 según la antigüedad y la categoría de cada empleado. También se informó un aumento para contratados y becados de $200.000 que ya se abonó el 5 de junio. Por otra parte, se hizo la entrega de indumentaria al personal contratados y becados.
Descontento de las y los trabajadores de la localidad de Santa María.Trabajadores de Corral Quemado reciben materiales de trabajo necesarios para la tarea asignada.
Respecto de las novedades para las y los estatales de la localidad de Londres, el Intendente Municipal Roberto Rodríguez comunicó a representantes de ATE Catamarca los aumentos otorgados a los empleados para los meses de mayo y julio 2024. Así, se otorgó un 25% de aumento para los de planta y escalafonados en el mes de mayo, y otro previsto para el mes de julio de acuerdo al presupuesto municipal aun no informado.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Chaco llevará adelante hoy lunes 10 y mañana martes 11, una medida de fuerza en la Municipalidad de Margarita Belén, luego de reiterados intentos fallidos de generar una vía de diálogo con el intendente Javier Martínez.
ATE viene solicitando audiencias con el mandatario luego de reiteradas situaciones en las que se han violado derechos fundamentales de las y los trabajadores municipales en esa comuna.
El sindicato denunció maniobras ilegales, que se suman a una serie de históricos reclamos, entre ellos la persecución laboral y sindical contra la secretaria de Interior de ATE en Chaco y de la CTA Autónoma Chaco, Yanina Gómez, y contra el delegado y la delegada de la municipalidad. Los tres, siendo personal de planta, sufrieron medidas arbitrarias como traslados y suspensión del pago de haberes.
“Esto me representa un claro perjuicio, porque soy jefa de hogar y este salario es mi único ingreso. La suspensión de haberes es un atentado a mis derechos básicos y a la manutención de mi familia”, expresó Yanina Gómez.
Esto se da en el marco de diversos reclamos que las y los trabajadores de la intendencia mantienen con el intendente Martínez. Las y los agentes se encuentran exigiendo recomposición salarial, indumentaria de trabajo, pago de refrigerio, y condiciones dignas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo.
La central sindical Comisiones Obreras (CCOO) se solidarizó con ATE por la represión del pasado 25 de mayo y por el acoso judicial que sufre la conducción gremial de la provincia desde el año pasado, evidenciada en las causas penales que se acumulan contra dirigentes estatales, como es el caso del Secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani.
En ese marco, la central española repudió los ataques que impuso la Gendarmería y la Policía de la provincia, donde “más de quince personas heridas (entre ellas dirigentes de la ATE y periodistas) y cuatro detenidas por la brutal intervención de las fuerzas policiales en la manifestación que fue convocada por ATE para la defensa del empleo público”.
Además, la CCOO denunció públicamente “el allanamiento de la vivienda de diferentes dirigentes sindicales, a quienes manifestamos toda nuestra solidaridad” y consideró que “la persecución y estigmatización de sindicalistas es la única forma que tiene el Gobierno de Milei para imponer su modelo económico ultraliberal”. En tal sentido, CCOO citó las declaraciones del Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, al denunciar que “en esta Argentina no hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero para lo único que hay plata es para reprimir. Está quedando claro que el modelo de país que quieren no pasa sin represión. En ese país no entramos los trabajadores y jubilados con una vida digna”.
En consecuencia, CCOO expresó su apoyo y solidaridad con el movimiento sindical argentino que, con importantes movilizaciones, “está enfrentando las decisiones que adopta Milei contra las organizaciones sindicales, los trabajadores y trabajadoras y los sectores más desfavorecidos del pueblo argentino; además, rechazamos rotundamente la represión que ejerce el Gobierno Milei para amedrentar a quienes salen a las calles a protestar pacíficamente para mejorar sus condiciones de vida”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro este miércoles 12 de junio y se movilizará frente al Congreso de la Nación para exigir a los senadores que rechacen el proyecto de Ley Bases.
