Este lunes 21, ATE Nacional inauguró la Semana de la Memoria con la muestra fotográfica “Son 30.000”, de Luciano Di Constanzo, Paloma García y Fabián Piedras, reporterxs gráficos de las áreas de Prensa y Cultura de ATE, y de la CTA Autónoma, respectivamente. También reunió a especialistas, miembros de organismos de Derechos Humanos y militantes populares para analizar el rol de lxs civiles en el Golpe del ‘76.
Sobre la muestra, Mirta Matheos, directora de Cultura, contó que se trata de una síntesis de registros de la lucha por lxs compañerxs detenidos-desparecidos, entre lxs que hay más de 2.000 estatales. Uno de ellos es Gustavo Cortiñas. “A través de este trabajador del INDEC conocimos a la mágica Norita”, recordó la dirigente.
La directora de Derechos de los Pueblos, María José Cano, moderó la charla que tuvo como objetivo analizar las responsabilidades civiles en la última dictadura para así “fortalecer y construir más Memoria”.
El primer orador fue Néstor Miguez, pastor y teólogo evangélico, ex presidente de FAIE, e integrante de la APDH.
“La participación política y militar de la Iglesia -en particular la Católica- en la represión de nuestro Pueblo es una constante en la Historia, desgraciadamente, desde los días de mayo”, señaló Miguez. Puso como ejemplo los aviones con la inscripción Cristo Rey que bombardearon la Plaza de Mayo en el ‘55, o el rol del obispo castrense monseñor Bonamin, quien “está lejos de ser el único». «Fue toda una organización que no sólo fue cómplice sino responsable, fueron justificadores de la tortura, y activos en la promoción y desarrollo del golpe”, denunció.
Alejandra Esponda, investigadora de la UNAJ-FLACSO dio inicio al análisis sobre el rol del sector empresarial.
Los años previos a la dictadura, explicó, fueron de mucha organización, “con trabajadores que por primera vez se organizaban en sindicatos”. Ford, Fiat, Molinos Río de La Plata, Ledesma, ACINSAR, entre otras, son empresas que lograron concentrar su poder a partir de políticas económicas que impuso el Golpe. “Y para esto era necesario combatir la organización de los trabajadores”, indicó.
El secuestro de trabajadorxs en sus lugares de trabajo, la entrega de información privada, la presencia de cuadros empresariales en detenciones, secuestros y torturas, y hasta la existencia de centros clandestinos de detención en los lugares de trabajo – como son los casos de ACINDAR, Ford, La Veloz del Norte, la Fronterita y Astilleros Río Santiago- son muestra clara de cuál fue el rol empresario.
Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, continuó ese análisis abordado el particular papel que jugó el endeudamiento en la reestructuración económica del país.
“En su discurso del 2 de abril de 1976 Martínez de Hoz (que en el ‘75 presidía el Consejo Empresario Argentino y que antes había sido presidente de ACINDAR) dice que la dictadura no venía a cambiar un gobierno, sino a refundar la sociedad. Y para eso necesitaban refundar la economía, desarmar la estructura productiva-industrial y hacer desaparecer la resistencia de lxs trabajadores que, en alianza con otros sectores, como los pequeños y medianos empresarios, les habían impedido, en golpes anteriores, avanzar en sus objetivos”, repuso el dirigente.
A días de la aprobación del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, “viene bien pensar esto”, agregó Lozano. “En Argentina la deuda no empezó por el Estado. La deuda empezó por los grandes capitales privados, y se transformo vía acumulación financiera en la palanca del capital concentrado”, dijo y completó: “el déficit del Estado que tiene en su origen la deuda, y no al revés como pretenden instalar”.
El dirigente también denunció que la deuda -no solo la de Macri- es “ilegítima y odiosa”, y que desde los ‘70 “se instituyó como nueva forma de insertar al país en el escenario internacional y como estrategia de dominación”.
Claudia Bellingeri, directora del Programa Justicia por Crímenes de Lesa Humanidad de la CPM, habló por su parte de la complicidad judicial, no solo durante la dictadura sino también en democracia.
“La Justicia en Argentina es un largo proceso de construcción colectiva, de los organismos de Derechos Humanos y de la movilización popular, en el que los jueces son una pieza menor”.
En ese sentido, precisó que aún hoy hay 280 causas en instrucción, que esperan ser trabajadas. “Esto también muestra cómo interviene el poder judicial y por qué es necesario reformarlo”, remarcó.
“Algo que me queda claro -dijo en el cierre del panel Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE Nacional – es que los responsables de que el 50% de la población sea pobre son quienes instauraron la dictadura y quienes, en estas cuatro décadas de democracia, claudicaron una y otra vez”.
“Pero rascar en la Memoria no es solo para marcar a los enemigos que construyeron este presente que necesitamos revertir, sino también para recuperar historias de lucha. Y que hoy en esta casa de trabajadores podamos encontrarnos referentes de Drechos Humanos con compañeras y compañeros que sostienen los merenderos, los comedores, las cooperativas, y que no se resignan, me reafirma en la idea de que aunque tenemos estas cúpulas partidarias, empresariales, eclesiásticas, sindicales repudiables, tenemos un pueblo que nos abre siempre nuevas instancias para imaginar y hacer realidad un futuro mejor”, cerró Godoy.
