Mes: enero 2023

Trabajadores del Fondo Nacional de las Artes continúan exigiendo por la reincorporación de una compañera de planta transitoria despedida sin causa y que el Ministerio de Cultura de la Nación tome cartas en el asunto.

Denuncian también que el caso en cuestión es la punta del iceberg de la situación de violencia laboral que se vive en la Gerencia de Operaciones del ente y apuntan contra su titular Mónica Neffke.

El encono de Nefkke hacia la despedida venía de larga data. Comenzó con traslados de área hasta que al culminar el año se le informó que su contrato no sería renovado.

Sin embargo, el despido constituye un extremo, pero la violencia laboral no es la excepción, según la Junta Interna de Delegados de ATE Cultura que denunció “el contexto de violencia laboral que se vive en el FNA, especialmente en la Gerencia de Operaciones donde el traslado sin motivos de compañerxs, el aliento a la delación, y el clima de vigilancia y castigo son constantes”.

Si bien el FNA goza de autarquía respecto del Gobierno Nacional, sus trabajadores se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación. Es por esto que la representación gremial en esa cartera plantea que sus autoridades no pueden hacer caso omiso a lo que ocurre en el Fondo y exigen que la trabajadora sea reincorporada en el FNA o en el ministerio.

Agotadas instancias de reclamos por las vías formales, la Junta Interna de ATE Cultura realizó una radio abierta y una choripaneada frente a la sede del FNA, en Alsina 637 de CABA. También abrieron una cuenta para colaborar con el fondo de lucha. Tras estas medidas se abrió un canal de diálogo con posibilidad de reunión la semana próxima con autoridades del FNA.

Esta situación avivó reclamos de larga data. En el comunicado convocando a una de las actividades se resalta: “Desde Recursos Humanos del Fondo que depende de la misma Gerencia, vienen sistemáticamente negando y postergando nuestros derechos laborales: No se avanza con los ascensos de tramo de la planta permanente; no se realizan los concursos generales como en el resto del Ministerio de Cultura y no hay miras de empezar a trabajar los concursos profesionales; tampoco se informan cuestiones básicas como licencias, corrimientos de grado, actividades de capacitación o cualquier otro derecho que tengamos. Con irresponsabilidad, abundan las maniobras dilatorias, bajo la excusa del presupuesto, para garantizar derechos o incentivos a nuestra carrera profesional que fueron oportunamente aprobados por paritarias”.

Consultado por Canal Abierto, el Secretario General de la Junta Interna de ATE Cultura Nicolás Rodríguez Saa explicó: “Como el FNA es autárquico las autoridades se manejan con autonomía. Además hoy está al frente Diana Saiegh, que tiene como referente a Massa, el nombre más fuerte que tiene hoy el Gobierno. Así que además de la autonomía algunos se manejan con descaro. En medio de las discusiones llegaron a decirnos `tengo derecho a despedirla porque yo la traje´”.

Y advirtió: “No vamos a permitir que la despidan porque no hizo nada para que esto pase, pero queremos dejar claro que lejos de verlo como un caso individual no queremos que esto deje un antecedente para el resto de los trabajadores”.

“Cuando nosotros señalamos esto del Artículo 9 es que para muchos compañeros ya es estabilidad. La estabilidad es la planta permanente. Porque si bien esto no es como el monotributista que tiene que facturar todos los meses, acá llega un día que no te renovaron el contrato y fuiste”, concluyó.

Con una nota enviada a la Ministra de Trabajo, Raquel Kismer de Olmos, el Consejo Directivo Nacional de ATE informó al Gobierno Nacional que, en asamblea, las trabajadoras y los trabajadores de los sectores Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Administración de Parques Nacionales vinculados con el combate de incendios forestales –del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Federal del Manejo del Fuego y con la solidaridad y el apoyo de compañeras y compañeros encuadrados por otros convenios colectivos de trabajo- tomaron la decisión de llevar adelante un Paro Total de Actividades durante 72 horas a partir de las 00hs del día 19 de enero de 2023.

