La conducción provincial de la ATE Formosa, a través de su titular, Néstor Vázquez, adelantó que pedirán a la provincia que el aumento salarial se vincule a la inflación anual, que ya se estima rondará nuevamente un índice cercano al 50%.
La postura definida por el gremio tiene que ver con que “este descontrol inflacionario significa siempre una pérdida del poder adquisitivo del salario” que golpea mucho más, subrayan, “a quiénes atraviesan condiciones laborales precarizadas”.
En este sentido el gremio reiteró que en las municipalidades del interior provincial tanto los salarios como la condición laboral “son altamente precarizadas”, con promedios de salarios que en su gran mayoría están distantes del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Para tratar de encontrar una solución a estas problemáticas Vázquez adelantó que “queremos presentar un anteproyecto en la Legislatura para que se discuta paritarias, que por lo menos que sea un disparador para empezar a reclamar con más fuerzas esa necesidad que tenemos en Formosa y que en algún momento empiecen las autoridades públicas y la clase política en general a discutir”.
La conducción provincial de la ATE Catamarca pidió que los próximos ingresos a planta permanente que habrá para trabajadoras y trabajadores del sector Salud se hagan con transparencia y respetando el orden de antigüedad.
Al respecto la ATE ya ha elaborado 3 listas con los nombres de quinientos beneficiarios que ingresarán a la planta y donde prima la antigüedad de las y los trabajadores. En este sentido el propio titular del gremio, Ricardo Arévalo, enfatizó que “hicimos las listas a partir de la antigüedad de las y los compañeros a fin de que haya transparencia y para que luego no aparezcan nombres que no correspondan”.
En principio los ingresos se darían en 4 tandas de 125 personas a partir de marzo, pero ahora el gobierno modificó este esquema y definió que se hará en un solo tramo a partir del mes de mayo.
Luego de presentar las listas a la ministra de salud, Manuela Ávila, Arévalo remarcó que “nuestra pretensión es que se incluya a las personas con más antigüedad y que se lleven adelante los nombramientos con veracidad y de forma equitativa”.
Se ratifica la posición defendida por lxs trabajadorxs y se abre nueva etapa en la lucha por nuestra autonomía tecnológica.
En los acuerdos con China en tecnología nuclear la firmeza de lxs trabajadorxs logro que en la negociación se ponga el foco en los términos de intercambio. La Corporación Nuclear China financia la central HMR1000-Hualong pero acordando una transferencia de tecnología hacia CNEA para que los combustibles nucleares puedan fabricarse en Argentina. Al mismo tiempo el sector nuclear argentino (CNEA y NASA) lanza el “Proyecto Nacional” revitalizando la Planta de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén y un área de ingeniería en Córdoba. En el mismo marco de negociación, Argentina (por intermedio de INVAP y CNEA) le vende a China dos reactores para la producción de radioisótopos para el diagnostico y tratamiento en el área de la salud, similares al que se vendió hace 10 años a Australia y al que se está construyendo en el predio de Ezeiza llamado RA10. Dando cuenta del liderazgo mundial que tenemos en el área coherente al autoabastecimiento de radioisótopos que tenemos a nivel nacional.
Luego de años de lucha a varias bandas, el martes 1 de febrero se firmó el contrato comercial para la construcción de la cuarta central nuclear en Argentina. Será financiada por China y se va a construir en el Complejo Nuclear Atucha de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. De la firma participaron las empresas Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la Comisión Nacionalde Energía Atómica CNEA y China National Nuclear Corporation (CNNC). El reactor Hualong es de diseño chino y con una potencia de 1150 MW.
Fueron más de 10 años de firmeza de lxs trabajadorxs defendiendo nuestra soberanía tecnológica. La Asociación Trabajadores del Estado con su sector Energético y Nuclear supo encarar la disputa hacia los riesgos de una compra llave en mano, señalamiento que supo ser escuchado y quedo plasmado en la propuesta elevada en el año 2015, hasta la tenaz pelea contra el desguace del enclave Nuclear (Investigación científica – Desarrollo Tecnológico – Entramado Industrial) premeditado con alevosía por el Macrismo. Documentos, intervenciones públicas y específicas, luchas en las calles y rutas, la General Paz, la Panamericana, las rutas de Neuquen, los acampes frente al Congreso Nacional y el propio Auditorio Eva Peron resonando con nuestras voces. La ATE supo ser el armador de una propuesta que el conjunto del pueblo supo tomar en sus manos. En este recorrido hay que señalar brevemente algunos hitos.
