En las negociaciones llevadas adelante por la ATE Tucumán y los delegados del Eco bus, con la Municipalidad de Tafí Viejo, se alcanzó una mejora laboral para las y los trabajadores de ese transporte local.
Entre los acuerdos establecidos por las partes están el retorno de los días femeninos, los días de descanso pasarán de 4 a 8 descansos mensuales y se llevará adelante la renovación de contratos a todas y todos los compañeros.
Asimismo se logró incorporar al sector a dos compañeros que estaban como precarizados.
Las y los trabajadores de la municipalidad de la Isla del Cerrito, afiliados a la ATE Chaco, acordaron con el jefe comunal, José Luis García, un incremento de sueldo del 45%. Este porcentaje se agrega al 15% otorgado en el primer trimestre del año. Y también se concertaron otros beneficios y compromisos, sobre los cuales se había trabajado en noviembre del año pasado.
Esta suba salarial alcanzará tanto a los y las agentes de planta permanente como al personal contratado de la intendencia. Se abonará de la siguiente manera: 10% correspondiente a mayo, 10% en julio, otro 10% en septiembre, y 15% en noviembre.
También se acordó que más de 90 trabajadores y trabajadoras sean ascendidos de grupo escalafonario, el aumento del valor de las horas extras en un 50% los sábados y en un 100% los domingos, y la conservación de las bonificaciones por mayor dedicación y dedicación exclusiva.
Asimismo se consensuó que en un plazo de 60 días se trabajará acerca del personal que desarrolla tareas específicas, con el fin de lograr el escalafón correspondiente y los pases a planta debidos. Y se pactó una cláusula de revisión para diciembre, mes en el que se analizarán los incrementos salariales de acuerdo a la relación con la inflación del año.
En el marco de la reunión paritaria para trabajadoras y trabajadores de la Municipalidad de Santa Rosa, de la cual participa ATE La Pampa, se acordó el reconocimiento de adicional de 50% de categoría 1, Remunerado al 100% a los inspectores de Comercio , Bromatología y Nocturnidad.
Desde ATE, a través de la pepresentante Gremial Paritaria, Blanca Oyarzun, se insistió en la diferencia en el adicional por Nocturnidad, y se presentó desde el informe de las consecuencias de salud que contraen las y los trabajadores que realizan trabajo nocturno, realizado por nuestro Departamento de CyMAT (Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo), el cual fue apoyado por los otros gremios intervinientes y seguir tratando este adicional después de la cláusula gatillo de julio.
También ingresó en el temario, el reconocimiento y que se plasme en Acta el tratamiento del adicional a la rama administrativa, que fue excluida en su primer negociación, y acabó logrando que los otros gremios paritarios acuerden al pedido de ATE de dejar abierta esta mesa, para el tratamiento de este tema.
Desde el CDP señalaron que “este es un logro importante para las y los trabajadores municipales, ya que son 7 sectores que tienen blanqueado su adicional por tarea diferenciada”. Este adicional es de 51.789 pesos para las y los trabajadores.
La ATE Río Negro junto a otras expresiones sindicales y los ministros de Salud, Trabajo y Gobierno mantuvieron hoy una mesa de diálogo en la sede de la cartera laboral, en la que se abordaron distintos reclamos de los trabajadores.
Esta convocatoria al diálogo propuesta por el gremio, fue bien recibida, aunque sus resultados insuficientes. Se verificaron avances, pero los mismos fueron parciales.
En una primera parte, los ministros Fabián Zgaib, Carlos Stopiello y Rodrigo Buteler anunciaron una serie de iniciativas propuestas con anterioridad por ATE:
Primero, reconocer el tiempo trabajado en pandemia y gestionar ante la ANSES la computo de dos años por cada año trabajado. Segundo, presentar una modificación a la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Tercero, gestionar ante la ANSES un régimen de jubilación diferencial. Cuarto, analizar la presentación de proyecto de ley para incorporar el valor de 4 guardias de día hábil (Ley 1904) y 20 horas extras (Ley 1844) al salario en los últimos cinco años. Quinto, incrementar un 300% el ítem Compensación Salud.