“Este miércoles los senadores van a tener la oportunidad de evitar el derrumbe total de la Argentina. Los estatales esperamos que rechacen la Ley Bases y de esta manera se le empiece a poner fin a tanto desquicio”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
Aguiar aseguró que “la reforma laboral que contiene esta ley es absolutamente regresiva” y agregó: “Si se aprueba, desaparecen todos los derechos adquiridos y tenemos que prepararnos para niveles impensados de explotación y para las tasas de desempleo más altas que se conozcan hasta el momento”.
“Cuesta creer que con el aval de los gobernadores y el senado, entreguen sin control las riquezas de nuestro país a las potencias extranjeras. Impera un fuerte sentimiento antipatriótico en la mayoría de nuestros gobernantes”, concluyó Aguiar.
La medida fue resuelta en el 56° Congreso Extraordinario del sindicato, realizado el 30 de mayo con la participación de todas las representaciones provinciales.
La ley contempla una reforma laboral en el Estado que pone en disponibilidad incluso a los trabajadores de la planta permanente, incumpliendo con todas las normas de estabilidad laboral contempladas en la Constitución Nacional.
Además, reclamarán contra los más de 50 mil despidos que el Gobierno anunció para fin de mes para los trabajadores de la planta transitoria del Estado.
Tras una resolución comunicada ayer por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, desde el Cuerpo de Delegados y Delegadas de ATE en la Secretaría de Justicia perteneciente a dicha cartera lanzaron un comunicado para repudiar y denunciar el intento de vaciamiento de la política pública de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), los cierres y despidos de sus trabajadores con argumentos totalmente falsos, maliciosos y que desconocen la realidad de la comunidad, y para invitar a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil y la población en general a que se unan al estado de alerta y a que sumen su apoyo a través de las redes sociales con los hashtags #NoAlCierredelosCAJs y #AlertaCAJ.
Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y Delegada de ATE de la Secretaría de Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, comentó: “Estamos en situación de alerta por los inminentes despidos en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que están distribuidos en todo el país por una resolución de la que nos notificamos hoy y que tiene como objetivo un proceso de reorganización y vaciamiento de los CAJ, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables, pero también para toda la sociedad. En la Secretaría de Justicia ya tenemos, hasta el momento, 270 despidos desde el mes de diciembre. Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más”.
“El lunes nos vamos a estar presentando en el Ministerio de Justicia para que las autoridades nos reciban; el martes vamos a participar de las actividades del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en la Plaza del Congreso; y el miércoles vamos a asistir, obviamente, a la movilización contra la Ley Bases; y vamos a seguir en estado de alerta y asamblea permanente para decirle no al cierre de los CAJ”, agregó la Delegada.
A continuación, el comunicado completo lanzado por el Cuerpo de Delegados y Delegadas de ATE en la Secretaría de Justicia tras darse a conocer la resolución sobre el vaciamiento de los CAJ:
REPUDIAMOS LA RESOL-2024-178-APN-MJ sobre el vaciamiento de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) dictada por el Ministro de Justicia el día 6/06/24
En la misma se establece un plan de reorganización que priorice la atención virtual y telefónica de la comunidad, implementando para ello medidas que apuntan a justificar el masivo cierre de los CAJ y despidos de trabajadores/as.
Para esto el Ministro de Justicia alega que le compete: “entender en la formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos”. Lo cual es cierto, pero olvida que esto debe hacerse en el marco constitucional y convencional vigente, respetando el rol del Estado como garante de derechos y responsable por ende de su incumplimiento.
En ese marco el intento de vaciamiento y desaparición de los CAJ, constituye una violención de derechos en el acceso a la justicia de la población en general, incumpliendo el principio de progresividad y su consecuente no regresividad.
Los CAJ tienen presencia federal, 105 en todo el país, presentes en todas las provincias, en los barrios con mayor densidad poblacional, y con problemáticas sociales/económicas/ambientales sumamente críticas, donde la vulnerabilidad de derechos se ha profundizado en estos últimos tiempos.