En el año 2015 con Cristina Kirchner en la presidencia y Axel Kicillof se firmaron los acuerdos para la construcción de dos centrales nucleares de potencia, una tipo CANDU y una Hualong. Esto expresaba una lectura correcta de la organización de ls trabajadorxs en torno a un programa que retome el concepto de “apertura del paquete tecnológico”, en el cual se cimenta la singular historia tecnológica del enclave nuclear Argentino.
Durante el gobierno de Macri estos proyectos se suspendieron con la consecuente degradación presupuestaria de la CNEA era en 2015 equivalente a 363 millones de dólares y cuatro años después quedó reducido a apenas 170 millones. Un recorte del 53%. Despidiendo a centenares de trabajadors de NASA enfocados en esas dos centrales. Degradando a niveles insólitos la vida de sus trabajadorxs, sus laboratorios, grupos de investigación y plantas pilotos.
Ahora se reanuda con el proyecto de la central Hualong, mientras se pone en marcha la PIAP se retoman grupos de ingeniería para el Proyecto Nacional con tecnología CANDU y se empiezan a fabricar componentes estructurales. La lucha articulada del sector nuclear y energético de ATE da un paso adelante y genera un nuevo camino de acumulación de fuerzas. Es un gran avance en el camino de la autonomía tecnológica que venimos defendiendo hace años que hoy la CNEA
esté discutiendo la transferencia de tecnología de los elementos combustibles, donde estamos en condiciones de aportar en su propio desarrollo. Al mismo tiempo mantenemos el foco en sostener el rumbo coherente «Proyecto Nacional»;, manteniendo la tecnología CANDU con agua pesada de la PIAP, aprovechando los 70 años de historia de la CNEA sumada a la experiencia generada durante la extensión de vida de Embalse. Seguimos manteniendo el eje de la autonomía del ciclo de combustible y nuestro entramado industrial.
Mientras tanto, en esos años, China puso en funcionamiento la central Nuclear HMR1000- Hualong en China y Pakistan, logrando recientemente la autorización del órgano regulador Ingles abriendo paso a su posible emplazamiento en el Reino Unido. Sin embargo el eje de Gran Bretaña y la Commonwealth decidió degradar las relaciones comerciales con China. Esta forzó el cese en la venta de radioisótopos desde Australia donde existía un Reactor productor de Radioisótopos y dopado de semiconductores vendido por Argentina a través de INVAP. Argentina a través de la CNEA es un gran productor de radioisótopos fundamentalmente para uso medicinal y está construyendo en Ezeiza un nuevo reactor casi idéntico al vendido al vendido a Australia. El sentido de oportunidad de INVAP y la necesidad insatisfecha de China surge el acuerdo para la venta de dos reactores con la garantía en la provisión del combustible. Es decir, exportamos tecnología.
El contrato implica una inversión de 8300 millones de dólares. NASA seguirá negociando los contratos para el suministro de los combustibles y de transferencia de tecnología para su fabricación en Argentina. CNEA participa en la negociación, siendo la institución que recibirá la transferencia de la tecnología para fabricar los elementos combustibles.
Antes de cerrar adivinen quiénes se oponen al desarrollo nuclear soberano… sí, adivinaron. Patricia Bullrich declaró que la “energía nuclear es obsoleta”, junto con los chillidos del senador republicano “trumpista”, Marco Rubio, que Argentina estaría rompiendo la doctrina Monroe. De esta manera, Bullrich ratifica las acciones que llevó adelante el gobierno macrista al intentar desmantelar el conglomerado industrial del área nuclear.