Las preocupaciones de ATE vinieron con los anuncios que el Gobierno realizó unilateralmente: aumento al sector de profesionales médicos de acuerdo a una escala de 50% a médicos, 100% al complemento “full time” y 20% a jefaturas de la Ley 1904. Además, el Gobierno anticipó la creación de una bonificación (Riesgo Médico) igual al 30% de la asignación bruta y un 10% de aumento al valor de Guardia médica.
Para el sindicato esta decisión, sin que se verifique una mejora similar en el resto de los sectores, genera dos clases de trabajadores de Salud, los de primera categoría y los de segunda categoría, discriminados en sus derechos. Muchas de las demandas de todos los trabajadores y orientadas a todos los servicios y especialidades, no fueron atendidas. El gremio considera que sólo un Convenio Colectivo que establezca una «Carrera Sanitaria Única», podrá sintetizar una propuesta superadora y abarcativa para la totalidad de los hospitalarios, por lo que requirió acelerar su tratamiento.
Por último, ATE pidió que se convoquen rápidamente a las reuniones pendientes con otras carteras, como Educación, SENAF, Desarrollo Humano Gobierno, Producción y Obras y Servicios Públicos, entre otros organismos.
Luego de intensos reclamos de contra el desfinanciamiento de la obra social provincial, OSEF, el gobierno provincial anunció la suba de aportes patronales en un 2% y el pago de la deuda a las farmacias y a los proveedores en su totalidad.
Desde la ATE provincial, a través del Secretario General de la Seccional Río Grande, (que participó del anunció, Felipe Concha, se respaldó la medida gubernamental y se subrayó que de esa manera “no serán los trabajadores y trabajadoras los que deban hacer frente a los aportes”.
Concha también remarcó como de “suma trascendencia” que dentro de las acciones enumeradas por el Gobernador, no se hiciera mención a un aumento del aporte que hacen las y los trabajadores, lo cual siempre fue rechazado por ATE.
Desde el gobierno adelantaron que existe la posibilidad de integrar a los gremios al Consejo Consultivo Técnico, para ampliar el análisis de avances y planificación de objetivos dentro de la obra social.
En un comunicado conjunto los gremios estatales con participación en la paritaria provincial, ATE Salta entre ellos, pidieron al gobierno provincial adelantar la revisión de la paritaria, prevista inicialmente para la segunda quincena de junio.
En la nota enviada al ministro de de Economía provincial, Roberto Dib Ashur, los gremios expresaron que “atento a la situación económica actual y dado el deterioro del salario, pedimos que la misma sea adelantada para esta primera quincena de junio”.
Al respecto la Secretaria General de Ate Salta, Mable Álvarez, enfatizó que “en el acuerdo original existía una clausula de revisión para la segunda semana de junio. Habíamos acordado un 45% hasta septiembre, pero dado la suba de la inflación el salario las y los trabajadores estatales hoy no alcanza para llegar a fin de mes”.
También acotó Álvarez que la situación se torna más grave en municipios de la provincia donde “hay muchas trabajadoras y trabajadores sin obra social, ni ART y la brecha salarial con respecto a las y los trabajadores provinciales es muy amplia”.
Reunión con autoridades del Ministerio de Salud Pública
Integrantes de Consejo Directivo Provincial de ATE Salta mantuvieron una reunión con representantes del Ministerio de Salud Pública provincial, donde plantearon la situación problemática que atraviesan los compañeros/as enfermeros hace más de 18 años sin brindarles ninguna solución.
Los Secretarios de Organización, Raúl Rodríguez; de Acción Política, Nelly Sánchez; de Acción Social, Carina Mamani; la Secretaria de Junta Interna del Hospital Papa Francisco, Silvana Maigua, y agentes sanitarios de las áreas operativas expresaron que por la falta de respuestas por parte del ministerio decidieron realizar una marcha la próxima semana, como medida de plan de lucha por sus derechos.