Estos dispositivos están compuestos por equipos interdisciplinarios de abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, mediadores comunitarios y personales administrativo en dónde se realizan abordajes Integrales de las problemáticas jurídico-psicosociales, garantizando una escucha transversal e interdisciplinaria, en donde siempre hay uno o más derechos insatisfechos. Garantizando la accesibilidad física y simbólica de la población, concepto necesario y obligatorio para que el derecho al acceso a la justicia se cumpla sobre todo los grupos en situación de vulnerabilidad acorde a las Reglas de Brasilia.
Es importante destacar que un equipo completo básico con esta composición tiene que ser con dotación mínima de 5 trabajadores. Dependiendo de la demanda geográfica y poblacional, el mismo puede requerir que su número de conformación sea mayor. El Ministro, en vez de completar estos equipos, alega y reconoce que hay equipos con 2 integrantes, otros con 4. Es decir, que al presente ya se está por debajo de la dotación mínima. Habiendo sufrido nuestro sector en el mes de abril del corriente año los despidos de más de 120 compañeros.
En este sentido, denunciamos que en la Resolución se refiere haber realizado: “un relevamiento de cada uno de los CAJ, a fin de evaluar su estado, capacidad de funcionamiento y el logro de sus objetivos”. Lo cual nunca existió. Desde el 10 de diciembre del 2023 estás dependencias se encuentran acéfalas de autoridades, no habiendo recibido orden alguna sobre metas y objetivos, no habiendo recibido visitas, ni pedido de informes a los equipos. Aún así los equipos siguen trabajando incansablemente en el acceso y restitución de derechos de la comunidad: atendiendo distintas problemáticas de inquilinos, jubilados, pacientes oncológicos , mujeres en situaciones de violencia de género, despidos de trabajadores, diversas problemáticas habitacionales, escolares, de salud mental, responsabilidad parental, conflictos vecinales, etc.
Por lo que resulta imposible y ampliamente malicioso determinar: “la existencia de un sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional y de recursos humanos, exceso ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia, realización de trámites ajenos a su tarea (carga de la tarjeta SUBE, obtención de documentos, etc.)”.
Esto demuestra que no conocen a la población ni a las comunidades que se atienden. Pensemos un sencillo caso: una persona necesita realizar una actuación judicial X, por ejemplo iniciar cuota alimentaria. El CAJ la asesora y acompaña en el proceso.Para poder iniciar el expediente judicial necesita recabar la documentación para iniciar la demanda (el CAJ articula con registros civiles por ejemplo), necesita ir hasta los organismos jurisdiccionales (se registra la sube para que puedan pagar el boleto con tarifa social), se la contiene emocionalmente con el equipo psico-social para que pueda afrontar y sostener el proceso judicial. Todo esto es un servicio integral de atención jurídica. Gran parte de nuestros/as consultantes no cuentan con recursos para sostener estos procesos, somos la red institucional de acompañamiento en el territorio, y si ocurriese el desmantelamiento de los CAJ, se afectaría el acceso a la justicia, efectivizando una regresión de derechos irreparable.
Los ciudadanos/as pueden en un sólo lugar resolver la mayoría de sus conflictos y no ir circulando de organismo en organismo, golpeando puertas sin ser escuchados/as, porque sus consultas suelen recibir como respuesta que: “no son de su competencia específica”. Precisamente, esa es una de las mayores fortalezas de los equipos interdisciplinarios de los CAJs, poder trabajar problemáticas de manera integral, interdisciplinaria y en articulación institucional. Es así que nuestro rol implica un diálogo constante con distintos actores del sistema judicial, trabajando de manera articulada y conjunta con los Servicios de Defensorías Públicas, Casas de justicia, Fiscalías, ya que nuestros roles son complementarios y a veces incluso contrapuestos.
Las Defensorías Públicas, con quiénes trabajamos en el cotidiano, tienen límites de ingresos para la atención y patrocinio gratuito y, a la vez, no proporcionan asesoramiento y patrocinio jurídico sobre todas las materias, quedando por fuera múltiples situaciones que derivan a los CAJ para su asesoramiento o mediación comunitaria. Cabe agregar que nuestro rol como garante de derechos es muchas veces poner en pugna a las defensorías cuando no dan un patrocinio de calidad o suceden situaciones de maltrato institucional, lo mismo ocurre con las Fiscalías.