El empleo imperialista de nuevas tecnologías profundiza la desigualdad entre un puñado de poderosos magnates y la gran masa del pueblo. Por eso, para un país dependiente como Argentina, la tecnología nuclear es mucho más que una forma de provisión de energía: es un instrumento para la industrialización, para el trabajo calificado, para la soberanía energética y para autonomía tecnológica.
Se desarrolló este sábado en la sede de San Lorenzo 1879 la primera jornada de este encuentro organizado por ATE Rosario, el SOEAR, la Fundación Rosa Luxemburgo y otras entidades. El domingo, en tanto, el escenario de debate se trasladará a la sede aceitera de García Velloso 791.
La primera actividad fue un panel de trabajadoras que brindaron su perspectiva sobre las realidades y desafíos de mujeres y diversidades en el ámbito sindical. Por la tarde, se desplegan con amplia participación y alegría las mesas de trabajo colectivas.
“Superó nuestras expectativas, triplicamos la cantidad de compañeras que se sumaron a este encuentro. Es importante este accionar de los sindicatos con proyección a toda Latinoamérica y construir con las distintas miradas”, expresó conmovida la Secretaria General de ATE Rosario, Lorena Almirón.
Contra el techo de cristal y el piso pegajoso
En el primer panel se multiplicaron las voces con una riqueza enorme de experiencias. Almirón dirige actualmente una de las seccionales más grandes del país del sindicato estatal, con más de diez mil afiliades en la seccional Rosario, de les cuales el 60% son mujeres.
“Es importante que la perspectiva de género sea transversal a todo el sindicato, tenemos la decisión política de apostar al feminismo transformador horizontal que debe atravesar cada rincón de nuestra organización sindical y lugares de trabajo. Pero también debe orientarse a incidir en las políticas públicas, como pasó en Santa Fe con la Ley Micaela y la actual apuesta a que se sancione la Ley Vanesa (de formación en género y protección a agentes estatales e infancias que denuncien violencias respectivamente)”, aseguró. La perspectiva estratégica es lograr espacios laborales igualitarios y libres de violencias.
Gabriela Segovia es delegada, integrante de la Dirección del Sindicato de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (AUTE) y de la Comisión de Género y Equidad de AUTE (AUTE-Uruguay). Se trata del sector de la empresa de energía eléctrica estatal de Uruguay que hoy tiene la plantilla más baja de trabajadoras y trabajadores en su historia: 5900 personas tras recortes y política de tercerizaciones. En este sector masculinizado, hay 3000 afiliades a dicha entidad.
Con la mira puesta en lograr mayor participación de compañeras, Segovia apuntó que “la idea es intercambiar con compañeras, ver otras realidades, el feminismo lo tenemos que construir entre todas. Para que el techo de cristal y el suelo pegajoso que tenemos actualmente disminuya y eso tenemos que hacerlo en conjunto”. Comentó que en su país se debate la derogación de artículos constitucionales que puede afectar fuertemente a las mujeres y disidencias.
Laura Mehring, Secretaria General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rafaela y Esperanza e integrante de la Federación Aceitera, viene de un ámbiro integrado en un 90% por hombres. Las pocas mujeres que se desempeñan en aceiteras y desmotadoras se dedican al sector mantenimiento (limpieza) y administración. Aunque, en Rosario, hay una compañera mecánica, lo que fue un logro importante.
“Venimos de un encuentro en Buenos Aires el año pasado donde se planteó este de Rosario. Es muy importante tener una visión de qué pasa con las mujeres en los sindicatos en otros países y también llevarles experiencias a otras compañeras que están en lucha”, consideró.
Llegada desde Chile, país que arroja una coyuntura apasionante en Latinoamérica, Pamela Valenzuela, vocera de la Coordinadora 8M y parte del Comité Sindical, definió: “nos paramos desde el feminismo que habla de todo”. En el país trasandino construyeron a partir de los encuentros de mujeres y disidencias que luchan, grandes huelgas y este comité. En él coagulan compañeras de diversas organizaciones, áreas, desde todas las perspectivas del trabajo remunerado y no remunerado.