Frente a las graves situaciones de violencia laboral que están sufriendo se manera recurrente trabajadoras de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Córdoba y ante falta de pago de haberes en el sector, ATE Córdoba declaró el estado de alerta y solicitó mediante nota que se la funcionaria del área facilite una audiencia a nuestro gremio a los fines de canalizar los reclamos correspondientes.
La nota dirigida a Georgina Tavella, titular de la SENAF, fue interpuesta esta mañana ante las amenazas continúas de despido de la patronal en el Complejo Esperanza, de la mano de Antonio Franco, funcionario responsable del sector. “Se trata de trabajadoras monotributistas en situación de precariedad total que son hostigadas y amenazadas para que no se organicen. Son educadoras que trabajan con las juventudes alojadas en el complejo estatal”, remarcó la secretaria de Prensa de ATE Córdoba, Julia Giuliani.
En ese marco, se sumaron también los reclamos de compañeras que trabajan en sede de calle Corrientes del organismo, a quienes les adeudan sus salarios y que no reciben la actualización de los haberes comprometida oportunamente los funcionarios a cargo del organismo.
La SENAF es un área de abordaje de las problemáticas infantiles y juveniles que ha estado atravesada por conflictos desde hace tiempo, con despidos y reincorporaciones gestionadas por ATE, entorpecimiento de procesos de elección de delegados y despidos de funcionarios, como el anterior responsable del organismo José Piñeiro tras conocerse el caso de una niña discapacitada que sufrió abusos en la residencia Eva Perón.
El Centro Nacional de Jubiladxs y Pensionadxs de ATE Nacional exigió esta semana la extensión de la moratoria jubilatoria. En este sentido, se expresó el apoyo a un proyecto de Ley de la Diputada Nacional del Frente de Todos Gisela Marziotta que avanza en esa dirección.
El reclamo surge en un contexto de tiempos ajustados: El 23 de julio vence la moratoria previsional para las mujeres con 60 o más años, a quienes les faltan años de aportes para completar los 30 años requeridos por la Ley para jubilarse.
Según la actual moratoria, aprobada por Ley 26.970, se puede regularizar la falta de aportes de las mujeres desde los 18 años hasta la fecha límite de regularización del 31 de diciembre de 2003.
“Ante esta situación, que va a dejar a casi 800 mil compatriotas sin poder jubilarse dados los índices registrados por falta de aportes, lxs compañerxs debemos organizar una Campaña Nacional pidiendo al Gobierno Nacional la extensión y acompañando el proyecto de Ley de la Diputada Nacional Gisela Marziotta”, indicaron desde el Centro Nacional de Jubiladxs y Pensionadxs de ATE Nacional en un comunicado.
El mismo además agrega: “Debemos instalar este reclamo en nuestros Centros de todo el país, en nuestras provincias, en los lugares de trabajos, en nuestros representantes políticos y en medios de comunicación, para que se trate sí o sí la prórroga necesaria”.
El pasado lunes, Militantes con Discapacidad se hicieron presentes en Almirante Brown para expresar su postura frente a la iniciativa de la ANDIS de modificar la Ley de Discapacidad. Subrayaron con gran preocupación el incumplimiento histórico de la legislación, y la necesidad de base: Presupuesto para la implementación efectiva de políticas públicas.
Abrió su exposición Carlos Ferreres, Director de las áreas de Discapacidad de CTA-A y de ATE, quien planteó: “Disentimos con la ‘necesidad de una nueva ley de discapacidad’, pues la ley que pretende modificarse, ha quedado tácitamente derogada desde la suscripción y ratificación de nuestro país de la ‘Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad’, la que, además de tener carácter de orden público, 26.378, posee rango constitucional, Ley 27.044. En este sentido, si bien creemos que la norma vigente amerita adecuaciones sobre aspectos que detallaremos a continuación, consideramos que el mayor desafío y esfuerzo desde el Estado y la ANDIS deben estar dirigidos a garantizar el cumplimiento efectivo de las normas vigentes en la práctica y vida diaria de las personas con discapacidad”.