La medida de fuerza se definió por la urgente necesidad de apertura de la paritaria salarial, para reclamar por el cumplimiento del proceso de pase a planta permanente, y para exigir el inmediato cese de la violencia laboral en Parques Nacionales.

En una nota dirigida a las máximas autoridades del organismo, el Consejo Directivo Nacional de ATE manifestó que la suspensión por 6 días sin goce de haberes contra el Ing. Agrónomo Especialista en Agroecología César Gramaglia es “injusta, arbitraria, antidemocrática y persecutoria”. En la misma nota se solicita que “se deje sin efecto la sanción impuesta y se atienda el Recurso de Reconsideración elevado por el agente”. El sistema productivo agroindustrial exportador, en debate.

El caso de la suspensión que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) finalmente impuso contra el Ing. Agrónomo César Gramaglia, técnico extensionista de la Agencia de Extensión Rural (AER) INTA-Villa Dolores, cobró relevancia no solo local y regional, sino también nacional. Instituciones y profesionales orientados al estudio de las problemáticas ambientales, alimenticias, socioambentales, etcétera, así como organizaciones sociales, vecinales y comunitarias de la región, alzaron su voz contra la determinación tomada por la institución contra este profesional, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el trabajo de campo y en la investigación, desarrollo, asesoramiento y transferencia de conocimientos y metodologías para la producción no solo en la región de Villa Dolores sino en todo el país.

Desde el Consejo Directivo Nacional de ATE, a través de una nota firmada por el Director del Departamento de Negociación Colectiva de ATE Nacional, Flavio Vergara, y por el Secretario Gremial de ATE Nacional, Alejandro Garzón, y dirigida a las máximas autoridades del INTA, se manifestó que la decisión de la patronal sectorial es “injusta, arbitraria, antidemocrática y persecutoria” y se solicitó que “se deje sin efecto la sanción impuesta y se atienda el Recurso de Reconsideración elevado por el agente”.

En la misiva, que tiene como destinatarios y destinatarias al Ing. Agrónomo Mariano Garmendia, Presidente del INTA; a la Lic. Nacira Muñoz, Vicepresidenta del INTA; y al Ing. Agrónomo Carlos Parera, Director Nacional del INTA; Vergara y Garzón explican –aportando abundante prueba en cada punto-, que la medida “es injusta porque de ninguna manera los dichos de Gramaglia obstaculizaron el accionar de las autoridades competentes en el control de la plaga”, y porque “durante el sumario no se tuvo en cuenta el entorno de los hechos, ni la complejidad del momento: (…) población sensible al tema ambiental, cercanía a los cursos de agua, pocas alternativas de control al uso de insecticida, medios consultando, informando, debatiendo las acciones y los enfoques técnicos; legislación local que impide el uso de químicos en su ejido; funcionarios locales sensibles al tema ambiental y desconocedores de la plaga, plena temporada turística, etcétera”.

Además, desde ATE se afirmó que la medida es “arbitraria porque durante todo el proceso sumarial no se tuvieron en cuenta las explicaciones de Gramaglia, ni se enfocó en buscar la verdad de los hechos, sino de encontrar el punto para justificar la sanción ya que el sumario responde sólo a la voluntad del Director Regional Molina Hafford”. Sobre este punto la nota también aporta elementos concluyentes sobre la actitud persecutoria de Molina Hafford contra Gramaglia durante años. Además, manifestaron que la sanción es “antidemocrática ya que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por lo que este proceso sumarial y la posterior sanción implican una restricción al derecho de expresión y un abuso en el control oficial para impedir la comunicación y la difusión de ideas y opiniones”. Por último, se manifestó que la suspensión es “persecutoria porque existe un hostigamiento por el sólo hecho de comunicar una idea. Una denuncia como ésta expone al trabajador a un deterioro moral que impide ejercer sus funciones en libertad”, máxime cuando el trabajador inviste una trayectoria intachable como la de Gramaglia –para ello solo basta ver la propia web institucional del INTA con las decenas de materiales y actividades realizadas por el trabajador y que el propio organismo difunde-.