“Partimos de la base del feminismo transfronterizo e internacional donde las luchas feministas se nutren, retroalimentan, potencian. Sentimos muy nuestra la lucha feminista argentina, aprendimos mucho de su lucha”, valoró. Y conceptualizó: “el trabajo funda la sociedad, el capitalismo patriarcal es un problema para nosotras porque no nos quiere resolver los problemas que nos pone y hay estrategias que deben ser transfronterizas porque el capital es trasnacional también”.
Desafíos
Hay muchos y variados puntos para abordar desde una perspectiva feminista en sindicatos y agrupaciones de base. Las disertantes apuntaron no sólo a la mayor participación de las mujeres en la conformación y espacios de decisión. Para ello, es importante también ampliar las tareas para las que son contratadas, pues en ámbitos masculinizados no sólo es difícil llegar sino mantenerse (muchas los abandonan por los maltratos). En esa línea, tender herramientas para luchar contra el acoso laboral es central.
Abordar la perspectiva de la discapacidad, las cuestiones de democracia paritaria, igualdad salarial, el reconocimiento de trabajos remunerados y no remunerados, el rol social central de las tareas de cuidados, la flexibilización laboral, la enorme crisis migratoria en algunos territorios, son sólo puntas de un ovillo de municiones simbólicas que apuntan al corazón mismo de un sistema estructuralmente injusto, para transformarlo. Por eso el compartir espacios de debate y síntesis se torna vital. Y vaya si lo es con el crecimiento cotidiano de la expresión máxima de la violencia patriarcal: los femicidios y travesticidios.
Florencia Puente, de la Fundación Rosa Luxemburgo, contó que “dos de nuestros cuatro ejes de trabajo tienen que ver con la perspectiva de trabajadores y trabajadoras y la cuestión feminista. La apuesta es poner en diálogo ambas perspectivas y la potencia del feminismo en torno al diálogo sindical que, para nosotras y nosotros, como organización de izquierda y anticapitalista, es central. Se trata de construir un espacio intersindical, federal con compañeras de muchísimas organizaciones, que también tiene perspectiva internacional”.
Jimena Frankel, del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma concluyó con precisión: “hacer estas síntesis teóricas nos permite avanzar en el análisis de cómo se manifiestan las violencias en los lugares de trabajo y en las estructuras sindicales, acumular, sistematizar y entender mejor nuestra realidad para poder accionar de forma más potente”.
Ayer por la tarde se concretó la charla debate organizada por el Consejo Directivo Provincial (CDP) donde el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, coordinó la actividad que tuvo como expositores al jurista Eduardo Barcesat y la economista Claudio Lozano, abordando el acuerdo con el FMI que el gobierno pretende impone en el Congreso, que implica un ajuste dadas las condiciones que el fondo buscar impone a la Argentina.
“Compañeros y compañeras de todo el país estamos participando de esta actividad, frente a una cuestión que es central en la agenda pública y pero que no tiene el contenido político necesario para que podamos comenzar a delinear, entre trabajadores y trabajadoras, integrantes del campo popular, cuáles son las consecuencias que va a traer este acuerdo con el FMI”, introdujo Giuliani frente a los 120 participantes presentes.
El dirigente mencionó la presencia de Pipon Giuliani, presidente de Unidad Popular Rio 4°, junto a compañeros de Lomas de Zamora, de Sante Fe, de Neuquén, de prov de Buenos Aires, a Leticia Quagliaro de Unidad Popular Santa Fe, a las compañeras de Radio Kaput de CABA, presencia de dirigentes de Ushuaia, Río Cuarto, Rosario, Capital, Villa María, Vicente López, Santiago del Estero, Jujuy y Entre Ríos.
“También entendemos que después de una etapa de debate hay que pasar a la acción y por eso es fundamental que hoy estén presentes dirigentes de distintas organizaciones de base, tanto sindicales, como territoriales, sociales y culturales, porque seguramente tendremos que salir a poner el cuerpo par que no seamos nuevamente el pueblo trabajador el que pague las consecuencias de un acuerdo de este tipo”, continuó Giuliani para luego invitar a Barcesat a iniciar su exposición.