Estuvieron presentes, Nanci Alarcón, Secretaria de Discapacidad de CTA-A Provincia de Buenos Aires, Mabel Mamani, Secretaria de Discapacidad de CTA-A Capital y de la Federación Nacional Territorial (FeNaT), junto Carlos Scally y un numeroso equipo que supo dejar en claro tanto las falencias, revelando con datos duros las problemáticas que atraviesan las personas con discapacidad, así como los aportes para una modificación.
En este sentido, expresaron que la nueva ley tiene que tener un enfoque de Derechos Humanos basado en el Modelo Social de Discapacidad, establecido por la Convención. Bajo la consigna ‘Nada sobre nosotros sin nosotros’, expresión utilizada por las organizaciones de personas con discapacidad que resume la idea de que no puede decidirse una política sin contar con la participación completa y directa de los miembros del grupo afectado por dicha política, también reclamaron la realización de nuevas audiencias públicas para discutir el Proyecto de Ley, antes de que ingrese al poder legislativo.
Aportes realizados:
Trabajo
Si bien la Ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, estableció un cupo de contratación del 4%, ninguno de los poderes del Estado cumple con dicha cuota, por lo que es necesario que la norma prevea una consecuencia jurídica contundente o sanción de envergadura que desaliente su incumplimiento.
Según datos del año 2021 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, la cantidad de personas con discapacidad empleada es de 0,61%.
Adaptaciones físicas y estructurales en los edificios y en los puestos de trabajo.
Igualdad en la percepción de beneficios laborales (como Premio estímulo a la Asistencia) contemplando las licencias vinculadas a la discapacidad.
Pensiones no contributivas NO deben ser incompatibles con el trabajo o con otros beneficios.
Restitución de la Comisión Nacional de Pensiones, que debe realizar trabajo de campo para llegar a las personas con discapacidad que ignoran el derecho o no pueden llegar al lugar de gestión.
Salud
En los barrios de CABA, de cada 10 personas en situación de discapacidad, solo 3 tienen el Certificado Único de Discapacidad.
Insuficiencia de Servicios de Rehabilitación en la red de hospitales públicos y un escaso número de efectores y recursos humanos calificados en todos los niveles de atención, especialmente en los barrios pobres. Admisión hospitalaria colapsada.
Insuficiencia de prestaciones complementarias, como ayudas económicas para la atención de necesidades sociales, dispositivos de apoyo y aparatos ortopédicos.
Madres, que son único sostén de familia con hijos con discapacidad, con padres que abandonan el hogar, no reciben la protección social necesaria por parte del Estado.
Incluir Salud. El Programa funciona con muy serias y peligrosas deficiencias en todo el país. Debe garantizar las prestaciones y la provisión de medicamentos en tiempo y forma y habilitar farmacias según la población beneficiaria. Rechazo de la resolución 453/2018 la mal llamada provincialización.
Políticas de Cuidados. Se requiere incluir los asistentes domiciliarios, maestros integradores y todo personal de apoyo para garantizar el acceso a los derechos de las personas con discapacidad.
Salud mental. Análisis y reformas que mejoren la calidad de vida, atendiendo a la libertad de circulación.
Accesibilidad
Se requiere el cumplimiento del cupo de las nuevas viviendas que deben ser accesibles para familias con algún integrante con discapacidad. Ley 24.464.
El Código de Edificación sancionado en el año 2018, por la Legislatura Porteña, derogó la Ley 962 de accesibilidad, afectando derechos adquiridos, y a favor de los grandes desarrolladores inmobiliarios.