No existe en el territorio nacional organismo municipal o provincial que realice la misma tarea que los CAJs. Por lo que la propuesta a que el ciudadano concurra directamente a Fiscalía o a Defensoría para atención presencial en el caso de que quede la política pública reducida a un centro de atención virtual, es ampliamente improcedente, e inaccesible para la ciudadanía en general. Siendo que un amplio sector poblacional no dispone de recursos simbólicos, materiales ni económicos para acceder a una mínima llamada o mensaje por celular.
El Ministerio considera que el gasto que implica el funcionamiento de los CAJ (sueldos de los trabajadores en su gran mayoría, ya que menos del 20% tienen canon locativo, y los muchos servicios como agua e internet son pagados mayoritariamente en la actualidad por los mismos trabajadores o las instituciones que les proveen lugar físico para la atención) podría ser destinado a la atención de problemáticas sociales de mayor envergadura. Aquí surge la pregunta, ¿qué problemáticas sociales son mayores a las que atienden los CAJ?
La resolución en pugna plantea que los ciudadanos: “puedan acceder al mismo servicio que ofrecen los CAJ de forma totalmente digital y sin necesidad de concurrir de modo presencial a una dependencia estatal”. Y que para eso: “ se implementará un sistema eficiente de acceso a la justicia que dé una respuesta a la comunidad, reforzando aquellos canales de atención no presenciales actualmente disponibles, fortaleciendo líneas telefónicas y casillas de correo, y reducir a un CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA por cada provincia”. Es decir, plantean reducir la política pública a un call Center.
La población que accede a los CAJs es variada, mucha de ella es analfabeta digital, acuden a nuestras dependencias justamente a recibir ayuda para ingresar a plataformas digitales de diferentes política públicas/programas sociales, ya que desconocen o no poseen los medios para acceder, como ser a: boleto estudiantil, partidas digitales, actualizaciones de datos del ahora “Volver al Trabajo”, los TAD, Progresar, etc. Además, nuestra atención abarca a la población de personas con discapacidad o con analfabetismo, el incumplimiento de protección y accesibilidad en las políticas públicas de acceso a la justicia por parte del Estado, acarrearía una fragante violación a la legislación internacional con rango constitucional en nuestro país.
A su vez, asistir psicológica o jurídicamente a una persona de manera virtual, tiene limitaciones no sólo desde lo profesional, sino que deja por fuera a aquellas que no cuentan con recursos tecnológicos ni internet. No mencionar en la Resolución Ministerial el necesario labor de las/los Trabajadores Sociales, da cuenta del total desconocimiento sobre la intervención de los CAJ en problemáticas psicosociales/judiciales que se presentan diariamente.
Por todo esto denunciamos el intento de vaciamiento de la política pública de los Centros de Acceso a la Justicia, los cierres y despidos de sus trabajadores, con argumentos totalmente falsos y maliciosos, que desconocen la realidad de la comunidad, invitando a las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y la población en general a que se una al estado de alerta, y se sume a través de las redes sociales con los #noalcierredelosCAJs #alertaCAJ.
En un nuevo informe lanzado por el equipo del Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (IDEP) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) – compuesto por Horacio Fernández, Claudio Lozano, Ana Rameri, Eugenia Ventura Flossi y Mariana Rivolta-, se analiza la recaudación tributaria nacional durante mayo de 2024 y durante el acumulado de los primeros cinco meses del año.
“En el mes de mayo la recaudación tributaria registró un aumento del 11% real interanual que se debió al incremento extraordinario de la recaudación de Impuesto a las Ganancias 80,8 interanual real) que se produjo por el pago del saldo anual de las empresas que cierran balance en diciembre 2023 (que registraron fuertes ganancias financieras debido al efecto de la devaluación en sus activos dolarizados)”, destaca el informe entre otras conclusiones.