El jurista comenzó explicando el aspecto jurídico institucional del acuerdo en 2018 con el FMI. “Tengo a mano las disposiciones constitucionales para tomar créditos de esta naturaleza, pero hay que resaltar la gran paradoja que siendo la palabra ‘deuda’ un término jurídico, no se haya escuchado a lo largo de los debates la opinión de abogados respecto a qué valor y qué grado de validez atribuirle al acuerdo celebrado por la gestión de Mauricio Macri”, apuntó.
Y propuso un debate entre juristas para determinar “en qué cláusula se apoya la presunción de que la deuda es legal”.
“Que el Presidente Alberto Fernández diga que el gobierno de Macri era legítimo, y que por lo tanto sus actos también lo son, no tiene ningún sostenimiento en base al derecho porque la legitimidad de origen -que nadie duda- no se extiende a todos sus actos. y hoy en día tenemos una colecta tan terrible de atrocidades constitucionales incurridas por aquel gobierno, que pensar que el hecho de haber llegado por voto popular valida todo lo actuado no se sostiene en el derecho”, aseguró Barcesat.
También señalo qué son los empréstitos y cómo proceder a su arreglo. “El texto constitucional mantiene vigente el art 75 inc. 4° (que se refiere a contraer empréstitos sobre créditos de la Nación) y 7° (arreglar el pago de la deuda interior y exterior), un texto de 1853 revalidado en 1994, con el voto ampliamente mayoritario de la Convención Constituyente de ese año. En aquel debate se examinó la delegación de facultades y se mantuvo el texto originario, completándose esa mención con otras dos disposiciones constitucionales que servirán para encuadrar el tema. La primera es el artículo 65°, inc. 22, que dice ‘corresponde al Congreso aprobar o desechar trabados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales’. Queda claro que el Congreso debe pronunciarse sobre una carta de intención o acuerdo preliminar del Poder Ejecutivo con las autoridades del FMI para que adquiera vigencia. Porque si la Constitución dice que se puede aprobar o desechar es obvio que el pronunciamiento debe ser previo a que entre en ejecución el acuerdo con organismos internacionales”.
Y razonó “el dato cierto es que el Poder Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri no envió en ningún momento al Congreso la propuesta de empréstito con el FMI. Así mismo, cuando desde el bloque de Unidad Ciudadana se intentó concretar una reunión para que vinieran a exhibir cuál era acuerdo que se había celebrado por ese monto tan enorme, no se le dio quorum a la reunión y fracasó. Desde el inicio de la gestión del Presidente Fernández tampoco se llevó al Congreso el acuerdo del 2018 para ver si es aprobado o desechado”.
Respecto a los requisitos que debe cumplir un acto jurídico para ser válido, para poder crear una norma de derecho como es un tratado o un acuerdo financiero, son que el acto se realice desde una autoridad competente y que se haya seguido el procedimiento establecido por la ley orgánica, es decir el orden jurídico.
“Por eso describimos qué dice la Constitución y cuál es el papel del Congreso. En cuanto al procedimiento, es una ley que autorice el procedimiento al Ejecutivo en su trato con el directorio del FMI. Nada de esto ocurrió».
“El tercer requisito de validez es que el acuerdo pertenezca a un orden jurídico que en su conjunto sea valedero (que tiene valor para determinada cosa) y acorde a ese orden jurídico. Eso que nuestra Corte Suprema llama control de razonabilidad. En cuanto a la competencia del órgano y cumplimiento de procedimiento, está claro su incumplimiento, en tanto la razonabilidad se la dejo a Lozano”, resumió
Lozano
Por su parte, el director del Banco Nación saludó a los presentes y comentó que “es un placer participar de este debate sobre un tema que ciertamente es muy relevante, sobre todo para el futuro de nuestro país por la situación de clara vulnerabilidad social que sufre hoy la Argentina. Como dice Barcesat, el acuerdo del 2018 es nulo, inconstitucional e implica además una malversación absoluta de los fondos que se supone que ingresaron a Argentina para la cancelación de deuda pública y que fueron utilizados para un claro proceso de valorización financiera y fuga de capitales”.