En la Villa 20, un relevamiento del espacio público evidenció que en más de la mitad de las manzanas del barrio no hay ninguna rampa mientras que las viviendas que habitan las personas con discapacidad tienen graves barreras arquitectónicas.
Transporte Público
Necesidad de que sean accesibles, considerando las sumas ingentes del salario destinadas al traslado en taxis y/o remises.
El 66% de las estaciones de subterráneos no son accesibles
No existe una tarifa única para el traslado de las personas con discapacidad, quedando ello sujeto a la discrecionalidad de cada jurisdicción y/o partido.
Educación
Rechazo manifiesto de obras sociales para brindar cobertura por tiempo prolongado en establecimientos especializados, que desarrollan modalidades de rehabilitación que incluyen programas educativos.
En la educación general básica, se manifiestan formas de rechazo cultural que impiden una mayor integración de los niños y jóvenes con discapacidad en las escuelas comunes. Y los docentes no están capacitados en el conocimiento de las diversas modalidades de la discapacidad, sus necesidades y potencialidades para el desarrollo de su vida cotidiana lo que vuelve ilusoria la educación inclusiva.
Ausencia de programas de educación temprana, media, superior y de educación de adultos para personas con discapacidad.
La mayoría de los establecimientos hay barreras arquitectónicas, no existen baños adaptados y tampoco recursos técnicos y pedagógicos para facilitar el aprendizaje.
Modalidades de libre competencia en el ingreso a la docencia y el derecho a la promoción en la carrera docente, a favor de la inclusión de personas con discapacidad en los cuerpos docentes teniendo en cuenta la especial idoneidad para el dictado de materias vinculadas a su desenvolvimiento como tales (sistema Braille, lenguaje de señas y otras).
Políticas públicas
Su implementación efectiva, en pos de una verdadera inclusión de las personas con discapacidad y que tiendan a mejorar las condiciones de vida y a propiciar el desarrollo económico, social y cultural del colectivo, requiere una asignación de recursos financieros que sean suficientes para hacer efectivos tales derechos.
Este viernes 3 de junio, a siete años de las primeras movilizaciones por Ni Una Menos, que consagraron la irrupción masiva del movimiento feminista contra las violencias machistas y fueron el caldo de cultivo de la ola verde que logró el Aborto Legal, ATE y la CTA Autónoma vuelven a movilizarse en todo el país.
En CABA, junto a compañeras y compañeres del área metropolitana, y en articulación con diversas organizaciones sociales y feministas, se acordó movilizar el 3 de junio al Congreso, a las 17hs, para seguir manifestando que «Vivas, libres, desendeudadas (es) nos queremos» y que «El Estado es responsable».
Además, nuevamente se marchará en un bloque de unidad junto a la CTA de los Trabajadores, la CGT, y la CGT Corriente Federal, bajo la consigna «La deuda es con nosotras y nosotres, qué la paguen los que la fugaron».
La convocatoria es a las 16 hs, en Tacuarí y Av. De mayo, donde se presentará un documento conjunto con foco en las demandas y la situación de las y les trabajadorxs.
La desigualdad en la distribución de la riqueza que empeora la vida para las mujeres y personas de la diversidad, y que profundiza la injusta distribución de las tareas de cuidado, serán ejes centrales de la jornada de lucha. En particular, en un contexto en el que les trabajadores somos cada vez más pobres, incluso cuando tenemos salario.
En ese sentido, habrá una fuerte denuncia hacia la cada vez más acentuada concentración de la riqueza, que se da en paralelo a la caída de ingresos que no logran recuperarse ante los altos índices de inflación y el aumento de los precios de los alimentos.
El #3J llamamos a ganar las las calles para gritar juntas y juntes:
Basta de femicidios y tranfemicidios (nos sigue faltando Tehuel!) Reforma Judicial Feminista! Justicia por Lucía! Salario Básico Elemental ya! Ley Integral de Cuidado para reconocer el trabajo social de las mujeres! Moratoria previsional ya!