Es ante todos estos elementos que desde el Consejo Directivo Nacional de ATE se solicitó a las autoridades nacionales del INTA “analizar profundamente los hechos sucedidos, revisar el enfoque sobre el manejo del personal que se realiza en el CR Córdoba del INTA, generar un espacio donde debatir y exponer estas situaciones que afectan a la Institución y dejar sin efecto la sanción impuesta al Ing. Agrónomo César Gramaglia”.

El debate social del sistema productivo agroindustrial exportador

A pesar de lo “injusta, arbitraria, antidemocrática y persecutoria” que es la medida de suspensión por 6 días de Gramaglia, lo cierto es que la misma denota un debate que se encuentra hoy en el centro de –cierta- agenda pública: El de cómo se producen los alimentos que se consumen, quiénes lo hacen, a quiénes llegan, en qué condiciones y con qué impactos en el ambiente. Sucede que la sequía histórica que sufre el país, sumado a un modelo agroindustrial de producción de alimentos y a una sobre exigencia de las superficies cultivables con el afán del lucro privado y la captación de dólares para el pago de la deuda, conforman un cóctel donde lo que menos importa es el derecho a la alimentación digna y equilibrada del pueblo que día a día come menos alimentos de calidad o, directamente, no cubre la cantidad de calorías y nutrientes básicos para un desarrollo saludable del cuerpo.

En ese estado de cosas es que el debate al interior del INTA está al ‘rojo vivo’: Las muestras de los límites ambientales y sociales del modelo extractivo de la agroindustria –orientado a la producción de commodities para la exportación- se hacen cada día más palpables, así como los poderosos intereses orientados a perpetrarlos, dispuestos a ‘disciplinar’ las voces que propongan otra forma de trabajar y producir la tierra. Esas voces que muestran otros caminos –como las de Gramaglia- van a contrapelo de la historia de un organismo que nació en la Argentina que hacia 1956 había sido arrastrada a una grave crisis económica, con una balanza de pagos y una deuda externa marcadamente negativas y con un 95% de las exportaciones provenientes del sector agropecuario. La salida a dicha crisis auto infligida por el presidente de facto Eduardo Lonardi –que desplazó de la presidencia a Juan Domingo Perón en 1955 matando a cientos de ciudadanos y proscribiendo a todo un movimiento de masas- fue encargada al economista argentino de la CEPAL, ex funcionario económico de los gobiernos de la ‘década infame’ de 1930, Raúl Prebisch. Ese economista –uno de los primeros teóricos del ‘desarrollismo’- redactó entonces un informe preliminar sobre la situación económica argentina tras el derrocamiento de Perón en 1955. En el mismo recomendó, entre otras, medidas de ajuste estructural y la inserción del país al Fondo Monetario Internacional. Pero no solo eso, Prebisch recomendó –también- la creación de un instituto específico para la incorporación de tecnología existente y la creación de nuevas tecnologías para aumentar el rendimiento del campo con el objetivo de acrecentar las exportaciones y captar mayor cantidad de divisas de esa fuente para ‘equilibrar’ la balanza comercial y ‘asumir’ los compromisos externos de financiamiento. Así nace el INTA, en ese contexto, con esas finalidades. Y es por eso que hoy, a los límites del abismo al que ha conducido ese modelo que solo hambrea y destruye el ambiente desplazando a las comunidades, robándoles la tierra solo por el afán de lucro de unos pocos, es que remitirse a los orígenes del INTA es más que válido. Porque hoy se trata de transformarlo. Eso lo entendió Gramaglia y centenares de trabajadores del organismo, de Universidades Nacionales, de organismos de investigación, de organizaciones sociales, de ONG. En esa disputa está hoy, aún, el pueblo. Y esta sanción existe porque, aún, hay salidas.