Pero, criticó Lozano, en vez de iniciar un proceso donde tanto la Argentina como el fondo ponen algo para poder solucionar lo ocurrido, “lo que termina apareciendo es una propuesta donde la existencia del endeudamiento permite la incorporación del Fondo para cogobernar la Argentina desde ahora hasta el 2034. Es decir, se nos está planteando un cogobierno desde 2022 a 2034 con el FMI. Esa es la dimensión de lo que nos están proponiendo”.
Y apuntó a la gestión económica actual a afirmar que “esto no es casualidad sino el resultado de malas caracterizaciones y de malas decisiones, tomadas para enfrentar la situación. Las caracterizaciones son malas porque no se entiende qué estamos discutiendo. El crédito de Macri no es uno más, sino un crédito del FMI de eminente contenido geopolítico donde los EEUU utilizaron al Fondo violentando su normativa y sus modos de intervención para controlar el destino de la Argentina. Por eso, más allá de la suerte de Macri, los vencimientos que eran imposibles de afrontar se pusieron en cabeza del gobierno que seguía, de manera que si no era Macri quien seguía gobernando el que agarraba iba a tener que discutir qué rumbo tomaba”.
Situación mundial
Para Lozano “hay una situación mundial clara de conflicto geopolítico, de reparto del mundo, entre China y los EEUU donde Latinoamérica es parte de esta discusión y donde Argentina tiene un rol y un lugar en Latinoamérica y un lugar no menor, además de gozar con múltiples complementariedades en materia comercial, tecnológicas y financieras con China. Por eso para EEUU este tema no es cualquier cosa, ni solamente sostener a Macri. Tenía que garantizar centralmente que quien viniera no se saliera del redil y siguiera respetando las políticas norteamericanas en la región”.
“Para esa discusión pesada, fuerte, hay que realizar una acumulación de fuerza que permite sostener una negociación distinta y obliga a la política exterior argentina a tomar el tema de la deuda en el centro de su acción y esgrimiera no solo la nulidad, que para la legislación argentina tiene ese acuerdo, sino que gritara en todos los foros que pudiese las múltiples irregularidades que el FMI cometió y que también hacen nulo el crédito desde ese punto de vista”, describió.
¿Fondo bueno? Para nada
“El segundo punto equivocadísimo de la gestión del gobierno es la visión sobre el FMI porque de entrada la estrategia del ministro Guzmán implicó tratar al fondo como una institución amiga que le iba a abrir una solución al problema, el FMI como aliado, cuando en realidad era el centro del problema”.
“El tercer elemento también problemático es que Alberto Fernández recibió a la Argentina en situación de default declarada por el propio Macri, que dejó de pagar la deuda en pesos y mando una ley de reperfilamiento de los vencimientos en divisas con los creedores privados. O sea, el default es de Macri y la lógica era haberse mantenido en esa situación de no pago como condición desde donde negociar con los acreedores. Pero el gobierno argentino consideró que tenía que mostrar una suerte de armonía con los acreedores y decidió pagar mientras negociaba, lo que implicó un deterioro permanente en sus reservas, debilitando al extremo su capacidad de negociación”, lamentó Lozano.
Para Lozano, en este marco el gobierno llega a la negociación, luego que en el 2021 aun sin acuerdo con el fondo llevó adelante una política de ajuste discutida con el fondo que implicó reducir el 50% del déficit fiscal de la Argentina sobre la base que se resintieran los salarios estatales, las jubilaciones, las políticas sociales y cuyo resultado fue la derrota electoral del gobierno en el final de ese año. “Es decir que el ajuste fiscal derrotó al gobierno en las Paso, primero, y en noviembre después”, sancionó.
“Como agregado a esta situación, la administración de manera deficiente los dólares que ingresaron a Argentina durante dos años, periodo con saldo comercial favorable por 30 mil millones de dólares, dio como resultado es que además de derrotados electoralmente por aplicar el ajuste, el gobierno llega sin reservas para aguantar la negociación, al pagarle a los acreedores privados y al fondo y permitiendo que las grandes empresas privadas, tanto locales como extranjeras cancelaran deuda en el exterior con las reservas del banco central”.
Acuerdo malo
“No estamos discutiendo un acuerdo tan malo por casualidad, sino como consecuencia de caracterizaciones equivocadas, de decisiones equivocadas cuyo resultado ha sido la derrota electoral del gobierno y la nula situación en materia de reservas que le hace difícil sostener la situación. A punto tal que el propio Presidente termina tirando la toalla y pidiéndole al FMI que le cierre el acuerdo. Por eso sale a plantear el acuerdo antes de pagar lo último que podía, el vencimiento del 29 de enero, cuando está a la espera de un acuerdo aún no cerrado”, dijo el presidente de Unidad Popular.
“Por eso los primeros comunicados fueron contradictorios: mientras desde el Ministerio de Economía se decía que ya estaba, en Fondo decían que todavía estaban negociando. Y todavía están negociando, hubo una reunión muy importante ayer donde se acercaron las partes, cuando todavía no conocemos la letra chica”, remarcó.
Y concluyó: “al default nos llevaron ahora porque la política de pérdida de divisas y la falta de control de las finanzas hizo que la argentina se quedara sin reservas. Es decir, es un default basado en la pérdida de soberanía y de control sobre la política económica por parte del gobierno. No sería lo mismo si el gobierno hubiera sido triunfante en las elecciones y si hubiera acumulado reservas en base a los 30 mil millones de dólares, limitando los pagos e impidiendo las multinacionales se llevaran, con cancelación de deuda absolutamente ficticias, buena parte de las reservas del país”.
“Si nosotros tuviéramos un gobierno que hubiera discutido una estrategia social diferente, en vez de practicar el ajuste, y si hubiera preservado las reservas, hoy estaríamos discutiendo otro acuerdo con el fondo, con una cesación de pagos de carácter soberano. No es lo mismo llegar al default por pérdida de soberanía que parar los pagos teniendo control sobre el proceso económico que uno lleva adelante”, finalizó.
“Dicho esto, y siendo un poco antipático con el Gobierno Nacional porque Unidad Popular es una fuerza que integra el Frente de Todos desde el comienzo, empiezo diciendo que todo lo que estamos haciendo en este momento va en línea para que el acuerdo que estaría por enviarse al Congreso no se concrete. En tanto todavía hay procesos de negociación del Poder Ejecutivo con el Fondo y posteriormente la intervención del parlamento, esperemos que podamos intervenir para que estas cosas puedan modificarse en alguna medida”, se esperanzó.
Y adelantó que “lo que conocemos hasta ahora es muy malo, implica haber perdido una oportunidad histórica de declarar nulo el acuerdo de 2018, que nos permitía contar, tanto en el plano local como en el internacional, un conjunto de elementos que hubieran obligado a que el FMI tuviera que asumir su corresponsabilidad respecto a la situación argentina. El fondo tuvo que ver con lo que ocurrió, es responsable igual que Macri, y que por lo tanto tiene que facilitar la solución, no puede asumir la corresponsabilidad y que eso no se traduzca en nada”.
La Seccional ATE Esquel logró la aplicación total del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para las y los trabajadores municipales de Gualjaina.
Félix González, secretario General de la Seccional Esquel de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), acompañado por Mario Cárdenas pro secretario Gremial, Marcelo Herbas secretario de Prensa y los delegados Selma Ojeda y Elvio Grenier, se reunieron con Marcelo Limarieri, intendente de la localidad de Gualjaina, donde concretaron las firmas del ciento por ciento de la liquidación total de los haberes de acuerdo a lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo.
Cabe destacar que dicha liquidación comenzará a percibirse con el sueldo del mes de febrero.
Desde la organización sindical se agradeció la predisposición del Ejecutivo Municipal para llegar al ciento por ciento de la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo. Y se informó que se incidirán las instancias paritarias salariales correspondientes al año en curso.
A través de la conciliación obligatoria la conducción provincial de ATE Salta, encabezada por la titular del gremio, Mabel Álvarez y el Secretario de Organización, Raúl Rodríguez, acordaron con funcionarios de Las Lajitas llamar a concurso de ingreso a planta permanente, a las y los 10 trabajadores por los que ATE reclamaba, conforme la Ley N° 6068.
Asimismo las partes también acordaron que la a Antigüedad será reconocida a partir del mes de febrero de 2022, incluyendo a los 7 trabajadores mencionados en el acta del 14 de octubre de 2021.
Además establecieron que las Recategorizaciones se realizarán a partir del mes de abril, con el compromiso de participación periódica de las partes. En relación a la Violencia Laboral las partes se comprometen trabajar en forma conjunta por ámbitos libres de violencia y acoso, desde la prevención, abordaje, y capacitación.
• Por su parte la Municipalidad se comprometió a no tomar represalias a los trabajadores por participar de los reclamos, como así también no descontaran los días no trabajados; 07, 08, 09 de febrero de 2022.
Por último y con respecto a Rodrigo Valdez y Manuel Altamiranda, se dispuso su incorporación mediante la rúbrica de contratos de trabajo ajustados a la Ley N° 6068, retrotrayendo al 01 de enero y el cobro del bono extraordinario de 20.000 pesos.
El Consejo Directivo provincial reunido este jueves en Posadas resolvió exigir un incremento salarial no menor a la pauta inflacionaria del 2022. Para el primer semestre reclaman un aumento del 40 por ciento y volver a discutir en junio. El 22 de febrero habrá un plenario provincial de delegadxs.
Con presencia de integrantes del secretariado provincial y de varias seccionales, se reunió este jueves el Consejo Directivo de ATE Misiones. Uno de los temas centrales fue la situación salarial. En ese sentido se acordó sostener el reclamo de un incremento salarial del 40% para el primer semestre para volver a discutir una nueva recomposición en junio. Para este martes 22 de febrero se convoca a un plenario provincial de delegados en Posadas.
En relación a lxs trabajadores municipales, se exige un proceso de recuperación salarial que en principio respete los pisos salariales que se logre para lxs estatales provinciales con el objetivo puesto en un básico igual del salario mínimo vital y móvil para todxs lxs municipales. Además de profundizar el reclamo por la baja del aporte previsional de 19 a 14% equiparando así al resto de lxs estatales.
ATE resolvió como cada año sumarse a la convocatoria de las actividades en el marco del 8M Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para ese día se notificará paro provincial y el 7 de marzo se realizará una charla debate sobre la situación de las mujeres y disidencias trabajadoras con el eje puesto en la realidad de lxs jóvenes.
Para el 24 de marzo, día nacional de la memoria, también se anticipó que desde ATE conjuntamente con la CTA A se impulsarán acciones en articulación con otras organizaciones para recordar ese trágico día que significó la instauración en nuestro país de la más cruenta dictadura cívico militar, sosteniendo las históricas banderas de Memoria, Verdad y Justicia.
También comenzó a discutirse la participación de ATE en las elecciones del directorio del IPS.
En medio de una gravísima crisis salarial, las y los trabajadores de la salud vuelven a ser maltratados por el Gobierno de Schiaretti que ha decidido eliminar la “Tarjeta Roja” que eximía del pago del boleto al personal sanitario.
En este marco ATE Córdoba manifestó su profunda preocupación “ante este nuevo ataque al personal de salud quienes, en medio de una pandemia global y con condiciones totalmente adversas -personal insuficiente, escaso descanso, salarios paupérrimos, persecución, precarización-, han garantizado el acceso a la salud pública a nuestro Pueblo”.
Asimismo, el CDP, alertó sobre el llamativo silencio que hacen las organizaciones que dicen representar a las y los trabajadores ante la patronal y que, “ni ante este tema, ni ante la exigencia de aumentos salariales y pases a planta inmediatos, hacen oír su voz de descontento: evidentemente la sociedad con el schiarettismo les tapa la boca.”
El gremio subrayó que seguirá luchando por restablecer este y todos los derechos atropellados por el Estado patrón.
